Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley, originado en moción, que modifica el Código de Aguas para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares.
Por 142 votos, la Cámara de Diputados aprobó la moción parlamentaria para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de agua sobre glaciares. Organizaciones ambientales advierten que actores como el minero y el agro seguirán presionando para impedir que se legisle.
Luego de dos jornadas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó con 142 votos la moción parlamentaria para modificar el Código de Aguas y así impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de agua sobre glaciares.
Con la iniciativa, se busca definir los glaciares, impedir el otorgamiento de derechos de aguas sobre ellos y establecer actividades prohibidas sobre los cuerpos de hielo que puedan afectar su integridad física, las funciones que ofrecen a la sociedad y a los ecosistemas.
La moción señala que donde los glaciares juegan un rol esencial en la conservación del recurso, empresas como “Ice Swan” embotellan agua proveniente de glaciares y ventisqueros de la Patagonia Chilena, específicamente del glaciar Queulat, en la región de Aysén, vendiéndola como un artículo de lujo en el extranjero.
El Código de Aguas, en el artículo quinto, señala que las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas. Por lo tanto, dicha legislación tiene un vacío, puesto que hasta ahora no existe ninguna ley que prohíba constituir derechos de aprovechamiento de agua sobre glaciares. Es por esto necesario que se apruebe la modificación al código vigente.
El trámite que deberá seguir la moción parlamentaria aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados será regresar a la Comisión de Medioambiente para que se le integren indicaciones y, una vez completado, sea nuevamente dispuesto para su aprobación. Luego será despachado al Senado para el próximo trámite legislativo.
Los antecedentes de discusión en esta materia han sido un tanto complejos, ya que el proyecto de ley sobre la reforma al Código de Aguas aún se encuentra entrampada en el Senado. Ocho años de discusión y aún sigue en la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta. Dicha iniciativa busca cambiar las prioridades para el uso de las aguas y, de esta forma, dar prioridad al agua potable y saneamiento, la protección de los ecosistemas, actividades de subsistencia y, por último, al desarrollo con fines de lucro.
Los mismos actores que han intentado frenar la discusión sobre protección de glaciares son quienes han detenido, a través del lobby, el avance de la reforma al Código de Aguas.
Incluso, dentro de los discursos de los parlamentarios Diego Ibañez, Karol Cariola y Jaime Naranjo, mientras entregaban su apoyo a la moción parlamentaria, explicaban cómo el Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Agricultura se han opuesto constantemente a cualquier modificación que pueda afectar la certeza jurídica que desde la dictadura tienen los dueños de los derechos de aprovechamiento de agua, la que sucesivamente ha ratificado el ministro de agricultura, Antonio Walker, y su par de minería, Baldo Prokurica, en representación de Sebastián Piñera, quien ha mostrado su apoyo a mantener la lógica impuesta por la dictadura para la administración de las aguas en Chile.
Durante la jornada de discusión, la ministra de Medioambiente, Marcela Cubillos, planteó que “una alternativa que protege de manera eficaz los glaciares es aquella establecida en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y no solo como se ha querido hacer ver para aquellos glaciares, que en su gran mayoría, están en áreas protegidas, sino que para el resto de los glaciares.
El proyecto en discusión sobre Biodiversidad y Áreas Protegidas protege los glaciares en diferentes formas, en primer lugar, las áreas protegidas, en segundo lugar, respecto a la clasificación de ecosistema y, en tercer lugar, con planes de manejo de conservación de ecosistemas amenazados”.
Por su parte, Sara Larraín, directora ejecutiva del programa Chile Sustentable, señaló:
“La intervención de la ministra fue lo mismo que expuso el 20 de junio cuando retiró el proyecto de la Comisión de Hacienda, no hay nada nuevo. Nos preocupa que la ley que crea el servicio de biodiversidad y áreas protegidas está todavía entrampada en la Comisión de Hacienda del Senado y ni siquiera ha empezado a ser vista por la Cámara de Diputados. Ya lleva cuatro años en el senado y podrían pasar otros cuatro en la Cámara de Diputados si no se le pone suma urgencia”.
“Respecto a las prioridades legislativas que presentó la semana pasada el ministro Gonzalo Blumel, no está el proyecto que crea el servicio de diversidad y áreas protegidas en cuanto a urgencia suma o discusión inmediata, por lo tanto, no veo cómo la ministra va a cumplir sus promesas de incluir estas áreas protegidas dentro de la ley. No he visto ninguna indicación por parte del Gobierno que ha entrado a Comisión de Hacienda, por lo tanto, está en un nivel de discurso, profundizó Larraín.
Parlamentarios de diferentes sectores políticos argumentaron que el agua es un punto estratégico que marcará la forma de desarrollo que tendrá nuestro país, ya que la escasez hídrica no es un problema que solo les aqueje a las futuras generaciones, sino que hoy afecta a 170 comunas de nuestro país. Por lo mismo, es que es estratégico que el Gobierno y el Estado proteja la superficie glaciar con la que cuenta nuestro país, la que representa el 80 por ciento de toda la superficie de estas características en Sudamérica.
En esa línea, los autores del proyecto manifiestan que si bien existen iniciativas legislativas que buscan proteger los glaciares de forma íntegra y más completa, donde, además, ha habido consenso en torno a que es necesario prohibir el otorgamiento de derecho de aprovechamiento de aguas sobre glaciares, tales como el proyecto que establece una ley de protección y preservación de glaciares, o el que reforma el Código de Aguas, no ha existido la voluntad política para convertir dichas iniciativas en leyes de la República.
La iniciativa, que fue remitida a la Comisión de Medio Ambiente por haber sido objeto de indicaciones, responde a la urgencia de proteger los glaciares y de plasmar en el Código de Aguas la clara prohibición de otorgar derechos de aprovechamiento de aguas sobre ellos.
Articulado del proyecto
La iniciativa señala que se entiende por glaciar a todo volumen de hielo y nieve permanente, que persista por periodos de al menos 2 años y que cubra un área igual o superior a 0,01 km2, incluyendo cualquier superficie rocosa con evidencia superficial de flujo viscoso, producto de un alto contenido de hielo actual o pasado en el subsuelo.
Agrega que se considerará como parte constituyente de cada glaciar, el material detrítico rocoso, las lagunas y cursos de agua que se encuentren en su superficie.
Al mismo tiempo, indica que la ley reconoce expresamente que los glaciares son ecosistemas complejos asociados a los ambientes glaciares y periglaciares y son parte del ciclo hidrológico de las aguas.
En ese contexto, el documento señala que no podrán realizarse en glaciares, zonas de glaciares y periglaciares, actividades que generen impacto significativo o daño ambiental como su remoción, traslado o destrucción; que afecten las funciones, dinámicas, y propiedades esenciales de los glaciares, o su desarrollo bajo la superficie que puedan alterar su condición natural, acelerar o interrumpir su desplazamiento, o acelerar su derretimiento.
Advierte que tampoco se podrá liberar, vaciar o depositar basuras, productos químicos, material particulado, desperdicios o desechos de cualquier naturaleza o volumen; o ejecutar cualquier otra acción contraria al objeto de esta ley, o que pueda afectar directa o indirectamente las funciones de un glaciar.
