Mientras la comisión de Minería de la Cámara de Diputados, rechazó por 7 a 5 el proyecto de royalty al cobre y el litio, al tiempo que el gobierno y los gremios empresariales de la minería se lanzaron en picada contra el proyecto, el debate no se detiene.

Un grupo de profesionales y trabajadores del sector minero elaboraron una propuesta de política minera que constituye un importante aporte en este peculiar debate constitucional bajo pandemia.

La versación técnica, y una fundada argumentación acerca de la necesidad de una nueva política del cobre, lo tornan en un insumo imprescindible, y un documento de urgente difusión.

Minería para un nuevo modelo de desarrollo: elementos para el debate

Se presentan las bases de una política minera que deje atrás el extractivismo actual y considere un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental.

Esta nueva minería debe ir en beneficio de todo el país, ser sustentable, respetar a las comunidades, proveer condiciones de trabajo dignas, sin discriminación de género, y con respeto a las organizaciones sindicales.

Para ello, urge re-nacionalizar la gran minería del cobre y terminar con las concesiones plenas, asegurando así una captura efectiva de la renta y generación de valor, que permita poner a la minería al servicio de las necesidades de Chile y su pueblo.

Esta nueva minería debe estar en coherencia con el nuevo modelo de desarrollo que requiere el país, y debe quedar escrita en la nueva constitución.

Introducción

Estamos en un momento crucial de nuestra historia: por primera vez, gracias a la decidida lucha del pueblo, tendremos la oportunidad de escribir una nueva constitución, donde podremos plasmar los sueños que tenemos como sociedad y sepultar el nefasto modelo neoliberal.

Un aspecto clave que debe estar presente en la nueva constitución es la formulación de un nuevo modelo de desarrollo, que vaya en beneficio de todo el país. Este debe ser un desarrollo soberano, que recupere los bienes comunes estratégicos para el pueblo y las naciones, y asegure condiciones de trabajo decente, garantizando la intangibilidad de los salarios, sin discriminación de género y con pleno respeto por el medio ambiente, las comunidades y pueblos originarios.

El diseño de una nueva política minera es la parte esencial de ese nuevo modelo de desarrollo. Debemos pensar en la elaboración de una política minera que deje atrás el extractivismo, y que se base en la agregación de valor, aguas arriba y aguas abajo, con integración de encadenamientos productivos locales.

Del mismo modo, esta política minera deberá tener como objetivo el beneficio de Chile y su pueblo.

Luego, la gran minería del cobre debe reservarse a empresas del estado, así como otros sectores estratégicos de la minería, como el litio, deben reservarse al estado o a empresas controladas por el estado en asociación con privados, asegurando la captura plena de la renta.

Elementos transversales de cualquier política minera para el siglo XXI son por supuesto el pleno respeto a los Derechos Humanos, el medio ambiente y la población.

Del mismo modo, debe reconocerse que el principal activo, sin el cual ninguna actividad es posible, son los y las trabajadore/as: se requiere trabajo decente, con condiciones dignas, sin discriminación de género, y con respeto por sus organizaciones sindicales.

En lo que sigue, discutimos y presentamos los elementos principales para una política minera al servicio de Chile y su pueblo, y que deben ser coherentes con las demandas levantadas a partir de la rebelión popular del 18/O.

I. La situación de la minería: elementos para un diagnóstico

Chile demanda un profundo cambio político, social y económico. En particular, el modelo económico que actualmente nos rige, diseñado por la dictadura y profundizado por los gobiernos de la Concertación, se basa en la exportación de los recursos naturales, con bajo valor agregado, y con una ocupación ínfima de trabajadores (menos del 2% de la fuerza laboral trabaja en la gran minería).

Se trata de un capitalismo rentista que va en desmedro de otros sectores productivos, pues no permite el desarrollo industrial manufacturero, no utiliza la inteligencia de la gente, ni tampoco incorpora ciencia y tecnología para aumentar la complejidad económica.

Este modelo rentista produce una enorme desigualdad social, y en definitiva, genera un perjuicio enorme a la economía y en especial, a las condiciones de vida y trabajo de la población, con el consiguiente daño a la propia democracia.

La columna vertebral del modelo rentista lo constituye la actual gran minería del cobre, que representa alrededor del 10% del PIB. Se trata de un sector mayoritariamente privado, donde nueve grandes empresas extranjeras manejan más del 70% de la producción, con escasa generación de valor.

El resto lo produce la empresa estatal Codelco. En efecto, desde el 2006 hasta hoy, con el 30% de la producción, Codelco ha aportado el 51% de la recaudación fiscal por tributación minera. Los privados en el mismo período han extraído el 70% del cobre producido y han aportado al Estado sólo el 49% de la recaudación fiscal. Hasta el año 2003, las empresas de la minería privada no habían tributado un peso, con la sola excepción de una de ellas, que tributó poco.

Codelco en cambio ha venido entregando al estado desde el año 1971 más de un quinto de cada tonelada producida. Es decir, el estado prácticamente no captura la renta de la minería privada, y además ésta practica evasión y elusión de impuestos.

El modelo minero vigente incurre a menudo en faltas ambientales graves y no respeta a las comunidades. Tampoco contempla alternativas para la etapa de agotamiento de una explotación minera. Cuando el recurso se agota, la región solo queda con el pasivo ambiental resultante, manifestado hoy día en la situación de los 740 relaves existentes: 101 activos, 469 no activos y 170 abandonados, además de napas freáticas y suelos contaminados.

Junto a esta gran minería, existe una mediana y pequeña minería, que es la que ocupa mayor número de trabajadores, pero que está precarizada, sin las condiciones mínimas de trabajo. Chile ha sido históricamente un país minero, y tal vez lo seguirá siendo por un largo tiempo. Sin embargo, el modelo actual de minería no puede continuar, y debe haber una transformación radical.

Este modelo de minería se ha desarrollado amparado por la actual Constitución Política, que restringe la actividad del Estado y le otorga un rol meramente subsidiario; por la Ley Orgánica de Concesiones Mineras y el Código Minero, que le otorga facilidades y regalías enormes a los privados, en desmedro de todos los habitantes del país a quienes pertenecen los recursos naturales. El desafío del momento es por tanto, plantear en la discusión constitucional la necesidad de un estado emprendedor, con capacidad empresarial, y por cierto la derogación de la infame ley de concesiones plenas y código minero.

En tal sentido la nueva Constitución debe acabar con el absurdo de la actual, que manteniendo el histórico párrafo de la nacionalización de 1971 que establece que el “Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”, ha permitido al mismo tiempo que empresas privadas se apropien en concesión plena, sin pagar un peso y a perpetuidad, del todo el subsuelo de Chile desde Arica a Tierra del Fuego.

Un breve resumen de la situación minera lleva a decir que:

• Chile es un país minero, pero vive un extractivismo salvaje y primitivo
• La gran minería, que es en base al cobre, está mayoritariamente en manos privadas, y se explotan las riquezas
• sin captura efectiva de renta
• sin agregación de valor
• sin encadenamientos productivos locales.
• Tampoco se asumen los temas fundamentales del siglo XXI:

1. respeto irrestricto al medio ambiente, y por tanto, realización de una actividad minera sustentable, cuidando al agua, la energía y los recursos naturales,
2. respeto a las comunidades y pueblos indígenas,
3. condiciones de trabajo dignas, sin discriminación de género, y con respeto por las organizaciones sindicales.

Esto plantea de inmediato la necesidad de un cambio estructural profundo, y por tanto, establecer las bases de una propuesta que permita una minería soberana y sustentable, en beneficio de todo el país.

II. Propuestas para una política minera soberana, al servicio del país

La redacción de una nueva Constitución abre oportunidades para pensar en una nueva política minera, al servicio de Chile y su pueblo. Esta política minera debe basarse en algunos ejes principales. Ciertamente un aspecto central, que debe cruzar toda la discusión sobre una nueva política minera para el siglo XXI es, por un lado, la necesidad de que sea sustentable, es decir, que sea compatible con los recursos de que dispone una región o una sociedad, y por otro, tenga pleno respeto a las comunidades y pueblos originarios.

En efecto, los tres ingredientes estratégicos para la minería son el agua, la energía y los insumos. Tanto el agua como la energía son los dos elementos críticos del siglo XXI. Y por tanto, cualquier política de desarrollo, y en particular minera, debe contemplar este aspecto no como un agregado a tener en cuenta, sino como parte principal de su formulación. O la minería es sustentable, o no es.

Del mismo modo, ninguna faena o actividad minera podrá desarrollarse si no cuenta con el apoyo de la comunidad. Y por tanto, esto significa un ejercicio de deliberación y democracia local que deberá ser parte integrante de cualquier proyecto. Ciertamente ambas cosas, la sustentabilidad y el respeto a la comunidad son elementos que profundizan nuestra democracia.

Una política que apunte hacia una minería sustentable y soberana debe equilibrar de manera coherente los aspectos social, económico y ambiental. Del mismo modo, debe cautelar el interés público; debe generar beneficios para la sociedad en su conjunto; debe asegurar el resguardo de las áreas de valor ambiental afectadas directamente e indirectamente por la actividad minera; debe respetar y velar por la inclusión de la comunidades aledañas; debe proveer condiciones de trabajo decente, sin discriminación de género, y con respeto por las organizaciones sindicales.

En base a los anteriores principios, surgen las siguientes propuestas:

A. Con respecto a la gran minería del cobre:

• Recuperación por parte del estado de los yacimientos de la gran minería del cobre, poniendo fin a la infame ley de concesiones, y otros aspectos de la legislación pinochetista que contradicen la histórica disposición de 1971 del Presidente Allende, que establece que el “Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de las minas”. En ese sentido, todo el Artículo 19, Nº24, inciso sexto, de la actual Constitución -de la cual la frase anterior forma parte- debe reproducirse de manera textual en la nueva constitución, y adecuar a ella el resto de las disposiciones de la misma.
• Sin perjuicio de lo anterior, en el corto plazo -hasta 2023 por ejemplo, cuando se disponga de una nueva constitución- ante la emergencia sanitaria que vive el país y los altos precios del cobre, deben tomarse medidas inmediatas. En tal sentido, se han propuesto una serie de iniciativas que apuntan a poner un royalty efectivo a la gran minería. Una proposición concreta es aplicar un Royalty del 20% sobre las ventas, si el cobre está por bajo los 3 dólares la libra, y capturar para el Estado todo sobreprecio sobre los 3 dólares la libra. (Estos porcentajes se desprenden de varios estudios técnicos, entre ellos los de López y Sturla, Cademártori, Caputo y Galarce, entre otros).
• Debe exigirse la refinación de todos los minerales en el país mediante la aplicación de tecnologías limpias, priorizando el uso de energías renovables no convencionales y aguas de mar. Para el cumplimiento de esto debe fijarse un plazo, después del cual no podrá salir una libra de cobre de Chile sin refinar. Eso no sólo es un avance en la agregación de valor, sino también es una contribución a mitigar el cambio climático, donde se evita que barcos transporten casi 70% de escoria y otros minerales (oro, plata, molibdeno, renio, etc.) que va en el concentrado de cobre, con el evidente desperdicio de combustible y contaminación.
• Todo nuevo proyecto minero debe ser analizado en detalle en su mérito, y debe realizarse bajo el control del estado.
• Debe promoverse en forma efectiva la agregación de valor tanto aguas arriba como en especial aguas abajo, en asociación con institutos de investigación del estado, universidades estatales y los países mineros latinoamericanos.
• Los insumos y equipos de la minería deberán tener creciente y significativa integración nacional, mediante encadenamientos productivos locales.

B. Esta política minera debe considerar los siguientes objetivos transversales, sin los cuales no es posible un nuevo modelo de desarrollo:

• pleno respeto al medio ambiente: minería sustentable. Los recursos energéticos, insumos y residuos, deben ser parte de un Plan Nacional para dar real cumplimiento del estado de Chile con el Acuerdo de Paris sobre el cambio climático.
• pleno respeto a las comunidades, y a los desarrollos locales. Debe crearse un fondo de sustentabilidad para las regiones donde se ubican las faenas, con lo cual se inicie el cambio de su base productiva.
• pleno respeto a los pueblos indígenas, en el marco del Convenio 169 de la OIT.
• condiciones de trabajo decente, sin discriminación de género, respeto y promoción de las organizaciones sindicales y ratificación del Convenio 176 de la OIT de Seguridad y Salud en las minas.

C. Debe recuperarse el litio para Chile

• Renacionalizar SQM: esta empresa, que ha cometido actos de corrupción mayores contra la Nación, debe pasar a control del Estado, finalizando inmediatamente con los contratos de arrendamiento y operación actuales. Ejemplo de como proceder los han manifestado los abogados Briones, Bosselin y Mayorga, así como parlamentarios (bancada Regionalistas verdes, PC, FA, entre otros) y movimientos sociales. Con Albermarle, debe seguirse lo expresado por la Comisión Nacional del Litio en su Informe del año 2015.
• Con respecto a la política del litio, se deben seguir los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional del Litio en su Informe de enero del 2015 titulado “Litio, una fuente de energía, una oportunidad para Chile”, cuyos planteamientos y recomendaciones fueron aprobadas por unanimidad de sus miembros.

D. Diversificación de la actividad minera, bajo control de estado

• Debe comenzar la exploración y explotación de polimetales
• Debe procesarse y venderse bajo control del estado el Molibdeno
• Debe comenzar la exploración, explotación y procesamiento de Tierras raras

III. Conclusiones

Establecer las bases para una nueva política minera es tal vez uno de los mayores desafíos que se abren gracias a la rebelión popular que comenzó 18/O. Esta es una cuestión que debe ser desarrollada por el conjunto del país: sindicatos, pobladores, académico/as, político/as, trabajadoras/es, dirigente/as, etc.

Aquí se han presentado, de manera esquemática, algunos puntos esenciales que consideramos pueden servir de base para esta enorme tarea. Un escenario para plantear estos cambios es la discusión constitucional.

Otro es el propio Congreso, cambiando leyes y reglamentos, y otro, tal vez el más importante, es socializar la necesidad de este cambio tanto entre los trabajadores de la minería como en toda la población.

Eso nos ha enseñado el 18/O: los cambios se producen cuando se hacen carne en el pueblo movilizado.

Descargue el documento en pdf