El diputado Fidel Espinoza, presidente de la comisión investigadora de la Cámara Baja que indaga el caso Penta y el financiamiento de las campañas políticas, acusó este martes que la UDI «ya comenzó a obstruir» dicha indagatoria. Ignacio Urrutia, el mismo palurdo que pidió el minuto de silencio por Pinochet, y su conmilitón, Gustavo Hasbún, ambos en la foto, se opusieron a la unanimidad necesaria para permitir la declaración de Maritza Navarrete, ex jefa de la Oficina de Litigación Penal del SII, cuya investigación desencadenó lo que después se conocería como Pentagate. Pero igual, al final van a terminar pisándose la huasca. Aquí sí va a haber novedades, y no como en la Comisión Investigadora de Arcis, que está terminando su labor sin haber acreditado ninguna de las irresponsables acusaciones de la UDI y de un sector de ofuscados funcionarios y estudiantes de esa universidad.
Espinoza comentó en radio Cooperativa el resultado de la sesión efectuada ayer por la instancia, a la que asistió el director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt, pero no pudo declarar Maritza Navarrete, ex jefa de la Oficina de Litigación Penal del SII, debido a la oposición de los legisladores gremialistas.
«Ayer tuvimos la utilización de un subterfugio por parte del parlamentario Urrutia de la UDI, el mismo parlamentario del minuto de silencio (por Pinochet), el mismo parlamentario que señaló que los homosexuales no podían hacer el servicio militar, el mismo diputado que ha avergonzado a la política chilena ayer, lamentablemente, se opuso a dar la unanimidad para poder seguir el procedimiento normal de la comisión», denunció Espinoza, que prometió «garantías» de un «trabajo pluralista», incluyendo la citación de ministros del Gobierno de Michelle Bachelet, como requiere el gremialismo.
Según explicó, en la sesión de ayer «hubo muchos elementos que no pudo aportar» Jorratt debido al secreto de investigación que lleva adelante el Ministerio Público, liderada por el fiscal Carlos Gajardo, quien será invitado a exponer en enero.
«El 30 de diciembre se abre este secreto investigativo. Ahí vamos a poder recibir muchos más testimonios y no descartamos la invitación de muchas otras personalidades que puedan ser un aporte a la investigación», dijo Espinoza en alusión a los ministros.
«La Nueva Mayoría no va a obstruir la investigación, como ayer ya la comenzó a obstruir la UDI», dijo el parlamentario, quien aseguró que en el marco de sus atribuciones reglamentarias, como presidente de la comisión citará «a sesiones especiales las veces que sea necesario y las veces que sintamos que la UDI o un sector de ese partido pretenda obstruir esta investigación».
«Creemos que es importante que los testimonios que se reciban permitan configurar un cuadro de conclusiones que sean un aporte para que la comisión investigadora del caso Penta no pase como una comisión investigadora más, sino que, efectivamente, la ciudadanía pueda tener las plenas garantías de que se van a entregar conclusiones que sean valederas y un aporte también para mejorar el sistema de financiamiento de la política en este país, que –como todos sabemos con el caso Penta- es poco transparente», dijo.
Fidel Espinoza también criticó la actuación del diputado UDI Gustavo Hasbún, quien «lo único que quería era que el director del Servicio de Impuestos Internos diera una cuña donde dijera que esto eran ‘leves faltas’ y no delitos».
Sin embargo, «el director del SII ratificó que aquí hay falsificación ideológica de boletas por prestación de servicios que jamás se realizaron», y «solamente en el periodo investigado –no descartando que esto haya sido un modus operandi en otras campañas políticas del pasado- estamos hablando de una defraudación tributaria de más de 2.700 millones de pesos del erario fiscal, de todos los chilenos».
El diputado socialista también aprovechó la ocasión para hacer un llamado al Gobierno a propósito del proyecto de ley que establece un nuevo sistema de financiamiento de la política, que fue firmado ayer por la Presidenta Michelle Bachelet.
«Queremos, aunque pudiese causar una molestia en La Moneda, hacer un llamado al Gobierno para que en el marco del proyecto de financiamiento de la política que ayer se firmó por parte de la Presidenta haya un poquito más de calma», dijo.
«Creemos que tenemos que construir una ley definitiva, buena y no a la rápida. Creemos que es importante que los aportes, las conclusiones que puedan emanar de la comisión investigadora en el marco del financiamiento de la política, puedan ser incorporadas dentro de esta Ley de Financiamiento (…) aunque nos demoremos tres o cuatro meses», señaló.
No obstante, el envío del proyecto al Congreso «ya es un avance importante», indicó el legislador.
Director de Impuestos Internos defiende denuncias por fraude al FUT y el denominado caso Penta
Michel Jorratt De Luis asistió a la sesión conjunta de las comisiones investigadores de Penta y la referida a la actuación del Servicio Electoral, oportunidad en que recalcó que el servicio no persigue políticos sino delitos que están tipificados en el Código Tributario.
El director nacional del Servicio de Impuestos Internos inició su exposición explicando que no podría entregar mayores detalles sobre los antecedentes por el denominado caso Penta, debido a que esta investigación aún está en curso y se encuentra con reserva.
Sin embargo, detalló cómo se dio inicio a la fiscalización que llevó a la presentación de las correspondientes denuncias al Ministerio Público y a querellas por el delito tributario de fraude al FUT, en contra de más de un centenar de personas, delitos que habrían implicado un perjuicio fiscal de 2 mil 700 millones de pesos, investigación de la cual derivó la arista política del caso Penta.
Al respecto, Jorratt señaló que el servicio no persigue la arista política de este caso, sino los delitos tributarios referidos al uso de boletas “ideológicamente falsas”.
“Se ha reiterado en varias oportunidades la idea que el servicio estaría actuando en este caso de manera distinta a como lo ha hecho siempre, en relación a realizar una denuncia por uso de boletas ideológicamente falsas y, se argumenta que solo correspondería rechazar el gasto. Pero lo que he dicho es que eso es falso, porque cuando hay una boleta por una prestación que no existió eso es un delito sancionado en el Código Tributario”, enfatizó el director del SII.
Consultado sobre si el pago realizado por los controladores de Penta de los impuestos respectivos extingue esta acción, Jorratt aclaró que “el pago de lo defraudado no elimina la existencia del delito”.
Reacciones
El presidente de la instancia investigadora, diputado Fidel Espinoza (PS) afirmó que tras escuchar al director de impuestos internos “han quedado bastante claros los eventuales delitos que hoy día son parte de esta investigación”, ya que solo en esta investigación existirían “2 mil 700 millones de pesos defraudados al Estado de Chile producto de la falsificación ideológica de boletas”.
El legislador destacó la aclaración del director del SII respecto de que no se trata de faltas, sino que delitos que venían cometiéndose hace largo tiempo y, en ese sentido que no se descarta “que sea un mecanismo utilizado frecuentemente para defraudar al Estado”.
Por su parte, respecto a la imposibilidad de conocer todos los detalles de esta investigación judicial, porque aún está en curso, el diputado DC Matías Walker señaló que “siempre es complejo formar comisiones investigadoras cuando hay causas judiciales pendientes, porque los funcionarios públicos tienen prohibición de informar, lo cual hay que respetar”.
No obstante, destacó que la declaración de Jorratt será muy relevante para las conclusiones que se adopten, respecto de “cómo fortalecer el sistema y cuánto avanzar en transparencia”. En ese sentido, el diputado Walker valoró la firma del proyecto de ley por parte de la Presidenta de la República, sobre el financiamiento electoral.
A la sesión también se encontraba invitada la ex funcionaria de Impuestos internos, Maritza Navarrete, quien no pudo exponer debido a que se pidió respetar el acuerdo de dedicar solo la mitad de la sesión a la investigación del denominado caso Penta y la otra fracción al mandato sobre el actuar del servicio electoral en materia de campañas electorales.
Sobre este punto, el diputado Daniel Nuñez (PC) criticó a la oposición que hizo valer este acuerdo, porque con ello se impidió que la Cámara de Diputados ejerciera su rol fiscalizador.
“Nosotros solo queremos saber por qué este fraude no fue investigado antes, no fue denunciado y la funcionaria que intentó hacerlo terminó despedida del Servicio de Impuestos Internos. Eso es algo que es absolutamente razonable”, argumentó el parlamentario, quien reiteró las dudas por la tardanza que se tuvo para investigar estos fraudes que generaron millonarios perjuicios al estado.
Finalmente, el presidente de la comisión, Fidel Espinoza, anunció que haciendo uso de las facultades que le otorga el reglamento de la Corporación, citará una sesión especial esta semana para poder recibir a la ex funcionaria de Impuestos Internos, y que la próxima semana se acordó invitar al director del Servicio Electoral.
Corte de Apelaciones dejó pendiente fallo sobre legalidad de grabación de Hugo Bravo
La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago discutió la validez legal de la grabación de una conversación entre Hugo Bravo López, ex gerente general de Penta, y Carlos Eugenio Lavín, uno de los dueños de holding y dejó pendiente el fallo.
El registro data del 7 de septiembre y fue grabado en su departamento por Hugo Bravo sin conocimiento de Lavín. Esto motivó la presentación de una querella por injurias y calumnias de los empresarios contra el ex ejecutivo, que se da en paralelo a la demanda laboral por 2.000 millones de pesos que presentó este último contra sus ex empleadores.
El contenido del registro, conocido la semana pasada a través del diario La Tercera, da cuenta de presuntos aportes ilegales de dinero de Penta a campañas de siete candidatos de la UDI durante 2013.
En la audiencia ante el tribunal de alzada los dueños de Penta son representados por el abogado Davor Harasic, que piden que se declare ilegal la grabación, mientras que los representantes de Bravo, los abogados Catherine Lathrop y Gonzalo Insunza, solicitan el sobreseimiento de la causa.
Harasic denunció en los alegatos que la Fiscalía no hizo peritajes para determinar la veracidad de la grabación, insistiendo que era una conversación privada, sin embargo la defensa de Bravo invocó el fallo de la Corte Suprema donde validó una grabación subrepticia que se le hizo a la doctora María Luisa Cordero cuando entregaba licencias de manera irregular.
Al final de la audiencia ninguno de los abogados quiso abordar la materia.
«No hay declaraciones, la causa quedó de acuerdo, esperamos la resolución», dijo Harasic.
A su vez, Gonzalo Insuza manifestó que «ustedes escucharon todos los argumentos, no vamos a hacer ninguna declaración hasta que no se resuelva este recurso. Por favor respeten la decisión de la defensa».