“Maldito sea el soldado que apunte las armas contra su propio pueblo”, fue la frase que pronunció alguna vez Simón Bolívar. Y quizás en eso fue lo que pensó el tío Michel cuando tomó la decisión de pedir su baja del servicio militar que se encontraba cursando en el regimiento Coraceros de Iquique, apenas tuvo conocimiento de que había tenido lugar el golpe militar que el 11 de septiembre de 1973 terminó con el Gobierno de Salvador Allende.
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Probablemente sus superiores vieron una amenaza en su noble intención de no querer contribuir al inminente derramamiento de sangre, y lo detuvieron en el momento en que se aprestaba a abandonar el regimiento.
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A partir de ese entonces fue condenado, junto a un no menor grupo de prisioneros políticos, a padecer torturas inimaginables, sin la más mínima contemplación humanitaria.
El 29 de septiembre, habiendo sido ya trasladado dicho grupo al sector de Pisagua, los mandos militares que estaban a cargo solicitaron “voluntarios” para supuestamente efectuar trabajos de carpintería.
Dado que no reunieron los necesarios, debido a las deplorables condiciones físicas en que las torturas habían dejado a la mayoría de los prisioneros, uno de los mandos fue a los calabozos y escogió seis hombres.
El tío estaba entre ellos. Y esa fue la última vez que se le vio con vida.
Desde ese entonces fue que comenzó el largo periplo de la familia por hacer justicia, el cual incluyó promesas no cumplidas de parte de personeros del Ejército de entregar sus restos, extorsiones para dar a conocer su “paradero” y pistas falsas sobre este, además de amenazas para que no se siguiera buscando la verdad de lo sucedido.
Lo único que lograron recuperar de él, mediante el pago de una suma no menor de dinero a un funcionario castrense, fue su carné de identidad y su reloj.
Y cuando ya había resignación en cuanto a la incertidumbre de las posibilidades de obtener justicia, hace unas semanas la Corte de Apelaciones de Santiago nos demostró que esta tarda, pero llega: los responsables de la muerte del tío Michel y de varias otras ocurridas en esa misma víspera de fines de septiembre de 1973, fueron declarados culpables y sentenciados a penas que van desde diez años y un día hasta presidio perpetuo calificado.
Y aunque en el momento que se escribe esto aún falte tener la certeza sobre si esa sentencia será la definitiva, al menos ya sabemos que parte de la tragedia, no solo nuestra sino de todo un país, ya no tiene cómo a estas alturas ser negada o minimizada.
Si bien tampoco ha ayudado al ansia de reconciliación la forma en que muchos actores afines a los afectados han abordado el trance, utilizando descarada y abusivamente el dolor propio o ajeno para obtener réditos políticos, la porfía y superficialidad de grupos que, aunque cada vez más pequeños, no son por ello menos significativos, es algo que irrita y duele en lo más profundo del alma chilena.
¿Hasta qué punto se habían podrido los cimientos del orden social y humano en nuestro país, que se llegó a considerar como un peligro a un conscripto de diecinueve años que se negaba a matar a sus compatriotas?
El cómo se componen los extremos en que divagó Chile entre 1970 y 1990 quizás nos acerque a la respuesta: tanto la dictadura del proletariado que buscó instaurar con sus acciones el gobierno de la Unidad Popular bajo la influencia de Cuba y la Unión Soviética, como la dictadura militar de diecisiete años que surgió como consecuencia del fallido experimento socialista de Allende, tenían algo en común, porque los ejecutores de una y de otra veían a todo aquel que discrepaba con ellos no como personas, sino como como una mera ideología que se debe que exterminar cual plaga peligrosa, con la consecuente pérdida de libertades que dicha visión trajo en cada gobierno.
Al tío Michel, su actitud desafiante ante la obcecación con la que sus superiores repelían una forma de pensar le costó la vida. Muchos otros conscriptos que se encontraban en igual situación y no supieron o simplemente no pudieron hacerle frente, arrastran las consecuencias hasta el día de hoy.
Los credos, ideas y tendencias políticas pierden importancia cuando lo que vale es asegurar tanto el derecho a la vida como la libertad de conciencia de todos y de cada uno de nosotros.
(*) Abogada
Fuente: El Mostrador
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Caso Pisagua: Dictan condena contra 7 militares por secuestros y homicidios en 1973
El ministro en vista Mario Carroza dictó condena contra siete militares en retiro, en el marco del denominado caso Pisagua, consistente en el secuestro de los prisioneros políticos Michel Nash Saez, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal y los homicidio calificados de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón, Luis Lizardi Lizardi, Julio Cabezas Gacitúa, Julio Córdova Croxato, Mario Morris Barrios, Humberto Lizardi Flores y Juan Valencia Hinojosa.
Carroza condenó a los exmilitares Sergio Benavides Villarreal y Manuel Vega Collado a la pena de presidio perpetuo por su responsabilidad como autores de los 3 delitos de secuestros calificados y los 8 delitos de homicidio calificado.
Además, Roberto Ampuero Alarcón, Gabriel Guerrero Reeve, Sergio Figueroa López y Arturo Contador Rosales fueron condenados a la pena de 15 años y un día de presidio por su responsabilidad en los tres delitos de secuestros calificados y los homicidios calificados de las víctimas Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Lizardi Lizardi.
Además Miguel Aguirre Álvarez fue condenado a la pena de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad en los tres casos de secuestros calificados, cometidos a partir del 29 de septiembre de 1973.
El fiscal militar de la época, Mario Acuña Riquelme, quien orientó los crímenes, no alcanzó a ser condenado puesto que falleció en junio del 2000, sin haber recibido pena alguna.
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Varias de las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad se habían presentado voluntariamente ante las autoridades en septiembre de 1973.
Ese fue el caso del juez Julio Cabezas, quien fuera Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Iquique, o el conscripto Michel Nash Sáez, quien con sólo 19 años se negó a seguir participando de allanamientos y actos represivos, siendo detenidos.
