En la década de los setenta Chile tuvo un papel protagónico en el escenario internacional. El ascenso de Salvador Allende a la Presidencia de la República en Septiembre-Noviembre de 1970, sus mil días de gobierno y su derrocamiento y muerte en Septiembre de 1973 conmovieron a millones alrededor del planeta.
En muchos países surgió un repudio espontáneo al Golpe de Estado y una activa y transversal solidaridad con sus víctimas que se prolongó hasta que la dictadura militar-civil de Pinochet fuera rechazada por el Plebiscito ciudadano en 1988.
Desde fines de los sesenta estalló en el mundo político un apasionado debate. Para unos, fueran de derecha o de izquierda, era imposible que un líder que se había declarado marxista y se proponía instaurar las bases de una sociedad socialista, hubiera triunfado por medios pacíficos y no por una revolución violenta.
Para otros, el mundo estaba cambiando y crecían las manifestaciones de descontento por la situación existente. La victoria de la izquierda en Chile no sería un hecho aislado o fuera de contexto, además de sus propias condiciones históricas.
Recordemos que en EE.UU a fines de los sesenta se sucedían masivas movilizaciones contra la guerra en Vietnam, contra la discriminación racial y por los derechos civiles; América Latina estaba impactada por una Revolución Cubana que desafiaba el poderío norteamericano; y en Francia e Italia crecían vigorosos movimientos obreros y partidos de izquierda que se proponían cambios de fondo con fines y vías similares a las que iniciaba Chile.
La alarma cundió en Washington. Kissinger apeló a su teoría del dominó, advirtiendo que la victoria de Allende podría desencadenar la caída de otras fichas entre sus aliados. Nixon montó en cólera y ordenó se utilizaran todos los medios, sin escatimar recursos, para impedir la instalación de la Unidad Popular en la Moneda.
Así se hizo y a partir de ese momento desde Washington se orquestó una vasta conspiración donde se coludieron el dinero de las grandes corporaciones, la penetración de las agencias de espionaje, las acciones terroristas, el bloqueo económico y financiero, la desestabilización interna y una intensa presión psicológica sobre los mandos militares, partidos políticos y medios de comunicación.
Así se creó el clima propicio para culminar en el asalto militar a La Moneda el 11 de Septiembre. De allí surgió la tiranía más sangrienta y retrógrada sufrida por los chilenos en toda su historia.
La intervención estadounidense contra el gobierno de Allende está abrumadoramente documentada y confirmada tanto por fuentes norteamericanas como chilenas. Ningún historiador ni político serio podría negarla ni subestimarla.
Desde la dictadura implantada en Brasil en 1964, siguiendo con los casos de Bolivia, Uruguay, Chile, Argentina, Perú, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, la estrategia norteamericana fue convertir a los ejércitos latinoamericanos en policías de ocupación y represión de sus pueblos y garantes de su dominio en el continente.
Sin descartar desde los bombardeos a civiles y el desembarco de tropas, como en Granada y Panamá, todo con el pretexto de la amenaza del “comunismo soviético”. Tal fue la conclusión del Informe Rockefeller de 1969, la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional.
En efecto, sin la salida militar ejecutada desde los más altos mandos, decidida en la Casa Blanca, con la presencia del más alto personero de la oligarquía chilena, en Chile no habría sido posible la eliminación del gobierno de Allende.
Ni por renuncia voluntaria, ante la cual el Presidente había reiterado que tendrían que matarlo antes que traicionar el mandato comprometido con su pueblo. Ni tampoco por destitución legal porque la oposición nunca tuvo en el Congreso los dos tercios necesarios que la Constitución exigía.
Las cúpulas de la oposición política –nacionales y demócratas cristianos – llamaron impúdicamente a las FF.AA a apoderarse del gobierno legítimo, sin exigirles ningún plazo para la devolución del poder usurpado. De este modo los cómplices del plan sedicioso y sus continuadores intentan ocultar o minimizar la intervención decisiva de la Casa Blanca.
Sostienen que el gobierno de la Unidad Popular “cayó” o “fracasó” por sus propios errores, por toda su gestión política y económica o por su supuesto plan de implantar “una dictadura marxista”. Es lo que afirma Kissinger en sus memorias, para eximirse de su propia responsabilidad en la gestación de la conspiración dictatorial.
Fracaso no, Derrota, sí. (El conocido crítico literario Ignacio Echeverría diferencia entre fracaso y derrota: el primero es radical, irreversible, total; la derrota es parcial…….) Fracaso habría sido si la ciudadanía que apoyó a la Unidad Popular la hubiera repudiado en las elecciones presidenciales siguientes.
Pero faltaban aún tres años, la mitad del período presidencial. Si sus enemigos hubieran tenido confianza en que por decisión de una mayoría electoral serían capaces de impedir un segundo gobierno de la Unidad Popular, bastaba haber esperado hasta 1976. Pero no estaban seguros, menos aún de conformar una alianza para gobernar.
Además la Unidad Popular iba en alza. En 1970 Allende fue elegido con la primera mayoría relativa mediante el 36% de los sufragios. En las municipales de 1971, la Unidad Popular obtuvo el 50% de los votantes. Y en Marzo de 1973, cuando la oposición estaba a la ofensiva y aseguraba que obtendría más de dos tercios de respaldo en las urnas, la Unidad Popular alcanzaba el 44%.
Se frustró así el intento de destituir al Presidente por el Congreso. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la representación de la UP se acrecentó notoriamente, en comparación con la anterior contienda de 1969. El gobierno de Allende aumentó su caudal electoral de 1 millón en 1970 a 1 millón 600 mil en 1973. La UP aumentó en 9 sus cargos parlamentarios, mientras la oposición disminuía en 8.
Los gobiernos anteriores de Ibáñez, Alessandri y Frei perdían apoyo electoral durante sus mandatos, mientras Allende lo acrecentaba, lo que desmentía la supuesta ley del desgaste obligatorio de todos los gobiernos. El temor a que la Unidad Popular triunfara en 1976, llevó a sus adversarios a renegar de la democracia que decían defender y a demandar la autocracia militar que suprimió todos los derechos y libertades durante diez y siete años.
Derrota sí, fracaso no. Derrota en el marco clásico de la lucha de clases, con vencedores y vencidos que se alternan. Nuestra derrota fue política y radicó en el terreno estratégico:
Por no haber concretado un pacto solemne entre la izquierda y el centro, en el tema clave de la preservación del Estado de Derecho, incluida la condena a la subversión violenta o a las conspiraciones militares. En un postrer intento Allende iba a proponer el plebiscito para dirimir las discrepancias insalvables.
Temeroso de que esta fórmula pudiera prosperar, Pinochet adelantó tres días el inicio del Golpe. En todo caso, la responsabilidad política del 11 de Septiembre, que no fue solo la destrucción de un gobierno, sino de toda la institucionalidad democrática construida hasta entonces, es compartida entre la UP y la DC.
Por otro lado la teoría de que las causas del aplastamiento de los derechos humanos y ciudadanos, radicaron en no haber preparado un aparato militar del pueblo para enfrentar y vencer a unas FF.AA. profesionales, poseedoras de un potente armamento y verticalmente disciplinadas, carece de fundamento realista.
Un pueblo sin entrenamiento ni posesión de armas modernas, carente de organización militar no iba a ser condenado a un genocidio, por sus líderes responsables.
En cambio, las inexistentes “milicias armadas fuertemente equipadas, un ejército paralelo para el autogolpe”, fue una de desvergonzadas falsedades utilizadas para justificar el 11 de Septiembre. (Declaraciones a la TV española del Presidente de la DC en 1973)
El “enfrentamiento militar” que propiciaban algunos en la UP, creyendo que los militares leales contaban todavía con la mayoría, era pura ignorancia. Los varios focos sediciosos existentes, después de la renuncia del general Prats unieron sus fuerzas, se apoderaron de todos los mandos y liquidaron toda disidencia.
Si bien la Derecha primero y el Pentágono después han tenido una larga influencia en la formación de las FF.AA, de Chile, existía también un valioso sector de oficiales, suboficiales y buena parte de soldados y conscriptos, educados en el respeto a los derechos ciudadanos y en la subordinación a los poderes civiles.
En 1969 y 1970, e incluso hasta mediados de 1973, tres intentos golpistas habían sido derrotados en medio del repudio de la opinión pública y el rechazo de los mandos constitucionalistas del Ejército.
Pero eso no bastaba para impedir el Golpe. Una forma efectiva de enfrentarlo ocurrió en Venezuela con motivo de la sedición militar de Abril, 1993. Esta fue desbaratada en menos de 48 horas. El Presidente Chávez fue repuesto en su cargo, gracias a un rechazo categórico de la mayor parte de las FF.AA junto a la movilización popular que rodeó los cuarteles e impidió actuar a los golpistas. En nuestro caso, la Unidad Popular no puede eludir su carencia de una política militar, el llamado “vacío histórico”, según el PC, que partía de un gran desconocimiento de lo que ocurría en los cuarteles, la debilidad para sancionar a los facciosos, y la ausencia de una formación ideológica democrática.
Por último, las divergencias entre los partidos integrantes de la Unidad Popular ciertamente existieron, causaron daño, contribuyeron a dificultar las funciones gubernativas y a alejar a sectores importantes de capas medias. Pero tampoco fueron la causa fundamental de la derrota.
Por un lado no pocas de esas diferencias tácticas o puntuales fueron resueltas por la intervención oportuna y sensata del propio Allende o bien porque primó en diversas circunstancias, la fuerza de la unidad del bloque frente a sus poderosos enemigos. Después del 11 de Septiembre, la UP subsistió aún por seis años y contribuyó a organizar las primeras resistencias a la dictadura, tanto dentro como fuera del país.
La continuidad constitucional chilena se habría fortalecido si se hubieran ampliado el entendimiento hacia otros temas programáticos que la Democracia Cristiana sostenía en aquella época.
La correlación de fuerzas políticas había demostrado que la DC no podía seguir “el camino propio”, gobernar por sí sola. Sus contradicciones internas quedaron de manifiesto, cuando al momento del golpe, varios de sus destacados dirigentes colaboraron con Pinochet, mientras su militancia sindical, con la tercera votación más alta dentro de la CUT, era brutalmente reprimida.
Aliada con la derecha, ésta jamás ha aceptado sus propuestas progresistas.
“Es la derecha la que gana”, como advertía Tomic. En cambio, mediante el acuerdo DC-UP, la mayoría parlamentaria resultante habría aprobado las reformas estructurales en las que había coincidencias. Que éste era posible lo demostraron la reforma agraria y la sindicalización campesina, (propuestas por la DC y apoyada por la UP) y la nacionalización del cobre, (propuesta por la UP y apoyada por la DC) ambas ganadas a pesar de la dura oposición de los terratenientes derechistas y de las acciones hostiles de Washington.
Fuimos derrotados porque no supimos aislar a los enemigos principales del pueblo, separarlos de las capas medias, superar el sectarismo y el extremismo que se apoderaron de sectores minoritarios de dentro y fuera de la Unidad Popular.
En 1971, el primer año de la UP, la oposición oligárquica aún no veía claro el derrocamiento de la UP. La Jefatura del Ejército al mando del General Prats con el apoyo de la oficialidad constitucionalista era un obstáculo insalvable. Entretanto Allende había avanzado notablemente en el cumplimiento de su programa económico y social.
Este no era una improvisación de último momento. Se tenía en cuenta las lecciones de un siglo de luchas democráticas, la fuerza de la clase trabajadora y de otras capas sociales organizadas, la experiencia del Frente Popular, sus logros e insuficiencias. Más tarde, desde los años cincuenta, con el liderazgo de Allende, el logro histórico de la unidad socialista-comunista y la formación del Frente de Acción Popular (FRAP) se comenzó a elaborar el programa común de la coalición, con un grupo de profesionales destacados en distintas áreas.
Las reformas estructurales se presentaron y difundieron ampliamente en las campañas presidenciales de 1958, 1964 y 1970. En 1971, conquistada la victoria y asumido el Poder Ejecutivo el nuevo gobierno de la Unidad Popular en pocos meses materializó la nacionalización de todas las grandes minas de cobre, hierro y salitre.
Se inició la intervención gubernamental en las grandes empresas monopólicas y se nacionalizó la distribución eléctrica y la red telefónica. Se tomó el control de la mayor parte de los bancos comerciales privados, mediante la compra de las acciones necesarias para reforzar el papel dominante del Estado que ya controlaba la mitad de todos los depósitos y colocaciones.
Se aceleró la expropiación de los latifundios y la distribución de tierras a los campesinos, conforme a la ley agraria de Frei Montalva. Además de las reformas estructurales, la Unidad Popular propuso “Las 40 primeras medidas del Gobierno Popular”, entre las cuales estaba la reducción de los altos sueldos y viáticos en la Administración Pública y el medio litro de leche gratuita para todos los niños de Chile, lo que incentivó el consumo popular y la industria lechera nacional.
Desde un comienzo, el gobierno hubo de abordar una economía en graves dificultades – que “aullaba” como lo quería Nixon – con un alto desempleo, fuga de capitales y maniobras especulativas contra la moneda nacional. Con la reasignación de los presupuestos públicos y el uso de reservas y créditos del Banco Central, se superó rápidamente el primer intento de paralizar al país. Luego vinieron en nuestra ayuda los créditos externos de países amigos y de otros políticamente distantes, como España y Brasil.
Los diferentes tipos de cambio, regulados por el Banco Central también proporcionaron importantes ingresos fiscales. Se ejecutó un plan de construcción de viviendas, el más ambicioso comparado con los gobiernos anteriores y la dictadura posterior. La demanda por bienes de consumo se acrecentó por los mejoramientos de los salarios y las pensiones. En resumen, el Producto Interno Bruto aumentó en 1971 un 7,7%, la cifra más alta conseguida por gobierno alguno, sea antes o después de esa fecha.
Este record no se podía repetir en los años siguientes. La producción del país había llegado casi al máximo que permitía la capacidad productiva. Muchas industrias laboraban a tres turnos. Comenzaron a escasear algunos insumos y repuestos importados.
Aunque la inflación aminoró entre 1970 y 1971, la expansión excesiva del crédito y del dinero circulante estalló en 1972. Se desató la especulación, apareció el mercado negro y una fiebre de compras para acaparamiento.
En 1972 y aún más en 1973 el cuadro político se tensó. Proliferaron los paros patronales, las huelgas por demandas desmedidas incentivadas desde la oposición, los atentados terroristas de Patria y Libertad y de otros grupos de extrema derecha. Por su lado Nixon ordenó la venta del cuantioso stock gubernamental de cobre provocando la baja del precio del metal, mientras los precios internacionales de los alimentos que debíamos importar subían considerablemente.
A esto se sumó el cierre de las líneas de crédito en el Eximbank, el Banco Mundial y el Banco Interamericano. Se requerían más fondos de ahorro para financiar proyectos de inversión los cuales demoran años en materializarse. En todo caso, se avanzaba con medidas importantes para atraer inversiones extranjeras como la firma de un nuevo Estatuto Automotriz, mediante la formación de tres grandes empresas mixtas de sociedad estatal con capitales italianos, franceses y japoneses.
El auge de la producción avícola así como la pesquera respondieron al aumento de la demanda interna por proteína animal, más cara y escasa a causa del contrabando de ganado vacuno hacia Argentina; la incipiente exportación frutícola encontró buena acogida en el exterior. La torpe acusación opositora de que “el pueblo no tenía qué comer”, fue desmentida por una publicación del Banco Central de 1986 que reconoce el notable aumento de la ingesta de calorías y proteínas por habitante en 1971-72, cifras recién superadas en los años noventa.
Asimismo, la recuperación de la producción de cereales y leguminosas registrada en la temporada 1973-74 se debió al empeño de los campesinos en sus asentamientos y cooperativas y a la considerable importación de semillas y tractores, construcción de frigoríficos, silos, obras de regadío y otras inversiones efectuadas durante la UP. El Banco Mundial reconoció en aquella cosecha aumentos en 11 de los 14 cultivos principales y elogió la Reforma Agraria chilena “por su admirable poca violencia y destrucción de la propiedad”.
En 1972 el PIB arrojó un resultado de -0,1% en comparación con 1971. Y en 1973, el año en que la desestabilización había alcanzado su máxima intensidad, el PIB mostró una caída de -3,6%. Este retroceso no era una recesión económica típica de las economías capitalistas, sino el efecto de los paros patronales prolongados del transporte camionero, del bloqueo financiero norteamericano, de los sabotajes contra los oleoductos y la trasmisión eléctrica, del cierre del comercio y de industrias privadas, de paralización de empresas públicas, en algunas de las cuales sus dirigentes sindicales eran presionados por la oposición.
En resumen, los 1.000 días del gobierno de la Unidad Popular arrojaron un crecimiento neto del PIB cercano al 4%. En contraste, la dictadura con su política de precios libres y despidos masivos, provocó caídas y bancarrotas sin precedentes, mucho más graves que las de 1972 y 1973
. En efecto, el PIB se derrumbó 13,3% en 1975 y se hundió 17% en el bienio 1982-1983. Si algunos economistas califican de caóticos los años de 1972-73, ocultando la desestabilización provocada para ambientar el Golpe ¿cómo deberían ser calificados los años de crisis, depresión, desempleo, estancamiento y empobrecimiento, provocados por la dictadura?
La inflación y los desequilibrios fiscales y de divisas que la acompañan fueron la gran debilidad de la gestión económica del gobierno allendista. Ciertamente eran males endémicos asociados a la Gran Depresión mundial de los años treinta y de las guerras mundiales que golpearon duramente a todos los países exportadores de materias primas.
En esas décadas, la hiperinflación apareció durante breves períodos, como ocurrió durante la segunda presidencia de Ibáñez. Pero, en los años 1972 y 1973, la desestabilización y el asedio político exacerbados impedían adoptar medidas apropiadas para el control de la inflación. La experiencia histórica internacional muestra que la hiperinflación estalla generalmente en épocas de confrontación política aguda y su erradicación drástica requiere de una autoridad con facultades gubernamentales extraordinarias.
El Índice de Precios al Consumidor se elevó 105% promedio anual en 1972 y 240% en 1973 (hasta Septiembre) según los cálculos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Pero los Chicago Boys, con su política de “libertad de precios”, elevó aún más el ritmo de alzas, llegando al 1.000% en diciembre de 1973.
Demoró quince años en bajar a índices moderados, a pesar de haber forzado una despiadada reducción de los consumos de primera necesidad y haber incrementado la pobreza al punto de afectar al 45% de toda la población, mientras en los años de Allende estaba reducida al 17%. En buena medida, el elevado déficit fiscal durante la UP se debió a que la oposición parlamentaria aprobaba las leyes de reajustes de remuneraciones, pero se negaba a proporcionarle los financiamientos necesarios.
Nunca le permitió al Presidente los recursos de una reforma tributaria progresista y le negó facultades legales para combatir la especulación monetaria, los fraudes, el acaparamiento, la evasión de impuestos y otros delitos económicos. Por su parte, la Corte Suprema dejó en la impunidad los delitos terroristas de Patria y Libertad y otras acciones ilegales de la oposición para terminar cerrando los ojos ante los crímenes de la dictadura.
La UP hizo lo que estaba a su alcance para paliar las consecuencias de la inflación sobre los ingresos de los trabajadores y pensionados. Además de los reajustes periódicos de sueldos, salarios y pensiones, se amplió el control de precios y se crearon nuevos canales de distribución: se instó a los vecinos a organizarse en las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP) para combatir el ocultamiento y las alzas ilegales y para colaborar con los pequeños comerciantes.
Se impulsó la “Batalla de la Producción” que en muchas industrias nacionalizadas, intervenidas y privadas generó ahorro de divisas por la inventiva de obreros y técnicos para fabricar repuestos e insumos con materiales nacionales.
Con todo, las continuas alzas de precios y sus consecuencias no fueron obstáculo para cumplir con el programa de gobierno y satisfacer sentidas demandas de la población en numerosas otras materias de importancia. Algunas de las reformas estructurales, como la nacionalización de los grandes yacimientos y la reforma agraria han permanecido y proyectado sus beneficios por décadas, a pesar de los intentos de desmantelarlas mediante la privatización de tierras y minas.
Otras, si bien fueron anuladas para implantar un abusivo sistema de capitalismo oligárquico, han vuelto a resurgir en insistentes reivindicaciones en salud, educación, previsión social, recuperación del rol social del estado y equidad en la distribución de los ingresos. Fueron logros reales que demostraron ser factibles y no demagogia, como lo pronosticaban los economistas de oposición.
Desde luego lo referente a la ocupación y el desempleo. A fines del sexenio de Frei Montalva, la tasa de desempleo se empinaba al 9%, de la fuerza de trabajo, registrada en el Gran Santiago, según las mediciones oficiales de la época, magnitud de fuerte impacto negativo en la vida de los trabajadores y en la economía nacional. Durante todo el trienio allendista la tasa de desempleo se mantuvo en algo más que el 3%. Era visible que en el resto del país la situación era similar a la de la capital.
Se había alcanzado el pleno empleo. (Los economistas neoliberales sostienen que basta con un mínimo de 5% de cesantía, para calificar la situación como de ocupación total). Este éxito no fue sostenido durante la larga dictadura, a pesar de contar con todos los recursos en sus manos. Al contrario, el régimen de libre mercado condujo durante varios años a los peores niveles de cesantía registrados hasta entonces.
Probablemente porque la oligarquía dominante y sus economistas tampoco se lo propusieron, con el argumento de que un cierto desempleo masivo es favorable para sostener los salarios bajos, mantener la sumisión por miedo al despido y asegurar ganancias más elevadas para el capital.
La absorción de la cesantía masiva tuvo lugar después de la Dictadura. En los mejores momentos de la Concertación, la ocupación mejoró considerablemente, pero el desempleo nunca bajó del 4%. Algunos críticos desaforados afirmaron que la ocupación plena durante la UP se debió a la ampliación desmesurada de los cargos públicos, con fines proselitistas.
Las cifras parciales por ramas de la economía desmienten esta falsedad. El aumento de los puestos de trabajo fue general aunque con diferencias entre las ramas. El incremento inicial de las remuneraciones multiplicó sus efectos sobre la demanda de bienes y servicios de consumo popular que para satisfacerla promovió la contratación en otras ramas. Se demostraron efectivas las políticas propuestas por Keynes y Kalecki, como también los análisis de Marx.
El logro de la ocupación plena, sumado al incremento real de los sueldos y salarios en el sector privado, fruto de los nuevos convenios colectivos tripartitos por ramas de la actividad económica, más el mejoramiento del salario mínimo, de la asignación familiar y otros beneficios complementarios contribuyeron al aumento de la participación de los asalariados en la distribución de los ingresos netos de las empresas. Según algunos cálculos los salarios totales alcanzaron a constituir el 50% del Ingreso Nacional; según otras estimaciones llegaron al 60% y más del mismo.
Estas cifras revelan un reparto de los ingresos notoriamente más favorable a los trabajadores en comparación con los años de la Dictadura cuando esa participación se redujo hasta el 35%. En este tema, la Unidad Popular resultó también más positiva que los gobiernos de la Concertación, pues dicha participación en estos últimos sólo alcanzó alrededor del 40%.
La distribución de los ingresos de la población, medida por el coeficiente de Gini, es otra cara de los resultados de la política gubernamental. En una crónica de El Mercurio del 11 de Agosto de 2013 se presentaron cifras con el siguiente título: “Tasa de desigualdad en el Gran Santiago es la más baja de los últimos cuarenta años” Con este título se pretendía presentar al Presidente Piñera (2010-2013) como un gran triunfador sobre las desigualdades.
Una administración derechista que nunca se lo propuso, resultaba ser la más equitativa en comparación con todas las anteriores. Sin embargo, “la letra y los números chicos” publicados en la misma crónica decían otra cosa.
Los cálculos basados en la Encuesta de Ocupación y Desocupación del Gran Santiago arrojaron para los cuatro años del gobierno de Piñera, un promedio anual de 0,482, según el índice de Gini. En cambio, aplicado el mismo criterio para los años de Allende (1971,1972 y 1073) el promedio anual del Gini fue de un 0,460. Este resultado es claramente más equitativo que el de Piñera y rotundamente superior comparado con los tiempos de la dictadura, cuyo promedio de 17 años alcanzó al 0,539, esto es, el más alto grado de desigualdad de las cuatro décadas.
Respecto de los cuatro gobiernos de la Concertación, las estimaciones muestran que los índices de desigualdad nunca bajaron del 50%. Fueron años de alto crecimiento del PIB y reducción de la pobreza extrema, pero de un crecimiento “sin equidad”, a pesar de lo que prometía su consigna oficial.
En síntesis, tal como lo ratificó el estudio del profesor Frederick Solt de la Southern Illinois University Carbondale, en Chile, en el período de 40 años entre 1970 y 2010, el momento de mayor equidad según el índice Gini se consiguió en el gobierno de Salvador Allende. (El Mercurio, Economía y Negocios, B 17, 31 de diciembre de 2011).
Otro resultado positivo de la política económica de la Unidad Popular fue la reducción sustancial de los pagos por la Deuda Externa. Al asumir el mando Allende se encontró con una Deuda ascendente a 2.767 millones de dólares. Esto lo obligó en el primer año de su gobierno a destinar al pago de sus intereses y amortizaciones, el 37% de los ingresos de nuestras exportaciones.
Como se había resuelto, el Presidente resolvió unilateralmente suspender los pagos por este servicio y simultáneamente llamar a los acreedores a renegociar la Deuda bajo nuevos términos y en plazos mayores. Como era de esperar Washington se opuso terminantemente a esta renegociación y la condicionó a que Chile pagara por anticipado la indemnización reclamada por las compañías por la expropiación legal de las grandes minas de cobre.
La respuesta chilena fue admitir su obligación, pero su cálculo debía contemplar la deducción contenida en la ley de nacionalización a cuenta de las rentabilidades excesivas acumuladas durante decenios por Anaconda y Kennecott. El Club de Paris, escenario de estas negociaciones donde se reunían los gobiernos acreedores con sus deudores, después de largas y fatigosas sesiones finalmente aceptó la posición de Chile. Esta victoria fue posible por el apoyo que recibimos de todos los demás países acreedores, entre ellos Francia, Italia, Gran Bretaña, Suecia y otros.
Como partícipe de la Comisión Negociadora de Chile recorrimos las diversas capitales europeas, hablamos con sus autoridades gubernamentales, con los partidos políticos y comprobamos la enorme simpatía que existía en la opinión pública hacia nuestra causa. EE.UU. quedó aislado y finalmente hubo de ceder. El resultado económico de esta favorable gestión fue categórico: Los pagos de la Deuda Externa bajaron del 37% al 5%, como promedio en 1972 y 1973.
Los costos para Chile del pago de las ganancias e intereses del capital extranjero disminuyeron en parte, gracias a esta negociación y también a las nacionalizaciones, desde 199 millones de dólares en 1970 a 84 millones en promedio de los años 1972 y 1973. En contraste con esta política, la dictadura no trepidó en volver a hipotecar al país a los banqueros de Washington y Wall Street. En 1980 la Deuda se había multiplicado tres veces y en 1987 seis veces.
Son conocidas las consecuencias de este gigantesco endeudamiento, entre otros, la pérdida para el patrimonio nacional de valiosos activos en empresas estatales que fueron expropiados para beneficio de los acreedores norteamericanos.
En materia previsional Allende cumplió con tres demandas muy sentidas.
La primera, elevar la pensión mínima que era inferior al salario mínimo, al mismo nivel que éste. La segunda, la creación de una Caja de Previsión que otorgara jubilaciones para trabajadores independientes o no asalariados, entre los cuales se incluía a los suplementeros, pequeños comerciantes, industriales, y agricultores, pirquineros, pescadores y religiosos. (Ley 17392) Y la tercera, los Consejos de Administración de los Institutos Previsionales fueron modificados para que la mayoría de sus miembros fueran elegidos directamente por sus imponentes. (Ley 17676)
En el área de la salud se creó una extensa red de consultorios, a razón de uno cada 40.000 habitantes. Uno de cada tres atendía las 24 horas. Las consultas externas del Servicio Nacional de Salud aumentaron de 8,9 millones en 1970 a 12,2 millones en 1971. El “tren de la salud” llegó hasta los más apartados rincones rurales.
El SNS dispuso de un mayor número de médicos, (7%,) dentistas (32%) y enfermeras (18%). Por primera vez se estableció un servicio odontológico gratuito en las escuelas. Se amplió la atención en los servicios de urgencia. La vacunación masiva contra la poliomielitis permitió erradicar esta grave enfermedad. Como consecuencia de estas y otras medidas se redujo la mortalidad infantil.
En Educación, Ciencia, Artes y Cultura, se realizaron grandes avances. El Presidente Allende promulgó la ley 17301 que creó la primera red pública de Jardines Infantiles y Salas Cunas en el país, fruto de una gran campaña popular. Al momento del Golpe, 80.000 preescolares asistían a ellas, cifra que sólo fueron superadas recién a fines de los noventa.
En la enseñanza primaria se repartió gratuitamente textos escolares hasta 8 millones de ejemplares; se entregó raciones de desayuno para todos los alumnos y de almuerzo para los de escasos recursos. Se estableció el seguro escolar contra accidentes. La escolaridad, entre 6 y 14 años aumentó al 94% ya en 1971. Los mejores alumnos cada año eran invitados a vacacionar en el Palacio Presidencial de Viña del Mar.
La ampliación del acceso a la educación superior tuvo formas inéditas. Mediante el Convenio CUT-UTE (Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago) los académicos fueron a las fábricas y demás sitios de trabajo para que los trabajadores completaran sus estudios secundarios y luego iniciaran carreras universitarias.
Más de 8.000 obreros y empleados estudiaban en esas condiciones. Otro tanto se efectuó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde cientos de estudiantes en cursos vespertinos adquirieron especialidades médicas.
Se logró seguir disminuyendo el número de analfabetos, de los cuales, sólo en 1971, 20.000 aprendieron a leer y escribir. En conjunto el presupuesto del Ministerio de Educación aumentó en un 50%, medido en dólares. Por primera vez el presupuesto público en educación alcanzó y superó la recomendación de la UNESCO que lo fijó en 7% del PIB.
La cultura y las artes recibieron un gran impulso. La nueva editorial estatal Quimantú llegó a publicar más de 12 millones de ejemplares de las mejores obras de autores clásicos chilenos y universales, las que se vendían a precios irrisorios y se distribuían en buses en los campos y en los barrios populares.
La pintura de murales tuvo un gran auge, estimulada por famosos pintores como Roberto Matta que difundió sus enseñanzas entre los grupos de jóvenes brigadistas.
El movimiento musical, compuesto por las primeras orquestas infantiles y juveniles y los afamados, Victor Jara, Quilapayún, Inti-Illimani, Illapu y otros conocidos conjuntos e intérpretes de la Nueva Canción Chilena, se expandió en conjunto con los autores de música docta y del folklore nacional y latinoamericano. Los autores y actores nacionales de teatro y danza recibieron el apoyo estatal para difundir sus obras en los asentamientos campesinos en localidades remotas, lugares donde nunca habían visto una obra de teatro.
En el cine, Chile Films, empresa estatal de antigua creación, pero en decadencia, revivió con la participación de Miguel Littin, Raúl Ruiz, Patricio Guzman y otros reconocidos cineastas e intérpretes. Más de 20 largometrajes fueron rodados en esos estudios, lo que superó con creces con lo que hasta entonces se había logrado en muchos años antes.
En materia de vivienda social, la prioridad otorgada por el gobierno de la UP se justificaba por el enorme déficit habitacional admitido por todos. El promedio construido alcanzó a 52.000 unidades anuales, contra 39.000 en la administración de Frei Montalva y 30.000 durante la dictadura de Pinochet.
Las nuevas habitaciones fueron entregadas de preferencia a los necesitados de menores recursos, a los allegados en campamentos. No hubo traslado de pobladores hacia los extramuros de las ciudades sino se construyó en las mismas comunas que habitaban, aunque estuvieran en barrios de gente rica como Las Condes.
Más tarde esos modestos pobladores fueron expulsados y las viviendas demolidas. Se estableció por ley un tope de 20% respecto del salario como pago por concepto de dividendo hipotecario para las viviendas de menos de 90 metros cuadrados.
Con la ayuda soviética se levantó la primera fábrica de paneles prefabricados que redujo los costos de construcción. Otra iniciativa para favorecer a las familias más modestas fue la construcción de balnearios populares en 17 localidades junto al mar o a orillas de los ríos donde descansaban 500 personas en turnos de diez días, asistidas por profesores de educación física y animadores para niños y adultos.
En el marco de la Constitución de 1925 y pese a sus limitaciones, el Gobierno Popular adoptó medidas o favoreció prácticas para ensanchar y ampliar la democracia. Puso en vigencia el derecho a voto de los analfabetos y de los jóvenes entre los 18 y 21 años. Se dictaron estatutos para permitir el derecho a voz de los asalariados en la gestión de las empresas públicas y para estimular su participación en la producción, consensuada con los dueños de las privadas.
Se calcula que había más de 20.000 Centros de Madres que agrupaban a unas 600.000 mujeres. Se estableció el aumento al 100% el montepío para las viudas que hasta entonces era sólo la mitad de la jubilación del cónyuge fallecido. Se difundió la participación de las Juntas de Vecinos y Centros de Madres en la gestión de hospitales y consultorios.
El número de sindicatos se expandió y los sindicalizados que bajo el gobierno de Frei habían aumentado a 600.000 en 1970, siguieron creciendo hasta 1 millón en 1973.
Las bases sindicales, por primera y hasta ahora única vez, eligieron por votación universal a los dirigentes de la CUT, los cuales dieron la mayoría absoluta a los representantes de la Unidad Popular. El 30% de la fuerza laboral de ese entonces estaba organizada y afiliada en su mayor parte a la Central Única de Trabajadores, proporción que aún después de cuarenta años no ha sido superada a causa de la política persecutoria de la dictadura y las prácticas antisindicales de los empleadores.
Virtualmente la CUT tenía la representación total de la fuerza sindical, por lo cual recibió su personería jurídica y el gobierno le otorgó en concesión una radioemisora de alcance nacional. Destacados dirigentes obreros fueron llamados a ocupar ministerios, intendencias y gerencias de empresas intervenidas o nacionalizadas.
Bajo el gobierno de los mil días se dictó la primera ley (17729) que otorgó reconocimiento al pueblo mapuche. El proyecto original fue en parte desvirtuado por el Congreso, aunque eso no impidió que se otorgaran las primeras 70.000 hectáreas a las comunidades indígenas. Fueron creadas las primeras cooperativas agrícolas y artesanales,
Se concedieron miles de becas para los distintos niveles de enseñanza y se promovió la recuperación del mapudungún, entre otras medidas.
Finalmente, en este repaso de las realizaciones del Gobierno Popular, cabe agregar los logros y méritos de su política internacional. Sus adversarios afirmaban que el gobierno marxista quedaría aislado, sería visto con malos ojos por el mundo desarrollado y en América Latina se corría el riesgo de exacerbar los conflictos limítrofes y las desconfianzas de los estados latinoamericanos. Con la excepción previsible de la hostilidad de los gobernantes estadounidenses, ocurrió lo contrario de lo que pregonaban sus enemigos.
Allende tuvo buenas relaciones con Argentina, con la que se avanzó en la solución de temas pendientes, aunque la dictadura militar posterior de Videla desconoció esos acuerdos. Buenas relaciones se entablaron con Perú y su gobierno nacionalista y reformador de Velasco Alvarado, y lo mismo sucedió con Bolivia mientras gobernó el general Torres.
La Unidad Popular respaldó el Pacto Andino, el más avanzado proyecto integrador latinoamericano hasta esa fecha, del cual Pinochet retiró a Chile, en una de sus primeras medidas, pacto en el cual participaban todos los países sudamericanos del Pacífico. Con México, las relaciones fueron particularmente amistosas. Se restablecieron las relaciones con Cuba, se establecieron por primera vez relaciones con China, apoyando su derecho a integrar el Consejo de Seguridad.
En su visita a México y a otros países del continente, Allende recibió siempre la bienvenida de grandes multitudes. La incorporación de Chile al Movimiento de los No Alineados, el bloque más numeroso de países asiáticos, africanos y latinoamericanos de las Naciones Unidas fue acogida con entusiasmo. Otro tanto ocurrió con la presencia de Allende en la Asamblea General de Nueva York, donde su discurso y su doctrina sobre las riquezas naturales y el derecho de los pueblos a su nacionalización despertaron respaldo abrumador.
Una confluencia del centro, centro-derecha y de izquierda “renovada” se gestó en los años finales de la dictadura, con el objeto de negociar con Pinochet una “salida pactada”. Auspiciada por EE.UU. el dictador la aceptó, asegurándose previamente su propia impunidad, su permanencia en la jefatura del Ejército y la aceptación de la Constitución por él impuesta, para el caso de su derrota en el Plebiscito. Fueron excluidos de la coalición los partidos de la izquierda unida, los cuales repudiaban la “salida pactada” con la dictadura.
Luego de la victoria del No en el Plebiscito, la Concertación ganó el veredicto de las urnas, en ambos casos con el apoyo de toda la izquierda. Sin embargo, en su primer gobierno redujo el ámbito y profundidad de su programa electoral a “la medida de lo posible”.
La Concertación logró mantener el poder durante cuatro períodos consecutivos (1991-2009). Pero, en los últimos mandatos, corrientes internas disidentes abandonaron sus filas erosionando la fuerza electoral de sus partidos lo que afectó particularmente al Partido Demócrata Cristiano.
La Alianza derechista recuperó el Ejecutivo, pero sólo pudo conservarlo por un único período presidencial. Ese cuatrienio bastó para que la entente UDI-RN sufriera estruendosas derrotas, perdiendo alcaldías emblemáticas y asientos parlamentarios claves que le impidieron ejercer el veto que, aún siendo minoría, le otorgaba el sistema político pinochetista.
A partir del 2011, las movilizaciones sociales adquirieron gran masividad, multipropósitos y alta frecuencia. Los comicios municipales del 2012, más las primarias, parlamentarias y presidenciales de 2013 confirmaron que la ciudadanía expresaba un gran malestar con los resultados del sistema vigente y exigía cambios progresistas. Como en otros países, el descontento se expresó también como un repudio generalizado a todo el ámbito político e institucional y en el abstencionismo electoral.
El segundo triunfo de Michelle Bachelet y la debacle de la derecha en el Parlamento abrieron el camino para llevar a la práctica las reformas comprometidas. La Concertación fue sustituida por una nueva Coalición. El acuerdo programático y de gobierno de la Nueva Mayoría se conformó con la participación de los partidos de la antigua Concertación, más una parte de la izquierda organizada y la inclusión de los comunistas.
Éstos después de más de cuarenta años de persecuciones y ostracismo, volvían al gobierno. El Programa acordado respondía, aunque en forma moderada y parcial, a impacientes demandas ciudadanas por cambios estructurales y por la recuperación de derechos arrasados por el sistema neoliberal.
Naturalmente, cuando aún falta más de la mitad del mandato de Michelle Bachelet, es prematuro adelantar cuál será la evolución de la política chilena. En todo caso, la existencia de la Nueva Mayoría la nueva coalición de centro izquierda que hoy gobierna en Chile, viene a darle la razón a Allende, en cuya concepción de la “vía chilena”, acuerdos semejantes a los que él propició sin éxito, no sólo son factibles, sino indispensables para avanzar en democracia hacia una sociedad más justa y equitativa.
(*) ex Ministro del Gobierno de Salvador Allende. Presentación para la 5ª Conferencia Latinoamericana de Historia del Pensamiento Económico, organizada por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Noviembre, 2015.
Referencia bibliográfica:
Entre la numerosa literatura política sobre el período 1970-73, son escasa las obras dedicadas a las realizaciones del gobierno. La mayor parte de las cifras y datos aquí presentados provienen
principalmente de dos obras:
– Gonzalo Martner García. El Gobierno del Presidente Salvador Allende (1970-73). Una evaluación. Ediciones LAR, Santiago, 1988
– Luis Corvalán. El Gobierno de Salvador Allende. LOM Ediciones.
