El «asado de camaradería» que adherentes al ex agente de la DINA Miguel Krassnoff pretenden realizar este miércoles en el Penal Cordillera no sólo no cuenta con autorización de Gendarmería y, por lo tanto, no podría ser realizado, sino que reavivó la polémica acerca del privilegiado régimen carcelario de que disfrutan los pocos violadores de derechos humanos que están pagando penas de prisión. Como serán de frescos, que hasta el Gobierno rechazó la actividad.
Esta actividad se presenta en el contexto en el que el Presidente Sebastián Piñera evalúa el cierre del penal Cordillera y el traslado de los diez condenados por violaciones a los derechos humanos a Punta Peuco.
El “asado de camaradería” que pretende realizarse en el penal Cordillera, donde 10 personas cumplen condena por violaciones a los derechos humanos, no cuenta con autorización de Gendarmería y, por lo tanto, no podría ser realizado.
Así lo confirmó la ministra de justicia, Patricia Pérez, quien afirmó que, de recibirse una solicitud en las próximas horas, “es una situación que tiene que evaluar Gendarmería”:
“Claramente estamos hablando de un recinto penal, no estamos hablando de un hotel o un lugar en el que las personas puedan hacer lo que quieran. Por lo tanto, obviamente es una situación que, si se llega a plantear, hay que ingresarla a Gendarmería, que es lo que ocurre conforme al régimen interno, pero la normativa es tremendamente clara en torno a que solamente se pueden realizar aquellas acciones que estén de acuerdo con el régimen penitenciario”.
“Sin prejuicio de que es algo que tiene que analizar Gendarmería como servicio responsable, a mí me parece que claramente escapa de lo que es propio del régimen penitenciario y no corresponde”, agregó.
La celebración organizada por un grupo de adherentes aspira festejar al brigadier Miguel Krassnoff, ex agente de la DINA condenado a más de 120 años de presidio por las innumerables detenciones, interrogatorios, torturas, ejecuciones y desapariciones de los detenidos en el cuartel Simón Bolívar y Villa Grimaldi durante la dictadura.
“En contraste con el resto de las unidades penales, donde hay alrededor de 50 mil personas recluidas, ellos jamás van a tener la posibilidad de acceder a beneficios de ese tipo, lo cual a nosotros nos parece aberrante y evidentemente es una abierta discriminación con el resto de la población penal, con lo cual no estamos de acuerdo”, expresa Joe González, Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (ANSOG).
En ese mismo sentido, el diputado DC Gabriel Asencio califica esta pretensión como “una afrenta a los chilenos, a todo el resto de las personas que están privadas de libertad y también una burla al propio Presidente de la República”.
“Es el Presidente Sebastián Piñera quien ha puesto el acento en que no es posible mantener los privilegios que tienen allí en el Penal Cordillera. Entonces, no es posible que estos ex militares ostenten todavía un cierto poder”, critica el parlamentario.
Cabe recordar que el Presidente está evaluando el cierre del Penal Cordillera y el traslado de los diez internos a Punta Peuco, debido a los altos costos en la mantención de ambas cárceles exclusivas para condenados por delitos de lesa humanidad.
Pero para Joe González es necesario también el cierre de Punta Peuco, donde cumplen condena otros 25 violadores de los derechos humanos:
“Entendemos y sabemos que existen otras unidades penales que reúnen las suficientes condiciones tanto de seguridad como de segregación de la población penal para albergar a este tipo de personas. Aquí en Chile no tiene por qué haber presos de primera o segunda clase, acá hay una igualdad ante la ley”, asegura.
A esta solicitud se suma el diputado PPD Tucapel Jiménez, quien solicitó al Presidente Piñera estudiar la posibilidad de que “el penal de Punta Peuco termine con sus privilegios y se transforme en una cárcel pública, debido a que es por todos conocido el hacinamiento que existe en las cárceles chilenas. Sería la mejor opción para que de una vez por todas en nuestro país exista igualdad ante la ley y se utilicen las dependencias de ese recinto carcelario en beneficio del mejoramiento del sistema penal chileno”.
El ministro de defensa, Rodrigo Hinzpeter, manifestó estar a la espera de la decisión del Presidente, la que podría conocerse durante los próximos días. Respecto de la solicitud de degradar a los militares que cumplen condenas por derechos humanos, el secretario de Estado descartó esa posibilidad, ya que hacerlo no se encuentra en nuestra legislación.
“Cuando se pide que se degrade a quienes fueron condenados por violaciones a los derechos humanos, uno está expresando un sentir respecto del repudio que generan estos delitos y en eso compartimos el rechazo a las violaciones a los derechos humanos. Pero no está dentro de las facultades ni de las Fuerzas Armadas ni del Ministerio de Defensa ni de nadie aplicar la sanción de degradación , porque no existe como fórmula en nuestro ordenamiento jurídico”, aseveró.
El penal Cordillera es el que tiene mayor cantidad de gendarmes por interno y el gasto público por cada uno de ellos es diez veces mayor al costo de un reo en cualquier otro centro penitenciario del país.
El Gobierno rechazó el «asado de camaradería» que un grupo de militares en retiro del Ejército compartirá este miércoles con el ex agente de la DINA Miguel Krassnoff, como una suerte de homenaje en el penal Cordillera, ubicado a un costado del Comando de Telecomunicaciones del Ejército, en la comuna de Peñalolén.
La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, señaló que este tipo de actos son improcedentes y que realmente no se debería realizar.
«Cuando decimos que es improcedente o que no corresponde, es que claramente no se debería realizar», aseguró Pérez.
La secretaria de Estado indicó que respecto a una prohibición del acto, «eso lo tendrá que evaluar el sistema penitenciario, pero creemos que no corresponde».
«Esta persona no está en un hotel, está en una cárcel», concluyó.
Previamente, el diputado DC Gabriel Ascencio entregó una carta a la ministra de Justicia, Patricia Pérez, para solicitar que instruya a Gendarmería a prohibir este «asado de camaradería».
Comando de Bachelet abogó por cierre de penales
La vocera del comando de Michelle Bachelet, Javiera Blanco, adelantó, además, que se evalúa el cierre de los dos penales que albergan a militares condenados por violaciones a DD.HH., Cordillera y Punta Peuco, un paso más allá de lo planteado por el Presidente Sebastián Piñera.
«Claramente estos son penales en donde estamos hoy de acuerdo en que pudiera haber un acuerdo en torno al cierre. Creo que hay que avanzar en el cierre de estos centros», dijo Blanco.
El diputado DC Gabriel Ascencio entregó hoy una carta a la Ministra de Justicia, Patricia Pérez, para pedirle que “en caso de ser efectivo el almuerzo de camaradería que se haría mañana miércoles en el penal Cordillera en honor al reo rematado por violaciones a los derechos humanos Miguel Krassnoff, prohíba su realización para evitar la burla que significa a los chilenos país”.
El parlamentario, miembro de la comisión de derechos humanos de la cámara, señaló que “Krassnoff se encuentra cumpliendo condena de 121 años de cárcel por más de 20 sentencias ratificadas por la Corte Suprema por delitos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en la dictadura militar en Chile, por lo que resulta inaceptable que pueda realizarse este almuerzo de homenaje”.
“Esto no sólo significaría una burla a todos los chilenos y a los familiares de las víctimas por cuyos crímenes está condenado, sino que además constituiría una provocación y una falta de respeto al propio Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien ha señalado públicamente que está en contra de los privilegios de que gozan los reos rematados en dicho penal y que incluso está estudiando el cierre del recinto y el traslado a Punta Peuco de los 10 reos que en él están cumpliendo condena, lo cual apoyaríamos y reconoceríamos”.
El diputado Ascencio agregó que “estoy seguro que en ningún recinto carcelario del país ni del mundo, un reo condenado a más de 120 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, puede tener el privilegio de recibir un almuerzo de homenaje. Sólo conocemos el caso de Pablo Escobar Gaviria, en Colombia, quien en la cárcel que construyó, podía recibir a sus amigos y familiares en bacanales y se burlaba del estado y de la institucionalidad. Que podamos estar a ese nivel es vergonzoso “.
“Por todo esto, he solicitado a la ministra de Justicia, que en su condición de superior jerárquica de Gendarmería de Chile, ordene al Director Nacional de dicha institución que prohíba este y cualquier homenaje similar, como almuerzos, manifestaciones, etc., que se quiera realizar a ex militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos en cualquier penal del país”.
Finalmente, el diputado DC Gabriel Ascencio dijo que “estoy seguro que la ministra de Justicia no querrá hacer pasar al Presidente Piñera un bochorno ni permitir que se burlen de él con este almuerzo, justo en el momento en que ha señalado que piensa cerrar el recinto”.
