A finales de este mes expira la reserva sobre la carpeta de investigación que el fiscal Carlos Gajardo (en la foto) lleva sobre los delitos cometidos por las empresas de Carlos Alberto Délano. Los nombres de otros posibles involucrados en irregularidades en el financiamiento de la política están en la carpeta del fiscal. Que se levante el secreto significa, en términos prácticos, que la Fiscalía y la defensa podrán conocer los antecedentes reunidos hasta ahora en el proceso, es decir, todas las declaraciones, nombres de presuntos involucrados y hasta la polémica grabación Bravo, en forma íntegra.
El caso Penta-UDI pareciera padecer del mal de Diógenes, cada vez acumula más antecedentes. Hoy el gremialismo no es tan reacio para reconocer que está pasando por tiempos difíciles, por sus nexos con los casos de aportes reservados irregulares recibidos desde las empresas privadas y su permanente presencia en el ojo del huracán. Situación que no pareciera decaer considerando las ácidas declaraciones y defensas que sus personeros emplean.
Ninguna de ellas podrá seguir siendo efectiva después del 31 de diciembre de este año, fecha en que se debiera levantar el secreto a la carpeta investigativa del caso. La metáfora más cercana a lo que pasará ese día es que se abrirá la caja de Pandora (de acuerdo a la mitología, allí estaban encerrados todos los males de la Humanidad). Tal y como dice el mito, todos los males saldrán a la luz y no habrá hecho que no quede al descubierto, cobrando en sus involucrados lo que queda de inocencia en la opinión pública.
Que se levante el secreto significa, en términos prácticos, que la Fiscalía y la defensa podrán conocer los antecedentes reunidos hasta ahora en el proceso, es decir, todas las declaraciones, nombres de presuntos involucrados y hasta la polémica grabación Bravo (y de forma íntegra), verán la luz, pero quedando reservado sólo para ellos.
Lo que no significa, como ha pasado hasta ahora, que los antecedentes reunidos de todas formas no lleguen a la prensa.
La suma de los miedos
Sin embargo, Cristian Riego, docente y experto en Derecho Procesal Penal de la Universidad Diego Portales, explica que «la posibilidad de que se conozca todo su contenido dependerá que las partes quieran exhibirlo, lo muestren o lo filtren a los periodistas (…) no hay norma que se los impida».
«Lo que es público es el contenido de las audiencias, entonces, cuando el juez formalice ahí si van a ser públicos todos los antecedentes para respaldar su formalización», dijo el jurista, agregando que con la liberación de las carpetas «la información será mucho más accesible a la prensa, pero no oficialmente, porque seguirá siendo reservada a terceros».
El fin del embargo de la información significa además que cada litigante conocerá la estrategia de su contraparte, «un riesgo que siempre existe», dice Riego. «Pero creo que el fiscal, si aprovechó bien el periodo, ya debe tener la información más importante, que no quería que se distorsionara. No creo que eso ya sea problema»
De la UDI era esperable
Ernesto Silva, Evelyn Matthei y Pablo Longueira serían los emblemáticos de la UDI que recibieron financiamiento irregular.
Mientras, desde la comisión investigadora del caso, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, apunta que ya «estamos a la espera de nuevos antecedentes, todos queremos saber quienes más están involucrados, pero me parece que parte de lo que hay que hacer bien es no comentar los pasaos de la justicia, para que lo hagan con independencia y no se mezcle con influencia política».
Sobre este punto, el parlamentario explica qué es lo que busca el principal afectado por el escándalo, a modo de intentar salvar su capital político. «Es lo que hace la UDI. Decir que «acá no hay debido proceso», «se está filtrando la información» y quieren un acuerdo político para salvar la cosa judicial. Estoy totalmente en desacuerdo. La justicia tiene que hacer su pega y que le duela a quien le duela».
Al término de la primera sesión de la instancia parlamentaria, su presidente, Fidel Espinoza (PS), acusó que el gremialismo ya estaba mostrando sus primeras acciones para obstruir la tarea indagatoria de la comisión. Mirosevic, quien estuvo presente en el momento que su par de la UDI, Ignacio Urrutia, evitó el avance de las investigaciones, confirmó que lo que busca el gremialismo es alcanzar acuerdo políticos para dejar todo en nada.
«No me cabe duda, la UDI va intentar echar esto abajo sin duda. Ellos no quieren que se investigue, buscan un acuerdo político para callar cualquier tipo de crítica o de investigación o nuevos antecedentes. En términos políticos, están haciendo todo lo posible para interferir en la investigación. El diputado Urrutia hizo lo suyo en la última, es esperable», concluyó.
La UDI se sigue hundiendo con la roca al cuello
Pareciera que el destino del gremialismo ya no tiene vuelta. A pesar del turbulento presente y su difuso futuro, el presidente del partido, Ernesto Silva, aseguró que es un error acabar con los aportes reservados. Comentarios que sólo siguen erosionando a su sector.
A pesar del oscuro presente que lleva la UDI, pareciera que el partido está lejos de reconocer que debe realizar un cambio en su forma de financiamiento para no perder credibilidad e influencia política. Así lo dejó entrever el presidente de la colectividad, Ernesto Silva, quien en un seminario realizado en la Universidad Católica, ratificó su postura sobre la relación que existe entre empresas privadas con el sector, calificando como «un error» que el proyecto de ley firmado por la Presidenta Bachelet, sobre financiamiento, acabe con los aportes reservados.
«Es positivo que haya aportes de personas naturales, que haya aportes también de personas jurídicas, empresas, de forma transparente, que puedan aportar. Eliminar los aportes reservados creo que es un error», dijo el líder gremialista. Mientras, en la comisión investigadora del fraude al FUT y financiamiento de la política, su presidente, Fidel Espinoza (PS), acusó que la UDI, ya comenzó a «obstruir» las indagatorias.
El caso Penta ya tiene un color más oscuro que el negro y que el gremialismo apaga con bencina, a pesar que en ocasiones anteriores ya reconocieran que están pasando por un momento complejo, en relación a su credibilidad. Aún más complejo es el caso judicial, en que la grabación hecha por el exgerente de Penta, Hugo Bravo, en la que, en conversación con su exjefe, Carlos Eugenio Lavín, se habla de cómo el grupo económico habría cometido una serie de irregularidades para hacer llegar dinero a candidatos parlamentarios, por medio de boletas falsas, facturas sin justificación e, incluso, de forma directa en dinero efectivo.
Una UDI erosionada que se desintegra
Carlos Alberto (Choclo) Délano es el dueño de las cuesionadas empresas Penta que financió a la UDI
Con todo lo anterior, el analista político Patricio Gajardo consideró que las declaraciones de Silva no fueron afortunadas y que sólo contribuyen a enrarecer la ya complicada actualidad del partido. «La UDI está siendo fuertemente afectada por el caso Penta y eso lo lleva a una serie de ambigüedades y de opiniones divididas», explicó.
Para el experto, el gremialismo «está sufriendo una fuerte erosión. Ya la grabación de Hugo Bravo tuvo un impacto fuerte al interior de la UDI, en el sentido de generar un conocimiento aproximado del manejo de recursos que se hacía de manera muy discrecional hacia algunos miembros del partido y que también afecta a las bases: se manejaban recursos, había vínculos con sectores empresariales pero por sectores, para beneficiar solamente a algunos».
«Lo que está reflejando estas relaciones y otras contradicciones, es justamente que la UDI tiene que buscar un rol, una definición y un perfil claro que hoy está siendo erosionado por el caso Penta. A Ernesto Silva, le resultaba impresentable decir que estaba en contra de los aportes reservados, eso llevó un poco a esa declaración», concluyó Gajardo.
Los pecados de Penta
Por su parte, el miembro de la comisión investigadora del caso Penta, diputado Fuad Chahín (DC), destacó el peso que el registro de audio, hoy analizado por la Corte de Apelaciones, tiene para el futuro del partido de la extrema derecha. «Es gravísimo lo que hemos conocido por medio de esta grabación, es importante en definitiva que los tribunales de Justicia puedan darle validez al contenido de ella, sin perjuicio que por sí sola no puede ser una prueba, sino que también debe ser contrastada por otras para que tenga peso en el juicio».
Mario Desbordes (RN) ve que el futuro en la política está en acabar con la relaciones empresariales
Para el parlamentario los antecedentes que están en la grabación clandestina de Bravo, son «extremadamente graves» y que a partir de ella «lo que la UDI debería hacer es realmente colaborar con la investigación que permita terminar con estas malas prácticas y financiamiento ilegal y delictuales de la política»
«La situación que enfrente la UDI, en caso de ser cierto lo que aparece en la grabación en caso de que los tribunales comprueben su validez y que efectivamente pueda ser corroborada con otros medios de pruebas, los deja en una situación tremendamente compleja y espero que los tribunales puedan actuar y que las instituciones lo hagan con la independencia que el país espera», concluyó.
Desde la misma cancha política, visión similar es la que tiene el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien aduce que hoy la política está dañada por los cuestionamientos derivados del caso Penta, pero que es por esa misma razón por la que hoy se debe avanzar sobre la transparencia en la misma.
«En Renovación Nacional, desafortunada o afortunadamente, depende de cómo lo quiera ver, no hay mucho aportes de empresas. Lo que nos interesa es recalcar que se tiene que apuntar a la transparencia que permite evitar la dependencia o la necesidad de devolver favores cuando recibes aportes de personas naturales, jurídicas o desde el Estado», dijo Desbordes, agregando que en su coalición «somos partidarios de separar la función política de los dineros de empresas».
Fuente: Cambio 21
En los días previos a que se termine el secreto sobre el caso Pentagate, es oportuna una nota de contexto, publicada el 25 de septiembre pasado:
Pentagate: los nombres de los políticos que aparecen en la investigación de la Fiscalía
Una nueva arista del caso Penta estaría a punto de explotar. La investigación que lleva adelante el fiscal Carlos Gajardo –y que involucra a los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños de Empresas Penta– por delito tributario, tendría una hebra que remece a la política y, en particular, a la UDI.
En medio de la investigación, las declaraciones de Hugo Bravo López –ex hombre fuerte del holding y uno de los imputados en el caso– han llevado a indagar la posibilidad de que existan boletas emitidas al grupo Penta por personas ligadas a ex candidatos a parlamentarios de la UDI y también de otros sectores políticos.
Este jueves The Clinic publicó que uno de estos nombres es el chofer del senador UDI Iván Moreira, quien “habría declarado en la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente por documentos de honorarios emitidos a Penta por montos millonarios”.
Según fuentes cercanas a la investigación no sólo existe esta pista, sino que también una conversación por e-mail entre Délano y Moreira, donde el parlamentario le pedía ayuda para financiar el último tramo de la campaña. Sin embargo, no se sabe si los nombres que han aparecido en la investigación emitieron “boletas truchas” o recibieron aportes reservados sin entregar ningún documento a cambio. La diferencia es fundamental, pues la segunda se ajusta a la legalidad.
[cita]Los nombres que habrían sido mencionados por Bravo son Pablo Zalaquett, Laurence Golborne, Iván Moreira, Ena von Baer y Andrés Velasco. Pablo Zalaquett, candidato derrotado de la UDI por Santiago Poniente, declaró a El Mostrador que llamó a Carlos Alberto Délano para pedirle apoyo para su campaña y “él, muy cariñoso, me dijo que me iba dar el mayor aporte que pudiera dentro del contexto de las muchas solicitudes que tenía”. Aseguró que la donación fue bajo el sistema de aporte reservado, “no sé cuánto fue, porque nunca me lo dijo”.[/cita]
Los nombres que habrían sido mencionados por Bravo son Pablo Zalaquett, Laurence Golborne, Iván Moreira, Ena von Baer y Andrés Velasco.
Pablo Zalaquett, candidato derrotado de la UDI por Santiago Poniente, declaró a El Mostrador que llamó a Carlos Alberto Délano para pedirle apoyo para su campaña y “él, muy cariñoso, me dijo que me iba dar el mayor aporte que pudiera dentro del contexto de las muchas solicitudes que tenía”.
Aseguró que la donación fue bajo el sistema de aporte reservado, “no sé cuánto fue, porque nunca me lo dijo”.
Zalaquett afirmó que “no hay ninguna boleta mía, ni de mi secretaria, ni de un chofer ni de nadie, yo sé que me nombró (Hugo) Bravo, pero está súper equivocado”. No ha sido citado a declarar y si ocurre lo hará «feliz, porque no tengo nada que esconder”.
Una vez concluida la campaña, Zalaquett retomó su actividad profesional el 1 de diciembre como experto en asuntos públicos y manejo de comunidades, visitó clientes, entre ellos, a Carlos Alberto Délano. Le ofreció una asesoría a la Clínica Vespucio del holding Empresas Banmédica, controlada en partes iguales por Eduardo Fernández León y Empresas Penta. “El me derivó con Carlos Kubik (gerente general de Banmédica), y le hice una asesoría a la clínica durante el mes de enero para posicionarla como la clínica de La Florida, ya que no habían logrado insertarla en la comuna. Yo fui alcalde ocho años, por lo que conozco bien la realidad de salud”. La boleta la facturó a una empresa del grupo Banmédica, “no me acuerdo a cuál exactamente, pero no fue a ninguna filial de Penta”.
Laurence Golborne, candidato de la Alianza por Santiago Oriente que no resultó electo, se excusó de hacer declaraciones y precisó que presentó su declaración de gastos al Servel y fue aprobada sin observaciones. Ena von Baer no respondió a los requerimientos de este medio e Iván Moreira no pudo ser ubicado.
El origen
La denuncia en contra de Délano y Lavín tiene su origen en la investigación del fiscal Carlos Gajardo por fraude al FUT, en la que 122 contribuyentes fueron formalizados en marzo pasado por devoluciones irregulares por $2 mil millones. La figura consistía en presentar una solicitud legal de devolución del FUT, pero luego un funcionario del SII rectificaba dicha petición para aumentar el monto a devolver. Debía contar, eso sí, con la clave de contribuyente para poder realizar el cambio.
Uno de los funcionarios formalizados que cumple prisión preventiva es el ex jefe del SII Oriente, Iván Álvarez, la hebra que permitió llegar a Hugo Bravo, ex brazo derecho de Délano y Lavín –llegó a ser gerente general del holding Empresas Penta y director en numerosas empresas del grupo–, quien renunció a los cargos que ocupaba en los directorios de las filiales semanas antes de que se conociera la denuncia criminal del SII, esto por devoluciones indebidas del FUT por $260 millones en sus sociedades Challico y Santa Serella, el 29 de julio pasado.
Álvarez reconoció que operaba con Bravo y declaró que por la rectificación de sus sociedades recibió $4 millones en las oficinas de Penta de parte del contador del grupo, Marcos Castro. Bravo pagó $1.000 millones a la Tesorería General de la República para restituir el dinero obtenido ilícitamente, lo que incluyó multas e intereses y un reajuste del 30%.
A raíz de este caso, la PDI incautó primero los computadores y libros de contabilidad de todas las empresas del grupo; y más tarde los de Délano y Lavín, tras conocerse la denuncia criminal del SII en su contra el 26 de agosto pasado. Ambos –junto a sus esposas– se acogieron a su derecho a guardar silencio al momento de concurrir a declarar a la Fiscalía de Ñuñoa.
Pese a que hasta ahora no ha sido aclarado, el financiamiento a algunos candidatos incluiría boletas por servicios no prestados que habrían permitido aportarles dinero, el cual habría ido a sus campañas políticas.
Los socios de Penta presentaron una denuncia por amenazas en contra de su ex ejecutivo Hugo Bravo, quien habría enviado un sobre con un mensaje manuscrito al asesor del grupo, el ex senador UDI Carlos Bombal, donde hace alusión a la información que maneja. La Segunda informó que este viernes presentarían una querella por el mismo delito.
Tensión en la UDI
La preocupación por esta investigación cae como bombazo en la UDI. El tema no solo salpica a los parlamentarios que aparecen mencionados en la investigación, sino que también a Ernesto Silva, su Presidente –aunque no aparece mencionado en las indagaciones–, por su estrecha relación con Penta.
El actual presidente del gremialismo, ha estado conectado desde siempre con Carlos Alberto Délano. Están emparentados. Su padre –Ernesto Silva Bafalluy, fallecido el 2011– fue cuñado del “Choclo” desde que este se casó con Verónica Méndez, hermana de María Cristina, madre del actual presidente de la UDI. El diputado por el distrito 23 ha comentado que desde siempre Délano ha estado presente en su vida. Y cómo no, si el timonel UDI nació en 1975 y desde 1976 su familia veraneó en Con Con en la casa que ahí tenían los Délano Méndez. Pero la amistad era anterior. Su padre y el presidente del grupo Penta se conocieron cuando el primero estudiaba en el Colegio Verbo Divino, y en algunas competencias deportivas se topaba con quien era parte de la selección de fútbol del Saint George.
Además, ambas familias comparten la propiedad de la Universidad del Desarrollo, desde que esta fue fundada a fines de los 80 por un grupo del que Silva y Délano eran parte. Actualmente, los grupos controladores del plantel son tres, los mismos que tienen presencia en la Inmobiliaria Ainavillo, dueña de la mayoría de los edificios donde funciona la Universidad. El mayoritario es Penta, con el 34,93% de las acciones. Después viene la Corporación Chileno Alemana de Beneficencia –controladora de la Clínica Alemana y que ingresó cuando la Universidad requirió de campos clínicos–, que tiene el 32,19%, y en tercer lugar el grupo de socios fundadores del plantel, la familia del diputado Silva, Federico Valdés Lafontaine, Cristian Larroulet y Hernán Büchi (que ingresó en 1999), quienes se quedan con el resto de las acciones.
Hasta el momento ninguno de los políticos que aparecen mencionados ha emitido declaraciones sobre la investigación que el SII realiza del grupo Penta. Cuando se supo que el organismo había comenzado a indagar la evasión de impuestos la UDI se victimizó y acusó una persecución política en contra del “Choclo” Délano, histórico financista del partido. “Ese es un tema que está en el ámbito jurídico, no en el político”, dijo Ernesto Silva, presidente de la UDI.
En su momento Gustavo Hasbún, vicepresidente del partido, acusó la existencia de una “persecución política”. “Es una mala práctica de la Concertación tratar de desprestigiar y desacreditar a personas que tuvieron vínculos con el gobierno anterior”, dijo Hasbún. “Están tratando de convertir al SII en una policía política de la Nueva Mayoría, con el fin de desacreditar a personas honestas”, agregó.
Por su parte, el ex candidato presidencial de la oposición, Pablo Longueira, defendió el sistema de financiamiento de las campañas políticas durante el primer encuentro del nuevo movimiento de centroderecha Movilidad Popular. En esa ocasión Longueira respaldó el sistema de financiamiento electoral que discute el Senado en el marco de la reforma al binominal. “La ley que hicimos en ese momento fue una gran ley dentro del plan de modernización del Estado, el año 2003”, dijo entonces. “A mí me parecía impresentable que hubiera campañas y no tuviéramos instrumentos ni ley que regularan los aportes privados”, añadió.
Te financio la campaña
El 2012, el economista Claudio Agostini realizó un estudio para el Centro de Estudios Públicos (CEP) sobre el financiamiento de la política en Chile y las campañas electorales. En ese contexto, relata que habló con varios parlamentarios que reconocieron haber recibido fondos para sus campañas saltándose el Servel, a través de boletas de servicios.
“Me dijeron que era una práctica muy común, que todo el mundo lo hacía”. El mecanismo, según lo que le explicaron, consistía en que al solicitar dinero a una empresa, algunas aceptaban pero no querían dejar registro en el Servicio Electoral, por lo que pedían que el candidato se consiguiera a alguien de su equipo, de su confianza, que diera una boleta por alguna asesoría o estudio. De esta forma, “la empresa le pasa la plata al que le dio la boleta, que la mete en la campaña”.
Otra fórmula que le relataron, consistía en “ayudarse con especies. Lo que aparece como un gasto de la empresa pero en otra cosa. Por ejemplo, una empresa de gráfica decide no hacer una donación de plata sino que dar material para carteles. Nunca les aparece como una donación. Por lo tanto, se ve como un mayor gasto. La ventaja de la empresa es que no aparece donando a la política sino como que tuvo más gastos y eso implica que tuvo menos utilidades, entonces además pagan menos impuestos”.
Lo importante de ambas fórmulas, asegura Agostini, “es que estás donando a la política sin que nadie sepa”.
Según datos investigados por El Mostrador, el 83% con que Pablo Zalaquet financió su campaña a senador por Santiago Poniente –que perdió frente a Andrés Allamand–provino de aportes reservados ($716.372.420).
El candidato de la UDI, Laurence Golborne, en su carrera por la senaturía de Santiago Oriente contó con un 62% de aportes reservados ($557.453.816) del total que usó en su campaña, que finalmente perdió frente a Manuel José Ossandón.
Del financiamiento total de la última campaña de la senadora por la Región de Los Ríos Ena von Baer, el 97% ($323.825.939) provino de aportes reservados; y en el caso del electo senador por la misma circunscripción, Iván Moreira, este monto llegó al 65% ($218.040.500).
Durante las primarias a la presidencia en que participó Andrés Velasco, recibió $136.382.293 en aportes reservados, monto que corresponde al 64% del gasto total de su campaña, que alcanzó los $213.878.823, según datos del Servel.
Fuente: El Mostrador
 lleva sobre los delitos cometidos por las empresas de Carlos Alberto Délano. Los nombres de otros posibles involucrados en irregularidades en el financiamiento de la política están en la carpeta del fiscal. Que se levante el secreto significa, en términos prácticos, que la Fiscalía y la defensa podrán conocer los antecedentes reunidos hasta ahora en el proceso, es decir, todas las declaraciones, nombres de presuntos involucrados y hasta la polémica grabación Bravo, en forma íntegra.){kind=link}