por Cédric Leterme (*)
La “revolución digital” y su impacto en el trabajo está recibiendo cada vez más atención, mas ésta sigue concentrada principalmente en los países del Norte.
Sin embargo, estos fenómenos también conciernen a los países del Sur, pero en función de modalidades específicas que requieren análisis y reacciones específicas.
Existe un creciente debate mundial sobre la naturaleza y el alcance de una “cuarta revolución industrial”, con repercusiones potencialmente importantes en el empleo y, en términos más generales, en el trabajo.
Se abordan en particular dos tendencias.
En primer lugar, la automatización de las tareas, sobre todo gracias a los avances de la inteligencia artificial.
Y segundo, el desarrollo del “trabajo en plataformas digitales”, en particular a través de aplicaciones como Deliveroo o Uber.
Estas tendencias son observables en todo el mundo, pero sus consecuencias no son las mismas para los trabajadores del Norte y del Sur.
La automatización, por ejemplo, terminaría amenazando más empleos en el Sur que en el Norte, pero a un ritmo más lento. Además, no son los mismos sectores (ni, por lo tanto, los mismos trabajadores) que están afectados en uno y otro caso.
La automatización de la agricultura, por ejemplo, tendrá consecuencias específicas en el Sur, con una mayor concentración de las explotaciones, una competencia para los pequeños productores aún más difícil de afrontar, o el fortalecimiento del control de los grandes grupos agroalimentarios mundiales sobre la producción y la distribución agrícola mundial.
Es más, las posibilidades de automatización en el Norte reducen considerablemente las “ventajas comparativas” de las que hasta ahora han gozado los países del Sur gracias a la explotación (en sentido literal, como figurativo) de su abundante mano de obra barata.
Las estrategias de industrialización orientada a las exportaciones, aplicadas en particular por muchos países asiáticos (y aclamadas en todo el mundo en desarrollo en la década de 1990), tal vez ya no serán accesibles para muchos países en desarrollo, lo que deja abierta la cuestión de las opciones disponibles para sustituirlas.
Las plataformas ¿como gangas o amenazas?
En cuanto al trabajo en plataformas digitales, en el Norte, hay una tendencia a considerarlo principalmente como una amenaza para las relaciones laborales tradicionales, en la medida en que generalmente ofrecen trabajo remunerado por tareas y por cuenta propia.
Ahora bien, es evidente que la amenaza no es la misma en aquellos países del Sur donde el empleo asalariado nunca ha sido la norma. Hay quienes, como el Banco Mundial, ven incluso el desarrollo de plataformas de trabajo bajo demanda como una bendición para la gente del Sur.
De hecho, normalmente es suficiente tener un teléfono inteligente y una conexión a Internet para poder empezar a trabajar. Y las plataformas de “microtrabajo” proporcionan incluso acceso a ofertas de trabajo que pueden provenir de cualquier parte del mundo.
Además, siendo que muchas de estas tareas (por ejemplo, entrega, taxi, limpieza) suelen llevarse a cabo en el sector informal, se abre la posibilidad de acceder a una (relativa…) formalización del trabajo, promovida por estas plataformas, a diferencia de lo que está sucediendo en los países del Norte.
Sin embargo, cabe recordar que el acceso a Internet dista mucho de ser generalizado en el Sur, con tasas de penetración a menudo inferiores al 50% de la población (especialmente en el África subsahariana y Asia meridional), en comparación con alrededor del 90% en Europa y América del Norte.
Entonces, son precisamente las poblaciones más marginadas las que más se ven privadas de ella. E incluso cuando tienen acceso a ella, la calidad es a menudo inferior a la de las poblaciones/regiones más aventajadas, por no hablar de las diferencias de competencias y cualificaciones que siguen constituyendo una desventaja adicional.
Más que una bendición, la llegada de estas plataformas podría, por lo tanto, conllevar sobre todo a una mayor marginación de los trabajadores menos cualificados y/o menos conectados, en particular al limitar aún más las restringidas oportunidades que hasta ahora habían tenido en la economía informal.
Esto es aún más cierto, cuando la idea de plataformas neutras, libres de prejuicios de “raza”, clase o género, también es falsa.
En efecto, la información personal de los usuarios es por definición accesible a otros a través de su “perfil” y (al menos por el momento) nada impide que esta información se utilice para rechazar a un proveedor de servicios y/o para negarse a prestar un servicio.
Tampoco los algoritmos son inmunes a este tipo de sesgo, ya que los criterios que utilizan para evaluar, clasificar, etc., pueden favorecer a algunos grupos de población en detrimento de otros. Como han demostrado diversos estudios, lejos de eliminar las desigualdades, las plataformas contribuyen a su reproducción (o incluso las agravan), tanto dentro de los países como entre ellos.
Por último, cabe recordar que las condiciones de trabajo en estas plataformas también siguen siendo problemáticas, con salarios bajos e irregulares, horarios de trabajo excesivamente largos y/o variables, la falta de protección social y de negociación colectiva, la peligrosidad de las actividades y la discriminación.
El reto más amplio de la “economía digital”
Sin embargo, en términos más generales, es sobre todo la propia lógica subyacente al funcionamiento de la economía digital en su conjunto la que constituye el principal desafío para los trabajadores en general y para los trabajadores del Sur en particular.
En efecto, esta nueva economía se basa en la extracción y explotación de “datos” cuyo estatus es, cuanto menos, ambiguo. Por un lado, las empresas los consideran como recursos que pueden utilizar a su antojo. Pero por otro lado, estos datos son producidos por individuos y grupos de individuos que podrían hacer valer derechos políticos y sociales legítimos contra ellas.
A menudo hablamos del derecho a la privacidad, pero esto también podría incluir el derecho a la remuneración o al control colectivo de los usos autorizados.
Otro problema es que el efecto red asociado a los servicios basados en estos datos conduce a la creación de enormes monopolios con un poder de mercado sin precedentes, lo que da lugar a nuevas formas de control y explotación de la mano de obra, contra las que resulta aún más difícil luchar, ya que tienden a aparecer como consecuencias de procesos estrictamente técnicos.
Por ejemplo, Amazon se vale del registro de los datos de productividad de sus trabajadores para despedir automáticamente a los de menor rendimiento. En términos más generales, a medida que un sector se digitaliza, se hace cada vez más difícil, si no imposible, que los pequeños productores participen sin entrar más o menos directamente bajo la dependencia de un gigante digital.
Esta situación es aún más problemática para los trabajadores y las poblaciones del Sur, en la medida que la mayoría de estos monopolios digitales tienen su sede en el Norte, y en particular en los Estados Unidos, lo que crea nuevas relaciones mundiales de dependencia y explotación con consecuencias económicas y geopolíticas potencialmente significativas.
En este contexto, los debates mundiales en curso sobre la liberalización del “comercio electrónico” serán cruciales, ya que podrían reforzar los desequilibrios actuales, al limitar drásticamente las posibilidades de regular la economía digital en beneficio de las poblaciones y los trabajadores, especialmente para los países del Sur.
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) o el nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) ya incluyen cláusulas que impiden que se infrinja el “libre flujo de datos a través de las fronteras”, o que se requiera que los datos se localicen en el país donde se generan. Más aún, este tipo de cláusula ya se está debatiendo a escala mundial en la OMC[1].
No obstante, otras orientaciones son posibles. Como mínimo, implican frenar las actuales negociaciones sobre el “comercio electrónico” para evitar reducir las cuestiones planteadas por la economía digital al único aspecto del comercio. Sus implicaciones incluyen, de hecho, la economía en su conjunto, pero también la esfera política como la de los derechos humanos y sociales.
Sólo entonces podremos imaginar principios, políticas e instituciones que permitan orientar las tecnologías digitales al servicio de los trabajadores y las poblaciones del Norte y del Sur, respetando al mismo tiempo las limitaciones medioambientales y las diferencias de desarrollo entre los países y las regiones del mundo.
(*) Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, e investigador del CETRI-Centre Tricontinental
Fuente: Alainet
Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 542: Justicia social en un mundo digitalizado
Nota:
1 Al respecto, leer en particular: Lancement de negociations.
