Los diputados Clemira Pacheco (PS), Guillermo Ceroni (PPD), Jorge Insunza (PPD), Roberto Poblete (Ind), René Saffirio (DC), Marcelo Schilling (PS), Leonardo Soto (PS) y Guillermo Teillier (PC), presentaron un proyecto (boletín 9818) que modifica el Código Penal, tipificando el delito de desaparición forzada de personas. La moción aplica a este delito la pena máxima existente en Chile, es decir, presidio perpetuo calificado, cuando se cause la muerte de la víctima.
La propuesta, enviada para su estudio a la Comisión de Derechos Humanos, en primer lugar reemplaza el encabezado del párrafo 4º del Título III del Libro II por el siguiente:
“4. De la desaparición forzada de personas y otros agravios inferidos por los funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución.”
A continuación, intercala un nuevo artículo que señala que «el que privare de libertad a una o más personas y que se niegue a informar o reconocer dicha privación de libertad o paradero del ofendido, comete el delito de desaparición forzada de personas y sufrirá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio (tres años y un día a quince años)».
Se agrega que si durante la desaparición forzada a la víctima se le aplican torturas u otros flagelos análogos, sufrirá la pena de presidio mayor en grado medio a presidio mayor en su grado máximo (desde 10 años y un día a 20 años). Si causa la muerte de la víctima, sufrirá la pena de presidio perpetuo simple a presidio perpetuo calificado.
El juez podrá rebajar en dos grados la pena que corresponda a los partícipes de desaparición forzada de personas que contribuyan a la aparición con vida de la víctima; y en un grado a los que suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada.
Los legisladores enfatizan que esta iniciativa «surge del trabajo permanente y sistemático con distintas agrupaciones de Derechos Humanos, en especial las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, siendo fruto del compromiso constante y la lucha permanente contra la impunidad ante las violaciones a los Derechos Humanos».
Agregan que «compartimos la idea de que se necesita prevenir la comisión de estas atrocidades en el futuro y para ello se necesita un rol activo del Estado vinculado estrechamente a la labor de la comunidad civil organizada».