por Eduardo Contreras.
Era inevitable. Ha regresado a La Moneda el sector político y social que impulsó el golpe de Estado de 1973 y que lideró el régimen de Pinochet.
Son quienes no pueden actuar como no sea haciendo lo posible por garantizar la impunidad de los autores de crímenes de lesa humanidad, echar tierra y olvido al genocidio.
Es que era suyo aquel régimen político ignominioso que el mundo entero condenara y cuyo modelo de sociedad, en general, sigue siendo el mismo de hoy salvo aquellos primeros cambios introducidos con enormes dificultades en el segundo gobierno de la presidente Bachelet y que, precisamente por eso, hoy el gobierno de Piñera intenta desbaratar.
Digámoslo claramente: en materia de derechos humanos con este gobierno llegaron tiempos peores.
La atrabiliaria visión del ministro, nada menos que de Justicia, Hernan Larraín sobre el supuesto izquierdismo de los jueces chilenos no pasa de ser una mentira si nos atenemos a la conducta del poder judicial chileno, al menos desde los años 70 del pasado siglo y hasta enero de 1998, hace 20 años, cuando por vez primera los tribunales se decidieron a aplicar la ley penal chilena y el Derecho Internacional.
Entonces fue cuando se iniciaron, por requerimiento del Partido Comunista, los primeros procesos criminales en contra del dictador y sus secuaces. Y fue el producto de la larga y valiente lucha de las agrupaciones de familiares de las víctimas y de aquellos abogados que en los años más duros arriesgaron sus vidas en defensa de la dignidad humana.
La tarea no ha sido fácil y no siempre los tribunales han estado a la altura debida.
Y entre los jueces más destacados por su rigor profesional en estos juicios no hay quienes puedan ser considerados de “izquierda”, salvo que para el señor Larraín todo ser humano leal, digno, justo, cumplidor de sus deberes y del respeto a la Ley, sea por ese solo hecho un izquierdista. Es probable.
Pero ahora sucede que además al gobierno de Piñera –personaje conocido por su profunda aversión a la justicia y los tribunales como lo prueba el caso de la estafa al Banco de Talca hace algunos años– le vino la urgencia por liberar a los asesinos recluidos en ese recinto de lujo que es Punta Peuco. Tal vez quieren cumplirle a Kast, que sus razones tiene para defender a los violadores de derechos humanos.
Larraín dijo en reciente entrevista:
“Cuando una persona, cualquier sea el crimen que haya cometido, por grave que este haya sido, está a punto de morir en una situación de enfermedad terminal, y si a eso se le agrega avanzada edad o una situación de demencia severa, enajenado mentalmente que no sabe dónde está parado, me pregunto si corresponde que lo mantengamos preso en la cárcel o si no es más digno desde el punto de vista de la humanidad tenerlo en un arresto domiciliario. Personalmente creo que una perspectiva más humana es lo que corresponde hacer”.
Independientemente de las consideraciones éticas para rechazar la posición de Larraín, no debe olvidarse que conforme nuestra propia normativa institucional, pese a sus muchos defectos, hay obligaciones constitucionales y legales que deben ser respetadas, especialmente por las autoridades del Estado. Y entre ellas las normas establecidas en instrumentos jurídicos internacionales, suscritos y ratificados por Chile, las que, tanto en cuanto a la proporcionalidad de la pena como en relación al tema de los beneficios carcelarios, hacen una clara diferenciación entre los condenados por delitos comunes y aquellos condenados por delito de lesa humanidad.
Es decir aquellos delitos que, por su infinita barbaridad y violencia como fueron los perpetrados por la dictadura chilena, ofenden no sólo a las víctimas y al país en que se han cometido sino a la humanidad entera.
Entre algunas de esas diferencias está la exigencia de que el condenado por ese tipo de crímenes no sólo haya hecho público un arrepentimiento eficaz, un perdón real, sino que en el curso del proceso judicial haya colaborado de modo específico y concreto al establecimiento de la verdad completa de los hechos.
Ninguno de los asesinos de Punta Peuco, ninguno de los criminales de la dictadura, todos los que fueron asesinos cobardes de mujeres y hombres indefensos de todas las edades, ha mostrado arrepentimiento alguno y además no han colaborado en absoluto al esclarecimiento de la verdad. Todos niegan todo.
Las diferencias a que aludimos – tanto respecto de la proporcionalidad de la pena como respecto de los beneficios carcelarios – están contenidas en tratados y convenios vigentes y obligatorios para Chile. Entre ellos el Estatuto de Roma y otros como la Convención para la prevención del Delito de Genocidio, la Convención contra la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, y otros.
Pero nada de esto parece importarle al actual gobierno del país.
Todo lo que comentamos sucede a la par con otro hecho condenable del mismo sector como es el destape de nuevos y reiterados latrocinios de los mandos de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones d nuestro país, es decir aquellas instituciones que fueron el instrumento de que se valieron tanto el gobierno norteamericano como el gran empresariado chileno, las transnacionales y los medios de comunicación de la derecha, para aplastar por la fuerza al poderoso movimiento popular chilenos de esos años e instaurar la feroz dictadura derechista.
En efecto, durante años, como ha denunciado la Contraloría General de la República, estos mandos recibieron jugosos sobresueldos sólo por ser parte de los consejos de las mutualidades de esas mismas instituciones financiadas con aportes obligatorios del personal; es decir, sin sustento legal alguno, era un simple saqueo que les significaba un plus de entre 2 a 4 millones de pesos mensuales a cada uno de esos valientes soldados de la patria.
Entre ellos nada menos que al general Ricardo Martínez, el flamante nuevo Comandante en Jefe del Ejército y su hermano Leonardo. Todo esto en medio de la otra escandalera de la “Operación Huracán” y otras.
Y es en ese contexto que, como han denunciado, entre otros, los abogados de derechos humanos Patricia Parra y Francisco Jara a través de Radio Universidad de Chile, el famoso Tribunal Constitucional de nuestro país se ha transformando en otro obstáculo para el avance en las causas de derechos humanos. Los procesos que allí van a dar son suspendidos y se eternizan en sus escritorios tardando hasta cerca de 2 años sin ser vistos con lo que retardan las condenas.
Los defensores de los criminales usan el sistema con tales propósitos.
Y es así como de las 30 causas de derechos humanos que han ingresado a dicho tribunal, entre noviembre de 2015 hasta el 1 de abril de este año, a 21 se les ha aplicado la suspensión del procedimiento y actualmente 12 se encuentran pendientes.
Casos hay por ejemplo como el del homicidio calificado de Miguel Estol Mery, por el cual en enero de 2016, el ministro Mario Carroza, dictó una condena de siete años de presidio para el ex brigadier del Ejército y jefe de la patrulla, Alfonso Videla, y de cinco años de presidio para el cabo Víctor Muñoz, fallo ratificado hasta por la Corte Suprema que aumentó a diez años la pena. Y sin embargo la defensa de los asesinos – pretextando la inconstitucionalidad de las normas legales aplicadas – recurrió al dichoso Tribunal Constitucional, el que en el mes de agosto del mismo año suspendió el procedimiento, lo reabrió casi un año más tarde y hasta hoy no lo resuelven.
Ingeniosa maniobra en favor de los culpables.
Similar suerte ha corrido el proceso sobre la llamada “Operación Cóndor” y en especial diversos casos cometidos en la provincia de Ñuble, todos suspendidos sin razón, sólo para favorecer a los culpables.
Sobra razones por tanto para preocuparse por estos “tiempos peores” que se empieza a vivir para los casos de crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura y que siguieron impunes en aquellos primeros gobiernos llamados “democráticos”.
Es todo un llamado no para las organizaciones de derechos humanos – las que continúan luchando cabalmente – sino para las organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y políticas, a los parlamentarios, a los medios de comunicación democráticos, en fin a las chilenas y chilenos que sienten propia la defensa de los derechos humanos, para empeñarse con más fuerza en vencer las dificultades y avanzar en verdad y justicia.
Eso fue lo que se vivió el recién pasado miércoles 11 del mes en el acto del mediodía en la Casa Central de la Universidad de Chile, presidido por el rector Ennio Vivaldi. Una emotiva ceremonia, como la que antes hicieron otras universidades del país, en la que se entregaron sus títulos profesionales a aquellos estudiantes de esa Universidad que fueron asesinados por la dictadura o que se encuentra en calidad de detenidos desaparecidos.
Se trataba de varias decenas de jóvenes caídos a manos de criminales que frustraron sus vidas. Al calor de los aplausos de cientos de personas que repletaron el local, cada diploma fue recibido por los padres, madres u otros familiares de las víctimas.
Hermosos discursos de las máximas dirigentes de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, compañeras Lorena Pizarro y Alicia Lira respectivamente. Emotiva intervención del presidente de la Federación de Estudiantes de esa casa de estudios, Alfonso Mohor.
Una fuerte emoción cuando los familiares de las víctimas, personas ya mayores, abrazaban los diplomas como si abrazaran al hijo perdido, mientras levantaban un rojo clavel y exigían a viva voz verdad y justicia. Las mismas que les ha sido negada por tantos años y que sólo con sus luchas han ido logrando en medio de grandes dificultades.
Hay que acompañarles siempre y hoy más que nunca.
