La comisión de Derechos Humanos comenzó a discutir un proyecto de ley que propone pena de cárcel para quién niegue o desconozca las violación de derechos humanos durante la dictadura, tal como sucede en otros países como Alemania, Argentina y Francia.
Las medidas de restitución y de sanación de nuestro país de todos los rezagos que quedan del periodo de dictadura tardan en realizarse. Las situaciones sociales hacen que estos pasos se den lentamente, pues la oposición política se ha encargado de enlentecer la democracia y el reconocimiento de los abusos de lesa humanidad.
Las mismas Fuerzas Armadas, con su silencio culposo, han impedido que la tranquilidad social y ciudadana permita que el país avance en la ruta de la reconciliación y de la democracia. El país necesita de estos pasos, del reconocimiento de aquellos que sufrieron vejámenes humanos y de los responsables. Nunca es tarde para hacer el bien común.
Cabe recordar que el comandante en jefe del Ejército se comprometió públicamente a entregar antes del 31 de diciembre pasado un informe sobre las acciones de esa rama armada en pro del esclarecimiento de los atropellos a los derechos humanos. El atraso es de casi una semana.
Un proyecto valioso
En la comisión de Derechos Humanos se comenzará a discutir el proyecto que Sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile. La idea del proyecto es establecer ciertos parámetros que permitan hacer desaparecer paulatinamente todo tipo de minimización de los delitos de lesa humanidad y cualquier acto reivindicatorio de la dictadura y su administración.
Puntos importantes
El informe que presenta el proyecto indica primeramente:
«las políticas represivas ejecutadas por el régimen militar entre los años 1973 y 1990, crearon un cuadro de graves, extendidas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que fueron denunciados nacional e internacionalmente. Igualmente, los informes de la Comisión Retting y la Comisión Valech atestiguaron una realidad que muchos negaban en su momento, como el verdadero asesinato de más de 3 mil personas y la tortura, desaparición forzada y otras vejaciones a sus derechos fundamentales a más de 28 mil».
«Hoy la evolución del derecho internacional hace que la impunidad, la negación o justificación de los delitos de lesa humanidad sea un verdadero «ilícito internacional», pues las graves violaciones de los Derechos Humanos constituyen una ofensa en perjuicio de toda la humanidad, correspondiendo a todos los Estados, de acuerdo al principio de justicia universal, la persecución, juzgamiento y sanción de los responsables de estos crímenes», revela el texto.
«La legislación chilena no puede desatender el sentimiento que provoca a quienes sufrieron en carne viva los delitos cometidos y a sus descendientes, oír el cuestionamiento, la minimización o justificación de los crímenes cometidos en dictadura. Aún hoy existen quienes señalan que fue un mal necesario, que los crímenes se justificaron porque estábamos en una supuesta guerra civil, que finalmente Chile logró el desarrollo económico. Asimismo, existen columnistas que se burlan derechamente de los crímenes. Esto constituye un verdadero insulto y una humillación que no podemos seguir permitiendo», añade.
«Es responsabilidad del Estado condenar estas actitudes negacionistas. Actuar por omisión es conceder, legitimar y aceptar este daño a la dignidad de las personas y de nuestro propio país», completa.
Finalmente, explica el tenor de este proyecto. «Quienes públicamente nieguen, minimicen o condonen, intenten justificar o aprueben los crímenes de lesa humanidad o genocidios cometidos, particularmente, bajo el régimen militar que gobernó Chile entre los años 1973 y 1990, serán castigados con una pena de cárcel de seis a dos años».
La mirada de los parlamentarios involucrados
Para el diputado DC, y miembro de la comisión de Derechos Humanos, Claudio Arriagada, el proyecto es valioso.
«Se trata de un proyecto necesario y que va en la línea de otros proyectos, como la incitación al odio. Lo que pretende es que los delitos de lesa humanidad nadie pueda restarles relevancia e importancia», articula en conversación con Cambio21.
El diputado comenta que no importa la categoría de la persona, sino que debe ser puesto bajo una extensa y meticulosa investigación cualquiera que incitara, negara, objetara o se burlara de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante dictadura.
«Desde el año pasado hemos avanzado bastante en estas materias. A la fecha son muchas menos las personas en el Parlamento que niegan o minimizan estas cuestiones. Hemos avanzado en el aumento de penas, la creación de la subsecretaria de Derechos Humanos y los últimos fallos así lo han evidenciado. El nunca más y los temas de impunidad deben ser una obligación», finalizó el parlamentario.
Por su parte, el diputado Sergio Ojeda, DC, se refirió a la discusión del proyecto. «A la fecha Chile carece de sanciones que castiguen el negacionismo, que se presenta como una forma de minimizar los hechos ocurridos en dictadura. Dada esta carencia es que nos encontramos promoviendo una norma jurídica castigue a quien públicamente niegue, minimice o justifique los crímenes de lesa humanidad», indica el parlamentario DC.
Según el diputado se trata de establecer una norma diferente de las ya existentes. Se quiere sancionar e impedir el negacionismo como una forma de no validar los abusos físicos, mentales y psicológicos que padecieron miles de chilenos.
«La minimización de estos hechos deben ser castigados. Si no se castigan pueden repetirse. Si no se niegan pueden dar paso a la impunidad. Si no se ataca puede ser considerado como una verdad. Aludirá a comentarios periodísticos, a celebraciones públicas o cualquier justificación que pueda cometerse», indica a Cambio21.
«Desde la derecha política no se aprecia mayor recriminación. No los aceptan, pero ellos de alguna forma u otra estuvieron indirectamente relacionados con el gobierno militar. Claramente no les gusta hablar de estas cosas. Sin embargo, pienso que ellos no debieran de oponerse a un proyecto de este tipo», da cuenta el diputado miembro de la comisión de Derechos Humanos.
