El Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento de la derecha que busca declarar inconstitucional la glosa del Presupuesto para financiar la gratuidad en 2016, luego que se determinara que fue formulado por un órgano legítimo -en este caso por 31 parlamentarios- y que se presentó dentro del plazo legal. En caso de ser acogido, esta maniobra obstruccionista de la derecha dificultará, pero no impedirá el inicio de la gratuidad en 2016. Es más, paradójicamente, dicha maniobra puede eliminar de la gratuidad a las universidades privadas, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, cuyos alumnos pueden desde ya ir a reclamarle a la alianza derechista.
La próxima semana se iniciarán los alegatos correspondientes. El miércoles 9 será el turno de las organizaciones civiles de presentarse, si quisieran, como rectores o estudiantes, mientras que el jueves 10 será el turno de las partes involucradas: la oposición con su abogado, además del Gobierno con la abogada Paulina Veloso.
El secretario del TC, Rodrigo Pica, confirmó la decisión y detalló el procedimiento a seguir:
«La resolución de admisibilidad le confiere un plazo de cinco días al Poder Ejecutivo para contestar el requerimiento».
En tanto, para dictar la sentencia, el TC tiene un plazo de 10 días, prorrogables por otros 10 más, mientras que para formular observaciones y entregar antecedentes otros cinco días, por lo que el 23 de diciembre estaría ya la resolución.
Requerido además por la solicitud presentada por la oposición al Tribunal Constitucional por gratuidad, el ministro portavoz de Gobierno, Marcelo Díaz aseguró que “uno tiene que hacerse responsable de las acciones que presenta. El requerimiento presentado por un grupo de diputados de la derecha al Tribunal Constitucional, de aprobarse, tendría como consecuencia una reducción del número de los beneficiarios, porque el Tribunal Constitucional no puede aumentar los recursos aprobados por el Congreso ni tampoco lo puede hacer el Poder Ejecutivo”.
Por lo tanto, expresó, “tendríamos que, con los mismos recursos, buscar otros mecanismos que nos permitan iniciar la gratuidad el 2016 y eso significaría, como lo dijo el Ministro Valdés hoy, que eventualmente podrían quedar instituciones fuera. Por tanto, ese es un dato que a mi juicio los diputados requirentes no debieron haber dejado de lado: de aprobarse el requerimiento puede eventualmente traducirse en una disminución del número de beneficiarios”.
El Ministro aseveró que “tenemos la convicción de que el mecanismo que utilizamos para adelantar la entrega de este beneficio a los chilenos el próximo año y especialmente a los jóvenes que van a postular a la educación superior, o que se encuentran en la educación superior, es un mecanismo constitucional y tenemos confianza en que el Tribunal nos dé la razón”.
“Si ello no ocurriera, nuestra decisión, la voluntad del Gobierno es que la gratuidad va. Y buscaremos los mecanismos en ese evento, que no permita iniciar tal como se lo dijimos a los chilenos, la gratuidad el próximo año para que Chile empiece a cambiar un modelo educativo que da cuenta de la aspiración de la inmensa mayoría de este país, que quiere un sistema educativo de calidad y gratuito”, agregó.
En tal sentido, explicó que la gratuidad para la educación superior se aplicará en 2016, independiente de la resolución del Tribunal Constitucional (TC) por el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por parlamentarios de la oposición:
“Les puedo señalar con total claridad, que la decisión de la Presidenta y del Gobierno es que la gratuidad va el 2016. Lo que yo quiero decir con mucha claridad es que la gratuidad va, y vamos adoptar todas las medidas en el caso que el TC no nos fuera favorable”, asegurando que esta iniciativa es “es uno de los mayores anhelos” y demandas de los chilenos».
«Con los mecanismos alternativos que tenemos puede que no alcance para todos», aseguró el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, al ser consultado sobre el requerimiento presentado la semana pasada por parlamentarios de la oposición ante el Tribunal Constitucional que busca que se declare inconstitucional la glosa de gratuidad del Presupuesto de Educación de 2016, y que ayer fue acogido a trámite por el organismo.
Al respecto, Valdés agregó:
«El Tribunal Constitucional no puede pretender aumentar el gasto del gobierno, si va a cautelar la Constitución no puede hacer que el gobierno gaste más porque no hay más recursos (…) Si se nos cae la glosa, pueden quedar instituciones afuera».
Planes alternativos
Los presidentes de partidos de la Nueva Mayoría se reunieron con la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, para analizar el proyecto de ley de Educación Superior, además del requerimiento ante el Tribunal Constitucional presentado por la derecha para impedir la aprobación de la glosa de gratuidad en el Presupuesto 2016.
El presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, expresó a la salida de la reunión, que independiente de la resolución que adopte el Tribunal Constitucional, existen diversas posibilidades para cumplir con asegurar la gratuidad para los 200 mil estudiantes de la Educación Superior.
“Ayer en el Comité Político se vio la posibilidad de que (una ley corta) fuera una de las soluciones al problema, pero hoy los ministros están mucho más optimistas y dicen que es posible solucionarlo incluso administrativamente. Estamos más tranquilos en ese sentido, porque se va a cumplir con lo que se ha dicho que habrá gratuidad para 200 mil jóvenes el próximo año. Eso es lo que está claro. Cualquiera sea la resolución del Tribunal Constitucional”, sostuvo el diputado Teillier.
En ese sentido, el presidente del PC recordó que la Ley de Presupuesto, a diferencia de otras leyes, puede ser promulgada previamente a la resolución del TC, incluyendo la glosa de gratuidad.
Ante la consulta acerca de si considerar la gratuidad en una glosa presupuestaria fue el camino correcto para comenzar a aplicar lo comprometido por el Ejecutivo, el representante por San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo sostuvo que no puede ser considerado un “error”, muy por el contrario, “el año pasado teníamos la posibilidad de hacerlo en mejores condiciones presupuestarias y haber adelantado la gratuidad. Este era el camino que había que tomar para un proceso que se estaba atrasando”, sostuvo Teillier.
En cuanto al proceso hacia la gratuidad de la Educación Superior, el diputado comunista señaló que “puede que no lleguemos al 70% en este periodo, pero lo que sí hemos dicho y que ha sido ratificado por el Ministerio, es que quedarán establecidas las formas cómo se cumple con la palabra de la Presidenta. Eso no se ha desechado en ningún momento”.
En cuanto al proyecto de ley sobre Educación Superior, el parlamentario afirmó que fue una reunión provechosa, pues los partidos de la Nueva Mayoría tuvieron mayor claridad sobre el “cómo será el proyecto en cuanto a institucionalidad, calidad y financiamiento”.
“Están todos los parámetros generales y está bastante avanzado el proyecto, por lo que es muy factible que se envíe a fines de este mes y nos da los elementos para discutirlo políticamente, como también elementos para discutirlo técnicamente. Los partidos vamos a nombrar equipos parlamentarios de especialistas y así seguir discutiendo con quienes tengan temas por plantear, como estudiantes, rectores y otros sectores de la educación”, concluyó el presidente del PC.
Respecto a la decisión del TC de declarar admisible el requerimiento contra la gratuidad se refirió el rector de la Universidad de Chile y presidente de las Universidades Estatales (CUECh), Ennio Vivaldi.
«No tengo mucho que comentar en el sentido que pensamos que aquí hay un esfuerzo por recuperar un sentido de derecho a la educación superior que, desde luego, no está en cuestión que las universidades estatales tengamos derecho a tener políticas más amplias de admisión de estudiantes, respaldando a grupos que han sido por mucho tiempo postergados de sus posibilidades de educación en general, universitaria en particular», sostuvo el rector.
«Entiendo que tampoco está cuestionado el hecho que las universidades del Consejo de Rectores puedan tener acceso a la gratuidad, por tanto esto pasa a ser un problema de cómo los privados visualizan la interacción entre ellos y la distribución de sus platas», añadió Vivaldi.
“Aquí el tema de fondo es que la derecha no quiere modificar el actual sistema de educación de mercado. Ellos, principalmente la UDI, con este recurso presentado en el Tribunal Constitucional lo único que lograrán es dejar a más de 200.000 estudiantes sin la oportunidad de acceder a la educación superior de manera gratuita, como lo ha demandado el movimiento social y la ciudadanía desde el año 2011”, señaló el Diputado del Partido Socialista, Daniel Melo.
“Argumentar que la glosa discrimina a estudiantes vulnerables y que la partida presupuestaria no es el mecanismo adecuado para legislar el financiamiento a la educación superior, sólo son excusas y subterfugios”, que a lo único que apuntan es a “poner freno a una de las reformas más importantes del gobierno de la Presidenta Bachelet”, agregó el legislador por El Bosque, San Ramón y La Cisterna.
Melo aseguró que: “aquí hay un tema de intereses creados y todo el mundo lo sabe. Me parece bajo que, a pesar de que ambas cámaras del Congreso aprobaron este sistema, los parlamentarios de la oposición insistan en frenar la gratuidad en la educación. Pareciera que no se dan cuenta que están coartando la posibilidad que muchos jóvenes y muchas familias puedan acceder a una mejor calidad de vida, cerrándoles las puertas siquiera antes de intentarlo”.
El parlamentario PS también argumentó “no tiene sentido tratar de convencer a la derecha de a algo que va contra su ideología, si fue el mismo ex Presidente Piñera quien señaló que para ellos la educación es un bien de consumo”. Del mismo modo, el Diputado PS llamó al Gobierno “a no bajar los brazos”, y que “si el TC impugna la glosa, la única opción que nos queda es una ley corta, la cual apoyaría decididamente”.
Finalmente, el Diputado del PS señaló que: “esperamos que en el debate que se abre respecto a la nueva Constitución, se revise el rol que juega el Tribunal Constitucional en nuestro sistema democrática”, toda vez que “este organismo hoy funciona, literalmente, como una tercera cámara, pero sin el respaldo ni el reconocimiento de la ciudadanía”.
En su aparentemente interminable estupidez, parlamentarios de derecha calificaron de «chantaje» del Gobierno las declaraciones según las cuales si el Tribunal Constitucional acoje el requerimiento de la derecha, se reduciría en número de beneficiados por la gratuidad.
Luego de la reunión entre la ministra (s) de Educación, Valentina Quiroga, y los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría celebrada el martes en que se destacó que la oposición buscaba disminuir a los estudiantes beneficiados por el presupuesto aceptado a través del recurso presentado al Tribunal Constitucional (TC), los parlamentarios de RN y la UDI lo catalogaron de «chantaje» frente a la población.
El diputado de la UDI, Jaime Bellolio, criticó las declaraciones que han surgido desde el gobierno y afirmó que “yo le pido a la Presidenta, a la ministra y al vocero que terminen esta campaña del terror”, y aseguró que “el único efecto que vamos a tener en caso de que el TC falle a nuestro favor es que habrán más estudiantes beneficiados”.
«Lo que está haciendo el gobierno respecto al recurso en el TC es un chantaje porque están amenazando que le van a quitar los recursos a ciertas universidades; lo que busca el recurso es quitarle los elementos discriminatorios» al presupuesto, señaló el diputado de Renovación Nacional José Manuel Edwards.
En la misma línea, la congresista UDI María José Hoffmann sostuvo que se debe esperar el pronunciamiento del TC y que se encuentran tranquilos, ya que creen que cuentan con los argumentos necesarios para pasar la acción legal.
Así lo detalló Edwards: «estamos tranquilos de que el TC va a declarar admisible el recurso, sino que además va a declarar la no discriminación a los estudiantes», a lo que añadió que «lo que más nos importa es que la ayuda vaya al estudiante, que sea la familia que decida dónde quiere estudiar y el Estado lo ayude».
Además criticó que «para el gobierno algunos son estudiantes clase A y otros clase B», porque «lo que se está haciendo es entregar la ayuda a las instituciones, como si los estudiantes vulnerables que no asisten a las universidades beneficiarias no necesitaran la ayuda».
