El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, dijo que de cumplirse las condiciones mínimas, ex militares que cometieron crímenes de lesa humanidad pudieran cumplir condenas en cárceles públicas. Gómez hizo el pronunciamiento en ocasión del seminario «10 años de la Ley 19.971 de Arbitraje Internacional: Evaluación y Desafíos», aunque antes causó polémica al señalar que juntar a ex militares con presos comunes puede ser peligroso.
Sin embargo, el cierre definitivo del penal Cordillera y denuncias respecto a los privilegios que disfrutan los exintegrantes de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en algunos centros penitenciarios, vuelve al centro del debate luego de que el jefe de la tenebrosa DINA, el exgeneral Manuel Contreras, fuera trasladado a un hospital por problemas renales.
Contreras cumple dos sentencias de cadena perpetua, además de unos 300 años de cárcel por numerosos crímenes políticos en la dictadura de Pinochet, en que fue jefe de la represión a partidarios del derrocado presidente Salvador Allende.
Fue quien urdió los atentados letales contra el excanciller Orlando Letelier (en Washington) y Carlos Prats (en Buenos Aires), así como intento de asesinato contra Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno (en Roma).
El ex militar estuvo preso en la Cordillera y luego fue pasado a Punta Peuco, dos cárceles especiales que cuentan con numerosas comodidades.
Los médicos descartaron que los problemas renales que motivan diálisis periódicas sean de cuidado, pero la situación coincide con una nueva sentencia que decretó la Justicia en su contra por la denominada Operación Colombo.
