“¡Hacemos trampas!” respondió el viejo patriarca conservador, sin levantar la vista de las cuentas que sacaba en una libretita sentado al fondo de la sala, cuando la asamblea de iracundos exlatifundistas le pidió consejo para enfrentar la reforma tributaria del recién elegido gobierno de Aylwin. Le hicieron caso.
Lo mismo han venido haciendo sucesivos ministros de hacienda con el Crédito con Aval del Estado (CAE). Trampitas contables y pillerías políticas, para intentar prolongar la agonía de la educación mercantilizada y de paso dar una buena tajada a los bancos, a costa de encalillar a los estudiantes.
Ya está bueno. Hay que terminar el CAE y extender la gratuidad a la mayoría ¡ahora!
Las partidas de “ayudas estudiantiles” en el presupuesto de educación superior 2016 sumaron la friolera de 1,5 billones de pesos, de los cuales la gratuidad representa poco más de medio billón, mientras el resto se destina a becas y principalmente CAE, al que este año se asignaron 635 mil millones de pesos, un 43 por ciento más que el 2015.
En total, desde que fuera inventado por el ex ministro Bitar y el actual subsecretario Micco el año 2005, se han destinado al CAE casi 2,7 billones de pesos, más de 5.000 millones de dólares, del presupuesto público.
¿Adonde ha ido a parar ese dinero? En su mayor parte a instituciones de educación superior (IES) privadas con fines de lucro y dudosa calidad, como los grupos Santo Tomás y Laureate que, junto a INACAP, San Sebastián y Mayor, concentran más de la mitad de todo el CAE.
Cerca de la cuarta parte ha terminado bolsillos de los bancos, como intereses y principalmente bajo la forma de “recargas”, que es el curioso nombre que recibe el sobreprecio en las “recompras” de “créditos” que hacen a los estudiantes con platas públicas y con el doble aval de las instituciones que los reciben y del Estado.
Es decir, se han pagado a los bancos más de mil millones de dólares en comisiones por el “servicio” de canalizar a instituciones de dudosa calidad la partida principal del presupuesto público de educación superior.
Como resultado de esta gracia, los estudiantes han quedado encalillados en más de cinco mil millones de dólares, puesto que a la cifra aportada por el fisco hay que sumar lo que han prestado los bancos. Sin embargo, como la mitad deserta y no paga, las IES que los recibieron han quedado asimismo clavadas con avales por buena parte de esa suma, lo que las tiene al borde de la insolvencia y braman por más CAE como el adicto por droga.
A lo largo de la última década, uno de cada tres pesos gastados por el fisco en educación superior y casi la mitad de las “ayudas estudiantiles”, se han canalizado a través del CAE. Sin embargo, según Hacienda, este enorme desembolso no constituye gasto público. El grueso se contabiliza como “Adquisición de activos financieros, compra de títulos y valores”, como se subtitula el ítem respectivo en la partida correspondiente al Ministerio de Educación del Presupuesto de la Nación.
De este modo maquillan las cuentas del país ante el FMI y demás organismos internacionales, así como ante los inversionistas en los “road show” que tanto gustan a los jefes de esta cartera cuando colocan bonos en el exterior.
Hacen trampa como exlatifundistas venidos a menos.
Si alguien se fija en estos detalles, seguramente les dirán que los estudiantes van a devolver ese dinero con gananciales gracias a los sueldazos que obtendrán cuando sean profesionales, como rédito de esta lucrativa “inversión” en su propio “capital humano”.
Mejor se hubieran convertido en “proyectiles humanos”, como en la Historia de un Oso.
Un conocido informe del Centro de Estudios Públicos demuestra que la rentabilidad de tal “inversión” es… cero punto cero; lo que algunos ganan lo pierde la mayoría, que termina con sueldos iguales o menores que los de quienes no estudiaron.
En realidad los ministros de hacienda saben perfectamente que están haciendo trampas con las cuentas nacionales.
La mayoría de los estudiantes no van a pagar esos “títulos y valores” —la morosidad ya es de un 50%— y a la larga se van a hacer efectivos los avales, tanto los del Estado como de las instituciones. Igual que la supuesta “rentabilidad” de la inversión en “capital humano”, dichos “activos financieros” no valen un peso.
Hacen trampas a dos bandas, con los acreedores externos del país y con la Presidenta, autoridades de educación y crédulos parlamentarios. A todos les van con el cuento que el CAE no se puede tocar porque no es gasto sino “inversión”.
Las IES privadas y los bancos que reciben esa plata pública sin rendir cuenta a nadie tampoco dicen esta boca es mía.
Hacen trampas a sabiendas, porque en realidad lo que buscan es mantener a como dé lugar el “subsidio a la demanda” que tan buenos resultados les ha dado en términos de privatizar la educación. Gracias al incremento de las becas pero principalmente al CAE, el “subsidio a la demanda” se elevó de un sexto del presupuesto de educación superior en 1990, a más de tres cuartas partes del mismo el 2015.
Felizmente, la glosa de gratuidad 2016 ha reducido dicha proporción a menos de un 50 por ciento. Gran avance pero todavía muy insuficiente.
Es hora de terminar con esta pantomina. Si con un tercio de las “ayudas estudiantiles” se pudo dar gratuidad al 50 por ciento de menores ingresos, al terminar el CAE y las becas, que representan todavía los dos tercios restantes, es posible extender hoy la gratuidad a más del 70 por ciento del estudiantado, incluyendo por cierto a todos los “preseleccionados” para gratuidad el 2016.
Gracias a la decisión de la Presidenta Bachelet, la gratuidad ya ha beneficiado a varias decenas de miles de estudiantes, que han venido manifestando su reconocimiento de modo conmovedor. No tiene racionalidad política ninguna pretender enlodar este gran logro en una certificación vergonzante que los postulantes “preseleccionados” son pobres de solemnidad.
Nada justifica no hacerla extensiva a muchos centenares de miles más ¡Ahora!
Con la ventaja adicional de sanear unas cuentas tramposas.
