Por Karol Cariola
DURANTE las manifestaciones de 2011, muchas veces discutimos cuáles serían los tiempos políticos de la movilización y lo importante que era proyectarla en ascenso. Partíamos con convocatorias masivas, como marchas y concentraciones; luego buscábamos mecanismos lúdicos, desde cuerpos pintados, actos culturales, videos y bailes masivos frente a alguna institución, como el inolvidable “Thriller por la educación”.
Sin embargo, en algún momento nos veíamos en la necesidad de tomar medidas más radicales, y “el paro” y “la toma” se transformaban en dos de los recursos con más efecto para la presión. Decidir tomarnos el colegio o la universidad siempre lo vimos como un recurso preciado en el proceso de movilización, y lo hacíamos con mucha responsabilidad.
El movimiento estudiantil ha sido un ejemplo de dignidad y entusiasmo en la lucha por la construcción de un mejor país. No ha podido ser deslegitimado, pese a todos los intentos de enlodarlo. Hemos visto cómo infiltraciones en las marchas, pensadas para identificar al movimiento con la violencia, no han tenido otro efecto que incrementar el apoyo hacia los estudiantes y sus consignas.
Si no fuera por la lucha iniciada por los estudiantes -a la que se sumó la ciudadanía en su conjunto-, una reforma educacional en Chile no hubiese sido posible. Es por eso que me parece extemporánea, fuera de lugar y sorprendente la resolución de la Corte de Apelaciones. En tiempos en los que nuestro país cambia y avanza hacia una verdadera democratización, se toman decisiones como esta, que buscan restringir la libre expresión de estudiantes, que de manera consciente y organizada buscan expresar una opinión.
Todo esto se define con el voto de la mayoría, pero no la totalidad de los ministros de la corte, ya que a toda vista queda claro que el argumento que han utilizado -que “las tomas”, como mecanismo de movilización, violan el derecho a la libertad de enseñanza- no es lo suficientemente contundente para que el Poder Judicial busque intervenir y desechar lo que la sociedad civil ha logrado avanzar a través de un protocolo de acuerdo democrático entre los estudiantes y el municipio, que establece requisitos para la procedencia y mantenimiento de tomas o paralizaciones en el recinto educacional. Este acto de civilidad hoy se intenta deslegitimar y dejar sin efecto.
El protocolo suscrito fue un acto democrático que hace honor a la formación que reciben los privilegiados institutanos. Que tienen, además, sobre sus hombros la responsabilidad de educarse en un colegio público que lleva el nombre de José Miguel Carrera, hombre valiente que siempre luchó de manera decidida por aquellas cosas que le parecían justas.
Es por eso que estoy convencida de que ni las leyes mal hechas, ni decretos absurdos, ni sentencias injustificadas serán capaces de cohibir el ímpetu y la fuerza que caracterizan a los estudiantes de una institución profundamente pública, profundamente humana, profundamente laica y profundamente republicana, que forma a sus estudiantes no sólo en las aulas, sino que también en la construcción cívica de la organización estudiantil.
Resulta evidente que detrás de toda esta operación están aquellos que ven en los estudiantes un peligro para sus intereses económicos, porque se oculta una decisión política a través de una resolución judicial. Los estudiantes han sido protagonistas de un nuevo momento político para Chile, que a muchos nos llena de esperanza y nos incita a trabajar por materializar los cambios que hemos esperado durante tantos años.
