Más de 30 constituyentes independientes provenientes de la Lista del Pueblo, movimientos sociales y representantes de pueblos originarios, se articularon en lo que denominaron Vocería de los Pueblos, y formularon un primer pronunciamiento conjunto, en el que establecieron seis condiciones para la legitimidad del proceso constituyente.
En la declaración titulada “Vocería de los pueblos de la revuelta popular constituyente”, el grupo estableció que “el poder constituyente originario es un poder plenamente autónomo que se establece para reordenar el cuerpo político de una sociedad, teniendo como límites el respeto de los derechos fundamentales. En consecuencia, el proceso abierto por los pueblos no puede ser limitado a la redacción de una nueva Constitución bajo reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular, reafirmando su carácter constituyente sostenido en la amplia deliberación popular y la movilización social dentro y fuera de la convención”.
El documento agrega:
“Llamamos a hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que debe darse, sin subordinarnos a un Acuerdo por la Paz que nunca suscribieron los pueblos. Lo afirmamos también respecto de toda la institucionalidad de nuestro país, que habrá de someterse al fin a la deliberación popular”.
Además, presentaron, como “garantías democráticas” de cara a la Convención, la “libertad, verdad y justicia, reparación, desmilitarización, fin a las expulsiones, y soberanía”; «fin a la prisión política en Chile, liberando todas las y los presos de la revuelta y mapuche”; “fin a los pactos de secreto y la total impunidad por la violación sistemática de los Derechos Humanos de ayer y hoy”; «reconocimiento y reparación a todas las miles de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos”; “abrir paso a un Estado plurinacional», «fin a la ocupación del Estado sobre territorios mapuche”; «terminar expulsiones, persecución y criminalización de personas migrantes”; y «el proceso abierto por los pueblos no puede ser limitado a la redacción de una nueva constitución bajo reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular”.
“Como constituyentes portadoras y portadores de mandatos colectivos que provienen de territorios, movimientos y organizaciones sociales, manifestamos nuestro compromiso democrático con el ejercicio soberano de los pueblos. Pusimos el pie en el portal para ingresar a raudales a la Convención y no permitiremos que tras de nosotras y nosotros se cierre la puerta”, expresaron.
“Llamamos a hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que debe darse, sin subordinarnos a un Acuerdo por la Paz que nunca suscribieron los pueblos. Lo afirmamos también respecto de toda la institucionalidad de nuestro país, que habrá de someterse al fin a la deliberación popular”, indicaron los constituyentes.
La constituyente electa por el distrito 12, Alondra Carrillo, señaló que esta unión no es nueva, sino que responde a un largo trabajo que han generado los movimientos sociales previo a la elección:
“Es una materialización de esa articulación que precede a la Convención Constitucional que nos muestra que los movimientos sociales y los pueblos originarios estamos articulados más allá de las listas electorales y que ese momento de disputa electoral fue un momento, que antecedió al inicio de la Convención Constitucional y que hoy estamos en un nuevo momento, en el que esas articulaciones sociales las ponemos por delante, las concretamos en la constitución de un espacio permanente con el que nos hemos comprometido para ir conversando”, señaló.
Esta es la primera articulación de independientes que se presenta en el marco de la Convención Constitucional a la que además adhieren algunos representantes de pueblos originarios, desde donde se ha manifestado la expectativa de que este proceso sea un momento histórico para que al fin se reconozcan sus derechos.
Sobre este punto, Rosa Catrileo, constituyente electa por escaños reservados del pueblo mapuche, comentó que esperan que el espíritu que se conforma en este grupo esté ampliamente presente en la Convención.
“Hay muchas comunidades que ven con legítima desconfianza este proceso. Nosotros nos hacemos cargo de ello porque el Estado siempre ha tenido un actuar represivo en contra de nuestras comunidades, sin embargo, creemos que esta Convención puede ser una herramienta para caminar y para dar un paso hacia lo que nosotros denominamos los procesos de autonomía, hacia un futuro en que nosotros podamos decidir como pueblos autónomos sobre nuestro futuro, sobre nuestra institucionalidad, sobre nuestras autoridades”, expresó.
“Este espacio contribuye para ello, de pueblo a pueblo y eso es lo que valoramos y esperamos se mantengan en la Convención”, agregó.
La Vocería de los Pueblos agrupa a constituyentes de la Lista del Pueblo, de escaños reservados para pueblos originarios e independientes, en una articulación que funcionará como bancada al interior de la Convención. Los 34 representan el 21,94% de los constituyentes electos, es decir, poco más de un quinto del órgano que debería comenzar a funcionar en un mes más.
Por ahora, en la Vocería de los Pueblos no participa toda la Lista del Pueblo, conformada por 27 convencionales y solo se han integrado quienes respondieron a la organización post elecciones. La constituyente del Distrito 12, Alondra Carrillo, indicó:
“Esta articulación no está cerrada, están invitadas a sumarse todas aquellas que provienen de movimientos y luchas sociales y que responden a mandatos colectivos”.
Respecto a las movilizaciones durante el proceso constituyente, Bastián Labbe, de la Asamblea Popular Constituyente del Distrito 20, remarcó que existe claridad en que “el proceso constituyente debe ser acompañado con movilización, con manifestación y con el desborde del proceso constitucional”.
Por su parte, Manuela Royo, del Distrito 23 e integrante de Modatima, resaltó:
“Es muy importante dejar en claro que no estamos de acuerdo -bajo ningún punto de vista- de las imposiciones por parte de este gobierno respecto al reglamento” y rechazó el “funcionamiento de las fuerzas policiales para el funcionamiento de este proceso constituyente”.
