Tras dos años de investigaciones, el bullado caso de corrupción y financiamiento irregular de la política parece diluirse en la impunidad, en la recta final.
En efecto, el pasado 11 de junio los imputados por el caso Penta, Carlos E. Lavín, Carlos Alberto Délano y Pablo Wagner llegaron a acuerdo con la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos, tras decretarse el pago de $1.700 millones de pesos ($850 millones cada uno), con el fin de rebajar los cargos y así evitar un juicio oral, y conseguir a cambio, un juicio abreviado, que no contempla pena de cárcel efectiva.
Además, en el caso de Wagner, se consiguió cambiar el cargo de “cohecho” por “enriquecimiento ilícito”, tras haber recibido un pago de 42 milones de pesos mientras era subsecretario de Minería del primer gobierno de Piñera.
El acuerdo fue desaconsejado por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, que objetó el acuerdo alcanzado con el fiscal Manuel Guerra, el cual elimina el delito de cohecho para Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
El hecho recibió críticas del ex fiscal a cargo del caso, Carlos Gajardo, quien señaló:
“El fiscal regional Manuel Guerra debiera reflexionar seriamente del daño que le está haciendo a la persecución penal en Chile en los delitos de corrupción con la decisión que está tomando”.
Agregó:
:“Lo que el fiscal Guerra tiene que hacer es perseguir estos delitos y que sean los tribunales los que resuelvan”.
El caso nuevamente viene a mostrar la impunidad en la que se manejan los delitos de cuello y corbata, y los operadores políticos al servicio de los empresarios.
El juicio abreviado quedó fijado para el día 3 de julio.
