Integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre ellos Manuel Guerrero Antequera, hijo de uno de los tres profesionales comunistas degollados en 1985, se encadenaron en la sede del Congreso en Santiago, con el fin de rechazar la decisión de la Tercera Sala de la Corte Suprema, de conceder beneficios, incluso libertades condicionales, a algunos reos de Punta Peuco condenados por crímenes de lesa humanidad.
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«Cuando hoy día se quiere tergiversar la historia y se quiere instalar como víctimas a quienes son peligrosos criminales de lesa humanidad, no lo podemos aceptar», señaló la presidenta de la agrupación, Lorena Pizarro.
Tras esto, explicó que «estamos exigiendo de parte del Senado y de parte del Poder Judicial que termine con este escándalo, esta complicidad para con los criminales. Pero en la misma dirección, le exigimos a la Presidenta -porque ya lo hemos hecho hasta la saciedad- el cierre del penal Punta Peuco».
Actualmente existen tres proyectos que se buscan discutir en el Congreso. Uno de ellos es impulsado por el senador PPD Eugenio Tuma quien defendió la iniciativa, asegurando que es valiosa desde el punto de vista de la proyección a los derechos humanos.
Senadores piden liberar crimianles
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Un oficio a la Presidenta de la República enviaron 19 senadores pidiéndole que adopte las medidas administrativas para dar cumplimiento al derecho penal humanitario. Esto, específicamente en la aplicación de penas privativas de libertad a condenados aquejados de enfermedades graves e incurables, sin discriminación alguna.
De esta manera, más de la mitad de los legisladores en ejercicio se suman al llamado que hizo a principios de año el sacerdote jesuita Fernando Montes, que abrió el debate en particular sobre los ancianos enfermos de Punta Peuco y pidió que los beneficios fueran por igual a los condenados ancianos de todo el país.
Los senadores que firman el oficio son Alejandro Guillier (Independiente pro Nueva Mayoría), Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), Ena Von Baer (UD), Andrés Allamand (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Francisco Chahuán (RN), Alberto Espina (RN), José García Ruminot (RN), Alejandro García Huidobro (UDI), Antonio Horvath (Independiente ex RN)), Hernán Larraín (UDI), Manuel Antonio Matta (DC), Iván Moreira (UDI), Manuel José Ossandón (RN), Víctor Pérez Varela (UDI), Jorge Pizarro (DC), Baldo Prokurica (RN), Eugenio Tuma (PPD) y Andrés Zaldívar (DC).
Consultado el senador Pizarro por qué apoyó esta iniciativa, respondió: «Por eso mismo, por razones humanitarias».
El oficio a Bachelet
En el oficio que envían a Bachelet, los congresistas recuerdan que las denominadas razones humanitarias han sido invocadas en el Congreso para fundamentar la llamada «eutanasia activa» en una moción entre cuyos autores figuran dos senadores socialistas: Isabel Allende y Fulvio Rossi, además del actual ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz Díaz, «existiendo un claro precedente acerca de la existencia y alcances de este principio como fundamento de las normas penales».
Y que diversas personalidades del quehacer nacional, de reconocida trayectoria personal y profesional en la defensa de los derechos humanos, como el ex rector de la Universidad Alberto Hurtado, S.J. Fernando Montes, y el abogado Héctor Salazar, al igual que la ex presidenta del CDE Clara Szczaranski, han manifestado la necesidad de reconocer este principio en la aplicación de las penas privativas de libertad de todos los reos condenados, sin discriminación de ninguna naturaleza.
Por eso piden a la máxima autoridad del país que, si lo estima adecuado, adopte las medidas administrativas necesarias para que se apliquen estos derechos en enfermos graves e incurables.
Ya hay dos proyectos La medida se suma a dos proyectos que se han presentado en los últimos días sobre el tema. El primero, fechado el 8 de junio, lo patrocinan los senadores Lily Pérez (RN), Alejandro Navarro (MAS) y Manuel José Ossandón (RN). Este modifica la ley 18.216, que establece penas sustitutivas, introduciéndole un artículo 33 bis que dice que cuando a un condenado se le diagnosticare una enfermedad de carácter grave, cuyo tratamiento resulte incompatible con las atenciones que pueda brindar el recinto penitenciario, el tribunal podrá reemplazar la pena privativa de libertad por el régimen de libertad vigilada intensiva.
El segundo proyecto lo presentaron el 14 de este mes los senadores Baldo Prokurica (RN), Iván Moreira (UDI) y Francisco Chahuán (RN). Modifica el artículo 87 del Código Penal para establecer el cumplimiento alternativo de la condena de los adultos mayores.
Sin embargo, todas estas iniciativas pro impunidad chocan contra dos argumentos inamovibles.
Primero, el derecho universal humanitario ha dado sufiecientemente por sentado que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles e inamnistiables.
Segundo, cualquier beneficio no puede darse sin un arrepentmiento eficaz.
En Chile, los que impulsan estas medidas de impunidad, falsamente desfrazadas de «derecho humanitario», olvidan que los criminales que quieren liberar jamás se han arrepentido, y nunca han pedido perdón. Al contrario, cada vez que han podido, invocan el argumento de la obediencia debida y «haber cumplido un deber».
En Chile, no está garantizado el nunca más. Y mientras ello no suceda, conceder beneficios a criminales es, simplemente, profundizar la impunidad, con todas las consecuencias sociales que ello implica.
Tucapel Jiménez: “Los reos de Punta Peuco han vivido de beneficios”
El diputado del PPD Tucapel Jiménez, hijo del homónimo líder de la ANEF asesinado en Dictadura, criticó la presentación de proyectos de ley en el Senado que buscan otorgar beneficios carcelarios a distintos reos, incluidos quienes cumplen condena por violaciones a los DDHH.
Si bien, plantea que le “hace sentido” diferenciarse de las personas que están presas, y actuar con humanidad y valores distintos a los que ellos tuvieron en su momento, el problema que vislumbra tiene que ver con que “las personas que están condenadas en Punta Peuco han vivido de beneficios”, y que todo sería más simple, tal vez, si ellos desde un principio hubiesen estado privados de libertad de una cárcel pública, como el resto de los chilenos.
“Los chilenos sienten hoy día que ellos han estado llenos de privilegios desde la hora en que los procesaban, de la hora de la condena que se les aplicaba la media prescripción, de las condenas bajísimas, de que los abogados eran pagados por todos los chilenos porque eran pagados por el Ejército, y a la hora de cumplir la condena, más encima se iban a un recinto diferente al resto del que se iría el resto de los chilenos con un último privilegio que es cumplir la condena en un recinto especial”.
Por eso, el diputado cree que entregarles el beneficio por enfermedad, es entregarle un privilegio más a todos los que ya detentan, ” y eso es lo que complica todo”, pero que visto desde la parte humana, él no se podría oponer a que termine su condena en su hogar, en caso, por ejemplo, que sufran una enfermedad terminal.
No obstante, Tucapel Jiménez reiteró que le cuesta entender que se presente un proyecto de este tenor, dados los beneficios que a diario reciben estos reos:
“Acá estamos hablando de otra cosa, es dar un beneficio especial para que una persona, entiendo, con una enfermedad terminal -yo no he leído el proyecto- pueda cumplir esa condena en la casa, pero si no basta el hecho que una persona esté enferma para irse a la casa, porque, te insisto, estando en un recinto carcelario, esa persona recibe el acceso a la salud como cualquier otro chileno, tú ves que en Punta Peuco salen todas las semanas al Hospital Militar hasta para el dentista, por lo tanto tienen muchas veces más, incluso, acceso a la salud que cualquier ciudadano común y corriente”.
