El operador UDI Juan Díaz y la arquitecta Cynthia Ross llegaron a la oficina del síndico Herman Chadwick en agosto de 2011. Ofrecieron gestionar el cambio del plan regulador de Machalí, paso clave para multiplicar el precio de los terrenos que más tarde compró CAVAL. CIPER descubrió que desde 2008 ambos hacían negocios en varios municipios e investigó cómo ejercieron presión en Machalí para cambiar el uso del suelo. Otro nexo desconocido es el de Valero, uno de lo dueños de CAVAL, con Patricio Cordero, socio de Díaz. La historia termina con el origen de los $1.500 millones que ingresó CAVAL en 2012.
En la mañana del martes 22 de abril, el OS-9 de Carabineros ingresó a las oficinas del síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín, ubicadas en el sexto piso de un edificio en el exclusivo barrio El Golf (Las Condes). Las diligencias ordenadas por la Fiscalía Regional de O’Higgins y que incluyeron la incautación del teléfono celular y del computador del síndico, apuntan principalmente a resolver la relación de Chadwick con tres personajes clave: Juan Díaz Sepúlveda, Cynthia Ross Wiesner y Patricio Cordero Barrera. Todos ellos gestores inmobiliarios involucrados en el polémico negocio de compraventa de los terrenos en Machalí (Sexta Región) que realizó la empresa CAVAL, propiedad de Natalia Compagnon y de Mauricio Valero, operación que hoy es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público para esclarecer los presuntos delitos de revelación de secreto, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y estafa.
Fue a esas mismas oficinas a las que hace ya cuatro años y medio, a fines de agosto de 2011, llegó uno de los operadores históricos de la UDI, Juan Díaz, con el propósito de acordar los términos de un trabajo para el propio síndico. El 1 de julio de 2011, Chadwick había sido nombrado síndico liquidador para administrar el convenio judicial preventivo al que se acogió la sociedad agrícola Wiesner S.A. A su cargo quedó la venta de tres terrenos de propiedad de Wiesner (Santa Elena, Santa Cecilia y San Diego), ubicados en un polo estratégico de Machalí, para financiar los pasivos por cerca de $1.000 millones que la sociedad agrícola mantenía con más de 25 acreedores, entre ellos los bancos Rabobank, Security y BCI.
Díaz no era una cara nueva para Herman Chadwick Larraín. Tal como reveló La Tercera, se conocían desde hacía más de 10 años. Díaz llegaba, además, avalado por la amistad que larvó con el padre del síndico, Herman Chadwick Piñera, en el gremialismo, partido en el que Juan Díaz se convertiría en uno de los más estrechos colaboradores de Pablo Longueira.
La primera visita de Juan Díaz a Chadwick en agosto de 2011 tenía un propósito claro: ofrecerle sus servicios para agilizar el cambio del plano regulador de Machalí, paso clave para poder vender los terrenos de la sociedad Wiesner al mejor precio. Para entonces, nada indicaba que la compraventa de esas 44 hectáreas se convertiría con el correr del tiempo en una bomba cuyas esquirlas llegarían hasta el corazón de La Moneda.
Para Chadwick el trabajo que le propuso Juan Díaz era estratégico. De concretarse el cambio de uso de suelo de los terrenos de Machalí se multiplicaría su precio de venta. No era una tarea difícil: en la zona y en la municipalidad ya se hablaba de la urgencia en hacer el cambio del uso de suelo. La tarea más compleja era ponerse de acuerdo con el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto (UDI), ya que había una extensión en la que la potestad de ambos municipios se entrecruzaba. Y ahí las gestiones de Díaz podían resultar decisivas.
Por ese trabajo, Chadwick acordó con Díaz un pago de UF 6.000 ($132 millones). Y como ya en esa primera reunión se habló de una segunda tarea, conseguir compradores para los terrenos de la sociedad Wiesner, Juan Díaz se retiró de la oficina del síndico a sabiendas que habría un segundo acuerdo cuyo pago guardaría proporción con el precio de venta final. A esa reunión de agosto, Juan Díaz llegó acompañado de la arquitecta Cynthia Ross Wiesner.
Según la indagación de CIPER, desde al menos 2008 ambos venían trabajando juntos en asesorías en el sector inmobiliario con énfasis en el cambio de uso de suelo. La arquitecta Cynthia Ross Wiesner –hoy investigada por la Fiscalía para esclarecer los posibles delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible, entre otros, en la compraventa de los terrenos de Machalí– en calidad de experta en planos reguladores comunales y él como gestor inmobiliario. Era Díaz el que aprovechando sus contactos políticos abría las puertas de distintos municipios para intervenir, junto a su socia, en el cambio de los planes reguladores comunales.
Quienes conocen las gestiones realizadas por ellos, señalan que Díaz y Ross desarrollaron trabajos en al menos cinco municipalidades: Recoleta, Independencia, Buin, La Ligua y Colina.
Entre 2008 y 2012, la Municipalidad de Recoleta fue encabezada por Sol Letelier González (UDI); la de Independencia por Antonio Garrido Mardones (RN); la de Buin por Rodrigo Etcheverry Duhalde (UDI); la de La Ligua por Rodrigo Sánchez Villalobos (PC) y la de Colina por Mario Olavarría Rodríguez (UDI).
La última operación la desplegaron en la Municipalidad de Machalí dirigida por José Miguel Urrutia (UDI). Es en este contexto en el que la arquitecta Cynthia Ross, domiciliada en la comuna de Colina (Región Metropolitana), aterrizó en febrero de 2013 en el edificio municipal de la Sexta Región como asesora para intervenir en la modificación de los planes reguladores Comunal e Intercomunal, con una remuneración de $500 mil mensuales (que más tarde bajó a $150 mil).
La doble función de Cynthia Ross –trabajando junto a Juan Díaz para los potenciales compradores de los predios y como funcionaria de la municipalidad para cambiar el plano regulador– fue revelada por CIPER en un reportaje publicado el 26 de febrero pasado. Tal como se adelantó en ese reportaje, los vínculos de Cynthia Ross con los terrenos de Machalí no terminaban allí: la arquitecta es, además, sobrina de Patricio Wiesner del Solar, representante legal de la sociedad Wiesner S.A. propietaria de los predios que Chadwick fue mandatado para vender.
Wiesner del Solar era uno de los mayores interesados en que el cambio al Plan Regulador Intercomunal se concretara antes de que se cumpliera el plazo acordado para que su sociedad –sujeta a un convenio preventivo de quiebra– respondiera a los acreedores. Si ello sucedía, Wiesner cubriría fácilmente las deudas y quedaría con un margen de utilidades muy superior a los que podría obtener de no intermediar el cambio de uso de suelo. Él mismo había solicitado en abril de 2011 a algunos de sus acreedores, principalmente al Rabobank, que esperaran un tiempo pues las modificaciones al Plan Regulador Intercomunal eran inminentes y parte de los terrenos estaban aún en plena producción agrícola.
Con el tiempo, Cynthia Ross se transformó en una pieza clave para el éxito de la operación de venta liderada por el síndico Chadwick. Pero su estratégica labor no terminó allí. En enero de 2014, tras la compra de los terrenos por parte de CAVAL –episodio que puso término al trabajo de Díaz y Ross para el síndico– la arquitecta firmó un nuevo contrato con la Municipalidad de Machalí, el que se extendió hasta diciembre de 2014. Durante todo ese año CAVAL, el nuevo propietario de los terrenos, se dedicó de la mano de Juan Díaz Sepúlveda a buscar comprador para los predios y a realizar las gestiones necesarias para obtener el codiciado cambio de uso de suelo. La dupla Díaz-Ross seguía activa.
LA DUPLA DÍAZ-ROSS
En enero de 2006, Ross ingresó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), contratada a honorarios para “labores técnicas y fiscalización de grandes proyectos urbanos“, trabajo que finalizó en mayo. Reanudó su vínculo a “contrata” con el MINVU los años 2007 y 2008, según consta en los registros del ministerio. Paralelamente continuó con actividades profesionales en el proyecto de la empresa DLC Soluciones Industriales en Colina, según consta en un permiso de edificación de julio de 2008. En marzo de 2009, Cynthia Ross ya estaba en la Municipalidad de Buin, contratada a honorarios ($666.666 mensuales) por el ex alcalde Rodrigo Etcheberry Duhalde (UDI), para el “desarrollo y actualización” del catastro de Buin de acuerdo a las modificaciones efectuadas en ese año al Plan Regulador Metropolitano y al Plan Regulador Comunal, trabajo que finalizó en enero de 2010.
En marzo de 2012, se produjo la segunda reunión de la dupla Juan Díaz-Cynthia Ross con el síndico Chadwick. En ella la protagonista fue la arquitecta quien hizo una presentación en power point ante los acreedores de la sociedad Wiesner. La tercera tendría lugar en junio de 2012, cuando le dan cuenta al síndico del progreso de sus gestiones en la Municipalidad de Machalí para concretar el cambio de uso de suelo.
Ya estando enrolada por el municipio de Machalí (febrero de 2013) la arquitecta elaboró el polémico informe de tasación (“Informe de Tasación terreno 44 Há. Santa Elena-Santa Cecilia-San Diego Machalí-VI Región”) que a mediados de 2013 llegó a manos de CAVAL en medio de las negociaciones por la compra de los terrenos.
El informe resultó fundamental para la empresa de Compagnon y Valero. Con la información allí contenida, Valero intercambió correos electrónicos con el director de Obras de la Municipalidad de Machalí y hombre de confianza del alcalde Urrutia, Jorge Silva Menares, para clarificar una serie de dudas respecto al cambio del plan regulador y la densidad de habitantes por m2 que traería aparejado el inminente cambio de uso de suelo en la zona.
Por su parte, Juan Díaz ya había atraído a potenciales interesados en adquirir los predios de Machalí. En septiembre de 2012 –justo un año después de cerrar el acuerdo con Chadwick– llegó la primera oferta por los terrenos. Tal como reveló La Tercera, Nabil Mansour, antiguo conocido de Díaz, extendió una propuesta al síndico por UF 0,5 el m2. En 2011, Nabil Mansour se vio envuelto en el escándalo que estalló en el corazón de la Municipalidad de Colina y que involucró a su alcalde, Mario Olavarría, y a su asesor Domingo Soto, como presuntos receptores del pago de coimas por UF6.000 ($132 millones) por el arriendo de un terreno fiscal donde se construyó un supermercado Tottus.
La oferta de Mansour –quien reconoció haberse reunido con Díaz y también con Ross– no llegó a puerto. Sí llegó aquella por UF 0,6 el m2 presentada por CAVAL en agosto de 2013. Las gestiones de Díaz habían resultado exitosas. Una vez que el síndico Chadwick, a cargo de liquidar los terrenos de Machalí y responder a los acreedores de la sociedad Wiesner, logró concretar la venta con CAVAL en enero de 2014, le pagó a la dupla Díaz-Ross UF 10.000 ($230 millones) por todas sus gestiones.
SEGUNDO TIEMPO
Para Juan Díaz, en cambio, el trabajo con Caval y los terrenos en Machalí no habían concluido: se le había abierto el apetito y quiso ir por el premio gordo. Una vez terminado el vínculo con Chadwick, Díaz siguió trabajando con CAVAL en el Proyecto Machalí. Aún restaba lo más importante: conseguir el cambio del plan regulador. Y ahí Díaz corría con ventaja: conocía más que nadie los detalles, había asistido a reuniones en la municipalidad y tenía a su socia, la arquitecta Cynthia Ross, gestionando desde dentro para conseguir que el factor multiplicador del negocio –el añorado cambio de uso de suelo– se hiciera realidad.
En enero de 2014, Cynthia Ross firmó un nuevo contrato con la Municipalidad de Machalí –esta vez por $380 mil mensuales– y continuó trabajando allí hasta diciembre del mismo año. Su salida se produjo sin que el cambio al plan regulador viera la luz y sólo semanas antes de que CAVAL –apremiado por responder a los plazos del polémico crédito conseguido con el Banco de Chile– concretara la venta de los terrenos al empresario rancagüino Hugo Silva Martínez, el 5 de febrero pasado.
Según reconoció Natalia Compagnon en su declaración ante la Fiscalía de Rancagua el 8 de abril, Díaz había amarrado un trato con CAVAL para quedarse con el 50% de las ganancias del negocio tras la venta del terreno. Las utilidades pactadas entre CAVAL y Juan Díaz, según reconoció la esposa de Sebastián Dávalos, también llegarían a otro miembro de la UDI: Patricio Cordero Barrera, ex administrador municipal de Joaquín Lavín en Las Condes y Santiago, y viejo conocido de Mauricio Valero. En entrevista con El Mercurio, Cordero negó la versión de Compagnon. Su rol específico en el negocio es aún una nebulosa.
Fue tan estrecho el vínculo que se forjó entre Díaz y los directivos de CAVAL, que éste incluso realizó gestiones en la Municipalidad de Quilicura para facilitarle el trabajo a la empresa SCR, propiedad de Marcelo Carreño Salgado (gerente de Administración y Finanzas de CAVAL), contratada por CCU, propiedad de la familia Luksic, para realizar un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) en esa comuna.
Según reveló Revista Qué Pasa, en enero de 2014, y tras ser recomendada por la propia Natalia Compagnon a Andrónico Luksic, la empresa de Carreño fue contratada por CCU con el fin de llevar a cabo estudios para viabilizar el traslado de sus oficinas corporativas a la mencionada comuna.
De SCR no se conoce mucho. Desde esta empresa, Victorino Arrepol Garrido, mano derecha de Mauricio Valero y agente inmobiliario de CAVAL, recibía pagos adicionales. Según consta en distintas liquidaciones, Arrepol estuvo contratado por la empresa de Carreño, desde mayo de 2013 con un sueldo bruto de $2 millones mensuales. La última liquidación de sueldo a la que tuvo acceso CIPER está fechada en marzo de 2014, justo en tiempos en que SCR asesoraba a la empresa de los Luksic (CCU).
LA JUGADA DE URRUTIA
El 26 de febrero de 2015, CIPER dio a conocer los desconocidos vínculos entre la arquitecta Cynthia Ross Wiesner, sobrina del vendedor de los tres predios en Machalí, con CAVAL y también con la Municipalidad de Machalí. Al día siguiente de la publicación de CIPER, el alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia Celis (UDI), citó a una improvisada conferencia de prensa. En ella, dio a conocer los resultados de una supuesta investigación interna en la que habían logrado establecer que mientras Cynthia Ross se desempeñaba como funcionaria municipal, al mismo tiempo “efectuaba estudios de mercado que beneficiarían a los potenciales vendedores y compradores de los predios mencionados”.
También habló de otras irregularidades detectadas en el transcurso de esa investigación interna, en específico, de los correos electrónicos intercambiados entre Mauricio Valero, socio de CAVAL, y el director de Obras Municipales, Jorge Silva Menares, en el que el primero le consultaba sobre la densidad de habitantes por hectárea una vez aprobado el cambio al plan regulador. Ese correo electrónico que explicita el vínculo entre Valero y Silva –el principal responsable de gestionar el cambio al plan regulador– también fue publicado por CIPER en el mismo reportaje un día antes que el alcalde Urrutia llamara a la prensa para denunciar las irregularidades.
Urrutia se refirió a Cynthia Ross en los siguientes términos:
“Esta niña fue contratada por la municipalidad durante cierto periodo y nos encontramos con que ella es familiar, sobrina, de Patricio Wiesner del Solar, quien es representante legal de los dueños de los predios adquiridos por CAVAL”.
Lo que Urrutia omitió fue que había sido él mismo quien el 14 de marzo de 2013 firmó el decreto alcaldicio por el cual se contrataron los servicios de la arquitecta. El contrato de Ross también lleva su firma. Tampoco mencionó a Juan Díaz, y menos que éste era un personaje familiar para distintos miembros de la municipalidad, quien tenía contacto fluido con varios funcionarios.
EL NEXO DE HUECHURABA
El ex administrador municipal de Joaquín Lavín en Las Condes y Santiago, Patricio Cordero Barrera –sindicado por Natalia Compagnon como uno de los destinatarios del 50% del negocio de Machalí junto a Juan Díaz– tiene una relación de al menos 15 años con Mauricio Valero.
En 2008, en medio del escándalo por corrupción que azotó a la Municipalidad de Huechuraba y en el que se vio envuelto el yerno de Lavín Isaac Givovich, Cordero acudió a Mauricio Valero en busca de ayuda. En ese entonces Valero ya había escalado a la posición de director de Tech Data Chile, empresa de servicios tecnológicos en la que se desempeñó por más de 10 años.
Givovich trabajaba como encargado de informática del municipio cuando se detectaron irregularidades en dos contratos firmados por la ex alcaldesa Carolina Plaza con la empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA), que proveía de programas de gestión municipal. En ese contexto, Cordero, comprometido con la defensa del yerno de Joaquín Lavín, le solicitó a Valero una asesoría en calidad de experto en informática para evaluar y determinar la calidad y pertinencia de los programas computacionales contratados. Lo anterior, porque Givovich había visado las actas de recepción de los trabajos ejecutados por GMA. Meses más tarde, un informe de la Contraloría General de la República estableció que el yerno de Lavín había “prestado servicios sin que se acreditara la experticia que lo habilitaba para desarrollar las actividades encomendadas”.
Coincidentemente, la empresa GMA –que se vio envuelta en sucesivos episodios de corrupción en distintos municipios controlados por la UDI– estaba ligada a Iñaki Busto, otro de los operadores emblemáticos del gremialismo. Juan Díaz, Busto y el abogado Christian Espejo, principal asesor de Cristián Labbé en la Municipalidad de Providencia, fueron en 2003 los principales agentes en terreno de la UDI, presidida entonces por Longueira, que buscaron los testigos que permitieran desacreditar la acusación de abuso sexual contra Jovino Novoa, en medio del Caso Spiniak. A Díaz y Busto se le vio en diversas ocasiones recorriendo en un Mercedes Benz de color negro las calles de Quinta Normal y de Graneros, donde residían el ex cura Jolo y Gemita Bueno, la testigo que acusó infundadamente al entonces senador Novoa.
Fue en esos días de convulsión en la UDI que la relación entre Juan Díaz y Pablo Longueira se haría aún más estrecha (ver recuadro). Fue también en esa misión encomendada por Longueira que el nexo entre Díaz y Patricio Cordero, entonces administrador de la Municipalidad de Santiago (con Joaquín Lavín de alcalde) se fortaleció. Cordero prestó una ayuda clave de asesoramiento al presidente de la UDI.
Luego del episodio en Huechuraba, el vínculo de Patricio Cordero y Mauricio Valero se mantuvo y en 2012, según reveló La Tercera, el primero puso en contacto a CAVAL con la empresa informática Saydex. A Saydex, según ha reconocido su propio dueño, Juan Rodríguez, la empresa de Valero y Compagnon le facturó $170 millones en asesorías “en comunicaciones y de marketing” durante 2012.
EL MISTERIO DE LOS $1.500 MILLONES DE CAVAL
Tras el reportaje de CIPER en el que quedó al desnudo el meteórico crecimiento de la empresa de Compagnon y Valero en su primer año de vida (2012), con ingresos por sobre los $1.500 millones, se instaló la duda respecto de dónde provenían los dineros de CAVAL, qué tipo de trabajos había realizado y a qué clientes.
Los montos pagados por Saydex por concepto de asesorías corresponden sólo al 10% del total de ingresos de la empresa. Además de Saydex, hasta el momento ha salido al ruedo sólo una de las sociedades del empresario Gonzalo Vial Concha (quien conoció a Natalia Compagnon en el contexto de una asesoría que ésta le prestó a una empresa de su propiedad): la Agrícola Tejas Verdes aparece entre las asesorías que CAVAL realizó durante 2012.
En entrevista con El Mercurio, Vial Concha reconoció que CAVAL le había realizado un “estudio de mercado” para un posible desarrollo inmobiliario en su campo Tejas Verdes. En la entrevista, Vial presentó el trabajo casi como una asesoría aislada: no detalló el monto pagado ni tampoco mencionó otras empresas suyas como mandantes de trabajos para CAVAL. Lo cierto es que Compagnon se ganó en poco tiempo la plena confianza del empresario rancagüino. A tal punto, que Vial terminó por convertirse en la fuente principal de ingresos de CAVAL durante su primer año.
CIPER logró establecer que durante 2012 CAVAL cerró contratos con Gonzalo Vial por $1.348 millones por asesorías para sus empresas. Gran parte de este monto ($1.200 millones) ingresó a CAVAL entre junio y agosto de 2012. Gracias a ello, sus propietarios hicieron millonarios retiros de dinero y se pagaron abultados sueldos.
A través de Inversiones La Estampa, Gonzalo Vial Concha controla el 97% de la sociedad Graneles de Chile, distribuidora de granos para las industrias de los salmones, cerdos, aves y ganadería en general. Graneles de Chile participa en la propiedad de otras ocho sociedades, entre las que destacan Puerto Panul (40%); Merco Express (75%); Cox Trading (83%); Graneles Brasil (99%); y la Operadora de Granos Colombia (50%). Gonzalo Vial Concha participa además de manera directa en al menos otras 35 sociedades de los rubros agrícola, alimenticio, financiero, educacional y de transportes.
El monto desembolsado por Vial ($1.348 millones), más lo facturado a la empresa informática Saydex, completan los poco más de $1.500 millones ingresados por CAVAL a sus arcas en 2012. Todo indica que la empresa de Compagnon y Valero sólo tuvo dos clientes durante ese año, aunque el responsable del 90% de sus ingresos fue uno solo: Gonzalo Vial Concha.
A partir de 2013, las finanzas de Vial Concha experimentaron un remezón. A fines de 2014, el empresario rancagüino se vio obligado a renegociar sus pasivos con los bancos que para entonces ascendían a US$465 millones. Para ello, contrató los servicios del síndico Herman Chadwick Larraín.
La crisis financiera de Vial repercutió de inmediato en CAVAL. Ya en 2013 los ingresos de la empresa de Natalia Compagnon y Mauricio Valero, cayeron en picada: de $1.500 millones a $83 millones. En ese escenario, el “Proyecto Machalí” y el crédito otorgado finalmente por el banco de propiedad de Luksic para concretarlo, se convirtieron en el salvavidas para sacar del hoyo financiero a CAVAL. Tras la publicación de la revista Que Pasa el 6 de febrero pasado, donde se reveló el negocio de la empresa de la nuera de la Presidenta Bachelet y el crédito otorgado por el Banco de Chile, vino la debacle. Hoy las utilidades que le dejó a CAVAL la compra y venta de los terrenos de Machalí ($2 mil millones), se encuentran retenidas por orden de la Fiscalía.
LOS LÍOS JUDICIALES DE JUAN DÍAZ
En 1989, el ingeniero Juan Gregorio Díaz Sepúlveda (54 años) intentó llegar a la Cámara de Diputados. Lo hizo por la lista del hoy desaparecido Partido Nacional (PN), de gran protagonismo en la dura oposición al gobierno de Salvador Allende, pero cuya influencia se fue diluyendo durante la dictadura militar. Para esa primera elección parlamentaria en 16 años, el PN inscribió 18 candidatos, entre ellos Díaz por el distrito 30 (Buin, Paine, San Bernardo y Calera de Tango). Pero un error administrativo dejó fuera al ingeniero.
Salvo ese fugaz episodio, la trayectoria de Díaz Sepúlveda está íntimamente ligada a la esencia de la UDI. El hito que lo marcó fue el asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz en 1991. El ingeniero estaba casualmente en la sede de calle Suecia cuando Guzmán llegó moribundo en el auto desde el Campus Oriente de la UC. Díaz fue uno de los que lo llevó al entonces Hospital Militar. Desde ese día se convirtió en el hombre en cuyos brazos murió el fundador del gremialismo.
En 2003, cuando explotó el escándalo de las orgías y abusos sexuales a menores del grupo encabezado por Claudio Spiniak, el ingeniero adquirió un nuevo protagonismo como uno de los integrantes del equipo que asesoró a Pablo Longueira en las investigaciones privadas para desacreditar el testimonio de Gemita Bueno contra el senador Jovino Novoa. Esas operaciones le valieron ser procesado por la jueza Eleonora Domínguez, aunque finalmente el tribunal lo absolvió.
Desde entonces, Díaz se mantuvo sin figuración pública, aunque en estos 12 años cosechó líos judiciales, incluso con algunos socios de sus empresas personales.
NEXO CON LONGUEIRA
A partir de 1990, Juan Díaz inició su privatización al crear en el lapso de pocos años media docena de empresas. La primera fue con María Soledad Ramírez Herrera, con quien dos años después contrajo matrimonio, el que fue anulado en 1997. “C.I.P. Construcción, Ingeniería y Proyectos” fue constituida en julio de 1990 con un capital de $2 millones.
Trece años más tarde, en octubre de 2003, inició la sociedad que lo ligaría a Pablo Longueira: “Compañía Minera Maagal” En la constitución de esa empresa figuran el ingeniero Benjamín Rochenszwalb Korman e Inversiones Magal, representada por Patricio Salomón Morales, quien posteriormente se querelló contra Díaz.
Pablo Longueira
Según el diario La Segunda, Longueira “a través de Inversiones Las Azaleas participa en la propiedad de Compañía Minera Maagal“. Otra pista de este vínculo es la prenda constituida por Maagal en favor de la sociedad Copra, en julio de 2004, por una plantación forestal. Copra fue constituida en 1986 y sus socios eran Luis Ignacio Fernández Doren, Juan Pablo Longueira Montes, Andrés Chadwick Piñera, Luis Adolfo Cordero Barrera (hermano de Patricio Cordero) y Andrés Ismael Serrano Gutiérrez.
En mayo de 2005, Maagal cuadruplicó su capital que pasó de $41 millones a $163 millones. Y apenas siete meses después, volvió a multiplicar su capital, esta vez a $908 millones.
Díaz también incursionó en el sector transporte para lo cual se asoció nuevamente con el arquitecto Patricio Salomón Morales. En julio de 2004, crearon la “Sociedad de Transportes de Carga El Bronce”, con $10 millones, destinada también a la explotación minera. Salomón se convirtió en un gran socio de Díaz, pues en noviembre de ese mismo año ambos crearon “Inmobiliaria Coyancura”, con $5 millones de capital.
En los últimos años, además de figurar como pequeño accionista de la Liga de Deportes La Reina, Juan Díaz prosiguió con sus negocios inmobiliarios y agrícolas. En 2007 constituyó con su hermana Fanny Díaz la “Sociedad de Inversiones y Agrícola San Ignacio” ($10 millones); y en 2011, “Inversiones e Inmobiliaria Fuerte Monte Cristo”. Los $220 millones fueron aportados en partes iguales por Díaz y sus socios: Víctor Valenzuela Vásquez, Alejandro Beltrán Peñailillo y Bernardo Salazar Ganga.
El 2008, el mismo año en que Juan Díaz inició sus trabajos con la arquitecta Cynthia Ross, el ingeniero fue llevado a la justicia. Silvia Méndez Baeza se querelló en su contra por una estafa de $180 millones. El Tribunal Oral de Curicó lo condenó como “autor del delito de estafa consumada” a la pena de cuatro años de presido menor en su grado máximo, más una multa de 30 UTM (hoy $1,3 millón), y le otorgó el beneficio de libertad vigilada por su “irreprochable conducta anterior”. La sentencia incluyó un pago de $185 millones a Silvia Méndez
Su abogado en ese litigio fue Christian Espejo, director jurídico de la Municipalidad de Providencia, entonces encabezada por el alcalde Cristián Labbé (UDI), quien recurrió de nulidad a la Corte Suprema, recurso que fue rechazado.
En 2006 ya se había roto la relación de Juan Díaz con Patricio Salomón -su socio en Minera Maagal, Transportes El Bronce e Inmobiliaria Coyancura- quien lo denunció en el Juzgado de Garantía de Chillán por apropiación indebida de $450 millones. Salomón agregó en 2007 otra querella contra Díaz en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por el mismo delito. Su abogado defensor esta vez fue Isidro Solís, quien representó a la familia Bachelet en el juicio por la muerte producto de torturas del general Alberto Bachelet y ha defendido a otros miembros de la familia. En 2009 la Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó que “las anotaciones penales del imputado son insuficientes para imponer su prisión”.
El más reciente lío judicial de Juan Díaz es la querella que presentó en 2012 en el Séptimo Juzgado de Garantía contra Ale Yáber Cerda, por estafa. Su abogado fue Francisco Feito, quien dejó abandonado el juicio por lo cual el 11 de marzo de 2015 los ministros de la Quinta Sala desestimaron su querella.
Fuente: CIPER Chile
