La derecha volvió a perder por paliza en el Tribunal Constitucional, toda vez que este rechazó cinco de los seis requerimentos presentados por parlamentarios de la Alianza contra la Ley de Inclusión Escolar, que pone fin al lucro, copago y selección en la educación. Sin embargo, el hecho de que el TC no haya acogido los atrabiliarios requerimientos de la derecha, no lo valida en absoluto como instancia válida en un sistema genuinamente democrático.
Tras dos meses de deliberaciones, en cinco de las seis peticiones la disputa debió ser zanjada por el voto del presidente del organismo, Carlos Carmona.
Los requerimientos que fueron rechazados tratan la prohibición en la selección, la obligación a no tener fines de lucro, los usos de las subvenciones, la restricción para abrir nuevos colegios y la regulación del arrendamiento.
Por su parte, se aprobó la petición relacionada con la imposibilidad de invocar como causal de discriminación arbitraria, en el marco de la Ley Zamudio, la libertad de enseñanza, por lo que deberá ser modificada en el proyecto.
Los parlamentarios de la Alianza criticaron el rol de Carmona en la votación: «Es obvio que el presidente del TC es proclive al programa de este Gobierno.Entonces, si él desempató las cosas que para nosotros eran fundamentales, significa que pesó más la política que los argumentos jurídicos, y eso sería un problema para la institucionalidad», indicó el diputado UDI Jaime Bellolio.
La diputada Camila Vallejo (PC) se refirió a la decisión del TC en Cooperativa, manifestando que «siempre el Tribunal Constitucional es la instancia en que se apela para resguardar la constitución y es más que nada una instancia efectivamente política e incluso ideológica».
«Nosotros sabíamos que habían argumentos jurídicos suficientes para poder señalar que el proyecto de inclusión, que pone fin al copago, la selección y el lucro, era un proyecto totalmente viable», añadió.
«Es algo que preveíamos que iba a pasar, que el Tribunal Constitucional iba a fallar favorablemente en general y esperamos que el tema de la Ley Zamudio y los principios de no discriminación se puedan ir aplicando en todos los establecimientos educacionales que reciben recursos del Estado», recalcó la diputada.
