Chile: Masacres de Estado e Impunidad

Desgraciadamente, durante la historia republicana de Chile el Estado ha cometido frecuentemente grandes masacres contra nuestro pueblo, que han quedado, casi siempre, en total impunidad.

Y no sólo en la impunidad sino que ¡han quedado totalmente desconocidas! debido a la sistemática ocultación que de ellas han hecho el sistema educacional, los medios masivos de comunicación y la generalidad de nuestros historiadores.

Así, casi todos los chilenos desconocemos que entre los siglos XIX y XX hubo un parcial genocidio del pueblo mapuche cometido por el Ejército (un 20% de acuerdo a José Bengoa) y uno total de los pueblos indígenas australes cometido por latifundistas extranjeros y chilenos con la complicidad del Estado.

Y que a partir de fines del siglo XIX el Ejército –bajo órdenes del Gobierno– cometió numerosas matanzas masivas de trabajadores y pobladores, incluyendo en ocasiones a mujeres y niños.

Todas ellas (¡salvo la de Iquique de 1907, gracias a la Cantata de Santa María de Iquique de Luis Advis, popularizada por el grupo “Quilapayún”!) han quedado completamente desconocidas hasta el día de hoy. Entre ellas las de Valparaíso (1903); Santiago (1905); Antofagasta (1906); Punta Arenas (1920); San Gregorio (1921); Vallenar (1931); Ranquil (1934) y Santiago (1957).

Incluso, en estos días ¡se ha ignorado completamente el centenario de la mayor masacre (junto con la de Iquique) de hombres, mujeres y niños de nuestra historia! La cometida a comienzos de junio de 1925 en varias oficinas salitreras de Tarapacá, a raíz de lo cual quedaron centenares o miles de muertos según distintas fuentes, ya que, por cierto, las autoridades (el entonces presidente Arturo Alessandri y su ministro Carlos Ibáñez) no sólo no investigaron los hechos sino que le enviaron sendos telegramas de felicitación al general conductor de las masacres, el general Florentino de la Guarda.

Por contemporáneos como Carlos Charlín sabemos que “las matanzas de obreros de La Coruña, Alto San Antonio, Felisa y otros lugares de esa pampa de la desgracia son páginas que horripilarían a un escritor de novelas de terror (…)

“En La Coruña no quedó hombre ni mujer ni niño con vida. Se les diezmó con granadas de artillería disparadas a menos de trescientos metros y, pese a las banderas de rendición, no se tomaron prisioneros” (Del avión rojo a la República Socialista; Quimantú, 1972; p. 118).

Y por historiadores como Gonzalo Vial sabemos que La Coruña “fue bombardeada” y que “sobrevino luego una severísima represión, que dio origen –incluso– a un término siniestro… el ‘palomeo’, dispararle a un trabajador lejano, cuya cotona blanca y salto convulsivo –cuando alcanzado por el tiro– le daban el aspecto de una paloma en vuelo” (“Historia de Chile”, Volumen III, Zig-Zag, 1996; p. 248).

Y Vial se preguntaba: “¿Cuántos obreros murieron? Imposible establecerlo. La prensa popular habló de 2.000; los informes diplomáticos de Gran Bretaña, de 600 a 800; el general Guarda, de 59” (Ibid.).

A su vez, el historiador Julio César Jobet sostiene que “los que estuvieron en aquella zona y conocieron las peripecias de este drama, afirman que fueron masacrados 1.900 obreros; pero otros testigos oculares estiman en más de 3.000 el número de víctimas” (Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile; Universitaria, 1955; p. 172).

Así, ni la CUT, ni partido político alguno (¡ni siquiera de “izquierda”, incluyendo el PC que en ese tiempo ya existía!), ni menos los medios masivos de comunicación el Gobierno o el Congreso Nacional han expresado el más mínimo recuerdo y, por cierto, ningún acto de conmemoración del centenario de una de las mayores matanzas de la historia de la humanidad en tiempos de paz

Afortunadamente, gracias a las persistentes denuncias y búsquedas de justicia de las agrupaciones de familiares de detenidos-desaparecidos y de ejecutados políticos no ha pasado lo mismo con las miles de víctimas de la dictadura de Pinochet, ¡pese a los reiterados intentos en favor del olvido y/o de la impunidad efectuados desde 1990 por connotados políticos de “centro” y de “izquierda”!

Así, tenemos que ya en 1990, y luego de que se descubrieran diversas fosas comunes de asesinados por la dictadura, el entonces presidente del Senado, Gabriel Valdés (PDC) llegó al extremo de querer fijar plazos para la búsqueda de personas asesinadas:

“Pondría un plazo corto. Uno o dos meses más, máximo y que hagamos un acto realmente generoso, donde todos contribuyan a dar información. No podemos seguir indefinidamente en la búsqueda de muertos. Este país no puede seguir en esas condiciones psicológicas, porque nos va a hacer daño a todos. Yo siempre pienso que la responsabilidad de los mayores es construir un país para los jóvenes: limpio, transparente (sic), decente y sin traumas. Sin odiosidades.” (Paula; Agosto de 1990).

A su vez, en 1991, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, José Antonio Viera-Gallo (PS) se manifestó partidario de extender la auto-amnistía que se había concedido la dictadura por sus crímenes cometidos hasta 1978, a una que cubriese sus crímenes hasta 1990, con la excepción de “los asesinatos más graves (sic) cometidos en los últimos años, entre ellos, el caso Letelier, caso de los degollados, Operación Albania, Tucapel Jiménez y otros de similar magnitud” (El Mercurio; 17-12- 1991). ¡Hasta la propia derecha se manifestó contraria a la idea, en las personas de Andrés Allamand (RN) y Andrés Chadwick (UDI)! (Ver ibid.).

Por otro lado, en 1995, el entonces presidente del PDC, Alejandro Foxley, llegó a sostener que “no sacamos nada con estar contando muertos indefinidamente” (Las Ultimas Noticias; 3-11-1995); lo que generó duras críticas del historiador conservador, Gonzalo Vial:

“No podemos seguir contando muertos», ha dicho un político. Pues en eso seguiremos, inexorablemente, pase lo que pase, hasta que se dé una salida ética al problema. Es obvio que, de aquí a un siglo, nadie hablará de los restos de los detenidos-desaparecidos. Pero el país continuará en deuda –una deuda que, entonces, ni siquiera podrá esforzarse en saldar–, moralmente manchado, corrompido, y persistiendo en muchos el recuerdo envenenador de una gravísima y deliberada injusticia sin corregir, y de una falta colectiva sin expiar” (La Segunda; 14-11-1995).

Incluso, el entonces embajador en España, Alvaro Briones (PS), llegó al extremo ¡de postular una “amnesia” respecto de aquellos crímenes!:

“En un proceso de transición, en consecuencia, no puede haber culpables ni castigos. No puede haber vindicta pública, lo que es lo mismo que decir que debe buscarse conscientemente una suerte de amnesia pública” (La Época; 3-8-1997).

Además, dicha actitud de búsqueda de “la injusticia en la medida de lo posible” (en lo que se transformó el famoso dicho de Patricio Aylwin a inicios de su Gobierno de buscar “la justicia en la medida de lo posible”) se expresó en intentos sistemáticos de los gobiernos y parlamentarios de “centro-izquierda” de lograr un “punto final” o una gran reducción de penas para los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura.

Prueba de ello fueron el proyecto de ley de “Acuerdo-Marco” en 1990; el proyecto de “ley Aylwin” en 1993; el proyecto de “ley Frei” y el Acuerdo “Figueroa-Otero” en 1995 y 1996; un proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Senado en 1999; el proyecto de “ley de inmunidad” de Lagos en 2003; el proyecto de ley de senadores concertacionistas y aliancistas en 2005; y su intento de reflotamiento en 2007. Afortunadamente todos esos proyectos fracasaron por la fuerte oposición ética y política de las agrupaciones de familiares de víctimas y de las ONG nacionales e internacionales de Derechos Humanos.

Y lo más conocido y grotesco fueron las sistemáticas defensas que los sucesivos gobiernos de la Concertación hicieron de Pinochet y su impunidad: Primero, defendiéndolo cuando entre 1990 y 1998, como comandante en jefe del Ejército, viajaba al extranjero a comprar armas donde se le ocurría, y era allí naturalmente criticado.

Luego, cuando para evitar que quedase como senador vitalicio en 1998, un grupo de diputados de mínima consecuencia de la Concertación lo acusó constitucionalmente, y el gobierno de Frei Ruiz-Tagle presionó fuertemente a su bancada logrando derrotar la acusación en la Cámara de Diputados (¡y ni siquiera considerando que era segura su posterior derrota en el Senado donde la derecha tenía mayoría!).

Posteriormente, cuando los gobiernos de Frei y Lagos se jugaron “exitosamente” con todo – utilizando incluso falsas razones de enfermedad mental de Pinochet y de que podía ser condenado en Chile– para evitar su condena en Europa; y, finalmente, cuando el gobierno de Lagos a través de su ministro del Interior, José Miguel Insulza (PS), presionó públicamente a los tribunales de Justicia nacionales para lograr finalmente la impunidad de Pinochet (Ver La Nación, 10-8-2000; Caras, 18-8-2000; Qué Pasa, 2-9-2000; y La Nación, 16-4-2001).

Después de todo, no podemos extrañarnos tanto de todo ello cuando vemos que el máximo ideólogo de la Concertación y principal ministro de Aylwin, Edgardo Boeninger (PDC), en un libro escrito en 1997 (“Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad”, y que está en PDF) reconoció que el liderazgo de la concertación experimentó a fines de los 80 una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (p. 369).

Y convergencia que el entonces senador Alejandro Foxley –que había sido ministro de Hacienda de Aylwin y que sería posteriormente ministro de Relaciones Exteriores de Michelle Bachelet– reconoció plenamente en mayo de 2000 cuando dijo:

“Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró en ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar –que creía en la planificación, en el control estatal y en la verticalidad de las decisiones– de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida” (Cosas; 5-5-2000).

Y esto explica que ¡luego de haberse elegido en Chile –desde 1990– seis gobiernos de “centro-izquierda” TODAS las principales instituciones económicas y sociales impuestas por la dictadura están todavía plenamente vigentes: Laborales (Plan Laboral); previsionales (AFP); de salud (Isapres); educacionales (escuelas y universidades privadas con fines de lucro); mineras (Ley minera que ha permitido la desnacionalización de más del 70% de la gran minería del cobre); tributarias (que permiten que los más ricos puedan “eludir” impuestos); etc.

Y que, además, dichos gobiernos hayan profundizado las privatizaciones o concesiones de servicios públicos a grandes grupos económicos nacionales y extranjeros (agua potable, electricidad, caminos, puertos, etc.). Y peor aún, que a través de diversas políticas solapadas hayan virtualmente ¡exterminado TODA la prensa escrita de centro-izquierda y establecido una televisión monocolor!

Naturalmente que todo ello ha llevado a Chile a una desigualdad extrema. Y lo que llegado a ser una tragedia permanente: que todos los años mueran miles de chilenos de sectores populares esperando su atención en hospitales públicos abarrotados…

(*) Sociólogo; Director de Derechos Humanos de la Cancillería (1994-1996); Académico de la U. de Chile (2005-2017). Escritor: «Chile: una democracia tutelada»; «Los mitos de la democracia chilena» (dos volúmenes); «Historias desconocidas de Chile» (dos volúmenes).