En los 172 minutos que estuvo frente a los fiscales Sabas Chahuán, Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, el presidente y controlador de SQM, Julio Ponce, conjugó varios verbos, en repetidas ocasiones, de la siguiente manera: no conozco, lo ignoro, no tengo conocimiento, no lo sé. El 23 de marzo, el ingeniero forestal llegó hasta Los Militares 4290 a prestar testimonio como imputado en una investigación que el Ministerio Público realiza sobre eventuales delitos tributarios, cohecho, apropiación indebida y simulación de contratos. “Es mi deseo prestar declaración”, dijo Ponce en una declaración de cinco carillas que fue decretada reservada por la fiscalía por un plazo de 40 días. El empresario entró a conversar con los fiscales junto a Ignacio Ananías, abogado de Bofill Escobar.
En su relato ante los fiscales, Julio Ponce resumió su trayectoria profesional, contó que para ingresar a la propiedad de SQM creó hace dos décadas un fideicomiso donde sus hijos son los beneficiarios, habló sobre el quiebre con los directores de PCS, la destitución del histórico gerente general, Patricio Contesse González, y aseguró no tener información alguna sobre aportes específicos a políticos en campaña. Ponce dijo a los fiscales desconocer al diputado DC Roberto León, al senador PS Fulvio Rossi, al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y al ex vicepresidente de RN Claudio Eguiluz. Tampoco sabía, aseguró, que SQM hubiese realizado aportes a las campañas políticas de Joaquín Lavín o Pablo Zalaquett. Sí admitió relación con Roberto Guzmán Lyon, abogado y su amigo desde hace décadas, y con el ex embajador DC Marcelo Rozas, otro amigo, ex dueño de revista Hoy, quienes recibieron pagos de la minera no metálica. En ambos casos, Ponce repitió lo mismo: ignoraba que ellos prestaran servicios a SQM.
Cuando el 23 de marzo fue interrogado por cuatro fiscales, Julio Ponce comentó, en tono cordial, sus orígenes en La Calera, V Región, con Sabas Chahuán, cuya familia también tiene presencia en esa ciudad. Pero eso quedó fuera de los registros que, en casos relevantes como éste, tipea personalmente Carlos Gajardo.
La versión oficial de la declaración dice que Julio Ponce inició su relato a las 9.15 y la terminó a las 12.07. No fue preguntado por las boletas y facturas de sociedades, familiares o asesores de Sebastián Piñera, Jorge Pizarro, Cristina Bitar, Pablo Longueira o Adolfo Zaldívar, antecedentes que fueron incluidos por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en una denuncia presentada 10 días después, el 2 de abril, contra tres ejecutivos de SQM y “todas las demás personas que resulten responsables” de delito tributario.
Ponce dijo no saber nada e insistió repetidamente que quien debía responder lo que preguntaban los fiscales era una sola persona: Patricio Contesse González, gerente general de SQM entre marzo de 1990 y el 16 de marzo de 2015. Respuestas similares han entregado otros ejecutivos de SQM interrogados por los fiscales: es el ex máximo ejecutivo de la empresa quien autorizaba y cursaba todos los pagos cuestionados. La responsabilidad, con ello, queda acotada a una sola persona.
De la Corfo a Soquimich
En los años 80, cuando Augusto Pinochet, entonces suegro de Julio Ponce, gobernaba el país, la minera SQM era estatal, se llamaba Soquimich y dependía de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo. Ponce fue gerente de empresas del organismo entre 1981 y 1983 y, por ello, en esos mismos años estuvo en la dirección de la minera. Volvió en 1987 como director electo por American Express, que se había convertido en accionista de la firma, ya privatizada en parte. “Tenían alrededor de un 10% de la sociedad”, recordó. A principios de 1988, el mismo año en que terminó su privatización, Ponce fue electo presidente del directorio, agregó a los fiscales. Se mantiene hasta hoy, aunque aún podría dejar el cargo que ha ocupado por 27 años por presión de los accionistas minoritarios y la canadiense PCS, socia de SQM. Su futuro en la empresa se dilucidará este viernes 24 de abril en la junta anual de accionistas.
Julio Ponce ingresó a la propiedad del grupo a fines de los 80. Lo contó así en su declaración reservada: “Hace más de 20 años formé un Trust llamado Pacific Atlantic Trading Corp. en beneficio de mis hijos y ese Trust adquirió acciones de la sociedad Norte Grande, que a su vez tenía acciones de Oro Blanco, que a su vez tenía de Calichera. Calichera partió teniendo un 5% o 7% de la empresa Soquimich. Esta empresa fue formada antes de que yo tuviera relación con ella. Fue formada por los trabajadores de Soquimich con el programa de capitalización popular impulsado por el gobierno de la época”.
La sociedad Pampa Calichera es ahora el último eslabón de una cadena que le permite a Ponce controlar el 29,94% de SQM. “A principios de los 90, el Trust formó una sociedad llamada SQ, adquirió los activos y pasivos de Norte Grande y entró a la propiedad con alrededor del 40% de dicha compañía. En el transcurso de los años, mediante aumentos de capital, estas sociedades fueron aumentando su participación en Soquimich, llegando al veintitanto por ciento”.
Ponce relató luego cómo entró el grupo canadiense PCS a la empresa en 2001. Aunque PCS tiene el 32% de las acciones de SQM -el mismo porcentaje que Ponce suma en alianza con la japonesa Kowa-, el chileno gobierna el grupo gracias a un esquema de series de acciones creado en los 90. La seria A nombra a siete directores. La serie B elige sólo a uno. Ponce tiene más acciones que nadie en la serie A y elige, por tanto, a cuatro de los ocho directores. PCS nomina a tres y los minoritarios podrían esta semana volver a ganar un representante en la B. Pero aunque PCS y los minoritarios se unieran y la mesa quedara cuatro y cuatro, Ponce tiene la manija. ¿Cómo? Así: “El empate en el directorio para elegir al presidente se resuelve con una segunda votación en que sólo votan las acciones serie A. Luego los empates los resuelve el presidente del directorio”, dijo el 23 de marzo.
Ponce prosiguió con el relato de tensiones entre accionistas y movimientos de propiedad: “Hubo varios intentos de compras hostiles para tomar el control de la compañía, pero Calichera se defendió y no pudieron conseguir dicho control. En el año 2001 los principales accionistas de la serie A de Soquimich eran tres, Calichera, con un 25%; las AFP e Israel Chemical. En este año la empresa Potash Corporation (en adelante PCS) intentó primero hacer un negocio con una filial de Soquimich que no resultó y luego compró acciones a las AFP llegando a tener un 22% de las acciones. PCS tenía el interés de tomar el control de la compañía. Nombraron tres directores. Luego Calichera efectuó una OPA y llegó a tener un 27%. PCS luego le compra las acciones a Israel Chemical y finalmente quedaron con 32%, pero no lograron hacerse del control de la compañía”.
La presencia de PCS hoy es clave. La canadiense retiró el 17 de marzo a sus tres directores -José María Eyzaguirre, Wayne Brownlee y Alejandro Montero- tras concluir que el directorio no había enfrentado adecuadamente la investigación de la fiscalía. Aún no se sabe si volverá al directorio el viernes 24 de abril. PCS y otros minoritarios han pedido la salida de Ponce de la presidencia y de la mesa. El incombustible Ponce se abrió a dejar la presidencia, pero hasta esta semana no se resignaba a dejar el directorio. Tampoco ha resuelto del todo quiénes seguirán en la mesa. Hoy lo acompañan el ex ministro de Hacienda Hernán Büchi, el empresario Wolf von Appen -quien podría sucederlo como presidente de SQM-, el director de empresas Juan Antonio Guzmán y el abogado Patricio Contesse Fica, hijo del ex gerente general.
Nunca un candidato…
“El directorio de la compañía decide efectuar aportes de campañas políticas mediante la ley de aportes reservados. El directorio decide, la cifra exacta no la manejo, pero debiera ser más de un millón y menos de 10 millones de dólares. El directorio decide el monto, pero no decide a quién, y el que decide con plena libertad para decidir a qué candidato se aporta es el gerente general Patricio Contesse González”, se lee textual en su declaración. “Yo voy a casi todos los directorios. Esto debiera haber ocurrido en los años 2009 y 2013 de la misma manera. No recuerdo el detalle del directorio, pero así ocurrió. No existe un estatuto para este asunto, sino que se delega en el gerente general. En el acta del directorio queda el monto del aporte que se hace, pero no se rinde por parte del gerente. También debemos haber participado en las campañas municipales. Particularmente, nunca un candidato o alguien de su entorno me ha pedido a mí un aporte para campañas política”, declaró Julio Ponce cuando comenzó a hablar sobre el caso que hoy remece a la empresa y al mundo político.
El controlador de SQM debió hacer una breve semblanza del también ingeniero forestal de la Universidad de Chile que lo acompaña desde fines de los años 70. “Patricio Contesse González es el gerente general de la compañía Fue nombrado por Corfo entre los años 1981 y 1982, luego estuvo en la CAP y en Codelco. Luego, el año 1989 regresó a Soquimich cuando ya estaba privatizada. Estuvo un período en Codelco de nuevo y luego volvió a Soquimich. La semana antepasada puso su cargo a disposición del directorio y el directorio tomó la decisión de ponerle término a su contrato y asumió como nuevo gerente general Patricio de Solminihac, que era el subgerente general”, contó Ponce.
El empresario enumeró luego a los vicepresidentes de la empresa, entre quienes mencionó al fiscal Matías Astaburuaga, el vicepresidente de comercialización Eugenio Ponce Lerou, su hermano, y el vicepresidente de Finanzas, Ricardo Ramos. “El tema de la contabilidad está a cargo de Finanzas, ignoro exactamente quién es el gerente de Contabilidad”, dijo. También desconocía algunos cargos puntuales de la estructura de SQM. “Contralor ignoro quién es y si existe el cargo”.
Ponce comentó que el directorio se enteró por la prensa sobre los aportes a campañas y se creó un comité de tres miembros a cargo de investigar irregularidades y proponer medidas. Hoy lo integran Büchi -quien reemplazó a Eyzaguirre, uno de los directores electos por PCS que dejó la firma-, Guzmán y Von Appen. “Yo nunca le pedí explicaciones a Patricio Contesse por este asunto”, dijo.
Caso a caso
Julio Ponce fue consultado por ocho casos específicos por parte de los fiscales. A todos ellos respondió que no conocía a los involucrados ni si habían prestado servicios a SQM.
El primero fue Roberto Guzmán Lyon, asesor desde hace dos décadas de Ponce, quien fue denunciado por el Servicio de Impuestos Internos por boletas emitidas por el contador Osvaldo Opazo y su esposa, Marisol Toro, quienes declararon que emitieron documentación a nombre de SQM a petición del abogado, por servicios prestados a él y no a la empresa. “Roberto Guzmán Lyon es un amigo mío, no hay relación laboral y no tiene relación alguna con Soquimich”, declaró Ponce.
Igual respuesta dio al ser preguntado por una boleta de $ 7 millones a SQM en 2009 de Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, hoy en prisión preventiva por el caso Penta. “No conozco a la Sra. De la Cerda, tampoco a Pablo Wagner. Ubicaba de nombre a Ernesto Silva Bafalluy. Ningún conocimiento tengo que esto sería para efectuar aportes de la campaña de Joaquín Lavín Infante. No he tenido con ellos ningún contacto”, declaró.
El tercer caso involucra a las sociedades Reactor Spa y Asesorías Cristina Zúñiga, quienes facturaron para SQM para obtener, supuestamente, financiamiento para el UDI Pablo Zalaquett. Sobre Reactor, Ponce dijo: “Si yo quisiera averiguar sobre la procedencia de estas facturas se lo preguntaría al gerente general Patricio Contesse, quien supongo lo vería con el vicepresidente de Finanzas”. Agregó Ponce: “Nunca Pablo Zalaquett me ha pedido financiamiento para su campaña senatorial del año 2013. No supe tampoco que le hubiera pedido a alguien de la empresa”.
Sobre las cinco facturas de Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL, Ponce dijo que “no tengo ningún conocimiento de ellas. No conozco a Cristina Zúñiga ni a Alejandro Chaparro, ni a la empresa Pekado Capital. Tampoco conozco ni he interactuado con Carmen de Castro”.
La cuarta consulta alude a aportes al Instituto Libertad y Desarrollo y la Fundación Chile 21. “No tengo ningún conocimiento de dichos aportes o facturas y son materias de competencia del gerente general”, repitió.
El presidente de SQM luego fue requerido por Marcelo Rozas López, ex embajador DC en la República Checa, denunciado por el SII el 24 de marzo por numerosas boletas falsas otorgadas por él, su esposa y su hijo. “A Marcelo Rozas López lo conozco hace muchos años, porque era director de la revista Hoy. Me hice amigo de él, tengo permanentes conversaciones con él. El no trabaja para Soquimich, también conozco a su esposa, Michelle Reymond. Tampoco trabaja para Soquimich. Si le prestan servicios o no a Soquimich no lo sé”, fue su respuesta.
Luego vinieron dos políticos de la Nueva Mayoría. “Respecto de Roberto León Araya, no lo conozco, tampoco a su padre diputado, a quien sólo ubico como figura pública. Ignoro si prestó servicios para Soquimich”, dijo Ponce. En su última acción legal, Impuestos Internos incluyó 55 boletas del hijo del parlamentario DC por $ 123 millones en total.
Le siguieron preguntas sobre Mariela Molina Aguilera, ex asesora del senador PS por la I Región Fulvio Rossi. “Ignoro quién es. No conozco a Fulvio Rossi ni he tenido contacto con él o con alguien de su entorno para un eventual financiamiento de su campaña”, respondió Ponce.
La última consulta estuvo referida al ex vicepresidente de RN Claudio Eguiluz. “A la sociedad consultora KTZ no la conozco ni tampoco a Claudio Eguiluz Rodríguez”, dijo Ponce. Eguiluz figura en el expediente con 25 boletas por $ 112 millones.
El accionista de SQM declaró que no ha pesquisado información interna sobre todos estos casos. “Respecto de estos pagos, yo no he efectuado ninguna averiguación directa, sino que hemos derivado estos hechos al comité ad hoc que se creó para estos efectos y quien propondrá o hará sugerencias por estos hechos”, indicó.
Julio Ponce concluyó así su declaración: “Entiendo que Soquimich tiene un modelo de prevención de delitos para personas jurídicas, pero no sé más detalles. No he participado en ninguna actividad relativa a dicho modelo, como charlas o algo así que me acuerde. No sé quién es el encargado del modelo ni el encargado de prevención u oficial de cumplimiento”.
Fuente: La Tercera
