Tanto marxistas como neoliberales son refractarios al poder del Estado. Marx afirmaba que el Estado era un instrumento de la clase dominante y, por lo tanto, en la sociedad sin clases del futuro, sin dominadores ni dominados, el Estado dejaría de tener sentido. Los neoliberales, por doctrina, desconfían del Estado. Tal aversión se radicaliza con el desarrollo de la democracia. Los neoliberales intuyen que el Estado democrático se puede transformar en una amenaza no solo a la libertad de acción individual sino que, muy especialmente, al mercado desregulado y su proceso de acumulación capitalista.
Friedrich A. Hayek, el gurú del neoliberalismo, consideraba a la democracia como un régimen político más entre otras alternativas, no necesariamente el mejor. Desde su perspectiva, el Estado democrático sólo debe cumplir un rol subsidiario tal que permita el libre desarrollo de las fuerzas del mercado. Para el filósofo y economista austríaco, el libre mercado no distribuye ni de acuerdo a necesidades ni de acuerdo a mérito, característica que lo haría justo y necesario. Este simplemente no distribuye, por lo tanto no puede haber justicia distributiva donde nadie distribuye – agregaba.
El libre mercado o catalaxia -como gustaba llamarlo- es un juego basado en reglas predeterminadas establecidas por la tradición, en las que el ganador, en una suerte de darwinismo social, se lleva todo en virtud de su destreza, fuerza o fortuna. Se entenderá así, que los elementos débiles de la sociedad: ancianos, niños, minusválidos, indigentes, etc., deben esperar pacientemente que el bien común, si existe, en algún momento rebalse y de esta manera obtener alguna cuota incierta.
Por otra parte, el Estado de Bienestar, este producto de la concepción keynesiana de la economía y de la democracia liberal en la Europa de la post Guerra, entró en contradicción con la acumulación capitalista y se transformó en anatema para el neoliberalismo. Las primeras medidas en forma de políticas públicas anti-sociales y pro capital se implementaron en la Inglaterra de Margaret Thatcher en 1979 y, a continuación, en las políticas neoconservadoras del gobierno de Ronald Reagan, a principios de 1980.
Sin embargo, como bien señala el historiador Manuel Gárate en su libro “La Revolución Capitalista de Chile (1973-2003)”, el cambio a nivel mundial se había iniciado en Chile en 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet, con la irrupción en el escenario político de un grupo de tecnócratas graduados de la Facultad de Economía de la PUC y con post grados en la Universidad de Chicago, conocidos como los “Chicago Boys”. Se trataba de la imposición del nuevo paradigma neoliberal/neoclásico que luego acompañaría al proceso globalizador de raigambre anglo-sajona.
No es fácil determinar la secuencia histórica en que se dan los diferentes paradigmas filosófico/económicos de moda, sin embargo, no parece alejado de la realidad asignarles un lapso de vida de unas cuatro a cinco décadas.
En este sentido, pareciera que la hegemonía de la filosofía neoliberal y el modelo económico neoclásico que sustenta, los cuáles fueron configurados e impuestos a nivel global por el Consenso de Washington a mediados de la década de 1980, estaría llegando a su fase terminal como producto de sus contradicciones internas, el inmenso daño al tejido social causado en los países en que se aplicó y la profunda desigualdad creada por la desmesurada acumulación de capital. Fundamentalmente de capital financiero especulativo.
Respecto a los efectos acumulativos de capital que el modelo ha creado en el caso chileno, basta constatar que la promesa de crecimiento con equidad que se hizo en 1990, al momento de la recuperación de la democracia, terminó siendo un crecimiento con desigualdad, y ¡vaya qué desigualdad! De acuerdo a los datos presentados por el director de Fundación Sol, Gonzalo Durán, en el año 2013 en Chile el 1% de la población acumuló el 30,5% de los ingresos, el 0,1% el 17,6% y el 0,01% cerca de un 10%. (1)
Si bien la última encuesta Casen correspondiente al año 2013 revela un descenso en el nivel de pobreza del país a un 14,4%, mientras la extrema pobreza arrojó un 4,8%, la desigualdad continúa invariable, con un coeficiente de Gini de 0,51, muy por encima del promedio de 0,33% de los países de la OCDE. Recordemos que 0 representa la igualdad absoluta y 1 la máxima desigualdad.
Alguien podría argumentar que, si bien los beneficios del crecimiento económico han sido muy dispares, el nivel de vida promedio de los chilenos se ha multiplicado varias veces en las últimas décadas. Sin embargo, los promedios son engañosos. Chile sigue siendo un país rico con la mayoría de la gente pobre, de acuerdo a los estándares de la OCDE. Basta recordar que casi el 80% de los asalariados está exento del pago de impuesto a la renta, por ingresos inferiores a los 900 dólares mensuales y con un alto porcentaje de personas que ingresan el mínimo o menos.
Chile siempre fue un país desigual. Sin embargo, los niveles actuales son inéditos. El fenómeno se inició durante el régimen de Augusto Pinochet, cuando una camarilla redactó la Constitución de 1980 bajo inspiración hayekiana. En ella la propiedad privada se consignó como un derecho único y sacrosanto mientras que la propiedad social se consideró, al parecer, como una banalidad prescindible.
Esto dio pábulo para las privatizaciones de las empresas públicas, rematadas a precio vil a favor de grupos económicos locales, entre ellos el mal afamado Grupo Penta. Muchos de los beneficiarios de las privatizaciones fueron funcionarios de la propia burocracia que manejaban información privilegiada, quienes, más adelante vendieron las empresas a consorcios multinacionales, beneficiarios finales del remate de la propiedad de los chilenos.
De esta manera se desmanteló la infraestructura fiscal que por años había construido el Estado de compromiso en las décadas previas a Septiembre de 1973. Las privatizaciones tuvieron fundamentalmente un carácter ideológico, en virtud del paradigma dominante. En otras palabras, un despojo desvergonzado de la propiedad colectiva. Una nueva clase propietaria dominante surgía junto a los tradicionales grupos económicos, haciendo uso y abuso de un mercado desregulado.
Para las grandes mayorías, sin embargo, el Estado democrático es su único instrumento con el cual podrán defenderse de los abusos del mercado desbocado, caldo de cultivo de los monopolios y de la concentración del poder económico.
Lo vemos día a día en nuestro país: las colusiones de las cadenas de farmacias para subir los precios, los escándalos de los negocios de las grandes tiendas, las evasiones y elusiones tributarias, la malversación de fondos fiscales en el negocio de la educación, las leoninas ganancias de los servicios bancarios y de las comunicaciones, si se comparan con los precios a nivel internacional. Suma y sigue. Si sobrepasan la ley, pagan una multa, generalmente una fracción de la rentabilidad del ilícito.
Como ya se señaló, Chile fue pionero en adoptar, en Dictadura, este modelo. Sin embargo, otros países de la región ya han iniciado su desmantelamiento. Lo encomiable sería que este intento chileno de revertirlo se pretenda llevar a cabo por vía institucionalizada, modalidad cuya intensidad y métodos dependerán de la sensibilidad y los medios con que la reacción al cambio se manifieste.
La dura lucha de intereses que se ha verificado en ambas ramas del Congreso durante el primer año del Gobierno Bachelet y las contiendas que se vienen, reflejan el principio de acción y reacción en el proceso político. Y no hay ninguna garantía de que las correlaciones parlamentarias puedan imponer una legislación que atienda la voluntad de la mayoría ciudadana. Por el contrario, los poderes fácticos hacen y seguirán haciendo uso de todos sus recursos para mantener el status quo que les favorece gracias al cabildeo (lobby), una posibilidad de acceso directo a los representantes, opción vedada a las grandes mayorías que contraviene el espíritu de la democracia, como así mismo en virtud de los múltiples amarres con que el poder económico ata a la política.
Es muy probable que los casos Penta y SQM dejen en evidencia tales vicios, a no ser que la clase política convenga un acuerdo amplio para salvarse del despeñadero, bajo el mismo criterio como el sistema salva a la banca de una catástrofe financiera generalizada.
Las leyes podrán aprobarse, finalmente. Pero no es descartable que el punto, la coma, la letra chica, por último, la sintaxis, sean discutidas hasta que la legislación quede lo suficientemente ambigua como para dejar el necesario resquicio por donde pueda filtrarse el mezquino interés de los de siempre. La Derecha llama a esto “dialogar y consensuar”.
Sin embargo, cuando se obstruye la posibilidad de que las mayorías lleven a cabo su voluntad programática, legitimada en elecciones limpias y transparentes, se verifica algún grado de ingobernabilidad, sin duda.
Hasta hace algunas décadas, capitalismo y democracia liberal habían constituido una dupla que caracterizaba al mundo desarrollado occidental. Aunque, debe decirse, la democracia liberal no ha sido siempre condición necesaria para el desarrollo del capitalismo.
La pregunta relevante sería ¿Qué ha cambiado en la relación entre capitalismo y democracia liberal?
Para responder habría que remontarse a la época pre neoliberal/neoclásica, es decir, a la era previa a la emergencia de la doctrina difundida por los discípulos de Hayek en la década de 1970.
La empresa capitalista que acompañaba a la democracia liberal y al Estado de Bienestar tenía diversos grupos de interés a los cuáles debía satisfacer. Entre ellos, a los socios dueños del capital a quienes debía asegurar una rentabilidad. Además, debía mantener una fuerza de trabajo satisfecha en cuanto a sus remuneraciones y condiciones de trabajo, servir a una clientela mediante un producto adecuado y al precio justo en competencia con otros oferentes, cumplir oportunamente con sus proveedores, mantenerse en buen pie con la comunidad en donde se insertaba y pagar impuestos al fisco.
Con el advenimiento de la nueva doctrina económica, el único grupo de interés que quedó vigente fue el de los socios capitalistas. La rentabilidad pasó a constituir la única razón de ser de una empresa. De este modo, la empresa dejó de cumplir una función relacionada con la sociedad para convertirse en un órgano autónomo que solamente obedece al mandato de rentabilidad y acumulación. Al ser así, se rompe el último lazo ético-social de la empresa capitalista, un aspecto al que Adam Smith dispensaba especial atención en su teoría. El carácter ético que Smith otorgaba a la empresa capitalista se desvirtuó con la doctrina neoliberal/neoclásica. Llamar a la economía capitalista actual “economía social de mercado” es, sin duda, un eufemismo.
El egoísmo pasó de ser un vicio a considerarse una virtud, según los neoliberales. Parafraseando a Adam Smith de manera distorsionada, afirman que “el egoísmo del panadero ha construido más hospitales que el altruismo del igualitarista”. Una visión más bien ricardiana sobre la economía de mercado, es decir, privada del carácter social que asumía Smith.
Volviendo a nuestra intuición inicial (que no alcanza para hipótesis). Para los poderes económicos, el Estado democrático es visto como un instrumento que, en manos de la mayoría ciudadanía, tarde o temprano actuará en desmedro de sus intereses, al intentar establecer mayores regulaciones al mercado.
De esta manera, se produciría un fenómeno inédito hasta ahora: la contradicción entre el capitalismo y la democracia liberal (o, tal vez, ya se vio en Chile entre 1970 y 1973). Es, en alguna medida, la impronta de la lucha política que estamos presenciando en Chile. Estado y Mercado se enfrentan, el tercer gran actor, la Sociedad Civil, se mantiene a la expectativa.
A nuestro juicio, estamos recién comenzando una confrontación que se prevé dura y prolongada porque, a diferencia de otros países, en Chile tenemos una clase dominante de la cual no se puede esperar empatía con la ciudadanía y sus necesidades.
El control que ellos ejercen sobre los medios de comunicación sólo puede empeorar la situación descrita, al intentar atemorizar a las capas medias mediante verdaderas campañas del terror, augurando todo tipo de calamidades y generando incertidumbres ante cualquier cambio. Claro, es más fácil asustar con un mal incierto que alentar con una mejora por venir.
Por citar un ejemplo, una educación gratuita y de calidad provista mayoritariamente por el Estado, como en casi todos los países desarrollados, sería un derecho que beneficiaría a la mayoría ciudadana. Sin embargo, se le atribuye al Estado democrático intenciones totalitarias, lo cual es una suposición contradictoria en sí.
La respuesta a la pregunta de esta columna queda en suspenso. ¿Será capaz la democracia liberal de imponer sus términos a este nuevo capitalismo avasallador?
Fuente: Red Seca
