Con el típico doble estándar que caracteriza a su «sector», el diputado de la UDI por el 3° distrito, Felipe Ward comandó la inconclusa operación de entablar una segunda querella contra Giorgio Martelli, para «aclarar las dudas, respecto a que si hubo financiamiento irregular» a diversos políticos vinculados a la Concertación.
Mejor haría en aclarar los conflictos de interés que se presentan con su empresa Mercatus Spa, dedicada a la operación minera, en cincunstancias de que Ward integra la Comisión de Minería, y fundamentalmente, su relación con Quatum Pacific Exploration (QPX), empresa minera de capitales israelitas, que tiene interés de operar en Atacama, región donde el diputado tiene pretensiones senatoriales.
La denuncia la formuló el presidente de las juventudes del PS de Atacama, Luis Godoy, y la desarrolló el periódico electrónico Cambio 21.
En la crónica, denominada Los negocios del diputado Ward: reuniones del parlamentario con empresa minera, sector donde tiene intereses privados, aparece que en su declaración de intereses disponibles en Transparencia de la Cámara, se puede verificar que Felipe Ward es propietario de la sociedad Mercatus Spa, la que es definida como de inversión minera; asunto no menor dado el hecho de que integra la Comisión de Minería. Tanto es así que el negó el conflicto de interés, puesto que en las votaciones se inhabilita.
Según la denuncia de Godoy, el diputado Ward ha sostenido diveras reuniones con Quatum Pacific Exploration (QPX), empresa minera de capitales israelitas que tiene interés de comenzar operaciones en el norte de Chile, precisamente, en Atacama, región donde el diputado tiene pretensiones senatoriales.
Gracias a la Ley de Lobby se conoció que el parlamentario se reunió con representantes de la empresa y Gonzalo Vega, secretario general de las juventudes UDI y que fue contratado por Ward como asesor parlamentario.
Agrega la crónica que a un encuentro del 10 de abril de 2015 asistieron por parte de QPX Ilan Naor, Anthony O’Sullivan y Javier Jara, manager comercial y exsubdirector Nacional de Minería del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Luis Godoy sostiene que esos encuentros no son inocentes:
«Está realizado junto a su asesor gestiones empresariales en el ámbito minero, lo que resulta preocupante, puesto que ambas acciones son incomcompatibles. Sobre todo ahora que es de conocimiento público que la industria minera ha financiado campañas políticas a parlamentarios».
Godoy añadió que la empresa en cuestión ha negociado un contrato de joint venture de exploración con Barrick Gold, con la intervención de José Tomás Barrueto, exdirector regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente durante el gobierno de Piñera. En Atacama Barrick Gold gestiona los proyectos Pascua-Lama y Cerro Casale.
Godoy además acusó a Ward de tener vínculos con organismos de inteligencia de Israel. De hecho, uno de los ejecutivos de QPX, Yair Frastai, ha servido como Oficial Estratégico de Operaciones en las Fuerzas de Defensa de Israel entre los años 2007-2012, mientras que Felipe Ward integra la Comisión Interamericana entre Chile e Israel.
«Nos preocupa profundamente el comportamiento del señor Felipe Ward, porque también ha reconocido que bajo el cargo de miembro de la Comisión de Minería, ha sido propietario de empresas vinculadas a la minería, Mercatus Spa e Inversiones Minera Santa Blanca Spa, dedicada a «la exploración, prospección, reconocimiento y explotación de concesiones de exploración o explotación mineras». Pensamos, según los antecedentes expuestos, que el señor Ward demuestra un fuerte vínculo e interés con la industria minera. Nos preocupa profundamente su declaración de intenciones de ser senador por la Región de Atacama», concluye Godoy.
Consultada sobre la denuncia, la vicepresidente de la Cámara, Denise Pascal (PS), aseguró que es grave y que de comprobarse, Ward arriesga ser inhabilitado de la comisión y ser denunciado a la de Ética.
La diputada Pascal señaló:
«Si realmente se comprueba, se va a tener que fiscalizarlo e indagarlo. Es preocupante, en el sentido que si él tiene estas empresas y está conversando con otras, debería de inhabilitarse en cualquier votación que le afecte. Es más grave aún si es que ha tenido lobby con estos privados».
Agregó:
«La denuncia es bastante preocupante; además de verificarla hay que enviarla a la comisión de Etica para que la verifique. De ser efectiva, deberá tomar las sanciones correspondientes, porque una persona no puede tener tal tamaño de conflicto de interés. Lo mínimo es salirse de la comisión».
