Tras el conflictivo debate en el Congreso, que la semana pasada terminó con la aprobación de un aumento del sueldo mínimo escalonado en cuatro semestres, para a partir del 1 de enero de 2018 llegar a los 276 mil pesos, se volvió a evidenciar la insuficiencia del monto en relación al costo que la vida tiene hoy en día nuestro país.
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El proyecto del Gobierno establece que desde julio correrá el primer reajuste al salario base, que actualmente se encuentra en 250 mil pesos, y quedará en 257.500. El segundo incremento será el 1 de enero del 2017, pasando a 264 mil; mientras que el 1 de julio del mismo año aumentará en 6 mil, quedando en 270 mil pesos. Por último, el primer día del 2018 alcanzará la cifra estipulada.
Con esto, el alza del salario mínimo será de 10,4% en dos años. Si bien en un comienzo la Bancada de diputados del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana (PC-IC) rechazó la propuesta, argumentando que en Chile hay condiciones para subir más el ingreso de los trabajadores y esperando una mejora del porcentaje en el Senado -lo que no ocurrió-, finalmente ambos partidos dieron su visto bueno, ya que en caso de no votar a favor era probable que no hubiera ningún tipo de reajuste (ver recuadro).
Más allá de las polémicas, que incluyeron omisiones en la entrega de información a esa Bancada por parte del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, lo que quedó otra vez en la retina de la ciudadanía fue la incapacidad política para lograr avances mayores en torno a la real superación de la línea de la pobreza de la población, y a asegurar a los trabajadores que, al menos, no caerá su poder adquisitivo.
Arriendo de una pieza, un kilo de pan y transporte
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Claramente, la discusión sobre salario mínimo supera el mal estado actual de la macroeconomía, no obstante los argumentos majaderamente repetidos por el Ejecutivo y por quienes defendieron su propuesta, del bajo crecimiento que arrastra el país -que no es recesión-, del aumento del desempleo y la inestabilidad de la economía internacional.
Pero es difícil que esa explicación sea atendida por el más de un millón de trabajadores que -según estudios de la Fundación Sol, a partir de datos de la Encuesta Casen- hoy en día reciben el mínimo, y que se ven obligados a hacer verdaderos malabares para llegar a fin de mes.
Según análisis del mismo centro de estudios, en Chile la remuneración mínima de 250 mil pesos brutos alcanza, además de los pagos de las leyes sociales obligatorias, para el arriendo de una pieza básica, un kilo de pan al día y movilizarse al trabajo las 23 jornadas laborales de cada mes.
Tales gastos se desgranan en el 13,8% de los más de 30 mil pesos que suman un kilo de pan diario; 13%,6 por dos pasajes diarios del Transantiago durante ese lapso de tiempo (30.040 pesos); un 20% (50 mil) para cotizaciones de pensiones, salud y seguro de cesantía; quedando el 52,6% (131.580 pesos) del monto para el techo.
Si bien los datos oficiales del Ministerio del Trabajo, a partir de la Encuesta Laboral (ENCLA), dicen que de los 4.434.806 trabajadores chilenos, sólo el 14,3% percibe el salario mínimo, esas cifras son puestas en duda debido, entre otros factores, a que dicha encuesta es respondida por los empleadores, lo que le resta objetividad; y a que no considera a los trabajadores informales sin contrato, que han aumentado exponencialmente en los últimos años, llegando a aproximadamente un millón de personas.
No es todo. Según el estudio “Los Verdaderos Sueldos de Chile”, de la Fundación Sol, el 70% de los trabajadores chilenos gana menos de 450 mil pesos, y el 50% percibe menos de 305 mil líquidos.
También es complejo entender este razonamiento considerando que, según informaciones difundidas recientemente, durante los últimos meses del año en curso el sector privado ha obtenido utilidades de más del 25%.
La óptica de la CUT
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó la oferta del Gobierno, y planteó como reajuste un piso mínimo de 40 mil pesos en año y medio. De ahí que el debate pasara directamente al Congreso, y no se efectuara la tradicional negociación por el guarismo con los trabajadores.
Como han sostenido sus dirigentes en reiteradas ocasiones, el interés de la multisindical es que la remuneración mínima ideal logre cubrir la canasta básica solidaria de una familia, que hoy en día en Chile bordearía los 380 mil pesos.
El economista asesor de la CUT, Fernando Carmona, quien participó en la Comisión Asesora Salarial -conformada por representantes del Ejecutivo, trabajadores y empresarios-, sostuvo que “el objetivo del salario mínimo debe ser que los trabajadores que lo ganen puedan vivir con dignidad, lo que se logra cuando el mínimo puede sacar de la pobreza a este grupo de trabajadores y sus familias”.
Para el experto, “en números, las familias del decil I y II, que son los que ganan el mínimo, son en promedio cuatro personas, las que para salir de la pobreza necesitan al menos 365 mil pesos, que es lo que dice la Casen 2013 con la nueva metodología propuesta. Entonces aún estamos por debajo de lo que se necesita. La propuesta es hacer movimientos en el salario mínimo, para que en un periodo de tiempo determinado supere la línea de la pobreza, similar a la senda que se trazó Brasil”.
En la Central causó molestia la escasez del reajuste, sobre todo teniendo en cuenta que en 2014 acordaron con el Gobierno un aumento de 40 mil pesos en 18 meses, que contrasta con el recientemente visado consenso entre el Ministerio de Hacienda y el Parlamento: 26 mil pesos en 24 meses. Además tal convenio incluía el compromiso de la reforma laboral, que contemplaba la ahora objetada titularidad sindical.
Así, cuando el Ejecutivo presentó su postura, afinada junto a la Bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), a la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, surgió espontáneo el descontento por parte de la CUT.
Su presidenta, Bárbara Figueroa, enfatizó que “no sólo estamos en contra de la propuesta, la repudiamos. Los trabajadores, con esta propuesta, no están ganando más y aquí se trató de embaucar a los trabajadores. Si nosotros no hubiésemos venido ahora (a la comisión de Hacienda), no nos hubiésemos enterado de esto. Lo que hoy tenemos es un reajuste parcializado y que a dos años es insuficiente”.
¿Hacia un sueldo ético?
En abril se había reactivado la discusión acerca del llamado salario ético, luego que el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic abogara por la necesidad de equiparar la remuneración mínima al costo de la vida en el país, planteando que la cifra base de ingresos percibidos por todo trabajador debía ser aproximadamente de 400 mil pesos.
Goic subrayó el problema de “cómo superamos esta codicia que existe”, apelando a una justa distribución de las ganancias por parte de los dueños de una empresa, en base al aporte y la labor que cada uno de los trabajadores desarrolla para generar esos excedentes. “Si uno aplica el IPC y todas las alzas, ya se quedaron cortos los 250 mil”, insistió el religioso.
“En este país a veces hay bonos que los gobiernos ofrecen como una especie de subsidio y, claro, es bienvenido el bono porque ayuda, pero lo curioso es que hay mucha gente que trabaja y con el fruto de su trabajo no alcanza a cubrir los gastos. Uno esperaría que el sueldo logre satisfacer las necesidades fundamentales”, cuestionó.
Ya en ese entonces, el llamado de Goic generó diversas reacciones en el mundo político y sindical. Mientras algunos lo calificaron de “inviable” y otros lo criticaron por “inoportuno” en un contexto de bajo crecimiento económico, Bárbara Figueroa, la valoró. “Si se miran los datos, la línea de la pobreza está cercana a los 360, 380 mil pesos, por lo cual pensar en un salario mínimo que supere esa línea, es pensar en un salario superior a los 380, 400 mil pesos y más”, estimó.
En tanto, el ministro Valdés, definió al sueldo mínimo como un “arma de doble filo”. “Qué ocurriría si uno hace de un día para otro un aumento así: básicamente va a tener menos empleo. Y si el problema era que teníamos poca gente con empleo entre las familias más pobres, es mucho mejor que dos personas puedan trabajar en un hogar. Eso tenemos que cautelarlo”, advirtió.
Los argumentos del PC
En primera instancia, los parlamentarios comunistas votaron en contra de la iniciativa oficialista, concordando con la posición de los trabajadores, situación que les significó recibir una ola de críticas, incluso desde la propia Nueva Mayoría. El desacuerdo estaba relacionado con el monto y las justificaciones planteadas por el Ejecutivo, pero al ver que el proyecto pasaría a comisión mixta y que corría el riego de empeorar en cuanto a cifras, el PC decidió validar la propuesta.
El diputado de ese partido e integrante de la comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Lautaro Carmona, explicó que “los argumentos técnicos y reivindicativos que dimos, vinculados también a los trabajadores, siguen vigentes, nosotros queríamos un proyecto de salario que fuera a un año con un guarismo superior”.
Carmona recalcó que, pese a votar a favor, siguen manteniendo su rechazo:
“No tiene que ver con desdecirnos de nuestro juicio crítico, no tiene que ver con que ese juicio crítico es contribuyente o no a la Nueva Mayoría. La Nueva Mayoría no es un regimiento a la orden de un diputado que se le ocurre que el que no esté de acuerdo, dé un paso al lado, me parece un poquito pretencioso. Desde esa perspectiva que lo que hemos hecho es en conciencia y con argumento”.
Además, el parlamentario indicó que la las discrepancias surgieron por no haber mantenido una conversación previa:
“Es muy importante la explicación que dio el ministro de Hacienda en Sala, respecto de que efectivamente lo que nosotros dijimos ayer y lamentábamos, era el impedimento de un intercambio para que conocieran nuestra propuesta”.
“Se dio un debate abierto con presencia pública y donde hay diversidad de planteamientos, yo asumo con un igual móvil, mejorar las condiciones de los trabajadores, de todos los que ganan menos, para eso hay distintos caminos. Como no se construyó el espacio del intercambio previo, pre-legislativo, se ha hecho el debate en forma abierta”, concluyó.
Fuente: El Siglo
