Parlamentarios de la oposición alcanzaron un acuerdo para presentar una acusación constitucional en contra de los magistrados de la Corte Suprema que otorgaron la libertad condicional a violadores de los derechos humanos en dictadura.
Diputados de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio confirmaron que lograron un acuerdo y que presentarán en bloque una acusación constitucional contra los tres ministros de la Corte Suprema que aprobaron la libertad condicional de siete reclusos de Punta Peuco.
La iniciativa necesita de al menos diez firmas y no más de 20, y el texto finalmente contará con la participación de parlamentarios de ambos conglomerados, e incluso el diputado Raúl Soto (DC) anunció que no descarta firmar, aunque la posición oficial del partido es que apoyará la acusación cuando se conozcan los argumentos en el documento.
La acusación será presentada contra los tres magistrados que aprobaron la liberación de siete condenados por violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura: Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama.
El texto será presentado en un plazo de entre 7 y 10 días y se espera que sea revisado por la Cámara Baja durante septiembre.
La decisión fue ratificada por representantes de todas las bancadas, los que estuvieron acompañados por la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, quién se refirió al rol que ha jugado la justicia respecto de este tema en los últimos años:
“Ante la decisión política del gobierno de derecha de avanzar en la impunidad, el Poder Judicial se pone nuevamente del lado que buscan sellar la impunidad y avanza en esta aberración, desconociendo el derecho internacional e inicia un camino de otorgar libertades a los genocidas que han vivido su vida en impunidad, que han recibido bajas penas, pero que además están en cárceles especiales”.
Reacciones
Por su parte, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, emplazó al Presidente Sebastián Piñera a tomar la misma actitud que tomó en el pasado respecto de las decisiones de la Corte Suprema:
“Aquel entonces senador Piñera utilizó los mismos argumentos que vamos a utilizar nosotros en el sentido de que los jueces de los Tribunales de Justicia no pueden ignorar los tratados internacionales. Sería interesante preguntarle al Presidente de la República si comparte la opinión, que esbozó el año 93, cuando con su voto se aprobó la acusación constitucional del Ministro Cereceda y el argumento que el sostuvo era que los jueces no pueden pasar a llevar los tratados internacionales”.
Agregó:
“Queremos señalar de manera muy clara: hay que frenar y parar la impunidad en nuestro país. Este no es un problema entre Gobierno y oposición, de izquierda o derecha, aquí se trata de que el país debe decir siempre respeto a los derechos humanos. Los ministros transgredieron una serie de tratados a los que Chile está suscrito.
El diputado del Partido Comunista, Daniel Nuñez sostuvo que este es un problema transversal:
“Hay un fundamento ético y moral que es fundamental y, por eso, nuestro llamado es que toda la sociedad chilena se manifieste y apoye esta acusación constitucional para pedir que en Chile no haya más impunidad y por eso es que ya se empezó a trabajar, tenemos la expectativa que en máximo 10 días ya esté redactado, tenemos abogados que están en eso. La acusación es contra los tres jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema que aprobaron la libertad condicional, que sea una señal de que en Chile se acaba la impunidad».
A su turno, el diputado Miguel Crispi, de Revoluci`ón Democrática difundió en si cuenta twitter:
«Es momento en que la oposición debe estar unida. Frente a la defensa de los DD.HH y la lucha contra la impunidad, hoy sin excepciones hemos ratificado nuestro compromiso de apoyar la acusación constitucional contra los jueces que dieron libertad condicional a los 7 genocidas».
El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, señalò:
“Están en su derecho de expresar su opinión, de la misma manera que los jueces tienen el derecho de expresar sus opiniones que se expresan en las sentencias. Indudablemente la tramitación de la acusación va a generar condiciones más complicadas, más extremas de funcionamiento, pero no hay más que trabajar en esas condiciones; son las circunstancias que hay que vivir nada más”. .
Consultado acerca de si cree que el uso de esta herramienta busca atemorizar a los ministros, respondió:
“No, yo entiendo que son instituciones jurídicas que la Constitución establece y punto. La usarán si reúnen las mayorías, tendrá el desarrollo que se pueda, pero yo no quisiera hablar de amedrentamiento porque yo entiendo que esta es una cuestión de debate público y amedrentar es una expresión demasiado dura que yo no tengo por qué atribuirle a los familiares de las víctimas, ni organizaciones de ningún tipo”.
Procedimiento
En el caso de los magistrados de los tribunales superiores de justicia, la causal de acusación constitucional es por notable abandono de sus deberes.
El procedimiento inicia con la acusación, que debe ser entablada por no menos de diez ni más de veinte diputados. Las acusaciones podrán ser interpuestas mientras el afectado esté en funciones y dentro de los tres meses siguientes al término de su cargo.
Una vez interpuesta la acusación, la Cámara deberá escoger al azar una comisión de cinco diputados para que informe si procede o no la acusación.8 La comisión deberá estudiar y pronunciarse sobre la acusación.
La Cámara de Diputados sesionará diariamente para examinar la acusación.
La Cámara deberá votar respecto a la procedencia de la acusación, lo que será aprobado por la mayoría de los diputados presentes. Una vez declarada la procedencia, el acusado quedará suspendido de sus funciones mientras dure el procedimiento.
El Senado resuelve la acusación como jurado, limitándose a declarar si el acusado es culpable o no. La declaración de culpabilidad debe ser pronunciada por la mayoría de los senadores en ejercicio.
Si el Senado desestima la acusación o no se pronunciare dentro de treinta días, cesará la suspensión de funciones del acusado.
Si el funcionario es declarado culpable, quedará destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública por el plazo de cinco años, sea de elección popular o no.
Desde la entrada en vigencia de la actual constitución, se ha planteado acusación constitucional contra 14 ministros de la Corte Suprema: Hernán Cereceda, Leonel Beraud, Germán Valenzuela, Fernando Torres Silva, en su condiciòn de Auditor General del Ejército, Eleodoro Ortiz, Enrique Zurita, Guillermo Navas, Hernán Álvarez, Servando Jordán, Enrique Zurita, Marcos Aburto, Osvaldo Faúndez, Luis Correa Bulo, Domingo Kokisch, Eleodoro Ortiz, Jorge Rodríguez A. y Héctor Carreño.
De ellas, solo ha sido acogida en el caso de Hernán Cereceda.
Si la DC apoya el libelo, la suerte de Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama estaría echada: tendrán el dudoso honor de integrar la reducida y exclusiva lista de los jueces destituidos por notable abandono de deberes.
Una cosa es segura: con el mensaje que acaba de mandar la oposición unida, difícilmente se van a repetir fallos tan aberrantes como los que estaba emitiendo la Sala Penal de la Corte Suprema, una vez que la abandonó el ministro Milton Juica, por límite de edad.
