Al terminar las negociaciones en la Cumbre del Clima de la ONU en Madrid (la COP25 o Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), Chiara Liguori, asesora de política sobre cambio climático de Amnistía Internacional, afirmó que los países ricos e industrializados le están cargando el costo del cambio climático a los países en desarrollo.
Agregó:
“Desde Mozambique a Filipinas, la gente ha perdido sus hogares, sus medios de vida e incluso su vida misma debido a desastres causados o agravados por la crisis climática, a pesar de que sus países han contribuido mínimamente a ella. Y mientras, los países ricos industrializados que desde hace más de un siglo se vienen beneficiado económicamente del crecimiento de las emisiones —y sufriendo mucho menos sus efectos nocivos— están encantados de aprovecharse a nivel global y cargarles el coste a los países en desarrollo.
“Aún no es demasiado tarde para que los países industrializados hagan lo que deben y contribuyan de forma equitativa a preservar los derechos a la vida, la alimentación y otros derechos humanos de las personas más afectadas por los efectos del cambio climático. Deben acordar el establecimiento de un mecanismo internacional de financiación eficaz y justo para proporcionar fondos nuevos y adicionales a las personas afectadas en los países en desarrollo.
“Por otro lado, los negociadores también están dispuestos a acordar una regulación para el comercio de carbono que no ofrecería una protección adecuada contra proyectos que violan los derechos humanos. Esta regulación podría permitir, por ejemplo, proyectos de mitigación climática en los territorios de los pueblos indígenas contra sus deseos. La adopción de normas que puedan causar perjuicios a las personas y no den lugar a una reducción ambiciosa de emisiones sería un fracaso aún mayor que no llegar a ningún acuerdo.”
Información complementaria
Amnistía solicita que en su declaración final la Conferencia pida a los países que actualicen sus planes climáticos nacionales en 2020 y garanticen que los objetivos de estos planes son ambiciosos y mantienen el aumento de la temperatura media global por debajo de los 1,5 °C.
Asimismo, la declaración de la Conferencia debe pedir a los Estados que desarrollen y apliquen estos planes de una manera participativa que promueva los derechos humanos, en vez de perjudicarlos.
La emergencia climática es una de las mayores amenazas que se ciernen sobre los derechos humanos en nuestra era, y sus efectos hacen que la población de grandes extensiones del planeta sufra hambre, pobreza y falta de techo. Amnistía Internacional pide a los Estados que conviertan 2020 en el año en que se actuó para evitar esta catástrofe.
En la COP25, Amnistía Internacional insta a los gobiernos a que:
– se comprometan a una acción por el clima ambiciosa que limite el calentamiento global a 1,5 ºC;
– garanticen que la normativa sobre comercio climático que se debate no daña los derechos humanos, por ejemplo absteniéndose de desalojar a pueblos indígenas de sus tierras en nombre de la protección de los bosques;
– cooperen para distribuir de forma justa la carga del cambio climático: los países más ricos deben ayudar a otros a realizar la transición y pagar por los daños causados a los países más pobres;
– garanticen que las políticas climáticas incorporan la igualdad de género y los derechos de los grupos marginados y que las personas pueden participar en las decisiones que les afectan.
Más información:
– Declaración Pública sobre COP25
Fuente: Amnistía Internacional
