Hace varios años se ha denunciado la desmesurada intervención de la plata de los privados en la política chilena. Incluso un senador derechista (Allamand) denunció a “los poderes fácticos” que ejercían una influencia desmedida en las campañas políticas financiando a algunos en desmedro de otros, posterior a la elección senatorial del año 2001. Era un secreto a voces que la UDI no sólo se beneficiaba del perverso sistema electoral binominal sino además, tenía el apoyo económico de poderosos grupos de financistas que por eso vía bloqueaban toda posibilidad de avanzar hacia una mejor democracia.
En las diversas campañas electorales aparecían los candidatos UDIs con millonarias campañas tratando de conquistar el voto popular y con un discurso anti política.
Hoy sabemos que esas millonarias campañas eran financiadas irregularmente por el grupo Penta (y otros que desconocemos) quienes entregaban millones de pesos a los candidatos UDIs buscando mantener una fuerte representación política del partido más conservador del espectro político chileno.
Hoy está situación es más grave porque desde 2003 hay una ley de financiamiento mixto de las campañas electorales: con aporte público según la votación y aporte reservado de empresas. Los diversos estudios han revelado que la UDI era el partido que más se benefició del aporte reservado de las empresas pero hoy debemos agregar a esa danza de millones los aportes absolutamente irregulares desde las diversas empresas del grupo Penta.
Con la investigación acuciosa del Ministerio Público conocemos las peticiones de «platas negras» de actuales senadores como Iván Moreira y Ena Von Baer a los directivos de grupo empresarial; también se han conocido otros millonarios aportes a candidatos senatoriales UDI que fueron derrotados como Laurence Golborne y Pablo Zalaquett quienes conscientemente vulneraban la ley electoral buscando financiamiento ilegal a sus millonarios gastos de campaña.
Las influencias de este grupo empresarial mediante aportes irregulares no sólo se localizaba en el ámbito parlamentario sino que también se extendió al ex Subsecretario de Minería del gobierno piñerista Pablo Wagner que recibió «un suplemento remuneracional» desde las arcas de Penta, para resguardar el negocio minero de esos empresarios.
Un grupo económico dirigió y digitó a un partido político conservador mediante el expediente del financiamiento irregular. Incluso al ex senador Jovino Novoa le entregaban recursos para que él los distribuyera en los candidatos más ultra conservadores de la UDI. Es más. El ex gerente general de Penta dice que le entregó a Novoa cien millones de pesos constantes y sonantes para la campaña primaria presidencial de la derecha entre Longueira y Allamand. Obviamente el favorecido fue Longueira.
La UDI termina siendo un partido político cuyo centro decisional no estaba en la política sino en las oficinas de un grupo empresarial, que ante todo defenderá sus intereses en educación superior, salud, los negocios financieros, inmobiliarios, mineros, etc. De este modo queda demostrado que la UDI -cualquiera sea su denominación- es un actor político que defiende básicamente los intereses empresariales y por ende, se opondrá a políticas públicas que coloquen su acento en disminuir la desigualdad o en terminar con los abusos empresariales.
No es ninguna sorpresa que un partido financiado por un grupo empresarial se oponga a una agenda laboral que busca equilibrar la relación entre empleadores y sindicatos para que haya más negociación colectiva e incluso se dedique a descalificarla por ser «pro sindical».
Ciertamente la UDI es la voz empresarial. De ese empresariado que cree que «con dinero todo se compra» incluso la voluntad democrática de las mayorías; que quiere que sigan -sin cambios ni reformas- una legislación pro mercado y donde no se cuestione el rol directivo de una elite política que representa esta alianza con los empresarios.
La política necesita reformas, en especial el financiamiento para que no vuelva a repetirse esta influencia indebida y excesiva de las platas privadas de los empresarios en las decisiones de los órganos democráticos. Si hay aportes privados a la política, estos no pueden ser de las empresas. Deben ser aportes individuales, que deben ser informados transparentemente a la opinión pública y debe haber un límite a esos aportes.
Las campañas electorales deben dejar de ser ese juego millonario del marketing donde importan más los artistas del evento político o el porte de la gigantografía; que las ideas de futuro que presentan los candidatos a la ciudadanía.
Construir un país mejor requiere debatir propuestas y proyectos políticos y ello exige limitar el excesivo gasto electoral que muestran las últimas campañas.
Fuente: Cambio 21
 denunció a “los poderes fácticos” que ejercían una influencia desmedida en las campañas políticas financiando a algunos en desmedro de otros, posterior a la elección senatorial del año 2001. Era un secreto a voces que la UDI no sólo se beneficiaba del perverso sistema electoral binominal sino además, tenía el apoyo económico de poderosos grupos de financistas que por eso vía bloqueaban toda posibilidad de avanzar hacia una mejor democracia.){kind=link}