La historia muestra que los poderes económicos y políticos, en cada época, han buscado corromper a las fuerzas armadas de muchas maneras. Y ello nos ha llevado a grandes tragedias: sangrientas guerras civiles en el siglo XIX, cruentos golpes de Estado en el siglo XX, desfalcos millonarios de las arcas fiscales, connivencias vergonzantes con potencias extranjeras, dictaduras opresivas, crímenes de lesa humanidad, masacres indiscriminadas.
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Se trata de una larga cadena de hechos vergonzosos e indesmentibles. También sabemos que tras esos hechos hay responsables, partiendo por generales y almirantes arrastrados por su codicia, ambición y afán de poder. Pero sobre todo por la acción de agentes corruptores desde el campo civil: financistas, especuladores, latifundistas, embajadores de las grandes potencias, traficantes de armas, políticos golpistas y medios de comunicación que manipularon la información y avalaron esas tropelías.
Durante una parte del siglo XX, especialmente entre 1932 y 1973, las FF.AA. chilenas fueron logrando una progresiva legitimidad.
La ciudadanía las fue percibiendo poco a poco como instituciones republicanas, que sin ser perfectas, reflejaban los valores de una sociedad austera, trabajadora, sencilla, volcada hacia objetivos de desarrollo nacional.
Esta percepción se reflejó incluso durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, y explica por qué una parte de la Izquierda no podía creer en la tesis de un golpe de Estado, porque se confiaba en sus soldados. Recordaban la rectitud del general René Schneider, asesinado por la derecha, y percibían el compromiso con la causa de la patria del general Carlos Prats, del almirante Raúl Montero y del general director de Carabineros, José María Sepúlveda, presente esa mañana en La Moneda junto al presidente Allende.
Como ellos, una pléyade de militares, marinos, aviadores, carabineros, detectives y gendarmes concitaban el respeto de una ciudadanía que aprendió a verlos como profesionales eficaces, desinteresados, patriotas, incorruptibles. Una larga lista de ellos vivieron en carne propia la muerte, la tortura, el exilio, y la degradación humillante de mano de sus ex compañeros de armas.
Raíces de la corrupción
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Lamentablemente no todos los militares mantuvieron la misma entereza. Persuadidos por la derecha sediciosa, envalentonados por la prensa golpista y sobornados por el dinero fácil de la CIA y otras agencias norteamericanas, un grupo de generales y almirantes rastreros puso precio vil a su insubordinación. En el momento del golpe no sólo traicionaron a la patria con su deslealtad a la institucionalidad democrática.
En ese instante también inocularon en las FF.AA. el germen de una corrupción estructural y endémica de la que no han podido salir.
Rota la lealtad al mando civil, Pinochet y sus cómplices se sintieron libres para modificar la legislación a su antojo, sin más control que su propia voluntad. Esto es lo que permitió que saquearan ininterrumpidamente el país durante diecisiete años.
No satisfechos con ello, idearon un entramado jurídico para prolongar el saqueo en el futuro, de modo estructural y permanente. Una pieza clave en ese plan fue el Decreto Ley 984 de 1975 que reformó la Ley Reservada del Cobre, de forma que obligó a hacer entrega del 10% de los ingresos brutos de Codelco a las FF.AA., garantizando un piso mínimo de 180 millones de dólares anuales, los que no necesitan ser incluidos en la contabilidad general de la nación.
Como se señala en su art. 2º:
“Las entregas de fondos que deben realizarse en cumplimiento a lo establecido en el presente decreto ley, se harán en forma reservada; se mantendrán en cuentas secretas, se contabilizarán en forma reservada y su inversión, ya sea en compras de contado o en operaciones a crédito, pago de cuotas al contado o servicio de los créditos, se dispondrá mediante decretos supremos reservados exentos de toma de razón y refrendación”.
Con semejante opacidad se crearon las condiciones ideales para que los altos oficiales y las estructuras administrativas de las FF.AA. pudieran disponer de impunidad en sus operaciones.
Vale recordar que el dictador Pinochet ganó “legalmente” un millón 427 mil dólares, de acuerdo a sus salarios oficiales entre 1973 y 2003.
Pero el caso Riggs demostró que su patrimonio superaba los 21 millones de dólares con recursos que varios generales de su confianza robaban de los gastos reservados para traspasarlos a los cuentas secretas del tirano.
Ello es sólo lo que se ha probado judicialmente hasta este momento, sin tomar en cuenta las 135 propiedades inmuebles traspasadas a Cema Chile, y que permanecen en su poder, incluyendo plazas públicas y paños de terrenos municipales.
El saqueo se hace estructural
Han pasado más de cuarenta años del golpe y más de veinticinco desde el fin de la dictadura, pero la legitimidad de las FF.AA. no se ha vuelto a recuperar. No es culpa de la memoria obstinada de quienes no olvidamos los crímenes del pasado.
Si se revisa la agenda noticiosa de estas semanas encontraremos una ola de escándalos que remecen la estructura misma de los institutos armados:
• Las acusaciones al ex comandante en jefe del ejército, general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, cuestionado por su abultado patrimonio que ascendería a unos tres mil millones de pesos, imposibles de justificar de acuerdo a su salario nominal.
• El involucramiento de personal activo del ejército en la captación de fondos para AC Inversions, una estafa piramidal que ha defraudado más de 50 mil millones de pesos.
• Las denuncias por contratos irregulares y entrega de pasaportes diplomáticos a los hijos del actual comandante en jefe del ejército, general Humberto Oviedo, durante su paso como jefe de la Misión Militar en Estados Unidos en 2010.
• El caso “Milicogate”, destapado por el periodista Mauricio Weibel y que apunta a un fraude millonario ocurrido entre enero de 2010 y marzo de 2014, que operó mediante el pago de cientos de facturas falsas, al amparo de la opacidad de la ley reservada del cobre.
Esta serie de escándalos simultáneos ha puesto al descubierto la verdadera naturaleza de las FF.AA. que nominalmente se instituyeron durante la dictadura como protectores del modelo neoliberal. Y explica la crisis de legitimidad de los cuerpos armados ante la ciudadanía.
Solo el pueblo puede regenerar a las FF.AA.
Más allá de este saqueo, que beneficia a los altos mandos, la población percibe un cuerpo militar escindido de la realidad nacional, que cuenta con beneficios sociales extraordinarios: becas generosas, establecimientos escolares especiales para sus hijos, pensiones dignas que incluyen a las viudas y herederas solteras, un óptimo sistema de salud, vivienda accesible, clubes recreativos, seguridad garantizada, etc. Mientas la inmensa mayoría de los chilenos vive en la precariedad económica y la inseguridad social.
A la vez, la Constitución encarga a las FF.AA. actuar como “garantes” de este sistema político y económico, partidizando de forma estructural su identidad.
El resultado es previsible: exceptuando a las elites económicas, la sociedad percibe a sus militares como un cuerpo ajeno, amenazante, que constituye una carga financiera injusta y un límite en el ejercicio de su soberanía popular.
Es evidente que para el sector más profesionalizado de las FF.AA. esta situación no da para más. Quienes han asumido su carrera militar bajo criterios éticos, sentido del deber y sincero patriotismo, el escenario actual constituye una deshonra, que empaña a todos por igual, sin importar su verdadera responsabilidad.
Se trata de una traba estructural que impide que las instituciones militares puedan cumplir a cabalidad su misión. No hay mayor amenaza a la seguridad nacional que unas fuerzas armadas corruptas, que se dejen conducir de acuerdo a los caprichos y veleidades de un corruptor.
Como dice Maquiavelo, cuando eso ocurre ya no se trata de un ejército sino de una banda de mercenarios, ingratos, volubles, que simulan lo que no son, huyen del peligro, y están ávidos de ganancia(1).
La definición tradicional sostiene que las fuerzas armadas ejercen el “monopolio del uso legítimo de la violencia del Estado”(2). La idea de la legitimidad no es un mero adorno o un detalle.
En ella descansa la razón de su existencia y su eficacia. Si la legitimidad se disuelve o se ve cuestionada lo que queda es el monopolio de una violencia irracional, injusta o criminal. La mera fuerza sigue operando, pero se ve desprovista de su potencia estratégica y de su reconocimiento cívico, por lo que más temprano que tarde se vuelve impotente y estéril.
La única salida pasa porque este sector del mundo castrense alce su voz y demande una reforma democrática profunda a sus instituciones, pidiendo un quiebre definitivo con las raíces podridas del pinochetismo, y un nuevo punto de inicio, transparente, de cara al pueblo y junto al pueblo, luchando por una verdadera democracia y un proyecto nacional de desarrollo económico y social.
Fuente: Editorial de “Punto Final”, edición Nº 851, 13 de mayo 2016.
Notas:
(1) Maquiavelo, Nicolás: El príncipe. Alianza, Madrid, 2010, p. 116.
(2) Weber, Max: “La política como vocación” en El político y el científico. Alianza, Madrid, 1998.
