Este verano va a quedar marcado en la memoria de la política y sus financistas. Probablemente el año entero sea una marca de estos vergonzosos e indignantes días. Y una de las variables que permite explicarlo es que, ante cualquier hecho con posibles ribetes de escándalo, la reacción que se ha naturalizado es negarlo, minimizarlo y decir que es “un asunto entre privados”. Esa fue la primera reacción del Gobierno ante las críticas a Sebastián Dávalos, y la primera de la UDI ante las solicitudes de que los parlamentarios Penta no estuvieran en su mesa directiva. Son “cuestiones privadas” y los actores deben dejar que “las instituciones funcionen”. Como si las instituciones no fueran parte del problema.
La legitimidad democrática se encuentra amenazada. El Congreso Nacional tiene la aprobación más baja de su historia, la institución presidencial ha sido puesta en entredicho por la torpeza de quienes creen que los “asuntos entre privados” son más importantes que los asuntos públicos y todo el discurso y programa antidesigualdad que empuja la mayoría de Chile tiene flancos abiertos, muchos más de los necesarios.
Los importantes logros en reformas pueden quedar rápidamente en el olvido si no se actúa con celeridad. Los enemigos de los cambios quieren que así sea. Prefieren que hablemos por meses de los escándalos de plata, sin tratar los temas de fondo, sin pensar en cambiar las reglas del juego, sin cuestionar la forma en que distribuimos el poder en la sociedad.
No hay que tratar de tapar el sol con un dedo. La ciudadanía intuye que el juego está arreglado y por eso no participa en las elecciones. Siente que independientemente de lo que haga, “ganan los mismos de siempre” (que harán lo que hacen siempre), que “hay tongo” y que los representantes buscan más el beneficio privado que el bien público. Esto ha pasado en muchos otros países que terminan en el hastío ciudadano frente a la política como actividad y en una degradación tal de lo público, que hace que todos terminen rogando –y con justa razón– que, por favor, se vayan todos. No queremos eso para Chile. Hay que abrir la democracia. Tenemos que intentar salvar la política de quienes hoy, con sus acciones, la están degradando. En Revolución Democrática proponemos acciones en dos pasos.
El paso uno es regular, fiscalizar y sancionar las “cuestiones privadas” que afectan la legitimidad democrática. Sancionar duramente a los políticos con financiamiento trucho, independientemente del sector de donde provengan, dotar de todas las herramientas judiciales y administrativas a quienes hoy deben aclarar las relaciones entre dinero y política. Hay que denunciar y perseguir judicialmente a los políticos que hayan infringido la ley de financiamiento electoral, el Servicio de Impuestos Internos debe ampliar su investigación a todas las empresas que han financiado a la política de manera irregular y querellarse en todos los casos que así lo ameriten, necesitamos transparencia total de lo ocurrido.
Hacia adelante se requiere del Gobierno una acción decidida por reformar la relación entre dinero y política, como ha prometido, y que la empuje con fuerza. Se necesita una profundización de los estándares de transparencia en todo el aparato público, que más gente declare sus intereses y de manera más exhaustiva. Es fundamental una especial atención a aquellos cargos públicos que deben regular a empresas que aportan sistemáticamente dinero a las campañas por la vía que sea, como la –hoy todavía legal– del aporte reservado y, en especial, por todas aquellas que surjan en la investigación de la aristas políticas del llamado Caso Fraude al FUT.
Hay que combatir la percepción de impunidad o trato preferente a empresas con conflictos ambientales o denuncias por prácticas que atentan contra la libre competencia. De los empresarios uno debe exigir mayores niveles de transparencia de sus aportes al financiamiento de la política y del lobby que ejercen ante los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No podemos seguir creyendo en su autorregulación, hay evidencia suficiente para desconfiar del criterio que aplican al respecto muchos grupos económicos, habrá que aumentar y endurecer la regulación y fiscalización. Que se termine el financiamiento de empresas, y personas jurídicas en general, a la política. Si los empresarios quieren donar, que lo hagan como personas y que sea transparente, que todos sepamos sus preferencias.
De los parlamentarios uno espera que mejoren sus prácticas de transparencia, que no hagan defensas corporativas ni por colores políticos, y que se allanen a las iniciativas que buscan devolverles la dignidad a sus cargos, que está en recuperar el respeto de quienes los eligen, el pueblo soberano. Hay que cambiar la legislación, para que aquellos representantes electos que cometan ilícitos en el financiamiento de sus campañas pierdan sus cargos y no sean sancionados los “administradores electorales”, que el hilo no se corte por lo más delgado.
El paso dos es fortalecer las “cuestiones públicas”, producir más y mejor democracia. Para esto proponemos, en primer lugar, limitar la reelección de todo tipo de representantes para promover un recambio sistemático que impida el “achanchamiento”, en segundo lugar, proponemos que exista más y mejor rendición de cuentas de los representantes ante la ciudadanía. En tercer lugar, creemos esencial que todos los cargos de elección popular sean revocables y que si un representante tiene que dejar su cargo, por cualquier razón, que sea una elección popular universal –y no su partido político– la que determine quién será su reemplazante.
Necesitamos una nueva institucionalidad electoral, con capacidad fiscalizadora, tecnología adecuada y personal idóneo que supere al actual Servel, que claramente no tiene ni las atribuciones ni la capacidad necesaria para fundar una nueva relación entre la sociedad y la política.
Es que si de verdad queremos inaugurar un nuevo ciclo político en Chile y entendemos la dimensión y raíces de la crisis actual, urge volver a pensar la sociedad y las relaciones de poder en ella, las políticas, las económicas y las sociales. Necesitamos dar legitimidad de base, no ser tímidos ni mucho menos querer que nuestro grupo u otro se lleve la pelota para la casa. Es hoy fundamental un gesto republicano profundo: asamblea constituyente.
(*) Sociólogo. Militante de Revolución Democrática.
Fuente: El Mostrador
