Con 83 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó, el proyecto (boletín 9958) que busca terminar con la la facultad para eliminar archivos de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Defensa, en lugar de remitirlos al Archivo Nacional.
El texto dispone que la documentación del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas y de los demás organismos dependientes de esa Secretaría de Estado o que se relacionen con el Gobierno por su intermedio, así como de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en que consten actos que hayan sido declarados secretos o reservados, será custodiada y conservada en las dependencias que dichas instituciones señalen, mientras los efectos de dicha declaración se encuentre vigentes.
La custodia, conservación y ordenación de estos documentos se regulará en uno o más reglamentos que llevarán la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública o del Ministro de Defensa Nacional, según corresponda, y del Ministro de Educación. Estos reglamentos deberán dictarse dentro de los 90 días siguientes a la publicación de esta ley.
El texto aclara que «las causales de secreto o reserva no podrán ser invocadas tratándose de información relacionada con violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.”
Mediante un artículo transitorio se precisa, además, que toda la documentación del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas y de los demás organismos dependientes de esa Secretaría de Estado o que se relacionen con el Supremo Gobierno por su intermedio, así como de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que no revista el carácter de secreta o reservada, deberá ser remitida al Archivo Nacional dentro de sesenta días contados desde la entrada en vigencia de esta ley.
Según se plantea en la moción que dio origen a este proyecto, “es necesario adecuar el ordenamiento jurídico chileno a los estándares de publicidad y transparencia consagrados en la Constitución Política de Chile y en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, ordenando la derogación del carácter de reservado o secreto de diferentes normas dictadas por la dictadura militar entre los años 1973 y 1990”.
Además, se sostiene que es perfectamente atendible el cuestionamiento que puede suscitar una norma de esta naturaleza en nuestro actual régimen democrático, pues esta permitió la eliminación de documentación y archivos militares que pudieron haber sido no sólo útiles, sino que indispensables para realizar y/o concretar investigaciones judiciales respecto de las violaciones de los derechos humanos por parte de militares y civiles en dictadura.
La moción, que ahora será vista por el Senado, en segundo trámite constitucional, corresponde a una moción presentada en abril de 2015 por los diputados Tucapel Jiménez (PPD), Claudio Arriagada (DC), Gabriel Boric (IND), Fidel Espinoza (PS), Hugo Gutiérrez (PC), Felipe Kast (IND), Felipe Letelier (PPD), Sergio Ojeda (DC), Roberto Poblete (IND) y Raúl Saldívar (PS).
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