El corrimiento hacia la derecha que la mitad de la mitad de los chilenos que votaron a Piñera el pasado 17 de diciembre, proyecta su cono sombrío sobre todos los aspectos de la convivencia social. Solo así puede explicarse el retroceso en la lucha contra la impunidad, materializado en la concesión de irritantes privilegios carcelarios a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Como antes, es decir, cada uno de los intentos de «cerrar» la herida de los derechos humanos sin pagar la cuenta, sin siquiera arrepentimiento, y como siempre, la única herramienta eficaz para responder la provocación es la movilización de todos quienes piensan que la justicia es un componente indispensable del ¡nunca más!
En lo inmediato hay méritos más que suficientes para una acusación constitucional.
Si ese instrumento está en la actual legislación, y se cumplen los supuestos, hay que utilizarlo, así como también la interposición de recursos antre tribunales de justicia internacionales.
La gravedad de lo que está en juego exige la utilización de todos los recursos disponibles.
- Camila Vallejo por fallos de la Suprema: «Estamos en un contexto de impunidad y hay que frenarlo»
- Todavía quedan cosas en común: oposición se une contra la Suprema por libertades de violadores de DDHH
- Diputados PS evalúan acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema tras libertad a reos de Punta Peuco
- ¿Quiénes son y qué hicieron los liberados de Punta Peuco?
Camila Vallejo por fallos de la Suprema: «Estamos en un contexto de impunidad y hay que frenarlo»
«Recurrir a instancias internacionales (como la Corte Interamericana de DD.HH.) y una acusación constitucional son pertinentes, (…) hay que utilizarlas», señaló la diputada del PC, Camila Vallejo, sobre las acciones que estudia la oposición frente a la decisión de la Corte Suprema de otorgar libertad condicional a un grupo de condenados por violación a los DD.HH.
En entrevista con Radio Universo, Vallejo destacó:
«Fue muy significativo que parlamentarios de todas las bancadas de la oposición se manifestaron en rechazo a la decisión de la Corte Suprema, la verdad es que estaba pasando bastante piola».
«Hoy se ve cada vez más posible que dentro de la oposición podamos tener una posición favorable para una acusación constitucional. Los argumentos jurídicos están sobre la mesa. Los tratados internacionales que están vigente y ratificados por Chile, como el estatuto de Roma que está vigente y son ley de la República. La Constitución política obliga al Estado a respetar los tratados vigentes», agregó la diputada.
«Según esos tratados se establece como tratar a las personas que cometieron delitos de lesa humanidad y la única razón para otorgarle libertad o beneficios carcelarios es sumamente clara y ninguna de esas se ha cumplido: que es haber mostrado arrepentimiento, que es haber colaborado de manera sistemática, desde un inicio con la justicia, en materia de verdad, de entregar información. Y nada de eso ha sucedido con estos criminales. Entonces razones hay para señalar que ahí hay un incumplimiento a la constitución política».
Sobre la presentación del líbelo dijo que «estoy totalmente de acuerdo. Lo discutimos en el PC, (…) vamos a ser parte de esta acusación, el PS también está en esa posición y esperamos que la DC y la FA ojalá se puedan pronunciar el día de hoy. Porque es importante que pueda ser una acción en conjunto de la oposición». Consultada por la decisión de la Suprema, respondió que «estamos en un contexto de impunidad y me parece que hay que frenarlo. En Chile la justicia ha sido lenta y mala. No ha sido muy efectiva y hay que decirlo. Para que haya justicia tiene que haber verdad, reparación y memoria, y esos tres elementos no se han conjugado lo suficientemente para poder decir que Chile ha avanzado lo suficiente en esta materia».
Luego apuntó a La Moneda, comentando que «en este contexto, particularmente con los indultos presidenciales y con un precedente nefasto que es la decisión de la Corte Suprema, tiene que ver con un contexto de impunidad, de relativizar el tema de la justicia, de los DD.HH. y me parece que es una arremetida del sector conservador, que lo tenemos en el gobierno y que ha empujado decididamente esto de los indultos».
«Hemos denunciado las decisiones que ha tomado el Presidente de la República en materia de indultos y no podemos permitir que esto siga. (…) No podemos tener dobles lecturas y así en Chile se ha tratado de relativizar este último periodo».
«El gobierno tiene que tomar una posición más clara, una cosa es respetar la diversidad de opiniones y otra cosa es permitir que dentro de tu conglomerado tu hagas apología del genocidio, o valides crímenes de lesa humanidad», apuntó en relación a las polémicas que han protagonizado los diputados de Chile Vamos Camila Flores e Ignacio Urrutia.
Mientras la primera dijo que «(Augusto) Pinochet fue absolutamente necesario», el segundo llamó «terroristas con aguinaldo» a las víctimas de prisión política y tortura. En este contexto, dijo que es urgente la ley para prohibir la incitación al odio.
Fuente: Emol
Todavía quedan cosas en común: oposición se une contra la Suprema por libertades de violadores de DDHH
El “Supremazo» a favor de 7 militares y carabineros en retiro condenados por delitos de lesa humanidad ha movilizado a las bancadas opositoras en el Congreso, que a través de diferentes frentes y acciones han hecho sentir su rechazo.
Una de las opciones más concretas es la acusación constitucional.
“Existen cosas graves como no aplicar el derecho internacional, ni los principios básicos que hay para este tipo de beneficio que son el arrepentimiento y la colaboración con la justicia. Creo que lo que cabe ahora es que evaluamos sumarnos como bancada a una a posible acusación constitucional que ha planteado el Partido Socialista”, indicó el diputado PPD Tucapel Jiménez. También se manifestaron partidarios de la acción la diputada comunista Carmen Hertz y el humanista Tomás Hirsch.
Durante la sesión de este jueves, las bancadas opositoras -desde la DC hasta el Frente Amplio- protestaron con fotos de detenidos desaparecidos en sus escaños como una señal de rechazo a las dos resoluciones de la Sala Penal del máximo tribunal del país, que en 48 horas accedió a la petición de libertad condicional de los violadores de derechos humanos.
En este contexto, las bancadas opositoras emplazaron al Senado a constituir la Comisión Mixta respecto del proyecto de libertad condicional que promovió el Gobierno de la Presidenta Bachelet, para que no se concedan beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad entre septiembre del 73 y el año 90. La formación de la instancia está pendiente desde 2016, luego que la Sala de la Cámara Alta rechazara por unanimidad las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.
No al indulto
Otra arista es el ingreso durante esta jornada de una moción que modifica la ley n° 18.050, que fija normas generales para conceder indultos particulares. Su objetivo es eliminar la posibilidad de que condenados por crímenes de lesa humanidad, pueden aspirar a la solicitud de indulto.
El texto de la moción argumenta que “el indulto es una figura anacrónica, y que no se justifica que exista en un Estado de Derecho como lo es el Estado de Chile, es que debemos resguardar para que no sean usados de manera habitual y se abuse de esta figura, por quien detente el Poder Ejecutivo, ya que, no se sujeta a ningún tipo de procedimiento que asegure la imparcialidad en su otorgamiento, sino más bien es una facultad discrecional y arbitraria”. Recuerda asimismo que “la ley 18.05 prohíbe expresamente que puedan ser objeto de indulto particular, aquellos condenados por conductas terroristas, sin embargo no se exceptúan aquellos condenados por delitos de lesa humanidad, lo cual parece inaceptable”.
Esta iniciativa, que lleva la firma de los diputados Jaime Naranjo, Gabriel Boric, Marcelo Díaz, Hugo Gutiérrez, Tomás Hirsch, Patricio Rosas, René Saffirio, Leonardo Soto, Matías Walker y la diputada Carmen Hertz, añade que “con el otorgamiento de esta figura del indulto, lo que está haciendo el Estado de Chile, es sustraerse de la sanción a los responsables de crímenes de lesa humanidad, donde el Poder Ejecutivo estaría permitiendo que se eluda el actuar de la justicia, pasando por alto la decisión del Poder Judicial que dictó una sentencia condenatoria”.
Tribunales internacionales
Otro camino es el de los tribunales internacionales, como planteó el diputado PPD Ricardo Celis.
“Evaluaremos seriamente la idea de recurrir a un Tribunal Internacional para que se restablezcan el imperio de los derechos humanos en Chile, firme y categórico como había sido hasta este momentos. No puede depender de quien sea el presidente de la Corte Suprema, tiene que ser de una línea y una jurisprudencia”, señaló el parlamentario.
Su visión fue complementada por el DC Marías Walker, jefe de la bancada falangista, quien agregó:
“Desde el punto de vista de los principios internacionales de derechos humanos que reglan la Corte Penal Internacional de Justicia y el Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad no pueden ser susceptibles de beneficios, eso es un principio del derecho internacional, que es fuente del derecho internacional de Derechos Humanos, que en virtud del artículo V del inciso segundo de la Constitución limita la soberanía de los poderes del Estado y tiene que integrarse en todos los fallos respecto de delitos de lesa humanidad y ese principio nosotros lo vamos a defender.”
Fuente: El Mostrador
Diputados PS evalúan acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema tras libertad a reos de Punta Peuco
Ante los últimos fallos de la Corte Suprema que otorgaron la libertad condicional reos de Punta Peuco, condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura, diputados del Partido Socialista evalúan presentar una acusación constitucional contra los ministros del máximo tribunal.
El diputado Fidel Espinoza señaló que “hay dolor en los familiares de la víctimas, se podría haber hecho más. Es triste pero hoy los violadores de los derechos humanos están de fiesta”. Ante eso, afirmó: “Si tenemos que conseguir los votos para una Acusación Constitucional contra los jueces, lo vamos hacer”.
“Tampoco descartamos recurrir a la Corte Interamericana de DD. HH.”, agregó el parlamentario. Apenas se dio a conocer el fallo de la Suprema, la diputada del PC, Carmen Hertz, también apuntó a ese camino, indicando que junto a organizaciones de familiares de las víctimas de la dictadura evalúan recurrir a la justicia internacional para revertir la decisión.
El diputado socialista Jaime Naranjo, manifestó por su lado que “frente a estos hechos nosotros vamos a estar muy atentos siguiendo cada señal que esté dando la nueva Sala Penal de la Corte Suprema en el sentido de reiterar esta conducta, claramente eso puede dar motivo para estudiar si es que es pertinente una acusación constitucional contra aquellos ministros que quieran saltarse normas internacionales”.
En total, la Suprema concedió la libertad a siete reos condenados por violación a los derechos humanos, uno del penal Colina I y seis de Punta Peuco. Los condenados fueron beneficiados con la libertad condicional.
“Las Convenciones suscritas por Chile en materia de derechos humanos no impiden reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la libertad condicional”, consigna el fallo.
Fuente: El Dínamo
¿Quiénes son y qué hicieron los liberados de Punta Peuco?
Punta Peuco a estas alturas, según indican los hechos, ya no debería ni siquiera existir. La Presidenta Michelle Bachelet durante su mandato se comprometió ante la misma Carmen Gloria Quintana –una de las víctimas del caso quemados- para cerrar el penal creado en 1995 y trasladar a todos sus reos a la cárcel de Colina I.
Desacuerdos entre la mandataria y el ministro de Justicia del momento, Jaime Campos, habrían obstaculizado el cierre de Punta Peuco y lo cierto es que el penal, hoy, sigue existiendo.
Pero no solo sigue plenamente vigente, dándole de esta forma comodidades y facilidades extraordinarias a los victimarios de delitos de lesa humanidad, sino que otro hecho sacudió a las agrupaciones que defienden la memoria de detenidos desaparecidos en el país: Cinco ex uniformados condenados por este tipo de crímenes fueron ayer liberados gracias a que la Corte Suprema acogió sus recursos de amparo.
¿Quiénes son y qué hicieron los ex presos que ahora gozan de libertad?
Gamaliel Soto es ex suboficial de Carabineros. Fue condenado a 10 años de prisión por el secuestro calificado del médico Eduardo González Galeno, quien era director del Hospital de Cunco, en La Araucanía, cuando fue detenido a sus 31 años por ser militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue el 14 de septiembre de 1973, pocos días después del golpe, cuando funcionarios de Carabineros los detuvieron a él y su esposa, con tres meses de embarazo. Natacha, su compañera, fue llevada a la Cárcel de Mujeres de Temuco, siendo separada de González para no verlo nunca más.
De Eduardo González solo se sabe que fue torturado y que se le vio en muy malas condiciones físicas luego de la detención. En tanto, el cabo de Carabineros Gamaliel Soto Segura fue encausado como cómplice del ilícito, y como autor de la detención de la víctima a diez años y un día de presidio mayor.
Manuel Antonio Pérez Santillán es otro de los liberados de Punta Peuco. El oficial en retiro del Ejército ingresó a Punta Peuco hace solo dos años por el crimen de encubrimiento del asesinato del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos.
Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda y José Quintanilla Fernández, todos ex oficiales del Ejército (r) mayores condenados a 5 años y un día por detención y torturas ejercidas sobre Nizca Báez y por la desaparición de su esposo, Alonso Lazo Rojas. Lazo fue detenido junto a su pareja el 14 de noviembre de 1975, por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), en su domicilio en Copiapó.
El ministro de la Corte, Joaquín Billard, encausó en 2005 al suboficial (R) Hernán Portillo por su eventual responsabilidad en la desaparición del estudiante de Pedagogía Alonso Lazo Rojas. Recién en 2012 el juez Mario Carroza dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de Alonso Lazo Rojas, ocurrido a partir del 14 de noviembre de 1975. Se le otorgaron seis años de presidio sin beneficios en aquel entonces, por haber sido parte de la detención del ex mirista y de Nizca Báez.
José Quintanilla Fernández y Felipe Astorga participaban de la misma brigada que detuvo a la pareja ese día en Copiapó y cumplían la misma condena que Portillo. Los ex agentes de la dictadura condujeron al matrimonio hasta el Regimiento de Infantería Motorizada N°23 “Copiapó” y el oficial a cargo del lugar comunicó al hermano de Alonso Lazo que éste había agredido a un centinela para luego darse a la fuga.
Estos son los criminales que la Corte Suprema ayer dejó en libertad despertando el malestar y la disconformidad de varios sectores de la población chilena. En conversación con este medio, la diputada comunista Carmen Hertz interpretó la medida como un desconocimiento del estándar internacional y se lo adjudicó a lo que denominó como “ignorancia crónica”: “Responde a una ignorancia crónica de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Ignorancia que fue crónica en el caso de los tribunales superiores de justicia hasta la detención de Pinochet. Se ignoraba el derecho internacional, ahí recién comienzan a enterarse de las normas a nivel internacional. Yo diría que es un eslabón más de una cadena de impunidad que ha existido en este país en relación con los crímenes de exterminio, lo que es muy grave. Si agentes del Estado están tejiendo eslabones de impunidad, la señal que se está mandando es decir ‘el crimen es legítimo como norma reguladora de los conflictos entre las personas’”.
Por su parte, desde Amnistía Internacional reafirman lo señalado por Hertz. Según Roberto Morales, uno de los voceros de la institución, la justicia chilena está en su derecho de brindar ciertos beneficios de determinados reos, sin embargo, esta facultad no aplicaría si se apega al derecho a reparación de las víctimas, que fue precisamente lo que se obvió en este caso: “Lo que sí se estaría pasando a llevar sería el derecho a reparación de las víctimas. No es posible que haya una reparación efectiva si las personas que cometieron esos delitos no estén cumpliendo su pena en la cárcel. Uno de los elementos que sí está en el derecho internacional es que las penas tienen que tener relación proporcional a los delitos cometidos, y en este caso son de gravedad muy alta y son cometidos por agentes del Estado. Esta opción, que efectivamente puede estar dentro del marco del derecho nacional y puede que efectivamente no haya una contradicción con el derecho internacional en términos tan explícitos, si está contraviniendo el punto de vista de la reparación de las víctimas que sí está expresado en los convenios que Chile ha firmado”.
Este miércoles, la Corte Suprema confirmó las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, que reconocieron el derecho a la libertad condicional de dos condenados más por crímenes de lesa humanidad. Se trata de Moisés Retamal Bustos, quien fuera procesado por el secuestro de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, vistos por última vez en septiembre de 1973, en San José de Maipo.
En el caso del oficial De la Mahotiere González, de acuerdo a la información de Memoria Viva, tuvo participación en la comitiva de la Caravana de la Muerte que encabezaba Arellano Stark, como copiloto en el viaje y al sur y como piloto en los vuelos al norte de nuestro país. Fue procesado como cómplice por los homicidios calificados contra de Héctor Silva Iriarte, Mario Godoy Mansilla, Alexis Valenzuela Flores, Danilo Moreno Acevedo, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Washington Muñoz Donoso, Miguel Manríquez Díaz, Segundo Flores Antivilo, Guillermo Cuello Álvarez, Dinator Ávila Rocco, Luis Alaníz Álvarez, José García Berríos, Marco De La Vega Rivera y Mario Arqueros Silva, el 19 de octubre de 1973, en el sector de quebrada El Way de Antofagasta.
Emilio De la Mahotiere González, también fue condenado como cómplice del delito de exhumación ilegal por el desentierro de los detenidos desaparecidos que fueron asesinados y cuyos restos fueron transportados a bordo de un helicóptero Puma para ser lanzados al mar como parte de la operación “Retiro de Televisores” ordenada por Pinochet, en 1978.
Fuente: Radio Universidad de Chile
Acusación Constitucional contra los miembros de la Sala que liberaron a cinco condenados de Punta Peuco
por Rafael Luis Gumucio Rivas.
La separación de poderes sólo existe teóricamente, lo mismo ocurre con la igualdad antela ley y sus balances y contra-balances. Las democracias liberales son, cada día, más débiles, y los derechos humanos son pura literatura: los mandones se han apropiado del mundo (los Trump, los Putin, los Ortega, los Piñera Echeñique, los Macri, los Temer…). Los modelos de Maquiavelo, como César Borgia o Fernando VII eran más finos y cultos que los modernos tiranos.
En la democracia chilena (¿podemos llamarla así?) el único poder que tiene el Congreso es la acusación constitucional, que el redactor José Maza Fernández y el Presidente Arturo Alessandri concedieron a los antiguos partidarios del sistema parlamentario, algunos liberales conservadores en la redacción de la constitución de 1925, (era la vieja teoría del juicio político, que venía desde la colonia, esta vez denominada Acusaciones Constitucionales, disimulada bajo causales legales, entre ellas, el incumplimiento de la Constitución y las Leyes, notable abandono de los deberes… ).
En este país de hipócritas los abogados disimulan el carácter jurídico acusaciones constitucionales usando jerga tribunalicia, llena de una serie de latinasgos.
En la historia de Chile las acusaciones constitucionales han sido juicios políticos, así los senadores se crean togados; si la oposición al gobierno de turno tiene mayoría en ambas Cámaras, puede aprobar una acusación contra uno o varios ministros o también contra otros funcionarios del Estado, entre ellos, altos oficiales del ejército, magistrados de los tribunales de justicia, intendentes y gobernadores.
A través de la historia ha sido difícil que la oposición tenga mayoría en ambas Cámaras, y para el Presidente de la República, los 2/3 del Senado, (sólo ocurrió una vez, paradójicamente, con el Parlamento Termal, nombrado por el mismo dictador Carlos Ibáñez del Campo, en las Termas de Chillán; no cabe duda de que Arturo Alessandri fue el responsable de la “matanza del Seguro Obrero”, pero se salvó al contar con mayoría en el Senado).
A Carlos Ibáñez, en su segundo período, y a Salvador Allende, en ambos casos con minoría en ambas Cámaras, muy pocos ministros se salvaron de la aprobación de la acusación constitucional por parte del Senado.
Más que la acusación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (para algunos Estados tiene poco valor, por ejemplo, en el caso del indulto a Alberto Fujimori), me parece mucho más contundente una acusación constitucional contra los magistrados de la Corte Suprema que otorgaron la libertad condicional a reos condenados por crímenes de lesa humanidad, La causal jurídica es evidente: notable abandono de los deberes.
El gran jurista, el profesor Carlos Peña, rector de la UDP y, además, columnista “adorno” del Diario consagrado al dios de los comerciantes y ladrones, El Mercurio, (nombre del dios Mercurio de los romanos), en el artículo del domingo 5 de agosto distingue, con mucha lucidez, entre un delito común y el de lesa humanidad que, como su nombre lo indica, se comete contra toda la humanidad, y es imprescriptible:
“Si bien los individuos particulares pueden dañarse unos a otros (puesto que los particulares también cometen homicidios o mutilan), las violaciones a los derechos humanos poseen una especial gravedad, puesto que cuando ellos se verifican es porque el Estado, el órgano que monopoliza la fuerza, aquel que concentra los medios admitidos de coacción, se ha vuelto contra los propios ciudadanos cuya voluntad le ha dado origen. Hay, pues, una circunstancia especialmente grave en la violación a los derechos humanos. Si esa violación se tolera o se justifica, si de cualquier modo se es comprensivo frente a ella, si por el paso del tiempo o cualquier otra circunstancia prudencial, la condena de ese tipo de actos se morigera o se atenúa, sin que medien razones fuertes para ello (razones que, como ocurre en el caso de los enfermos terminales, provengan de la propia idea de derechos humanos), entonces se deterioran las bases de legitimidad del Estado al que los ciudadanos prestan obediencia y al que entregan el monopolio de la fuerza en el entendido que bajo ninguna circunstancia se volverá contra ellos.”
Es preciso también distinguir entre el delito común y aquel que ejecuta el Estado que, por lógica, debiera proteger la vida de los ciudadanos y no arrebatársela. Los pensionistas de Punta Peuco fueron condenados por delitos de lesa humanidad y perpetraron crímenes de Estado.
Por mi parte, no perdonaré a los traidores de la Concertación por haber protegido y defendido al sátrapa Augusto Pinochet, que bien debió morir en una cárcel española y no en su cama, declarado con atraso mental por la justicia chilena, después de ser tratado con todas las consideraciones, que se les niega a los pobres de nuestro país.
Hablar de compasión para los fariseos de la Concertación es muy fácil y viste muy bien, pues pasan por gente generosa y caritativa. Estamos llenos de hipócritas que piden libertad para los criminales de Punta Peuco que, según ellos, se encuentran muy enfermos y viejos. Hasta algunos curas les celebran misas, en que los reos se golpean el pecho por cada comunista que lanzaron al mar. Al fin y al cabo, pedir perdón no tiene mayor complicación, pues se puede pronunciar la palabra de boca para afuera, pero en el fondo del alma siguen convencidos de que el único comunista bueno es el muerto.
La oposición, actualmente, tiene mayoría en amas Cámaras, y el instrumento de la acusación constitucional es fácil de llevar a cabo, pues basta sólo diez firmas de diputados para presentarla, tener mayoría simple en ambas Cámaras y, en este caso, los ministros y voceros de Sebastián Piñera dicen tantas insensateces e insultan a los ciudadanos suponiendo que “son inversionistas en las Islas Vírgenes”, por consiguiente, no tienen huevos para distribuirlos en distintas canastas, como tampoco pueden jugar al dólar, al euro o a otras monedas. Ante la opinión pública, está regalado el acusarlos constitucionalmente.
No somos golpistas y criminales como algunos de los democratacristianos y de la derecha, que usaron la estrategia de la acusación constitucional como instrumento de la llamada “estrategia de los mariscales rusos”, inventada por Claudio Orrego Vicuña, entonces, propongo que sigamos el camino de la mayoría parlamentaria, llamada “todos contra Ibáñez”, para no dejar pasar ningún proyecto reaccionario del gobierno de Piñera, en cambio. Aprobar los que se consensuen y favorezcan a los más pobres y, de esta manera, en la práctica, llevamos a cabo un parlamentarismo, ya que la Constitución actual es pétrea y irreformable.
Fuente: Piensa Chile
Carmen Hertz por libertad condicional a reos de Punta Peuco: “Es un fallo aberrante”
por Francisca Labarca
La diputada PC y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos habló sobre los siete reos que fueron concedidos con libertad condicional y sobre el indulto en caso de que un interno padezca de una enfermedad terminal.
“Es un fallo aberrante desde el punto de vista jurídico”, declaró este domingo la diputada PC y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Carmen Hertz, con respecto al fallo de la Corte Suprema de conceder la libertad condicional a siete condenados por violaciones a los derechos humanos.
La abogada, invitada al programa Estado Nacional, aseguró que el fallo es “contrario a las obligaciones internacionales del Estado de Chile”, y que significa “una tremenda y pésima señal social, porque las resoluciones de los tribunales de justicia, cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, tienen un efecto social y ético sobre la sociedad”.
En el programa, la diputada Hertz, argumentó que “estos siete tipos, tienen en primer lugar una pena irrisoria, una pena que, en el fondo, es impunidad. En segundo lugar, ninguno de los acusados ha cooperado con la acción de la justicia”.
“Ninguno de estos sujetos criminales entregó jamás antecedentes relevantes alguno con respecto a la organización a la que pertenecieron, por lo tanto no pueden tener libertad condicional”, enfatizó Hertz.
Para ella, este fallo “relativiza el tema de las graves violaciones a los derechos humanos” y que con esto “estamos creando una sociedad muy degradada, en donde los valores están al revés”.
Por otro lado, se recuerda al indulto en caso de enfermedades terminales la cual ha sido solicitado por los condenados por violaciones a derechos humanos que cumplen condena en Punta Peuco.
La diputada Carmen Hertz aseguró que “los crímenes de lesa humanidad son indultables. Está expresamente prohibida la amnistía, porque aquí no están afectando al Estado donde se cometieron los delitos, sino la paz mundial”.
Además señaló que para ser beneficiado con el indulto las enfermedades tienen que ser acreditadas y “se exige la cooperación de la justicia desde su inicio, lo exige la Comunicad Internacional”.
Finalmente la diputada señaló que será parte de la acusación de inconstitucionalidad de este fallo, ya que los jueces “están incurriendo en total abandono a sus deberes, indudablemente”.
Fuente: La Tercera
Juventudes políticas se encadenan en Palacio de Justicia en rechazo a liberación de siete internos de Punta Peuco
Los Presidentes de las Juventudes Comunistas (JJCC), Juventud Socialista (JS) y Juventud Demócrata-Cristiana (JDC), se encadenaron esta mañana en las afueras del Palacio de Justicia, esto en rechazo a la liberación de siete internos de Punta Peuco durante la semana pasada a partir del fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, la cual les concedió el beneficio de libertad condicional.
En este sentido, el Presidente de las JJCC, Camilo Sánchez, señaló que «estamos transmitiendo nuestra indignación ante este acto ilegal de la Corte Suprema, el cual sobrepasa tratados internacionales con el objeto de liberar a criminales de lesa humanidad que no han colaborado con la justicia ni se arrepienten de sus delitos».
Asimismo, manifestó que «Sebastián Piñera ya indultó a un criminal de la dictadura que asesinó a una joven embarazada. Este fallo de la Corte Suprema se enmarca en los favores que debe el gobierno a la mal llamada familia militar, cuyo precio pagan los familiares de las víctimas y quienes queremos construir Chile desde la justicia”.
Cabe señalar que el recurso presentado por la defensa de los 7 internos de Punta Peuco fue rechazada por la Comisión de Libertad Condicional y la Corte de Apelaciones de Santiago, siendo aprobada en última instancia por la Corte Suprema, por lo que las organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura decidieron concurrir a instancias internacionales.
El Secretario General de la Juventud Socialista, Francisco Melo, aseguró que «la justicia y la verdad ante actos tan deleznables como la violación a los derechos humanos, deben ser imperativos de una sociedad democrática. La Corte Suprema ha dado un paso que nos hace retroceder en el tiempo, estancarnos. Hay que tomar toda medida necesaria, sea ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como realizar una acusación constitucional contra los ministros».
Finalmente, Manuel Gallardo, Presidente de la JDC, manifestó que “el precedente que comienza a sentar la corte suprema es muy grave. La verdad y la justicia son pilares fundamental para sanar heridas que chile aún tiene abiertas. Hoy estamos acá por Mario Martínez, Eduardo Frei Montalva, y tantos otros que murieron a mano de la dictadura militar”.
Durante estos días parlamentarios y parlamentarias de la oposición determinarán la presentación de una acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema involucrados en el fallo, esto aduciendo abandono de deberes a partir de lo que, señalan, es la vulneración de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
Al final Carabineros dispersó de forma violenta la manifestación, dejando un saldo de ocho detenidos.
Para Krassnoff no alcanza la ola de liberaciones: Sala Penal lo condena a otros 25 años de prisión por violaciones a DDHH
Miguel Krasnoff Martchenko, uno de los represores más encarnizados de la dictadura de Augusto Pinochet, sumó dos nuevas condenas de la Corte Suprema en materia de violaciones de derechos humanos.
La Sala Penal del máximo tribunal del país dictó sentencias por los secuestros calificados de María Cristina López Stewart, víctima de la de la denominada «Operación Colombo» , y el militante del MIR Álvaro Vallejos Villagrán.
En total, Miguel Krassnoff Martchenko aparece vinculado a más de 90 casos de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, y suma un total de 642 años de privación de libertad, sumando todas sus condenas.
Su nombre de nuevo está en la palestra luego que su abogado Raúl Meza revelara su intención de presentar un recurso de amparo para pedir su libertad condicional tomando en cuenta las últimas decisiones de la Sala Penal de la Suprema que beneficiaron a 7 ex uniformados de Punta Peuco.
Sin embargo, el jurista decidió congelar esta estrategia.
«Después de hacer un análisis de las reacciones políticas que se produjeron a raíz de las libertades condicionales que otorgó la 2ª Sala Penal, y especialmente las acusaciones constitucionales que fueron anunciadas por parlamentarios de la izquierda”, dijo.
Los fallos
En el primer fallo respecto a María Cristina López Stewart, la Segunda Sala del máximo tribunal condenó a Miguel Krassnoff Martchenko junto a César Manríquez Bravo y Pedro Espinoza Bravo a penas de 15 años de presidio. La sala estuvo integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y Milton Juica (aunque éste último no firmó, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber cesado de sus funciones, precisa la resolución).
En tanto, los agentes Manuel Carevic Cubillos, Ricardo Lawrence Mires, Gerardo Godoy García, Ciro Torré Sáez, Nelson Paz Bustamante, Gerardo Meza Acuña, José Ojeda Obando, Nelson Ortiz Vignolo, Claudio Pacheco Fernández, Hermon Alfaro Mundaca, Raúl Rodríguez Ponte, José Aravena Ruiz, José Fuentealba Saldías, Francisco Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Armando Cofré Correa, José Mora Diocares, Moisés Campos Figueroa y Rosa Humilde Ramos Hernández deberán purgar 10 años de presidio, por su responsabilidad como autores del delito.
En la causa, resultaron absueltos por falta de participación en los hechos Óscar La Flor Flores, Sergio Díaz Lara, Roberto Rodríguez Manquel, Rudeslindo Urrutia Jorquera y Orlando Manzo Durán.
En el segundo fallo, Krassnoff Martchenko fue condenado junto a Pedro Espinoza Bravo y Fernando Gómez Segovia a 10 años de presidio, como autor del delito de secuestro del dirigente del MIR Álvaro Modesto Vallejos Villagrán, conocido como «El Loro Matías». La sala estuvo integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y Milton Juica (aunque éste último no firmó, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber cesado de sus funciones, precisa la resolución).
En la causa, se condenó además al miembro de la extinta Colonia Dignidad Gerhard Wolfgang Mücke Koschitzke a 3 años y un día de presidio como cómplice del ilícito.
Fuente: El Mostrador
Miguel Krassnoff: La peor cara de la dictadura que podría quedar en libertad
por Camilo Villa J.
“Soy un Soldado al que han transformado en un perseguido político, pero no en un militar chileno derrotado, ni mucho menos en un cosaco postrado”.
Con esta frase se presenta al brigadier (r) Miguel Krassnoff en un blog en que se reivindica su figura, pero lo cierto es que ningún organismo de derechos humanos lo tiene como un “perseguido político”, sino como un criminal de lesa humanidad.
Por eso es que ven con preocupación el anuncio de Raúl Meza, abogado de los internos de Punta Peuco que afirmó a La Segunda la presentación de un recurso de amparo para pedir la libertad condicional de Krassnoff, así se sumaría a los siete ex uniformados que ya han conseguido el beneficio durante los últimos días.
Si bien la tarde de este lunes anunció que suspendería por ahora el recurso en favor de Krassnoff, el jurista aseguró que seguirá recurriendo a instancias judiciales para liberar a sus representados, según consignó El Mercurio.
Pero Krassnoff es un caso aparte, pues se ha posesionado como una de las figuras más crueles e inescrupulosas de la dictadura. El caso que más recientemente salió a la luz es su responsabilidad en los llamados “vuelos de la muerte”, donde a pocos días del Golpe de Estado arrojó –luego de las torturas correspondientes- a tres personas vivas al mar desde un helicóptero.
Este caso se suma a otras numerosas causas en las que ha sido condenado. Una de ellas, es el secuestro calificado de la periodista Diana Frida Arón Svigilsky, a quien torturó y asesinó sin tener siquiera en cuenta que la militante del MIR tenía siete meses de embarazo. Por este crimen recibió 15 años de privación de libertad.
Otros 10 años de condena tiene a cuestas como autor del secuestro calificado de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, joven militante del MIR que hoy integra la lista de los detenidos desaparecidos.
A principios del 2018, quien participara en el asalto a la casa presidencial de Tomás Moro el 11 de septiembre de 1973, fue condenado a otros 10 años de presidio por el homicidio calificado del líder del MIR, Miguel Enríquez.
En total, su nombre aparece vinculado a 91 casos de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, y sumando todas sus condenas, Miguel Krassnoff Martchenko sobrepasa los 400 años de privación de libertad.
Pese a sus probados crímenes, jamás Krassnoff ha dado mínima muestra de arrepentimiento y, por el contrario, se enorgullece de sus actos justificándolos como parte importante del combate contra el “marxismo”.
Por eso, su eventual liberación sería un atentado a la democracia. Al menos así lo piensa el diputado PPD y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Tucapel Jiménez, quien manifestó a nuestro medio que no puede recibir este beneficio alguien que cometió los más graves crímenes de la dictadura.
“Hoy, darle la libertad a Miguel Krassnoff, que tiene más de 300 años de condena por los crímenes más graves que pueda cometer un ser humano, me parece que es un atentado al corazón de la democracia, como ya lo han sido estas liberaciones de siete reos”.
El legislador -hijo del reconocido dirigente sindical del mismo nombre y que fuera asesinado por agentes de la dictadura el año 1982- aclaró que él no se niega a los beneficios para los privados de libertad, pero aclaró que los ex uniformados no son delincuentes comunes, pues fueron agentes del Estado que asesinaron, secuestraron y torturaron recibiendo dineros públicos.
En ese sentido, Jiménez dijo que a un antisocial común se le puede rehabilitar, no así a estos agentes de la dictadura, que se sienten orgullosos de sus crímenes.
“Pese a las acusaciones, mantengo en alto mi ánimo y mi inquebrantable fe en Dios”, escribió hace un tiempo Krassnoff, ánimo que podría dispararse y fe en Dios que podría reafirmarse si sus “ángeles” en la tierra le dan, efectivamente, la libertad condicional que tanto anhela.
Acusación Constitucional
A raíz de las siete libertades condicionales que se otorgaron la semana pasada, un grupo de diputados anunció el inicio de un estudio para evaluar una posible acusación constitucional contra los ministros que permitieron la excarcelación de los genocidas.
Esa acusación ya está tomando forma, pues hay consenso al respecto y este martes será discutida por las bancadas de la Democracia Cristiana y del Partido Radical.
Para el diputado Tucapel Jiménez este debiese ser un motivo de unidad para toda la oposición, pues la libertad de criminales de lesa humanidad que ni siquiera se muestran arrepentidos desborda lo meramente político inculcándose en el ámbito valórico.
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Diputado Tucapel Jiménez
En ese sentido, expresó que hasta el oficialismo debiese estar en contra de la libertad de violadores de derechos humanos, al menos así sería en un país desarrollo.
“Entiendo que la Democracia Cristiana lo discute este martes con su bancada al igual que el Partido Radical. El resto de las bancadas estarían todas a favor de la acusación. Yo siento que tiene que ver una unidad en esta acusación, hay miles de temas que nos pueden separar en lo político, pero en esto no debiéramos tener ninguna diferencia, incluso, en un país desarrollado, con otra mentalidad, tendríamos al oficialismo en esta acusación, porque ni siquiera con ellos debiéramos tener diferencias, estos temas debiesen generar consenso en todo el país”.
Pero Chile no es un país desarrollado, y la unidad en temas tan delicados como la libertad a criminales de lesa humanidad no genera consenso en todos los sectores. Sin ir más lejos, este lunes la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, declaró que las críticas que se han formulado a la excarcelación de los ex uniformados obedecen a un ensañamiento judicial y no a buscar justicia.
Además, expresó que no debiesen elevarse las exigencias para otorgar beneficios a violadores de derechos humanos, pues argumentó que ley pareja no es dura. Todo esto, a pesar de los principios firmados por el gremialismo hace menos de un mes, en que declaran el respeto a los derechos humanos.
Siguen las manifestaciones
La jornada de este lunes siguieron las muestras de repudio a la decisión de la Corte Suprema. Hasta el Palacio de los Tribunales llegó un grupo de dirigentes políticos de las juventudes de los partidos comunista, socialista y la Democracia Cristiana.
Los representantes de las colectividades de la ex Nueva Mayoría se encadenaron a los pilares de la puerta de ingreso del Palacio provocando el accionar de carabineros, que detuvo a ocho personas.
En el lugar, se encontraba el diputado comunista Daniel Núñez, quien afirmó que los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema pasaron a llevar los tratados internacionales que Chile ha firmado, las resoluciones de la Comisión Nacional por las Libertad Condicional, y las decisiones de la Corte de Apelaciones, todas instancias que han rechazado la libertad de criminales de lesa humanidad.
Fuente: Radio Universidad de Chile
La suprema traición y la traición suprema
por Nelly Cárcamo V. (*)
Al inicio de la sesión de la Cámara, los Parlamentarios exhibieron carteles de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y confirman que “rechazan otorgamiento de libertad a criminales de lesa humanidad y anuncian que acusarán constitucionalmente a jueces por notable abandono de deberes (02 de agosto La Nación)”.
Este titular pareciera esperanzador, para poder revertir la disposición de la justicia de liberar a genocidas; esto es a simple vista e ignorando todos los entretelones que oculta la realidad, para la gran mayoría de los chilenos que no tienen la posibilidad de tener la información que conocemos y manejamos los dirigentes de DD.HH, que hemos sido capaces de leer entre líneas y la letra chica, con la que nos han vendido su política de derechos humanos, los Gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría.
Es importante clarificar que si bien Chile suscribió tratados con organismos del Derecho Internacional Humanitario, sin embargo, no se ha adecuado el ordenamiento legal interno, para evitar que los jueces caigan en la tentación de emitir fallos desconociendo dichos tratados, como lo recientemente ocurrido. Para lograr esto se hacía necesario impulsar las medidas legislativas y administrativas necesarias para que nuestra legislación interna se ajuste a las obligaciones internacionales contraídas en tal Pacto.
Esta fue la Razón y a solicitud de organizaciones de derechos humanos, que llevó al Diputado Juan Bustos (QEPD), a presentar un Proyecto de Ley, que buscaba que los delitos de violación a los derechos humanos, genocidio y crímenes de lesa humanidad queden exentos de los beneficios de la ley vigente. Es decir evitar que ante este tipo de crímenes se aplique la amnistía, la prescripción, el indulto o beneficios carcelarios.
Esta iniciativa, una vez aprobada por la Cámara de Diputados, fue enviada al Senado, para continuar su trámite legislativo; a pesar de haber sido presentado hace más de 11 años este trámite nunca culminó. Es necesario establecer, para una mejor comprensión, que este proyecto requería de quórum simple para su aprobación.
Estando en conocimiento de la necesidad y la urgencia de que se legisle al respecto, la UNExPP de Chile, buscó comprometer a diversos legisladores para que colaboren y se comprometan para sacar adelante este proyecto, que se encontraba estancado, sin éxito hasta el día de hoy.
La pregunta que cabe hacerse es, ¿Porqué, los Gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, se negaron a sacar esta iniciativa adelante, habiendo tenido permanentemente mayoría en ambas Cámaras?
Estando en conocimiento de estos hechos, es incomprensible que los Parlamentarios, rasguen hoy vestiduras y pretendan acusar constitucionalmente a los jueces por abandono de deberes. Objetivamente, quienes primero abandonaron su deber de actuar legislativamente en contra de la impunidad fueron ellos y si hoy los jueces fallan, liberando a los criminales de lesa humanidad, lo hacen dentro de las facultades que la legislación interna les entrega, permitiéndoles aplicar su criterio o descriterio y que los Parlamentarios de la Concertación y Nueva Mayoría, se negaron a cambiar. Se sabía y se sabe que los jueces mayoritariamente desconocen le Derecho Internacional Humanitario.
Ellos como miembros del poder legislativo y miembros de los “Gobiernos democráticos”, que por su historia, deberían haber tenido un mayor compromiso, para con las víctimas de atropellos a sus derechos humanos; sin embargo el pacto de impunidad consumado con los civiles y militares, a espaldas del pueblo, pudo más.
La responsabilidad de que los jueces, puedan aplicar estas medidas, obedece a que los Gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, y sus Parlamentarios, se negaron a terminar la tramitación y aprobar el proyecto de ley que habría podido impedir estos hechos
Nos parece una actitud oportunista, que éstos hoy se permitan hacer actos simbólicos y sentidas declaraciones de repudio, y rasguen vestidura buscando realizar una acusación Constitucional contra los Ministros de la Corte Suprema. De acuerdo a la experiencia, sabemos que éstos son actos simbólicos, que sólo sirven para seguir aparentando un compromiso con los derechos humanos que en realidad jamás han tenido.
Está claro entonces que el mayor repudio debe dirigirse a quiénes tenían en sus manos evitar que esto sucediera y no lo hicieron.
Que podíamos esperar del poder judicial y sus magistrados quienes históricamente, con muy pocas excepciones, han estado siempre con el ánimo de favorecer a los criminales, lo que se refleja, en la aplicación en los juicios de figuras jurídicas aberrantes, como lo son la media prescripción o la intachable conducta anterior, rebajando las condenas de tal forma que ellas no se condicen con la gravedad de los brutales crímenes cometidos.
En Chile la impunidad se ha transformado en el objetivo central, acordado por los que nos han gobernado por décadas, con los que se encubre, y esto obedece simplemente a la culminación de un proceso sistemático de la implementación de ella, por lo tanto podemos establecer que, la Corte SUPREMA TRAICIONA el Derecho Internacional Humanitario y los Gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría han cometido una TRAICIÓN SUPREMA a las víctimas de atropello a sus derechos humanos y sus familiares, al no haber tomado las medidas para evitar lo sucedido.
Por lo tanto, todos los Parlamentarios de la Concertación y Nueva Mayoría, tienen hoy la obligación de actuar con prontitud, acusando constitucionalmente a los jueces que faltaron gravemente a su deber, cómo una forma de enmendar vuestra indolencia y complicidad con la impunidad.
(*) Presidente Nacional de la UNExPP de Chile
Fuente: Piensa Chile
Abogado que otorgó libertad a genocidas es socio de ex coronel procesado en causa de DD.HH.
por Natalia Figueroa
Ricardo Abuauad, abogado integrante de la Segunda Sala de la Corte Suprema, es socio en un estudio jurídico de Tomás Zamora Maluenda, un coronel de Carabineros en retiro que fue procesado en 2016 – la medida fue revocada- por el delito de homicidio simple por hechos que ocurrieron en 1983.
Sábado 4 de agosto 2018 7:50 hrs.
Staff de abogados del estudio jurídico » Abuauad, Zamora y Cía». Fotografía publicada en su sitio web.
Los escandalosos fallos de la Corte Suprema que otorgaron libertad condicional a siete reos de Punta Peuco condenados por delitos de humanidad, marcaron la agenda judicial de esta semana en materia de Derechos Humanos.
La decisión fue tomada por los ministros de la Segunda Sala Penal del Máximo Tribunal, Hugo Dolmestch, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y los abogados integrantes María Gajardo y Ricardo Abuauad.
Ante el rechazo que generó la medida, principalmente para las agrupaciones de familiares de las víctimas, el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte, Hugo Dolmestch, sinceró las posturas: el arrepentimiento de los condenados y su cooperación eficaz en las investigaciones no son un requisito para acceder a beneficios penitenciarios. El criterio no solo prevaleció para estos amparos, sino que será la línea que se seguirá para resolver los siguientes de estas características, aclaró el ministro.
Si bien la atención ha estado puesta en su figura por el giro que estaría dando en relación a su antecesor, el ministro Milton Juica, quien jubiló en junio pasado, la información detrás de los abogados integrantes también resulta reveladora a la hora de analizar hacia dónde se inclina la balanza en las votaciones. Y, en este caso, especialmente respecto de Ricardo Abuauad Dagach.
La posición del abogado de la Universidad Católica de Valparaíso siempre fue favorable a otorgar libertad condicional para los siete condenados. Incluso, determinante en los casos en que no hubo unanimidad.
De los dos amparos que se resolvieron el pasado martes, en el caso de Moisés Retamal Bustos se adoptó por un 3-2, con los votos de mayoría de Dolmestch, Valderrama y Abuauad y las posiciones en contra del ministro Dahm y la abogada Gajardo.
En el caso de Emilio de la Mahotiere, el piloto del helicóptero de Sergio Arellano Starken la Caravana de la Muerte, la Corte ordenó por mayoría que nuevamente fueran evaluados sus antecedentes por la Comisión de Libertad Condicional, con voto de minoría de Dolmetsch y Abuauad, quienes fueron partidarios de otorgarle la libertad inmediata.
Además de su desempeño en la Corte Suprema, hoy el abogado integra -junto a once profesionales- el estudio jurídico Abuauad, Zamora y Cía, con sede en el centro de Santiago.
Uno de sus colegas es Tomás Zamora Maluenda, coronel en retiro de Carabineros que fue procesado en calidad de autor por el delito de homicidio simple por la muerte de Lina Garay Tobar, ocurrida en Valparaíso, en 1983.
Abogados Rodrigo Abuauad y Tomás Zamora en la celebración de los 30 años del estudio jurídico » Abuauad, Zamora y Cía . Fotografía publicada en la revista electrónica Tell Magazine.
Abogados Rodrigo Abuauad y Tomás Zamora en la celebración de los 30 años del estudio jurídico ” Abuauad, Zamora y Cía . Fotografía publicada en la revista electrónica Tell Magazine.
En julio de 2016, Zamora fue procesado junto a otros trece funcionarios policiales por orden del ministro en visita extraordinario en causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia (revisar documento).
En el documento, al que tuvo acceso nuestro medio, se detalla que la noche del 11 de agosto de 1983 ingresó un grupo de carabineros -pertenecientes a la séptima comisaría de Fuerzas Especiales- a la población Montedónico de Playa Ancha, disparando sus armas de fuego. Lina Garay recibió un disparo que traspasó una de las paredes de material ligero de su vivienda, impactando en su cráneo. Su muerte fue inmediata.
La resolución del ministro Arancibia se fundó en una serie de informes policiales que daban cuenta de las diversas diligencias que se realizaron en el marco de esta indagatoria, declaraciones entregadas por testigos, antecedentes sobre la víctima y requerimientos hechos por la fiscal judicial Beatriz Pedrals para esclarecer los hechos que se denunciaban.
Los procesados fueron detenidos por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) y, aunque por pocos días, estuvieron en prisión preventiva.
Sin embargo, casi cinco meses después, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso -integrada por las ministras Eliana Quezada, María del Rosario Lavín y por el abogado integrante Hugo Fuenzalida- dejó sin efecto el procesamiento. Señalaron que los antecedentes recogidos “hasta el momento no permiten establecer presunciones fundadas para estimar que los inculpados han tenido participación en el delito investigado como autores del mismo”.
En su carrera profesional, el socio del abogado integrante de la sala que otorgó la libertad condicionales a los reos de Punta Peuco también ha defendido a ex miembros de la policía uniformada en causas de Derechos Humanos. Un caso fue su defensa de los carabineros en retiro Hans Eduard Schernberger Valdivia, José Hernán Godoy Barrientos y Robert Santiago Teylorl Escobar, quienes fueron condenados por el delito de secuestro calificado cometido en contra de los hermanos y militantes socialistas Héctor y Guido Barría Bassay, en 1973, en el llamado “Episodio de Río Negro” de Osorno.
Contactado por nuestro medio, el abogado Rodrigo Abuauad señaló que por su calidad de abogado integrante de la Corte Suprema no comentaría el fallo en cuestión ni esta situación particular, mientras que el abogado Tomás Zamora indicó que no mantenía ninguna causa judicial pendiente. Estas declaraciones las hicieron llegar a través del abogado administrador del estudio jurídico aludido en este artículo.
Fuente: Radio Universidad de Chile
