El Servicio Nacional del Consumidor presentó una demanda colectiva contra las empresas productoras de pollos Agrosuper S.A., Empresas Ariztía S.A. y Agrícola Don Pollo Limitada, que busca compensae a consumidores afectados por prácticas colusorias. En paralelo, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal contra el Cartel del Confort y la Cámara de Diputados aprobó penas de cárcel para la colusión.
En el caso de la querella del SERNAC contra el cartel del pollo, la acción judicial pretende que los tribunales determinen las indemnizaciones correspondientes y cuáles son los grupos y/o subgrupos de consumidores afectados con ocasión de los actos colusorios sancionados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y, confirmados por la Corte Suprema.
En este sentido, según el informe presentado ante el TDLC durante el juicio, el aumento artificial del precio de los pollos habría sido de un 14% aproximadamente, costo que finalmente fue asumido por los consumidores.
El director del Sernac, Ernesto Muñoz, indicó que «la situación ocurrida en este mercado es muy grave. Las empresas se coludieron para lucrar, infringiendo la libre competencia de los mercados, afectando los bolsillos de miles de familias chilenas, por años, las cuales consumen este tipo de productos de primera necesidad, ya que no pudieron acceder al precio más competitivo».
Agregó que «no basta sólo con el pago de multas dictadas por la justicia, sino que ahora, corresponde que estas empresas compensen a los afectados.».
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en septiembre de 2014, condenó a las empresas involucradas al pago de multas a beneficio fiscal por un total de 60 millones de dólares, por haberse coludido para distribuirse la producción en base a proyecciones de venta.
Esta sentencia fue ratificada por la Corte Suprema y, este martes, se dictó la resolución denominada «cúmplase» por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Por lo tanto, ahora es el turno que las empresas compensen a los afectados, y es por ello, que el SERNAC presentó esta demanda colectiva.
Juzgado de Santiago declara admisible querella contra CMPC Tissue y SCA Chile
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal interpuesta por el alcalde de Melipilla, Mario Gebauer, en contra de todos quienes resulten responsables por el delito de adulteración fraudulenta de precios en artículos de primera necesidad, en el marco del requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de CMPC Tissue y SCA Chile (ex PISA), a las que acusa de haberse coludido para fijar precios y cuotas en el mercado de productos de papel tissue.
«La Fiscalía Nacional Económica ha deducido requerimiento en contra de las compañías CMPC Tissue y SCA Chile, por el acuerdo colusorio que ha perjudicado en general a los consumidores de Chile y en particular a la Ilustre Municipalidad de Melipilla, que ha adquirido periódicamente los productos de las referidas empresas, con el consecuente perjuicio económico para dicha entidad edilicia», señala la querella.
En el documento se pide además que se solicite los antecedentes de la investigación a la Fiscalía Nacional Económica, que se otorgue orden amplia de investigar a la Brigada de Delitos Económicos y se cite a declarar en calidad de imputados al ex presidente de PISA, Gabriel Ruiz Tagle, al presidente de CMPC, Eliodoro Matte, al ex gerente general de CMPC Tissue, Jorge Morel, y a los ex ejecutivos Cecilia Haberle (CMPC) y Miguel Gonzalez (PISA).
Gebauer señala que desde 2008, año en que asumió como Alcalde Melipilla, el Municipio adquirió, a través de mecanismos de compras públicas, productos a ambas empresas. Específicamente la compras incluyeron papel higiénico, toallas de papel y sabanillas de papel, agrega la querella.
Cámara de Diputados aprueba proyecto que establece penas de cárcel por colusión
La Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley presentado por el gobierno que fortalece el sistema de defensa de la libre competencia, y que establece penas de cárcel y eleva las multas en los casos de colusión.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad (106 votos) en general y 105 votos favorables en particular.
Ello luego que ayer en la Comisión de Hacienda de Cámara de Diputados fuesen aprobadas por unanimidad las modificaciones realizadas previamente en las comisiones de Economía y Constitución Legislación y Justicia.
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, destacó el amplio respaldo que tuvo la iniciativa en la Cámara Baja y sostuvo que para fortalecer el crecimiento es fundamental mejorar la institucionalidad de la libre competencia.
Asimismo señaló que «este proyecto es una poderosa señal a quienes dañan la libre competencia, la colusión es un delito, tiene que ser sancionada duramente, y este proyecto de ley lo hace».
En el ámbito de las sanciones penales, la iniciativa contempla penas de cárcel de entre 5 años y un día y 10 años para los infractores. Asimismo, se establece que los involucrados no podrán acceder durante un año a beneficios alternativos al cumplimiento de penas. Esta regla es similar a la aprobada en la Ley Emilia y busca que los responsables cumplan efectivamente la sanción aflictiva durante dicho periodo.
Del mismo modo, en el ámbito civil, se establece que las empresas involucradas las deberán pagar multas por un monto que ascenderá al doble del beneficio obtenido por la colusión -análisis que estará a cargo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)- o en caso de que no se pueda calcular, el 30% de las ventas brutas del periodo de tiempo en que se concretó el ilícito.
En materia de delación compensada, se establece que estará exento de responsabilidad criminal el que primero aporte antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica y haya accedido a los beneficios de este mecanismo.
Se espera que el proyecto comience su tramitación en el Senado la segunda semana de diciembre, una vez que culmine la discusión de la Ley de Presupuesto.
