Por tercera vez, en los últimos cinco años, la Autoridad Palestina intenta llevar a Israel ante la justicia internacional por crímenes de guerra,con una denuncia que incluye los 50 días de lucha registrados en Gaza entre julio y agosto de 2014, donde murieron casi 2.000 palestinos,400 de los cuáles eran niños , según la ONU.
La presentación fue hecha ante la Corte Penal Internacional, órgano con sede en La Haya, ante el cual presentó una demanda retroactiva contra Israel por crímenes de guerra, por la agresión a Gaza de julio y agosto pasados.
Ya en 2009, la fiscalía rechazó una demanda similar por entender que el estatus de “entidad observadora” ante la ONU, no permitía a los palestinos ratificar el Estatuto de Roma. La Corte, por tanto, era incapaz de actuar.
En 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas otorgó la posición de “Estado observador” a la Autoridad Palesina. Pasar de entidad a Estado fue aquí determinante, porque el Estatuto de Roma está abierto a todos ellos.
Admitir la competencia de la CPI era el siguiente paso, y, el pasado 2 de enero, “Palestina se convirtió en el 123 Estado miembro”, tal y como figura en la documentación oficial.
Lucha Pacífica
El embajador de Palestina ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, afirmó que mantendrán su lucha pacífica por el fin de la ocupación israelí y el derecho a la autodeterminación.
“Regresamos hoy al Consejo después de que este fallara una vez más en sus obligaciones de resolver el conflicto palestino-israelí,” señaló en alusión a la iniciativa apoyada por ocho países, de los nueve requeridos para su adopción, aunque Estados Unidos votó en contra y eso hubiese bastado para no aprobarla, por su derecho de veto.
De acuerdo con Mansour, los palestinos seguirán acudiendo al Consejo de Seguridad y a las naciones amantes de la paz, para buscar que se respeten las leyes internacionales y el derecho a un Estado independiente, con Jerusalén Oriental como su capital.
Mansour insistió en que no puede renunciarse al Consejo, donde el 30 de diciembre fue rechazado el proyecto para acabar la ocupación, cuando Israel mantiene su presencia militar y colonización con nuevos asentamientos, y el pueblo palestino continúa sufriendo.
En ese sentido, recordó que la Franja de Gaza sigue bloqueada y bajo los efectos devastadores de la agresión de Tel Aviv del verano pasado, la cual dejó más de dos mil muertos, entre ellos unos 520 niños, 11 mil heridos y enormes daños en la infraestructura socio-económica.
Por su parte, Cisjordania y Jerusalén Oriental no han dejado de ser escenario de la colonización ilegal por la potencia ocupante, que construye más asentamientos, demuele viviendas y altera la demografía, denunció.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido evaluar la denuncia presentada por el Gobierno palestino contra Israel por presuntos crímenes de guerra cometidos en Gaza, y en Jerusalén Este, desde el pasado 13 de junio de 2014.
De momento, el paso dado por la fiscalía supone solo estudiar la documentación recibida para ver si abre una investigación formal. Su repercusión supera, sin embargo, los meros trámites administrativos. Hasta la fecha, la Corte había rechazado cualquier demanda de esta índole porque “Palestina no era un Estado comprendido en la familia de Naciones Unidas”.
La situación cambió el pasado 2 de enero, cuando Mahmoud Abbas, presidente palestino, firmó el Estatuto de Roma (texto fundacional de la CPI) y aceptó su jurisdicción. Antes incluso, en 2014, Suecia ya había reconocido formalmente el Estado palestino. Desde entonces, los Parlamentos de Francia, Reino Unido, Irlanda y España han aprobado mociones no vinculantes con el mismo fin.
Rechazo de Israel y EE.UU
La adhesión a la CPI ha sido rechazada por Estados Unidos e Israel (ninguno es miembro) porque, según señalan, “Palestina sigue sin ser un Estado soberano”.
Por contra, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que aceptó la demanda contra Israel, sostiene que los trámites de entrada son correctos y cumple los requisitos necesarios”. En respuesta a estos cambios, Israel ha congelado la entrega de 127 millones de dólares en impuestos recaudados a cuenta de la propia Autoridad Palestina.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha declarado mediante un comunicado que “la decisión es un escándalo. Pocos días después de que terroristas hayan masacrado a judíos franceses, la Corte Penal Internacional abre una investigación en contra del Estado judío. Israel rechaza esta decisión. La Corte Penal Internacional es parte del problema y no parte de la solución.
Netanyahu, que ha añadido que “la Autoridad Palestina colabora con el grupo terrorista Hamás, mientras Israel lucha contra el terror”, ha asegurado que ha enviado una carta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama líderes internacionales en la que señala que la petición palestina de unirse a la Corte, y a otros Penal Internacional “es una enorme distorsión de la realidad”.
El ministro de Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, ha amenazado directamente al tribunal al decir que “Israel actuará en la arena internacional para liquidar la Corte Penal Internacional, un cuerpo hipócrita que apoya al terror”.
En manos de Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte, está ahora decidir si hay indicios suficientes de delito que permitan seguir avanzando a sus investigadores.
