Artista Popular Perfora el Ilegítimo Secreto de la Comisión Valech

Cincuenta años de silencio están a punto de romperse. Francisco «Papas Fritas» Tapia, controversial y multifacético artista, junto a un equipo multidisciplinario, encontró un vacío legal en la ley 19.992,  que fijó el año 2054 como fecha para hacer públicas estas declaraciones, resquicio que permite a las víctimas desclasificar el secreto que, más que protegerlas, apunta a la impunidad.

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El artista, junto a un equipo multidisciplinario, encontró un vacío legal en la ley 19.992,  donde se fijó el año 2054 como fecha para hacer públicas estas declaraciones que incluirían los nombres de las víctimas, así como de los torturadores y sus cómplices; los lugares donde ocurrieron los hechos y los métodos de tormento que se utilizaron.

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La ley expresa que se mantendrá el secreto “… sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia”.

Según Papas Fritas, las víctimas pueden pedir sus documentos y darlos a conocer por completo o parcialmente, de manera anónima o no, a través del sitio web www.desclasificacionpopular.cl habilitado por el artista.

En la explanada de Matucana 100 se instalarán  50 mil  manuales con las instrucciones para llevar a cabo esta acción, formando la frase: La memoria es nuestra.

“Los nombres de los torturadores no aparecen en la instalación. La persona que fue presa política o torturada es quien va a comenzar un proceso que para mí es un proceso performático del cuerpo torturado, que va y se convierte en artista al desclasificar. Son ellos los artistas”, dijo Papas Fritas.

El  lanzamiento de la iniciativa es el 26 de septiembre, instalación que permanecerá en M100 hasta el 4 de octubre.

Historia

Quince víctimas de la dictadura militar consiguieron que se desclasificaran los documentos de la «Comisión Valech» que contienen testimonios y archivos relacionados con las torturas que sufrieron, rompiendo por primera vez el carácter de «secreto» de 50 años que rige sobre el informe.

Las quince carpetas poseen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, además de la transcripción de sus testimonios, con los nombres y las descripciones de sus captores y torturadores durante el régimen de Augusto Pinochet.

Forman parte de la información recabada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como «Comisión Valech», organismo creado en 2003 con el objetivo de esclarecer la identidad de las 40.000 personas que fueron detenidas y torturadas.

Según el presidente Ricardo Lagos, quien promulgó la ley, el objetivo del secreto de 50 años fue «proteger la dignidad de las víctimas» que no querían que sus familias supieran de las torturas que sufrieron durante la dictadura.

El año pasado los ex presos políticos, en su mayoría de Rancagua, solicitaron estos documentos al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Sin embargo, el organismo señaló que sólo podían acceder a sus declaraciones.

Ante la negativa de obtener el total de los antecedentes, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones junto a la organización Desclasificación Popular.

El fallo del Tribunal se conoció el pasado 2 de agosto y determinó que, según la disposición del artículo 15 de la ley 19.992 sobre Reparación a las Víctimas de la Dictadura, se debían entregar las carpetas en su integridad.

Estos archivos desclasificados corresponden al Informe elaborado por la Comisión Valech I que mantiene cerca de 29 mil documentos en reserva.

Según detalló el presidente de la Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos Salvador Allende, David Quintana, esta acción representa a los 38 mil detenidos y torturados, de los cuales 26 mil siguen vivos, que exigen conocer los informes elaborados con sus declaraciones.

En ese sentido, insistió en que el Estado sigue otorgando beneficios a los responsables de estos hechos en vez de garantizar una reparación justa y satisfactoria como lo exigen los tratados internacionales suscritos por Chile:

“No ha sido una reparación justa porque recibimos una pensión indigna que no nos garantiza ni siquiera un buen pasar en nuestros últimos años de la vejez (…) Con esto nosotros somos dueños de los antecedentes que aportamos y decidimos sobre lo que sea más conveniente hacer con ellos, pero no dejarlos en secreto como han estado hasta ahora”.

La investigadora e integrante de la organización Desclasificación Popular, Javiera Campos, recalcó la necesidad de analizar la documentación y publicarlos luego de ser autorizado por los ex presos políticos:

“Como es primera vez que se sacan tan masivamente archivos secretos tenemos que leerlos minuciosamente, es decir este “secreto” ha impedido algo tan absurdo como leer los propios testimonios para luego analizarlos”.

El abogado representante de los ex detenidos políticos de Rancagua, Francisco Jara, señaló que estos antecedentes evidencian la falta de consulta sobre el secreto de los testimonios prestados a la Comisión Valech:

“Lo importante es poder constatar que en ninguna parte decía que ellos estaban de acuerdo con la reserva. Al momento de ingresar el proyecto de ley se decía que ellos habrían pedido esto y que quizás no se acordaban porque habían pasado muchos años. Sin embargo, ahora podemos decir que eso es falso”.

Los archivos se publicarán el próximo 15 de diciembre en el sitio electrónico www.desclasificaciónpopular.cl, y también a través de una intervención artística a cargo del colectivo.

Representantes de la organización aseguraron que previo a la divulgación de estos antecedentes se consultará a las víctimas porque algunos han optado por borrar sus identificaciones de los documentos para resguardar su privacidad.

“No podemos hacer una historia de la tortura sino de la resistencia que sigue estando oculta. Es incomprensible que el Estado siga protegiendo más los archivos que a las víctimas del régimen militar”, recalcaron desde la colectividad.

Scarlett Mathieu, una de las ex presas políticas de la dictadura que el pasado jueves recuperó la carpeta vinculada con su caso, señaló:

«Recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado. Nosotros tenemos que ser los dueños de esa información y poco a poco debemos entregársela a la sociedad. Ahora está en nuestras manos un pedazo de la verdad».

Mathieu, que después del golpe de Estado perteneció al MIR, fue detenida en 1974 y torturada durante ocho meses. En 2003 nombró ante la Comisión Valech a los agentes que la torturaron durante su cautiverio:

«Me gustaría que mi testimonio saliera a la luz y que los nombres de quienes me torturaron pudieran ser conocidos por la ciudadanía. Yo solo pude reconocer a cinco agentes, pero había más. Es importante que muchas más víctimas hagan lo mismo, para que se pueda cruzar la información y armar un mapa completo de la represión».

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Cómo se permitió la desclasificación

Distintas asociaciones de DD.HH. llevan años pidiendo levantar el secreto. La Presidenta Michelle Bachelet prometió durante la campaña electoral que estudiaría este asunto. Pero fue la iniciativa de un artista visual lo que ha permitido quebrar el secreto.

El grupo «Desclasificación Popular» es un colectivo del artista Francisco «Papas Fritas», que junto a un equipo de periodistas y abogados encontraron la forma legal de forzar al Estado chileno a entregar a las víctimas la transcripción de sus declaraciones, además de otros documentos relacionados con sus casos.

Como señalan en su pagína web, «a partir de una nueva lectura a la ley 19.992 identificamos y reivindicamos el derecho de quienes prestaron estos testimonios a tener las declaraciones en su poder, mediante la exigencia del derecho que otorga el artículo 15».

El art. 15 de la Ley Valech dicta que mientras rija el secreto de 50 años, nadie tendrá acceso a los documentos, «sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia».

Y es en este extracto en donde se apoyaron para pedir la desclasificación: la voluntad de cada víctima para sacarlos a la luz.

«Nos hemos encontrado con todas las trabas, pero lo hemos conseguido. Es posible desclasificar los documentos. Estamos emocionados», dijo el impulsor del grupo, Francisco «Papas Fritas».

Actualmente, hay otras 50 víctimas que están siendo asesoradas por el equipo y que han solicitado la entrega de sus declaraciones.

Dicha información será publicada en la página web de la iniciativa, www.desclasificacionpopular.cl, donde, a partir del próximo 15 de diciembre se podrán consultar las declaraciones de las víctimas que de forma anónima deseen dar a conocer la identidad de sus torturadores.

«Este será el inicio de la desclasificación popular», concluye el artista.

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Secretismo

El origen del Informe Valech es la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por el fallecido monseñor Sergio Valech, cuyo objetivo fue  esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Reconoce oficialmente un total de 40.018 víctimas.

Sin embargo, el mismo decreto estableció que los nombres de los victimarios quedarían en secreto por 50 años. El colectivo liderado por Tapia descubrió que la única manera de acceder a los testimonios es a través de las propias víctimas, ya que cada una tiene el derecho sobre su propia declaración e incluso a otros expedientes donde sea nombrada.

A partir de ese descubrimiento nace el proyecto de una desclasificación popular.

Francisco «Papas Fritas» Tapia, que se caracteriza por un arte político –se hizo conocido por quemar los pagarés de la desaparecida Universidad del Mar y por una instalación donde un encapuchado mata a Pinochet y otros ex presidentes – quiso que este acto sea parte de una serie de conmemoración de fechas, entre otras el centenario del natalicio del dictador, que se cumplirá el próximo 25 de noviembre.

“Seguramente también haremos algo”, avisa desde ya.