Cuando el ministro del Trabajo de la dictadura cívico-militar, José Piñera, diseñó e implementó el sistema de AFP, dejó fuera a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál habrá sido la razón de fondo para esa decisión? A Pinochet le gustaba la idea del nuevo sistema, pero tenía ciertos temores.
El dictador decía “no estoy de acuerdo con que los capitales vayan a la parte privada… me choca por estimar que los señores empresarios aún no están en capacidad para administrar 97 millones de dólares mensuales. Eso es lo que me produce angustia, porque día a día veo diversas cosas que suceden, y no vaya a ocurrir que de repente alguien parta con los US$ 97 millones al extranjero.
El sistema lo encuentro maravilloso, opino que es necesario implantarlo y que urge hacerlo pues hay que cambiar todo esto, pero siempre he manifestado lo siguiente: ¿quién administrará la plata? Eso me produce alergia, porque también sé que hay varios señores que se están haciendo millonarios en este país, que han enviado gente a estudiar el sistema porque desean operar en él” (Acta secreta 398 de la Junta de Gobierno de la época).
Una hipótesis es que hubo una especie de pacto entre los “Chicago Boys” y los militares. Es decir, al menos una parte de la dictadura tuvo plena conciencia de que el objetivo de las AFP no era garantizar pensiones dignas, sino generar un mercado de capitales –hoy supera los US$ 160.000 millones–, gracias al ahorro forzoso de los trabajadores y a un sistema de inversiones que privilegia a las grandes empresas –CMPC del grupo Matte, por ejemplo, la misma de la colusión del papel– y al sistema financiero internacional.
Las bajas pensiones, por lo tanto, no fueron un “error de implementación” sino una parte esencial del diseño original, más allá de lo prometido.
La promesa de entonces era que las AFP garantizarían un 70% de tasa de reemplazo. En realidad, el reemplazo actualmente no supera el 40%. Las pensiones son precarias y, dado el funcionamiento del mercado de trabajo real en Chile, no es posible mejorar significativamente esta situación dentro de los parámetros del sistema.
En el caso de los pensionados por DIPRECA (Carabineros), la pensión promedio llegó a $ 862.519 y para los pensionados por CAPREDENA (FF.AA.), esta alcanza a $ 804.435.
A diciembre de 2013, el sistema privado de las AFP pagó 1.031.207 pensiones, cuyo monto promedio fue de $ 183.213, mientras que, en el caso de las pensiones de vejez bajo la modalidad de retiro programado, el 91,2% fueron menores a $ 139.857. Con razón los trabajadores del aeropuerto se movilizaron en septiembre exigiendo salirse de las AFP y volver al sistema antiguo.
La OIT considera que la igualdad de trato es un principio guía de la seguridad social. A su vez, la Comisión Bravo estima que las FF.AA., Carabineros, PDI, Gendarmería y asimilados, deberían tener, en general, igual trato de incorporación y cotizaciones que el resto de los trabajadores, debiendo atenerse a las características específicas de su ocupación (propuesta N. 58).
¿En qué sistema previsional deberían estar las FF.AA.? Los comisionados que votaron por la propuesta A prefieren que estén en las AFP, lo que en la práctica implicaría dejarlos en las mismas condiciones de precariedad que el resto de la población.
Nuestra postura es que las relativamente altas pensiones de la FF.AA. son el mejor ejemplo de que un sistema de seguridad social con pensiones dignas es perfectamente posible para el resto de la población. Se tendrán que hacer algunos cambios en la escala de pagos, pero en lugar de hundir las pensiones de los miembros de las FF.AA. bajo el esquema AFP, lo que correspondería es generar un nuevo sistema de pensiones al que se integre toda la población, sin distinciones (militar o civil).
Los integrantes de las FF.AA. son ciudadanos iguales en dignidad y derechos que el resto de la población, por tanto, todos nos merecemos un sistema previsional basado en los principios de la Seguridad Social (OIT) que garantice pensiones decentes, que tenga un fuerte componente de solidaridad intergeneracional, equidad de género, participación y responsabilidad fiscal. Replanteemos nuestro sistema de seguridad social para que no exista un grupo de privilegiados y el resto de los chilenos.
Los que votaron por la propuesta B en la Comisión Bravo prefieren un sistema mixto con un pilar de seguro social y otro de capitalización individual. La única comisionada (de Polonia) que votó por la propuesta C, prefiere un sistema público de reparto puro.
Tanto los comisionados que apoyaron la propuesta B como la que apoyó la C plantean la necesidad de un cambio estructural en nuestro sistema de pensiones, siguiendo las lógicas del derecho a una pensión decente.
¿Qué resolverá el Gobierno?
Fuente: El Mostrador
