Desde el inicio del estallido social en octubre del 2019, se han estado haciendo diferentes esfuerzos para lograr justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Chile.
La primera iniciativa internacional al respecto fue tomada por la red jurídica de DDHH Observatorio Chileno de Derechos Humanos, basada en Suecia. Entrevistamos al jurista Esteban Calderón, uno de los integrantes de la organización, para saber más sobre el proceso.
– ¿Como se dio que fue una red sueca-chilena que inició el proceso legal ante La Haya?
– Pues la verdad es que el nivel de violencia estatal desatada en Chile en octubre del 2019 nos impactó a todos. Solo días después del inicio del estallido creamos la red en conjunto con colegas en Chile, que nos pedían ayuda del exterior durante esa semana oscura con militares en las calles.
A principios no estábamos claros en cómo asistir desde afuera, pero pronto nació la idea de iniciar diligencias hacia la Corte Penal Internacional en La Haya (CPI). El problema en ese entonces era de carácter legal; los límites formales expuestos en el Estatuto de Roma, el documento fundamental para el accionar de la Corte.
A pesar de tanta violencia policial y militar en las primeras semanas del estallido, llegamos a la triste conclusión de que necesitábamos esperar y tener paciencia, para lograr el cumplimiento de las condiciones legales necesarias para activar la participación desde la CPI.
Fue una espera muy agonizante y dolorosa durante un periodo de una vergonzosa inactividad judicial en Chile, pero una espera necesaria ya que el Estatuto de Roma requiere explicítame un alto nivel sistemático o generalizado de violaciones a ciertos DDHH para poder activar sus primeras medidas sobre posibles Crímenes de Lesa Humanidad, algo que solo estaría confirmado al pasar del tiempo.
El 18 de diciembre concluimos que ya existía la información y los datos necesarios para enviar un primer dossier legal basado en el artículo 15 del Estatuto. Con esa diligencia el tema ya estaba “en la mesa” de la Oficina del Fiscal de la CPI, iniciando un largo proceso administrativo y pre-investigatorio.
Corte Penal Internacional
– ¿Entonces uds. llevan el caso ante la CPI?
– De ninguna manera. Formalmente somos sólo otorgadores o comunicadores de información, en inglés denominados formalmente “Article 15 communication senders”. Y aunque fuimos los primeros, en este proceso no existe ni existirán individuos que “lleven” el caso, ya que ese rol, ese protagonismo procesal, le pertenece exclusivamente al Fiscal de la Corte.
Es una fundamental diferencia a las condiciones que llevaron al Juez Baltasar Garzón a procesar a Pinochet en 1998. En ese entonces no existía la CPI y el derecho penal internacional aún estaba desarrollándose hacia las condiciones actuales.
También hay que recordar que todos nuestros escritos legales han sido basados en información enviada por nuestros contactos en Chile. Si a alguien le pertenece algún honor en este proceso es a ellos/ellas que se arriesgan tanto sus carreras como su integridad y seguridad física.
– ¿Y cuando se esperarán los resultados desde La Haya?
Pues, eso es tema de justicia legal y esa lamentablemente, tarda en llegar. Pero considerando el actual proceso israelí que tomo como cinco años en pasar a la fase investigadora, y el venezolano que ya lleva tres años en la inicial fase de examinación preliminar, creo que es prudente no generar muy altas expectativas. Pero lo más probable es que el actual tema chileno en la CPI avance algo en 2022 en sus primeros pasos pre-investigatorios.
Eso si, todo depende de las actuales condiciones legales en Chile y también es posible que la CPI esperaran los resultados de las elecciones en 2021 y sus consecuencias judiciales, antes de decidir sobre el tema.
– ¿Puedes elaborar más sobre estas condiciones en Chile?
– Si bien indudablemente existen las condiciones materiales y de competencia para intervenir desde La Haya con respecto a Chile, un posible inicio a un examen preliminar por la CPI dependerá de la labor del Poder Judicial y del Ministerio Público de Chile con respecto a los procesos de DDHH.
– ¿Están las instituciones judiciales chilenas a la altura de sus funciones constitucionales o están incumpliendo con sus deberes nacionales e internacionales como lo hicieron durante la dictadura?
Pues eso tendrá que resolver la Fiscalía de la CPI y si concluyen que la justicia en Chile está inactiva o ausente, por omisión o falta de autonomía judicial o algo por el estilo, pues entonces no me cabe duda de que la CPI se verá obligada a intervenir.
Simplemente por su propio precedente venezolano, considerando que la situación en Chile suele ser aún más grave.
Para el Estado de Chile entonces solo le queda una clara posibilidad para evitar una internacionalización de las violaciones a los DDHH del estallido social; castigar penalmente a todos los culpables y reparar a las víctimas. De esa manera demostrara el país a La Haya que Chile está a la altura de garantizar justicia y así mantendrán jurisdicción exclusiva sobre el tema. Al ser lo contrario, se verá el estado chileno involucrado en un vergonzoso proceso internacional y sera visto internacionalmente como un estado fallido, un país sin justicia.
– ¿Y como se ve el escenario?
– Creo que es evidente que la justicia en Chile desde hace mucho no está funcionando y particularmente en temas de DDHH. Se nacionalizo la experiencia mapuche. Simplemente no es aceptable que desde el 18 de octubre (2019) existan miles de casos de muy graves violaciones a los DDHH, mientras muy pocos agentes del estado están formalizados, a la vez que las cárceles están llenas de jóvenes manifestantes.
Todo apunta a que hoy no funciona el sistema judicial de Chile donde desvergonzadamente se está aplicando un tipo de justicia selectiva y extremamente politizada.
Entonces estamos ante un fallido estado de derecho sin condiciones de garantizar justicia, una grave situación legal y democrática que obliga a la comunidad internacional asumir responsabilidad.
Si no cambian las cosas, Chile tendrá pronto altos mandos policiales, militares y políticos investigados por la CPI. Y el estado chileno, independientemente de gobierno en turno, estará obligado a cooperar con la Corte en La Haya.
Los responsables no tendrán refugio y correrán riesgo de ser extraditados y procesados.
– Vuestra red jurídica ha sido abiertamente critica a las “campañas” para presionar a la CPI a procesar a Piñera. ¿No es una buena idea?
– Las campañas para generar opinión pública en temas de DDHH no han sido, ni nunca serán, malas ideas. Al contrario son el nervio vital del actual régimen en materias de derechos humanos.
El problema actual surge cuando actores políticos pretenden interferir en procesos legales que le pertenecen exclusivamente a un tribunal altamente objetivo, legítimo y respetado. Una de las condiciones absolutas en el marco de la Corte Penal Internacional es la estricta autonomía del organismo.
La CPI está prohibida actuar bajo presión política, sea de donde sea. Cualquier intento de politizar el accionar de la Corte llevara a una deslegitimación de su mandato, algo que efectivamente debilita sus posibilidades de velar por el respeto a los DDHH.
No faltan fuerzas potentes que buscan debilitar el actual sistema penal internacional. Los fuertes intentos de deslegitimación más recientes provienen de EE.UU. y de Israel, estados que ven a un tribunal penal autónomo como una seria amenaza a sus intereses.
También tenemos el tema de Venezuela que fue prácticamente referido a La Haya por regímenes con una clara agenda política, entre estos irónicamente el gobierno de Chile, al cual el régimen bolivariano respondió enviando una propia petición a la CPI para investigar crímenes cometidos contra el país bolivariano.
Por lo tanto ya se está politizando el actuar de la CPI por diferentes medios. Por esta razón hay que evitar la continuada erosión de este importantísimo organismo y dejar que la justicia avance sin ayudar a quienes buscan deslegitimar a la Corte.
Y la mejor manera de hacer esto es velar por su autonomía y no hacer innecesarias presiones políticas que perjudiquen al proceso actual de manera negativa, ni que puedan exponer a la Corte a erróneas acusaciones de “activismo político”.
Si finalmente avanza el tema de Chile en La Haya no será por presión política en tribunas o en las calles, ni por la voluntad de personajes que buscan protagonismo político, sino por el simple hecho que el Estado de Chile a través de sus agentes, de manera grave y generalizada, ha violado los DDHH de su gente y porque existe una justicia doméstica ausente.
– Finalmente, ¿crees que se logrará justicia para las víctimas del estallido social?
– De eso no me cabe duda. En este siglo, no habrá impunidad. Los que aún creen que se puede ordenar a matar, mutilar, violar y torturar a seres humanos sin consecuencias penales simplemente no ha entendido nada y tendrán bastante tiempo para contemplar la realidad una vez encarcelados.
Porque de llegar la justicia, llegará.
