La Fiscalía Nacional Económica presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia un requerimiento contra Laboratorio Biosano, Fresenius Kabi Chile y su filial Laboratorio Sanderson, empresas a las que acusó de formar y mantener, por más de una década, un cartel para afectar licitaciones convocadas por la Central Nacional de Abastecimiento, Cenabast, para adquirir ampollas de medicamentos inyectables genéricos.
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Por este motivo, se solicitaron multas por cerca de 17 millones de dólares.
Los laboratorios requeridos son los únicos fabricantes de ampollas -medicamentos inyectables genéricos contenidos en envases de menor volumen- del país y Cenabast agrupa la demanda de medicamentos del sector público y es el principal comprador de ampollas del país.
Según la acusación de la FNE, «antes de ofertar en las licitaciones de Cenabat, los laboratorios definían cuál de ellos debía adjudicarse los medicamentos por los que podrían haber competido. El cartel operaba acordando precios de referencia para sus ofertas y determinando quién presentaría la propuesta ganadora».
La presentación señala que el cartel se extendió entre 1999 y el primer semestre de 2013, periodo en el que Cenabat requirió más de un millar de veces los medicamentos comprendidos en la colusión.
En específico, la FNE solicitó una multa de 18 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA) para Sanderson y dos mil UTA para Fresenius Kabi Chile, lo que equivale a un total de casi 17 millones de dólares.
Mientras que no se pidió multa para Biosano, por haber accedido al beneficio de delación compensada y también aportó pruebas.
Tras este requerimiento de la FNE, el director de la Cenabast, Pablo Vargas, expresó que «para nosotros como Cenabast y como sistema público de salud, por un lado, nos alegra que la FNE haya tomado parte en esta denuncia que fue presentada y que finalmente termina con esta acusación».
«No está afectando solamente el bolsillo y el presupuesto nacional, afecta a las personas. Son laboratorios que hoy siguen operando con nosotros y lamentamos enterarnos que ellos se hayan coludidos, tal como lo dice la Fiscalía, y que hayan ido en contra de Cenabast, en contra del sistema, en contra de las personas, en contra del país», aseveró.
«Nos llama la atención, porque en algunos medicamentos existe más de un registro en el país, existe más de un oferente de un producto dado, pero cuando llamamos a licitación o no se presenta nadie o se presenta solo uno», añadió.
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El ex economista de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) Gonzalo Escobar explicó que independiente de la multa que pueda aplicar el TDLC, el Estado puede pedir igualmente compensaciones por los perjuicios causados.
«La única alternativa que tiene el Estado para pedir compensaciones es a través de los tribunales civiles, por lo tanto, dentro del proceso normal de libre competencia es similar a lo que estamos viendo en el caso de pollos y en el caso de los papeles. Es muy probable que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte en el caso», afirmó.
«La delación compensada exime a la empresa que denuncia el cartel, pero la exime solamente de la multa que determine el TDLC, no queda exenta de un posible juicio civil», añadió.
Este caso será juzgado bajo la antigua legislación en materia de colusión, ya que las modificaciones a la ley no se pueden aplicar de manera retroactiva, por lo que no habría sanción penal.
Al respecto, el diputado DC Fuad Chahín, integrante de la comisión de Economía de la Cámara Baja, afirmó que «esto da cuenta de que la colusión está bastante extendida y que es necesario tener sanciones importantes, no sólo pecuniarias, como el aumento de las multas que se aprobó, sino que también sanciones de cárcel para quienes se coludan».
«Este caso tiene la importancia, además, de que estamos hablando de que se coluden para licitaciones públicas. Con la modificación que hicimos, esto va a tener una sanción especial», añadió el legislador.
Por su parte, Biosano afirmó, mediante un comunicado, que «asume que las prácticas en que incurrió no son legítimas ni correctas y lamenta el impacto que esta situación provocó a terceros y a la propia compañía».
«Luego de tomar conocimiento de la indagación que realizaba la FNE, Biosano confirmó que algunos de sus representantes habían incurrido en conductas contrarias a la competencia en el mercado de soluciones parenterales de pequeño volumen. La compañía decidió aportar todo su conocimiento de las mismas a la FNE bajo la figura de la delación compensada», añadió el laboratorio.
Explicaron que «ejecutivos de Biosano sufrieron presiones desde su principal competidor en la época para la materialización de estos acuerdos. De no haberse sumado a esos acuerdos, Biosano se exponía a ser sometido a una ‘guerra de precios’ en su contra hasta ser eliminados del mercado, situación que el laboratorio no podía resistir ante su feble situación financiera de aquella época».
Además, anunciaron que se encargaron estudios económicos para evaluar el daño que esto pudiera haber ocasionado y que se impletaron una serie de acciones tendientes a «impedir que conductas de esta naturaleza vuelvan a repetirse».
Ministra de Salud: ‘es indignante’
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La ministra de Salud, Carmen Castillo, sostuvo que se «vulneró la fe pública» con el último caso de colusión denunciado por la Fiscalía Nacional Económica, en el que dos laboratorios afectaron las licitaciones de la Central Nacional de Abastecimiento, Cenabast, encargada de entregar los medicamentos al sistema público.
Castillo, además, anunció que se están evaluando y estudiando todas las acciones legales que se puedan tomar en este caso, como solicitar ayuda al Consejo de Defensa del Estado:
«Consideramos como Ministerio de Salud que se ha vulnerado la fe pública, así que nosotros veremos todas las distintas alternativas legales que se pueden efectuar para llegar hasta las últimas consecuencias en que se pueda aclarar qué pasó, cómo sucedió y cómo llegamos a tener esta situación tan grave». .
La ministra agregó:
«Vamos a pedir todas las instancias y si corresponde lo vamos a hacer, de todas maneras. El Consejo de Defensa del Estado es una entidad que nos puede ayudar enormemente para poder verlo en lo que no solamente en este momento se está operando, sino que también en los componentes civiles que podamos también evaluar y que pueden ser también pertinentes».
La Cenabast aún mantiene contratos por 15 millones de dólares con los laboratorios implicados en esta colusión -Biosano, Sanderson y Fresenius-, los que se están evaluando jurídicamente para ver qué hacer con ellos.
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Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, sostuvo que esta denuncia «es indignante, todos tenemos derecho a estar indignados, en este caso específico fue el Estado el que tuvo que pagar más, pero en cualquier colusión, alguien está abusando de otro».
Este caso será juzgado bajo la antigua legislación en materia de colusión, ya que las modificaciones a la ley no se pueden aplicar de manera retroactiva, por lo que no habría sanción penal.
Ante esta situación, el ministro Valdés aseguró:
«Hoy día dos, tres, cuatro productores que se quisieran poner de acuerdo lo piensan dos veces, porque el sistema está funcionando. En Chile, las autoridades chilenas, la Fiscalía Nacional Económica está pillando a aquellos que hacen trampa en el mercado».
Descargue el requerimiento de la FNE
