El Tribunal Constitucional acogió en parte los requerimientos presentados por senadores y diputados de oposición en contra de cuatro normas del proyecto de reforma laboral. De este modo se declaró inconstitucional la titularidad sindical; en rigor, el corazón de la reforma, mientras rechazó de forma parcial la impugnación contra la norma de extensión de beneficios.
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En cuanto a los otros dos normas la negociación interempresa y el derecho a la información para la negociación colectiva, se rechazó la impugnación.
Los fallos del Tribunal Constitucional no son apelables por lo que el Ejecutivo deberá promulgar la reforma laboral, que fue despachada por el Congreso el 6 de abril, sin la norma relativa a la titularidad sindical.
Dicha norma establecía la exclusividad de los sindicatos para la negociación colectiva y por tanto la prohibición de la existencia de grupos negociadores -distintos a los sindicatos- en aquellas firmas donde ya exista una organización sindical constituida.
El abogado y secretario del TC, Rodrigo Pica, confirmó -tras más de siete horas de sesión- esta decisión, que significa que se cayó el corazón del proyecto.
«En cuanto a la solicitud de inconstitucionalidad de la titularidad sindical de la negociación colectiva, se acordó acoger la pretensión de inconstitucionalidad por seis votos contra cuatro», declaró.
En tanto, respecto a la extensión de beneficios, el tribunal declaró inconstitucional el extender los beneficios a los nuevos afiliados al sindicato, «rechazándose en lo demás por empate de votos, con un voto en particular».
«Las normas declaradas inconstitucionales no pueden convertirse en Ley de la República y quedan excluidas del proyecto de ley», aclaró Pica.
La decisión se conoce tras dos extensas jornadas de exposición de argumentos y de confrontación de posturas, no obstante el fallo y los motivos se conocerán a más tardar el próximo 9 de mayo.
«No es una sentencia sencilla», remarcó el secretario del TC.
Este medio ya lo había anticipado: era una decisión que se podía dar por descontada.
Lo que los chilenos deben hacer es declarar inconstitucional a esa farsa de tribunal, denominada Tribunal Constitucional.
Para ello, el camino más corto es participar activamente en el Proceso Constitucional, de forma que desemboque en una nueva Constitución que elimine esta rémora de la dictadura.
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