Tras intensas negociaciones que se prolongaron hasta la madrugada del viernes, el Gobierno y los dirigentes de los funcionarios de Gendarmería llegaron a un acuerdo, cuya primera consecuencia es el fin del paro que se prolongó por cuatro días.Cualquiera sea el parámetro del análisis, es incontestable que la determinación de los huelguistas, y el peligroso rubicón al que escaló la situación, el jueves por la mañana, en parte opacado por la habitual discreción mediática tratándose de temas vinculados al poder, cuando los gendarmes movilizados y fuerzas especiales de Carabineros estuvieron en lados enfrentados de la delgada membrana que separó un inédito enfrentamiento entre fuerzas del orden; fueron factores concluyentes para remover la soberbia del ministro del Interior, quién comprendió que ese choque planteaba un camino sin salida.
En términos metafóricos, el movimiento de gendarmería obligó a lo que en ajedrez se llama el final del ahogado. Atrincherarse en la unidad supuso la jugada extrema. Después de ella, no le quedaba otra.
Pero la audacia de la misma, paralizó a su oponente, el Gobierno, dotado de una abrumadora ventaja en medios y recursos.
En esa situación de empate catastrófico, el gobierno se avino a negociar.
Por lo demás, no era tan difícil.
Las exigencias de los gendarmes eran históricas, razonables, e incluso imprescindibles para la calidad del servicio en la que radica su razón de ser.
Es evidente que no consiguieron la totalidad de sus demandas, pero avanzaron más que en los 28 años previos, en la república neoliberal.
El paro de gendarmería debe ser estudiado por el movimiento sindical como un ejemplo exitoso de la combinación de audacia, utilización de sus ventajas y capacidad de negociación.
Se trata de una victoria en la lucha sindical, entre las más importantes desde marzo del 90 a la fecha, obtenida sobre un Gobierno arrogante y contumaz, insensible a los derechos del trabajo, irreductible defensor de los intereses de los poderosos, y obnubilado por la extrapolación mistificada de la noción de orden público.
El día decisivo
Hasta el día miércoles 7 de noviembre, la posición del Gobierno apuntaba a la «ilegalidad» del paro de los gendarmes, al punto de anunciar que se aplicarían descuentos salariales y sumarios administrativos, en caso de prolongarse el conflicto. La información fue entregada por el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
Los funcionarios respondieron con un llamado a cuartelamiento y una huelga de hambre. Así, el jueves 8 de noviembre, en su cuarto día de movilización, los gendarmes radicalizaron sus medidas de presión para exigir al Gobierno negociar su petitorio.
Con ese fin, desde temprano en la mañana se «tomaron» el recinto penal Santiago 1. Pasadas las 10:00 salieron a la calle e intentaron bloquear la avenida Pedro Montt, en Santiago Centro.
Como la policía uniformada está subrogando las funciones de los trabajadores penitenciarios, llegó hasta el sector un contingente de Fuerzas Especiales con la misión de desbloquear el acceso, sacar a los imputados y trasladarlos hasta el Centro de Justicia, o bien, devolverlos a las dependencias penitenciarias.
Sin embargo, los gendarmes trabaron las puertas de ingreso con vehículos atravesados, y se mantuvieron firmes.
“Este territorio es nuestro, acá estamos dando la pelea, no van a ingresar a nuestra unidad”, era la consigna de los funcionarios acuartelados.
https://youtu.be/2KOReChoLRo
Los gendarmes resolvieron permanecer dentro del Penal Santiago 1, mientras efectivos de Fuerzas Especiales y el GOPE de Carabineros se desplegaron en los accesos del penal, premunidos de herramientas como tenazas y napoleones, para cortar candados.
Les aseguramos que, tan solo hubiesen ingresado 1 metro de dónde estaban los antimotines de gendarmería, carabineros no sólo habrían recibido patadas en el suelo…
Hoy @Carabdechile recibieron humillación y el desprecio de todo un pueblo. pic.twitter.com/lF9jIPKlKI— PIENSAPRENSA 222,7 mil Seguidores (@PiensaPrensa) November 9, 2018
Marcos Aburto, dirigente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios explicó que se les informó extraoficialmente «que desde el Ministerio del Interior se habría ordenado a Carabineros ingresar al recinto donde estamos más de 200 personas al interior llevando, de manera pacífica, nuestra movilización».
«El gobierno ha querido poner frente a frente a instituciones hermanas. Por un desatino estuvimos a punto de generar un conflicto de categoría mayor”, señaló.
Agregó que el general de Carabineros a cargo de la fuerza, los notificó que esto era una orden y que si no se revertía esta orden, él iba a tener que proceder.
Entre los funcionarios, la presencia policial fue interpretada como una provocación:
“El Gobierno pretende apagar con bencina el incendio, no se entiende la postura intransigente de la autoridad”, señaló el presidente de la Asociación Funcionarios Civiles de Gendarmería (AFUSIG), Gonzalo Legal:
“Al amenazarnos el Gobierno de Piñera está empleando las mismas prácticas de la dictadura”.
En el debate terció el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gastón Saavedra, quien pidió “terminar con la intimidación policial a personal de Gendarmería”:
“Los conflictos laborales no se solucionan, ni aplacan con violencia o con excesiva presencia policial. No es el camino presionar a los Gendarmes, ahora urge tener un solución dialogada y conversada”.
Durante todo el día jueves se acumuló la tensión, situación que explica, lateralmente, la notoria ausencia de represión en la marcha de la CUT: Ni el Gobierno ni Carabineros podían exponerse a dos frentes simultáneos de conflicto.
Hacia horas de la noche, las negociaciones todavía no llegaban a un acuerdo.
Gendarmes desmienten al gobierno:
Todavía no hay acuerdo y sigue la movilización en Gendarmería. https://t.co/VHbOBK0QkB pic.twitter.com/oz9LCeRf8H— PIENSAPRENSA 222,7 mil Seguidores (@PiensaPrensa) November 9, 2018
Daños colaterales
Otra razón que lo obligó a hacerlo, pese a las bravatas de los días precedentes y el consabido eslogan, de que el Gobierno no negocia bajo presión, fue la desastrosa situación humanitaria, jurisdiccional y orden público, que se generó en el Centro de Justicia de Santiago.
Al jueves 8 de noviembre en la mañana, 82 personas en prisión preventiva agolpadas en el subterráneo del Centro de Justicia, puesto que no podían ingresar a Santiago 1 o a la ex Penitenciaría, por la negativa de los gendarmes de recibir nuevos internos.
Esa cifra aumentarían inevitablemente una vez transcurridos los dos bloques de audiencias de control de detención de la jornada.
Los veinte calabozos del subterráneo del Centro de Justicia tienen capacidad máxima de cien personas. Se trata de dos zonas de tránsito pertenecientes a dos tribunales oral en lo penal. Cada uno de estos espacios cuenta con 10 celdas. Las más grandes tienen una superficie aproximada de seis metros cuadrados. En cada una de ellas, se han dispuesto seis personas. Hasta el momento son todos hombres. Sin mujeres ni menores. La llegada de estos últimos, inevitablemente significaría la adecuación de un nuevo espacio, al existir la obligación de ser ubicados en espacios separados.
Alimentación e higiene
Con el paso de los días, el aumento de los internos empezó a plantear distintos problemas de espacio, condiciones sanitarias y abastecimiento,
De las raciones de alimentos de los dos primeros días, los internos bloqueados pasaron a recibir pan con jugo. La Defensoría está a cargo de la alimentación, y según indican, «sus recursos no permiten grandes colaciones”.
En cuanto a la higiene, por medidas de seguridad, se dispusieron cuatro baños para todos los presos. Allí existen algunas duchas que comparten. Además, se ha utilizado un patio interior para sacarlos, una vez al día.
Estos espacios están habitualmente custodiados por Gendarmería, pero desde el inicio del paro han sido reemplazdos por Carabineros. De los 70 funcionarios penitenciarios en turno ético, hacia el jueves quedaban menos de diez.
En horas de la mañana del jueves -una de las razones de la tregua entre los huelguistas y las FF EE de Carabineros- , los presidentes de las cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel llegaron hasta el centro de justicia para verificar el estado de los presos.
La presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, señaló:
“Aún hay posibilidad de recibir más reos en el Centro de Justicia. Incluso si pasan mas días se podrían habilitar más lugares dentro del recinto. Los derechos de los reos están asegurados dentro de la excepcionalidad”.
Consecuencias jurisdiccionales
Desde el punto de los derechos procesales de los detenidos, la situación también era insostenible. Al respecto, Marco Palma, jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública, DPP Sur, señaló:
“La resistencia de Gendarmería impide desplazamientos. La situación es compleja: hay personas que podrían haber recuperado su libertad, pero al no poder ir a sus audiencias esa situación no se ha permitido”.
De otro lado, agregó, en varios de los casos en que se ha decretado la prisión preventiva de un formalizado, se han tenido que quedar en el Centro de Justicia, en espacios que no están acondicionados para cumplir esta cautelar:
“No es posible mantener a una persona en privación de libertad en un recinto que está destinado sólo para el tránsito de personas”, indicó Mario Palma, vocero de la DPP.
Gobierno anuncia descuentos de sueldo.
Por tal razón, la DPP, recurrió de amparo constitucional en favor de quienes se encuentraban en esta situación.
El mismo día jueves, la presentación de amparos constitucionales de la Defensoría Penal Pública, coincidió con una actuación de los jueces del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, liderados por el magistrado Fernando Guzmán, quienes decidieron revisar de oficio la prisión preventiva de dos imputados que esperaban audiencia desde hace 72 horas.
Uno está investigado por robo y el otro por tráfico.
Ante la imposibilidad de realizar audiencia los jueces revisaron los antecedentes y decidieron reemplazar su prisión preventiva por arresto domiciliario total, temiendo que con esta situación de encierro se estaban vulnerando los derechos de los privados de libertad, dándole un trato inhumano, degradante contrario a todos los convenios firmados por Chile.
La presidenta de la Agrupación de Magistradas de Chile (Machi), Francisca Zapata, explicó las razones del procedimiento:
“Los jueces toman decisiones que otros entes ejecutan. Si la ejecución no se ajusta a derecho e incluso si en ella se vulneran derechos, los jueces no pueden permanecer indiferentes, justamente por mandato legal y constitucional que les entrega el rol de asegurar los derechos de todos los intervinientes. Debe por tanto tomar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho. Eso es lo que se ha hecho acá”.
Presidentas de Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel valoran labor de jueces y funcionarios durante paro de gendarmería
Las presidentas de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, Dobra Lusic y Ana Cienfuegos, respectivamente, destacaron la labor de juezas y jueces de los juzgados de garantía y tribunales orales en lo penal de sus jurisdicciones, durante los cuatro días de paralización de labores de los funcionarios de Gendarmería y que afectó el normal desarrollo de la labor judicial.
Las presidentas reconocieron, especialmente, el rol cautelar ejercido de los magistrados de garantía, quienes en todo momento velaron por los derechos constitucionales de las personas privadas de libertad, como establece la ley.
Ambas autoridades indicaron que no obstante el trabajo de los jueces penales se vio afectado, en todo momento se preocuparon, junto con fiscales y defensores, de constituirse en los centros penitenciarios para realizar audiencias, además de verificar las condiciones físicas, síquicas y de seguridad, más la atención de las necesidades de quienes, debido al paro, no fueron ingresados a los recintos penitenciarios, quedando en los calabozos acondicionados en dependencias del Centro de Justicia (CJS).
Asimismo, agradecieron la labor de fiscales, defensores, carabineros, gendarmería administradores y funcionarios de juzgados y tribunales; y de la unidad de Coordinación del CJS y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Desenlace
La tensión registrada en el acceso al Penal Santiago 1, tuvo claro efecto de alerta en las autoridades por el impacto mediático y político del hecho.
Durante la jornada el Ejecutivo optó por evitar las declaraciones públicas y, en su lugar, se promovieron diversas reuniones en varios frentes, sobre todo en La Moneda, con las autoridades políticas tomando las riendas del asunto para retomar la mesa de negociación quebrada, conseguir un acuerdo y evitar la escalada de la crisis.
En La Moneda desfilaron el ministro de Justicia, Hernán Larraín, el subsecretario de la cartera, Juan José Ossa, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, y el director interino de Gendarmería, Christian Alvear.
En definitiva, la firme determinación de los gendarmes y el acelerado amontonamiento de daños colaterales convencieron al Gobierno que no quedaba otro camino que la negociación.
Es así como entre las 00.00 y las 06.00 del viernes llegó a Santiago 1 el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, el mismo que había amenazado con descuestos slariales, iniciar el diálogo con los gremios.
Hubo avances inmediatos en ciertos puntos, como el aumento del bono de incentivo al retiro desde las 700 UF ofrecidas en un inicio a 870 UF, pero los gendarmes se mantuvieron inamovibles a la redistribución de los uniformados de bajo grado, la carrera funcionaria y la creación de una tercera planta con los funcionarios no uniformados.
Los principales puntos del acuerdo son carrera funcionaria, abreviación de los plazos de ascenso y el bono a retiro, entre otros.
El vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios, Marcos Aburto, señaló:
«El acuerdo nos permite avanzar bastante en relación a mejorar las condiciones laborales de los gendarmes, principalmente apuntadas a la carrera funcionaria. Fue una negociación no exenta de problemas, pero en lo concreto nos permitió dar un paso gigante para avanzar en reconocer la dignidad del trabajo que hoy día realizan hombres y mujeres a lo largo del país”.
A su turno, el dirigente de ANFUP, Andrés Segovia, expresó:
“Firmamos el protocolo de acuerdo que contiene los puntos que los trabajadores del sistema penitenciario necesitamos para la carrera funcionaria. Dentro de lo posible que necesitan los trabajadores son avances significativos. A contar de ahora damos por finalizada la movilización a nivel nacional, por lo que este viernes se normaliza el traslado de imputados y el resto de las funciones de Gendarmería».
Una vez firmado el acuerdo, y como cabía suponer, el ministro de Justicia intentó dar vuelta los hechos, atribuyéndolos punto menos que a una victoria del Gobierno:
«Este es un hecho muy significativo para el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, pues desde el primer día la gestión de la actual administración ha sido un acto voluntario y resuelto de nuestro gobierno, el reconocer y buscar los mejores medios para alcanzar la mayor dignidad de los trabajadores penitenciarios».
Agregó:
“Un compromiso de mediano y largo plazo, para asegurar en el tiempo las condiciones que permitirán los objetivos de la carrera funcionaria y otros aspectos que son cruciales y muy necesarios para los trabajadores de Gendarmería”.
Luego, sobrevino el discurso ampuloso, pero vacío, de rigor:
«Gendarmería ha sido un servicio que los gobiernos en el pasado no han priorizado debidamente. El país debe reconocer en ellos su enorme aporte en un aspecto muy crucial en la vida. Por eso, el presidente Piñera nos pidió desde el primer día que buscáramos cómo poder mejorar muchos aspectos, pero uno muy crucial, la situación de quienes trabajan en la institución».
No conforme con eso, insistió:
«Por eso que, no obstante la estrechez fiscal y las dificultades económicas que todavía no hemos podido resolver debidamente, se ha hecho un esfuerzo serio y responsable que permite avanzar en aspectos que son muy necesarios y relevantes para los trabajadores penitenciarios. En ese sentido estamos muy contentos de este logro. Si bien, este acuerdo para el gobierno es necesario, no es el único para lograr la modernización de Gendarmería. Nosotros queremos que sea una institución querida y respetada por todos los chilenos».
Para ese fin, anunció tres mejoras fundamentales: carrera funcionaria, infraestructura y equipamientos adecuados, y consagrar aspiración de reinserción como objetivo central.
Está por verse si el Gobierno cumple sus compromisos.
Pero con el solo hecho de haberlo obligado a firmarlos, constituye una resonante victoria para la organización gremial de Gendarmería, cuya unidad para enfrentar el conflicto, coraje para asumir sus consecuencias y habilidad negociadora, deja un ejemplo, una pedagogía y una vara alta para el conjunto del mundo sindical.
Si el Gobierno se hubiera avenido a negociar cuando correspondía, se hubiera evitado un bochorno y una categórica derrota, que, más allá de la vacua locuacidad del ministro Larraín, lo dejó mudo y para dentro.
