El sábado 15 de octubre se desarrollan manifestaciones en toda España, convocadas por organizaciones y movimientos sociales, campesinos, vecinales, sindicales y políticos, para denunciar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP) que se prolonga ahora en el CETA y el TiSA, con el lema “Las personas y el planeta no somos mercancía”.
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Entramos así en este otoño de resistencia, que se convoca desde los movimientos sociales y altermundistas exigiendo la suspensión del TTIP (entre multinacionales de la Unión Europea y de EEUU) y del CETA (entre multinacionales de la UE y de Canadá, caballo de Troya del TTIP), la nueva hornada de los tratados mal llamados de “libre” comercio e inversiones, que imponen los intereses económicos de las multinacionales en detrimento de los derechos de las personas.
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Para promover una sociedad igualitaria y respetuosa de los derechos de las personas y el medio ambiente es imprescindible replantear el sistema de comercio global que, a día de hoy, únicamente favorece la concentración del poder en manos de unas pocas multinacionales. El otoño en resistencia global llama a la movilización popular por el fin de la impunidad de las multinacionales y en pos de una acción colectiva para defender alternativas sociales como única vía para recuperar soberanía, democracia y derechos.
Organizamos recientemente un Curso de Verano de Derechos Humanos en la Universidad de León, que se celebró el último fin de semana de septiembre, titulado “TTIP: El Asalto de las Multinacionales a la Democracia”, donde expertos y expertas internacionales y nacionales, como Susan George desde Francia, Eduardo Garzón, Adoración Guamán desde Luxemburgo, Arcadi Oliveres o Maria José Rodríguez Rejas desde México, analizaron las consecuencias de este tipo de tratados para nuestra sociedad, nuestra democracia y nuestro planeta explicando que las organizaciones sociales se oponen a este acuerdo porque vulnera derechos laborales, sociales o medioambientales y sólo beneficia a las grandes empresas.
Explicaban cómo los documentos filtrados por Greenpeace (los principales textos de la negociación permanecen ocultos a la ciudadanía, existiendo una cláusula para no permitir su publicación en 30 años) confirman una devaluación de las normativas europeas en materia de protección de salud pública, consumo y medio ambiente. Quieren que caigan leyes y políticas que aún protegen los derechos e intereses de las mayorías sociales en Europa y Norteamérica.
Pero igualmente grave es la pérdida de empleos que puede suponer el TTIP. Recientes estudios auguran hasta 600.000 empleos surpimidos. La propia Comisión Europea, cuyo discurso gira en torno a la creación de empleo, reconoce que diversos sectores tendrían pérdidas de empleo. Como comentaba la profesora Rodríguez Rejas, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un tratado similar, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, EEUU y Canadá, donde se preveía la creación masiva de puestos de trabajo, conllevó una pérdida neta de un millón de empleos.
Una consecuencia derivada de estos tratados comerciales, complementaba el economista Eduardo Garzón, es el aumento exponencial de las privatizaciones de los servicios públicos, como la educación, la sanidad, los servicios sociales, etc., bien directamente o de forma desagregada (ambulancias, comedores, gestión hospitalaria y educativa, etc.). Esto supone la implantación del lucro en los servicios públicos y el progresivo deterioro de los sistemas públicos de protección financiados públicamente, al considerarlos una “competencia desleal” con el sector lucrativo privado.
La equiparación de las normativas con las norteamericanas derivaría además en una rebaja de los estándares sociales y ambientales, profundizaba la presidenta del Transnational Institute de Ámsterdam, Susan George, al tomar como referente la legislación más laxa de cada zona, como han solicitado las grandes empresas.
En la UE, avanzaba, rige un principio de precaución en el uso de sustancias químicas o pesticidas peligrosas, mientras que la legislación norteamericana da prioridad a la comercialización de los productos, de manera que sólo se retiran si se demuestra a posteriori que son dañinos. Lo mismo pasa con los transgénicos, la carne hormonada (aceptada en EE.UU.) o piensos fabricados con harinas de origen animal.
Dado que EEUU tiene, por lo general, peores estándares ambientales (EEUU da prioridad al libre comercio sobre la protección del clima, dada la presión de la industria petrolera) y laborales que la UE, habría una pérdida de derechos sociales, laborales y ambientales cada vez mayor a favor de los intereses de las multinacionales.
Lo que nos mostró la profesora de Derecho del Trabajo, Adoración Guamán, es que se incluye un capítulo de protección de las inversiones, con el que las multinacionales extranjeras pueden denunciar legalmente a los Estados en tribunales internacionales privados, que dan prioridad a la salvaguarda de los inversionistas, por encima de las legislación social, laboral o ambiental del país, algo que ya ha ocurrido con otros tratados comerciales. Un ejemplo sería la privatización del agua en Estonia a una multinacional holandesa que demandó al Estado por querer impedir que subiera las tarifas del agua y la imposibilidad de revertir privatizaciones.
En definitiva, para todos los expertos y analistas, estos tratados sitúan los beneficios económicos por encima de la vida, la salud, los derechos sociales y laborales y el medio ambiente. La meta parece clara: eliminar las barreras sólo para la acumulación de beneficios de las multinacionales ya dominantes.
Las experiencias de Tratados de Libre Comercio anteriores han demostrado que las consecuencias han sido las contrarias a las prometidas: incremento de la desigualdad, aumento de los beneficios de las elites acomodadas, estancamiento de los salarios, crecimiento del desempleo, dumping social, declive de la protección social y destrucción de los derechos de las organizaciones de trabajadores y de su capacidad de negociación colectiva.
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No podemos vaciar a la sociedad de derechos y a las instituciones democráticas de capacidad de decisión para cedérselo a las multinacionales, pedía el economista Arcadi Oliveres. Nunca antes ha existido una oposición a la política comercial y de inversión de la UE como con este tratado. Más de 1.800 gobiernos municipales y regionales, pymes y figuras de la cultura integran un movimiento contra los tratados como TTIP, CETA y TiSA con un impacto político cada vez mayor.
Nos vemos, pues, el sábado 15 en las calles defendiendo la democracia, los bienes comunes y el planeta en unos tiempos en que una economía criminal ha demostrado hasta dónde puede llegar en el saqueo y el atropello a la voluntad popular. Allí estaremos construyendo una “geopolítica de las resistencias” frente a la configuración de un gobierno económico mundial sustraído a cualquier control democrático y regido por el afán de saqueo de nuestros bienes comunes y de nuestros derechos.
(*) Investigadores de la Universidad de León y UNED.
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