Tres organizaciones de Coyhaique y Puerto Aysén pidieron a la Contraloría Regional que dilucide el eventual conflicto de interés en que podría incurrir el municipio, considerando que aún debe emitir un informe con miras a la decisión definitiva que adoptará el Comité de Ministros sobre el proyecto de represa río Cuervo, cuyo titular es Energía Austral.
Un convenio con Energía Austral, un fallo de la Corte Suprema y dictámenes de la Contraloría General de la República forman parte de los antecedentes que un grupo de organizaciones presentó este mediodía en las oficinas de Contraloría Regional en Coyhaique solicitando fiscalice las actuaciones de la Municipalidad de Aysén.
Apuntaron directamente a los actos mediante los cuales la corporación ha recibido desde 2014 fondos de Energía Austral, titular de la represa río Cuervo, en circunstancias que a futuro deberá emitir un informe para que el Comité de Ministros tome una decisión definitiva sobre el proyecto hidroeléctrico.
Erwin Sandoval, asesor jurídico de la Agrupación Pu Ingkakelu Puke Lewfu (Defensores de los Ríos) de Puerto Aysén, la filial Aysén de Codeff y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, explicó que durante 2014 la Municipalidad de Aysén suscribió un convenio con Energía Austral en el cual esta última se comprometía a financiar un viaje de dirigentes sociales a la laguna San Rafael, cuando aún tenía –y tiene- responsabilidades pendientes con respecto a la tramitación de dicha iniciativa.
Más aún, “lo que nos parece llamativo es que ese convenio establecía la obligación por parte del municipio de requerir de los participantes, todos dirigentes sociales y no cualquier tipo de participantes y en el marco de una empresa que está tratando de obtener una licencia de carácter social, una declaración de ellos tendiente a dar muestra del compromiso de Energía Austral con el turismo en la región”. A este acuerdo se agregó la “donación” de Energía Austral al municipio para adquirir un vehículo nuevo que fue entregado a la reina del 87º aniversario de la comuna.
Sobre la legalidad de estos actos, un dictamen de la Contraloría de 2010 prohíbe el traspaso de recursos desde empresas en tramitación ambiental a los municipios evaluadores. Aunque el proyecto río Cuervo fue aprobado a nivel regional en septiembre de 2013, todavía resta que la corporación –y todos los órganos evaluadores- emitan un pronunciamiento ante el Comité de Ministros según estableció en 2014 un fallo de la Corte Suprema sobre Punta Alcalde.
“El alcalde de Aysén se equivocó en el actuar. El proyecto está todavía en el Comité de Ministros y se ve mal que esté manifestándose a favor. Sabemos que públicamente que él está a favor de Cuervo, y nosotros como organización social creemos que no corresponde y esperamos que de una vez por todas se atenga a la ley” señaló Glenda Aldunate, de Pu Ingkakelu Puke Lewfu.
“Ya llevamos al menos un mes en escándalos de la política involucrada y en maridaje con empresas y dineros, y aquí está pasando lo mismo” recalcó al respecto Peter Hartmann, director regional de Codeff.
Además de un pronunciamiento sobre el particular, Erwin Sandoval explicó que las organizaciones consideran que “puesto que estos dineros no fueron invertidos en beneficio directo de la comunidad de Puerto Aysén, uno fue para adquirir un auto para beneficio particular y otro para un viaje que no se tradujo en una mejora al turismo de la comunidad de Aysén, creemos que la Municipalidad de Aysén está obligada a hacer reintegro de todos los dineros percibidos por concepto de estos contratos”.
De esta forma, a partir de este momento es la Contraloría Regional la que deberá resolver sobre la legalidad –o ilegalidad- de las actuaciones del alcalde UDI de Aysén, Oscar Catalán.
(*) Periodista Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida y Consejo de Defensa de la Patagonia
