Cada uno de los escándalos políticos y económicos que reventó en 2015, tales como las facturas y boletas ideológicamente falsas de Penta y SQM, los contratos forwards con Cruzat, los bonos truchos a CHV y otras empresas, tuvo en el ex presidente y especulador a gran escala, a un actor central. Varios de sus ex ministros y ex subsecretarios están formalizados por delitos económicos o cohecho. Prácticamente todo el “segundo piso” de su gobierno ha terminado ligado a escándalos. Amigos y familiares no han escapado a ello. Pero él silba para el techo, como si lloviera.
Es tal la mala fama de Piñera, que ciertos «expertos» consideran que ese es su antídoto frente a las múltiples acusaciones que lo aquejan, y que él no se digna en responder.
En efecto, el ex Presidente Sebastián Piñera tiene un largo historial de irregularidades en el mundo de los negocios, es reconocido como un hábil especulador bursátil, afín a operaciones de alto riesgo y un empresario que varias veces ha jugado al límite de la ley para incrementar su fortuna.
Entre los casos más bullados, están las irregularidades en la quiebra del Banco Talca, su adquisición del negocio de tarjetas de crédito, el caso Chispas cuando era parlamentario, el uso de información privilegiada para adquirir acciones de LAN, la tardanza en la venta de sus empresas mientras asumía la Presidencia y sus vínculos con el caso Cascadas.
Ese historial, opinan tanto en la Chile Vamos como en parte del piñerismo, es su principal activo para enfrentar los nuevos cuestionamientos por el rol de sus empresas, lideradas por Bancard, su matriz de inversiones.
La explicación que da su entorno es bastante sencilla: la ciudadanía está acostumbrada a sus conductas impropias. Los nuevos antecedentes no generan sorpresa ni asombro, por lo tanto, no afectarán su imagen ni su candidatura presidencial.
El diagnóstico es que el ex Mandatario cuenta con experiencia en sortear bien los episodios en que se ha cuestionado la legalidad de sus operaciones comerciales y, sobre todo, creen que la opinión pública está habituada a que cada tanto se vea involucrado en estos escándalos:
“La gente sabe que Piñera es bastante pillo y lo aceptan así”, comentó un alto dirigente de la Alianza.
Es sólo “una más” en su trayectoria, afirman, y por eso no ha sido golpeado, al menos no en las encuestas.
Bueno, eso es lo que creen. Pero del dicho al lecho hay considerable trecho. Por algo todavía no reconoce abiertamente lo que es evidente: su ambición de repostular en 2017.
Sebastián Piñera: El empresario en política que está impune (Hasta ahora…)
Por Mario López M.
Para cualquier analista serio le resulta difícil comprender por qué, ya conocidas tantas irregularidades e ilícitos, Piñera sigue sin ser citado a la presencia judicial y vigente, aunque no como él quisiera, en las encuestas. Es cierto que sus más cercanos han estado dispuestos a sacrificarse asumiendo todas las responsabilidades por él, pero no es coincidencia que tantas malas prácticas se den en su entorno.
Tal contumaz comportamiento arroja una sensación de impunidad en la gente que ve con desazón cómo Piñera y sus más cercanos, han optado por guardar silencio sobre la responsabilidad judicial o al menos política del exmandatario. El senador Manuel José Ossandón ha señalado que “Si gente de la alianza (Vamos Chile) cree que es mejor guardar silencio es lo que le hace bien a la política, están absolutamente equivocados. Personas del nivel de él no puede dejar pasar estas cosas, sobre todo si queremos recuperar la credibilidad en la política, los involucrados tienen que dar explicaciones”, aseguró a Cambio21.
La arista Penta
En el tiempo reciente -para no volver a los consabidos casos del Banco de Talca (donde fuera sobreseído) o de LAN (donde fuera sancionado pecuniariamente), LAN Cargo (acusado de colusión y donde fue también multado) o el caso Cascadas y otros con historia-, Penta se le apareció al expresidente en las denuncias respecto a una de sus fundaciones, Futuro. El ex gerente del holding, Hugo Bravo declaró a los fiscales que la Fundación Futuro -creada y presidida por Sebastián Piñera-, recibió “de manera fraudulenta” $50 millones.
Desde ahí se desencadenaron una serie de aristas que involucran al exmandatario. Bravo mencionó en una de sus declaraciones ante el Ministerio Público, que se había hecho una donación a la Fundación Futuro de 50 millones de pesos, para apoyar la campaña presidencial de Sebastián Piñera en 2009. “En cada campaña, el aporte que se hacía de manera legal era de unos 100 millones de pesos y de unos 400 millones de pesos adicionales mediante cambio de boletas o facturas por servicios que no eran prestados o que eran falsos”, agregó, efectuando un desglose de cómo y a quiénes se habían girado esos fondos.
Desde la mencionada Fundación y del círculo de hierro del expresidente, se desmintió el hecho. La exvocera de su gobierno, y vicepresidenta de la otra fundación de Piñera, Avanza Chile, Cecilia Pérez, señaló que la información entregada por el exgerente de Penta y quien hacía la distribución de los dineros de la compañía bajo cuerda a sectores afines a la derecha, era “falsa”. Un dato a no dejar de lado. Bravo identificó a todos los receptores de dineros truchos. Todos ellos, sin excepción, o reconocieron o han sido formalizados. El único que no ha reconocido ni ha sido citado a estrados, es Piñera. Con Penta, habría aún más.
La arista Forward
Una herramienta económica en apariencia propia del mercado y que en sí no es espuria, es la denominada operación de futuro o forward. Ella consiste en predeterminar el precio de la divisa en un tiempo futuro, en el que se pagará una operación comercial realizada en el presente. Se adelanta el valor de la divisa que se desconoce y se paga en tiempo actual. Si llegada la fecha del vencimiento ese valor es mayor o menor al presupuestado con antelación, la que pagó o la que recibió el precio por adelantado, hace la pérdida que corresponda.
Hasta ahí, todo bien. En este caso no se hizo una convención a futuro, sino que se tomó un contrato y se le puso fecha anterior, es decir, cuando ya se conocía el valor de la divisa, por lo que se ajustó una ganancia ilegal y se burló, creándose pérdidas inexistentes que rebajaron impuestos, a los fondos públicos y al bolsillo de todos los chilenos. Por esa vía se trianguló desde Penta III y a través de Bancorp con Inversiones CB, empresa de Manuel Cruzat, quien ha sido socio y mentor de Piñera, otros $50 millones. De hecho, Santiago Valdés, la mano derecha en la campaña del expresidente, está formalizado como gerente general de Bancard por la entrega de una decena de facturas falsas en 2009 que habrían ido a parar a la campaña de Piñera o que este habría destinado a otros fines personales.
“¿Quiénes intervienen en este forward? Inversiones Penta III por un lado, que deposita $50 millones en Inversiones CB (en un) forward de entrada. Y $50 millones de salida, para qué empresa: para Administradora Bancorp S.A, domiciliada en avenida Apoquindo 3000, piso 16. Saquemos nuestras propias conclusiones de qué significa este forward”, señaló el fiscal Carlos Gajardo durante la formalización de los dueños de Penta, y que el que incautó tras declaraciones de Cruzat y ejecutivos de CB Capitales. Ese contrato suscrito en 2009 por Mediterráneo Fondo de Inversiones, empresa administrada por Bancorp, es parte de los 102 forwards que entregó Cruzat relacionados con el holding Penta y que fueron cuestionados judicialmente.
La arista SQM
Aquí no se trata de un par de casos aislados. Con Soquimich son muchos más los vínculos acreditados. El Vicepresidentes de Finanzas del holding empresarial, Ricardo Ramos, confesó ante el Ministerio Público la total inexistencia de servicios prestados por Administradora Bancorp S.A., sociedad de inversión perteneciente a Sebastián Piñera, que según la denuncia del Servicio de Impuestos Internos, emitió 15 facturas a SQM, por $ 318 millones entre 2009 y 2010, el periodo de la campaña presidencial.
“La única explicación plausible es que esa asesoría nunca existió”, reconoció el exejecutivo de SQM en su declaración ante los fiscales. No fue el único que desmintió cualquier prestación efectuada por la empresa de Piñera al holding de Ponce Lerou. El Gerente General de la empresa del yerno de Pinochet, Patricio de Solminihac, ratificó los mismos antecedentes, quitando el piso a las justificaciones que habían emanado desde Bancorp y que aseguraban que sí se habían prestado servicios profesionales.
Además de Bancorp, existe otra empresa ligada al exmandatario que apareció tras la rectificación de SQM. Se trata de Vox Populi S.A., que recibió pagos por 26 millones de pesos a través de 5 facturas reputadas falsas entre 2009 y 2010. Esta empresa es la que se encarga de hacer encuestas de opinión respecto de Sebastián Piñera. Los propietarios de Vox Populi son, en partes iguales, Bancard Inversiones Limitada e Inversiones Bancorp Limitada, ambas de propiedad del exmandatario. SQM enmendó ante el SII 237 facturas por más de $2 mil millones, entre ellas las de las empresas de Piñera. Eso llevó al SII a presentar una denuncia por delito tributario contra SQM y quienes resulten responsables, pero hasta ahora…
La ignorada arista Said
Una serie de operaciones de financiamiento al margen de la ley, han pasado casi desapercibidas y tienen como destinatario, entre otros, a empresas del expresidente Piñera. Ellas tienen por origen al holding de la familia Said, que en general mantiene un bajo perfil público pero una fuerte presencia en el mercado nacional. El grupo Said participa del comercio minorista, la industria y la banca y hasta hace un mes en el sector salud con Cruz Blanca. Además son propietarios del Parque Arauco, Embotelladora Andina, banco BBVA Chile y poseen participación en Envases del Pacífico (EDELPA), entre otras.
Cuando el SII llamó a las empresas a rectificar pagos ilegales, dentro de las que lo hicieron, estuvieron las empresas ligadas al señalado grupo Said, Inversiones Caburga, controlada por la familia Said Somavía e Inversiones Newport, sociedad controlada por la familia Said Handal. Ambas rectificaron ante el organismo fiscalizador, $750 millones, en el marco de la investigación de financiamiento ilegal de campañas políticas. Entre ambas compañías aportaron a sociedades ligadas al exmandatario, cien millones de pesos, que se investigan.
Las compañías que recibieron los dineros impugnados por no existir prestación alguna ligada a ellos y que por lo tanto serían parte del financiamiento ilegal de la campaña de Piñera, son Inversiones Santa Cecilia, Bancard y El Boldo. Los cien millones fueron pasados bajo la mesa entre los años 2009 y 2010, durante su candidatura presidencial. Inversiones Caburga entregó $50 millones a dos sociedades del expresidente y entonces candidato: Inmobiliaria El Boldo recibió $41,7 millones e Inversiones Santa Cecilia recibió $8,2 millones. Por su parte Newport le aportaron otros $50 millones que dividió entre Bancard, Inmobiliaria El Boldo e Inversiones Santa Cecilia.
Nueva arista: ¿el milicogate?
Una denuncia de The Clinic, que fuera rápidamente desmentida por Ignacio Briones R, ex coordinador de Finanzas Internacionales, Ministerio de Hacienda entre 2010 y 2013, daba cuenta que el gobierno de Sebastián Piñera habría realizado “millonarios traspasos financieros entre Chile y el extranjero con los excedentes provenientes de la Ley Reservada del Cobre sin informar sus detalles al Congreso ni la ciudadanía”. El diputado Ricardo Rincón (DC) aseguró que “En una sesión secreta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, se nos dijo que por un tema de liquidez era preferible traer los fondos a Chile desde Estados Unidos (…) Se temía que en caso de guerra hubiera un embargo de estos recursos”.
Lo que en caso alguno fue desmentido, es lo señalado por Cambio21 e incluso ratificado por El Mercurio y relacionado con los Fondos Reservados del Cobre, es que la administración Piñera usó excedentes de esos fondos para financiar gastos distintos a los señalados en la ley. La norma legal establece que el 10% de las exportaciones de Codelco debe destinarse al financiamiento de compras militares. En 2010, Sebastián Piñera utilizó US$ 614 millones de la Ley Reservada del Cobre para reconstrucción civil tras el terremoto y además gastó US$ 439 millones para la reconstrucción de la base naval de Talcahuano.
No solo eso, durante su administración se invirtió importantes sumas en materia inmobiliaria que favoreció a las ramas de las FFAA, lo que en caso alguno corresponde a “compras militares” destinadas a la defensa nacional y que dicen relación con armamento, repuestos bélicos y materias afines, muy distinto a operaciones privadas. Es más, sin considerar esos dineros, Piñera gastó un 52% más que el primer gobierno de Bachelet y, durante los últimos 3 meses de su gobierno, se gastó el 100% de las transferencias de Codelco, las que ascendieron a US$ 241 millones. Lo anterior claro, no incluye la falta absoluta de control que originó el affaire conocido como “Milicogate” y que implicó que, en su administración, desde 2010 hasta 2014, se desviaron más de 10 millones de dólares en juergas, casinos y otros destinos que se investigan.
Las “otras” aristas
Las empresas, ejecutivos y familiares de Piñera no solo triangularon dineros que se han imputado como ilícitos con Penta ($50 millones), SQM ($318 millones), CB Inversiones ($50 millones), empresas Said ($100 millones), etcétera, sino que además aparecen involucradas otras sociedades, como los pagos que se develaron al exdirector ejecutivo de CHV Jaime de Aguirre, que terminaron implicando a la misma compañía televisiva que era de propiedad del exmandatario, y a Aguas Andinas ($30 millones), Pampa Calichera, SQM Salar ($26 millones), La Música -de propiedad del exejecutivo- ($130 millones), Inversiones Ilihue ($20 millones)… a qué seguir.
Como se recordará, las denuncias han apuntado que en este último caso, las empresas aportaron (fuera del marco legal) para la campaña de Piñera, pero que este optó por usarlas para pagar bonos a sus exempleados, entre ellos a Mario Conca (12 millones en 2 pagos), que se realizó mediante la empresa Andes Task, de propiedad de Alejandro Reyes Pizarro, quien resulta ser el contralor de Sigdo Koppers, otra de las empresas cuestionadas por pagos bajo cuerda a Piñera. Conca facturó a través de la empresa Carrizal. El exejecutivo también reconoció haber entregado facturas por $33 millones a Aguas Andinas.
Conca se suma al ya conocido caso de Jaime de Aguirre, quien señaló a Cambio21: “Aquí se trata de un pago por asesorías que hice a Bancard de acuerdo a un contrato, después me hacen devolver la plata y me piden refacturar a otras empresas que todos saben, entre ellas SQM”. A pesar de todo lo anterior y más, de seguro –y teniendo a la vista las “nuevas directrices” de la Fiscalía-, el expresidente seguirá siendo un impune hombre de negocios en política. Cuesta entender que, si hasta la Presidenta Bachelet debió declarar en su oportunidad por oficio en el marco del caso 27/F, el expresidente ni siquiera sea citado a la presencia judicial a aclarar tanto entuerto.
Si te vienen a contar cositas malas de mí… Ante tanto desmentido y en tantos casos, cuesta dejar de recordar la canción interpretada por Pedro Fernández… el “Yo no fui”. Sobre todo porque respecto a las triangulaciones de dineros, al menos, para el SII ello dejó de ser delito a partir del 23 de julio de 2015 oportunidad en que se dictó la Circular N° 65 que “Imparte instrucciones acerca de las normas incorporadas en el Código Tributario por la Ley n° 20.780, en materia de medidas anti elusión”. Justo cuando se debatían los pagos del expresidente. A partir de esa fecha, quienes paguen bonos triangulando con otras empresas y sean descubiertos evadiendo impuestos, serán sancionados con… multa a beneficio fiscal y el pago de lo defraudado con los recargos legales… ¿y la querella criminal?, bien, gracias.
