«
La salud de las personas es sagrada y no podemos ponerla en riesgo por una situación como la que aquí se está expresando, menos cuando los trabajadores lo único que piden es mejorar sus condiciones laborales”, declaró la diputada matrona y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Karol Cariola, quien acompañó a dirigentes del sindicato de trabajadores de Clínica Dávila a interponer en tribunales un recurso de protección en favor de los pacientes que se atienden en ese centro de salud.
La diligencia se realizó tras doce días de huelga por mejoras salariales y condiciones laborales de los trabajadores agrupados en el Sindicato de Servicios Integrados de Salud de la Clínica y luego que la empresa decidió reemplazarlos por personas “no calificadas para brindar dichos servicios correctamente”, según denunció su presidenta, Cecilia Aracena.
Precisó que la situación es preocupante, ya que han tenido conocimiento que personas que son estafetas están trabajando como técnicos de enfermería, lo que representa un alto riesgo para los pacientes que ignoran tal situación.
Víctor Fuenzalida, abogado y asesor del sindicato que agrupa a 305 funcionarios entre técnicos de enfermería, administrativos y personal de servicio, explicó que la medida adoptada por la empresa con la finalidad de quebrar la huelga, es atentatoria contra la vida de las personas y por tal motivo decidieron presentar el recursos de protección.
A su vez, la diputada comunista indicó que se solicitó una fiscalización a la Seremi del Trabajo que ya se ha hecho presente en el proceso «y vamos a seguir insistiendo en que ese tipo de prácticas anti sindicales no pueden ser aceptadas en las empresas, mucho menos en aquellos espacios como una clínica que lo que hace es entregar servicios de salud».
Entretanto, la huelga no tiene visos de solución por cuanto según la presidenta del sindicato » la empresa no quiere nada. Ellos están esperando que nos aburramos”. Explicó que la última propuesta de la gerencia fue un reajuste salarial de sólo un 0,5% (de 4,5 % a 5%) y un bono de término de conflicto que aumentan en 30.000 pesos (de 150.000 a 180.000), descontando los días de huelga de los funcionarios.
