Se sabía que la entrega la entrega de información de SQM a Impuestos Internos iba a traer consecuencias, pero lo cierto es que ellas se desencadenaron en tropel, antes de lo pensado. Es así como una nueva denuncia criminal, distinta a la presentada ayer, entabló el Servicio de Impuestos Internos contra SQM. El texto señala que la compañía registró como gasto en su contabilidad al menos 73 boletas de honorarios falsas, por un monto superior a $1.360 millones. La denuncia también se dirige en contra otros once contribuyentes que facilitaron la documentación tributaria falsa que permitió la comisión de los delitos.
El Servicio de Impuestos Internos presentó hoy ante el Ministerio Público una denuncia criminal por delito tributario en contra de los representantes legales de la empresa Soquimich SA., por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía, al registrar como gasto en su contabilidad al menos 73 boletas de honorarios falsas por un monto superior a $1.360 millones. La denuncia también se dirige en contra de otros contribuyentes que facilitaron la documentación tributaria falsa que permitió la comisión de los delitos.
La acción penal está dirigida en contra de once personas por la responsabilidad que les corresponde en calidad de autores de los delitos previstos y sancionados en los artículos 97 N° 4 inciso primero del Código Tributario, que se refiere a la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas o al empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, y el contemplado en el inciso final de la misma disposición legal, relativo a la facilitación de documentación tributaria falsa que posibilite la comisión de otros delitos tributarios.
Tal como en el caso de la querella presentada ayer, los fundamentos de la denuncia surgieron de la investigación que se desarrolla en el marco del denominado “Caso Penta” y del proceso de recopilación y análisis de antecedentes efectuado por el Departamento de Delitos Tributarios del SII.
Los delitos denunciados abarcan periodos correspondientes a los Años Tributarios 2006 al 2014 y, respecto del perjuicio fiscal ocasionado, éste se determinará en el curso de la investigación.
Finalmente, la entidad enfatizó que el SII es un organismo técnico, que adopta sus decisiones en base a criterios legales y objetivos, que sus actuaciones no tienen un sesgo político ni anti empresarial, y que, en coherencia con lo anterior, la decisión de presentar acciones penales para perseguir el delito tributario se adoptará oportunamente, siempre de acuerdo con el mérito de los antecedentes específicos de cada caso.
Cabe señalar que la figura de denuncia criminal le atribuye amplias facultades para investigar al Ministerio Público.
De aquí en más, hay varios que ya se están amarrando los pantalones y colocando barbas en remojo, porque los antecedentes van a empezar a salpicar como con ventilador.
Impuestos Internos abre las puertas a la Fiscalía y presenta denuncia contra 11 personas por boletas falsas a SQM
El Servicio de Impuestos Internos (SII) finalmente concretó este martes la presentación ante el Mnisterio Público de una denuncia criminal por delito tributario contra los representantes legales de la empresa Soquimich, abriéndole así las puertas al equipo que lidera el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, para indagar posibles ilícitos por el desvío irregular de dineros a campañas políticas por parte de la firma controlada por Julio Ponce Lerou.
En un comunicado emitido esta tarde, el SII detalló que la denuncia es “por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía, al registrar como gasto en su contabilidad al menos 73 boletas de honorarios falsas por un monto superior a $1.360 millones. La denuncia también se dirige en contra de otros contribuyentes que facilitaron la documentación tributaria falsa que permitió la comisión de los delitos”.
La nota detalla, asimismo, que “la acción penal está dirigida en contra de once personas por la responsabilidad que les corresponde en calidad de autores de los delitos previstos y sancionados en los artículos 97 N° 4 inciso primero del Código Tributario, que se refiere a la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas o al empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, y el contemplado en el inciso final de la misma disposición legal, relativo a la facilitación de documentación tributaria falsa que posibilite la comisión de otros delitos tributarios”.
Si bien el comunicado no entrega nombres, todo apunta a que entre los denunciados figurarían el subsecretario general de Gobierno, Rodolfo Baier; Roberto León Araya, hijo del diputado DC del mismo nombre; dos asesoras del senador PS Fulvio Rossi: Irma Cayo y Mariela Molina; además del ex embajador Marcelo Rozas –cercano a Gutenberg Martínez–, su mujer y uno de sus hijos.
El SII agregó que “tal como en el caso de la querella presentada ayer (lunes), los fundamentos de la denuncia surgieron de la investigación que se desarrolla en el marco del denominado ‘Caso Penta’ y del proceso de recopilación y análisis de antecedentes efectuado por el Departamento de Delitos Tributarios del SII”.
Además, indicó que “los delitos denunciados abarcan periodos correspondientes a los Años Tributarios 2006 al 2014 y, respecto del perjuicio fiscal ocasionado, éste se determinará en el curso de la investigación”.
Finalmente, la entidad enfatizó que el SII “es un organismo técnico, que adopta sus decisiones en base a criterios legales y objetivos, que sus actuaciones no tienen un sesgo político ni antiempresarial, y que, en coherencia con lo anterior, la decisión de presentar acciones penales para perseguir el delito tributario se adoptará oportunamente, siempre de acuerdo con el mérito de los antecedentes específicos de cada caso”.
“El Servicio debe proteger el interés fiscal y ejercerá todas las acciones que correspondan para cumplir con esta misión”, concluyó.
Fuente: El Mostrador
Fiscalía decreta que la declaración de Julio Ponce se mantenga en reserva
El Ministerio Público resolvió que el testimonio del dueño de SQM se mantenga en secreto por un plazo de 40 días. El empresario declaró ayer por cerca de tres horas ante el equipo de fiscales que encabeza Sabas Chahuán.
Este martes, la Fiscalía Nacional que encabeza, a través de Sabas Chahuán, la investigación del caso Penta y sus aristas, resolvió que en lo que respecta a la declaración de Julio Ponce Lerou, socio controlador de la minera SQM, su testimonio se mantenga en secreto por un plazo de 40 días, según informa La Tercera.
Ponce acudió a las oficinas de la Fiscalía en calle General Mackenna ayer poco antes de las nueve de la mañana y permaneció entregando testimonio por cerca de tres horas. El contenido de su declaración es clave para determinar, entre otras cosas, el verdadero y detallado alcance de los aportes políticos eventualmente irregulares que hizo la compañía y de los cuales la Fiscalía ya tiene indicios contundentes.
Además, desde el viernes el equipo del Ministerio Público recibió del SII datos contables de SQM correspondientes a seis años tributarios.
La Moneda respalda a subsecretario que estaría incluido en nueva denuncia del SII por boletas a Soquimich
En el Gobierno hay claridad respecto a que Rodolfo Baier hizo un trabajo real para la empresa y se trató de un informe político comunicacional para una municipalidad en la zona minera de la Región de Tarapacá. El funcionario aparecería en la lista de 19 personas que el organismo fiscal incluyó en una nueva acción penal. En ella además están incluidas personas vinculadas a los parlamentarios y militantes de la Nueva Mayoría que ya han sido mencionados en la investigación.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) está a horas de presentar una nueva denuncia por delitos tributarios en contra de un grupo de personas que habrían entregado boletas a la empresa minera Soquimich (SQM) por trabajos no realizados o en términos legales “ideológicamente falsas”. Por los involucrados, se presume que la mayoría de estos pagos han servido para financiar campañas políticas.
En este contexto, el escrito, según informa La Tercera incluye al actual subsecretario general de Gobierno, Rodolfo Baier. El periodista estaría vinculado a través de una boleta emitida en 2013 por la suma de $6 millones de pesos. El nombre de Baier apareció en el listado de información contable que SQM le entregó al SII el pasado 20 de marzo.
En La Moneda hay claridad respecto de la versión entregada por Baier, de que el trabajo consignado efectivamente se realizó y que se trata de un informe político comunicacional para la Municipalidad de Pozo Almonte, en el marco de un proyecto minero. Recalcan además que si el informe físicamente existe y con eso da soporte a la boleta, el Gobierno lo va a respaldar. De cualquier manera desde Palacio sondean otro posible vínculo entre la empresa y algún militante del Partido Radical, al que pertenece Baier.
Respecto de la denuncia del SII que sería presentada hoy, estarían incluido Roberto León Araya, hijo del diputado DC del mismo nombre. Dos asesoras del senador PS Fulvio Rossi: Irma Cayo y Mariela Molina. Además el ex embajador Marcelo Rozas –cercano a Gutenberg Martínez–, su mujer y uno de sus hijos.
Con esta denuncia se termina en buena parte el conflicto entre la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos que hace algunos días venía buscando caminos jurídicos para acceder a la información contable de SQM para extender su investigación más allá de julio de 2009, hecho que no podía ocurrir si no había de por medio una denuncia del Servicio de Impuestos Internos.
Penta II y la arista que se transformó en caso: Soquimich o la caja de Pandora
Por Mario López M.
Cuesta entender como una simple boleta relacionó accidentalmente lo que terminó siendo todo un caso, el que amenaza ser tan o más grande que su predecesor, Penta. La querella presentada por el SII que se abre a los directivos de la empresa minera no metálica SQM, incluyendo a una imputada que emitió boletas falsas ideológicamente, es la puerta de muchos políticos que se sospecha están vinculados a financiamientos ilegales.
Cuando el fiscal Carlos Gajardo encontró una boleta emanada de María Carolina de la Cerda a SQM., no imaginó las dimensiones que ello tendría. Luego apareció otra extendida por la asesora de imagen de Pablo Zalaquett, Cristina Zúñiga, cuyas boletas y facturas se prestaron para defraudar al fisco. Uno a uno nuevos documentos y empresas fueron apareciendo.
No fue fácil
La presión de los medios y de la gente a través de redes sociales, generó que la obstinada oposición del SII terminara por ceder y amplió la querella en contra de ejecutivos de SQM y de la asesora del ex alcalde UDI de La Florida y Santiago, Pablo Zalaquett. Desde Patricio Contesse a simples ejecutivos que tuvieron participación en los hechos que se imputan ilegales fueron objeto de la querella.
Hasta ahora el Ministerio Público parecía atado de manos, por una parte por el SII que se negaba a entregar antecedentes de SQM respecto a años posteriores al 2009 y por la otra la actitud empecinada de la propia empresa cuyo controlador es el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, quienes incluso obtuvieron, de manera inédita, una suspensión del procedimiento por parte del Tribunal Constitucional, quien lo suspendió, aún antes de haberse pronunciado acerca de su admisibilidad.
Sin embargo, el SII optó, presionado, por ampliar la querella y el Tribunal Constitucional decidió no perseverar en la prohibición de que la fiscalía pudiera recibir datos contables y que amenazan dejar a muchos expuestos al escarnio público. Luego de ello, el Ministerio Público podrá ahondar en la investigación más allá de julio de 2009. Todo esto, luego de los encontronazos entre el SII y la Fiscalía y entre esta y el TC, quienes limitaron temporalmente el acceder a la información de la minera.
Entre la cooperación y la rebeldía
Ayer fue un lunes de aquellos, que sobre todo a los implicados les costará olvidar. Íconos del poder económico y del poder político en Chile durante los últimos decenios, han debido declarar, algunos en carácter de imputados, tratando de explicar lo inexplicable, cómo se defraudó a los chilenos, por años, evadiéndose impuestos y financiándose campañas al margen de la legalidad.
Ha declarado por ejemplo Ponce Lerou. El tema versó, según fuentes bien informadas, principalmente acerca de quiénes fueron los políticos financiados de manera ilegal. También debió desfilar frente a los fiscales el ex senador UDI Jovino Novoa, el hombre del maletín, quien en la comparecencia anterior, desafiante, había optado por el silencio frente a los fiscales. Esta vez, rompió todo margen al cuestionar la independencia de la fiscalía y en total rebeldía optó por no declarar frente a los persecutores.
Falta transparentar a la brevedad posible quiénes están tras todo esto. La sospecha es pérfida y tiende a ser brutal al momento de expresarse. ¡Todos son sinvergüenzas y ladrones! Es lo primero que se escucha. Pero eso no es cierto y por ello es fundamental ponerle nombre y apellido a la corrupción, esté donde esté. Hay políticos honestos hoy y los hubo ayer. La política es esencial para un país, pero eso debe recuperarse como un elemento de confianza en la gente.
Una marea irresistible
Lo bueno es que el Ministerio Público ya cuenta con los antecedentes que se esperaba y al parecer, por la naturaleza de las querellas interpuestas, existen más que presunciones fundadas acerca de la responsabilidad penal de sus directivos en delitos tributarios. Para llegar a ellos debió insistir hasta el cansancio y la presión social debió hacerse sentir. ¿Qué se ocultaba? Lo que sea, ya no podrá mantener el velo de oscuridad, los tiempos son de transparencia.
Esto amenaza recién comenzar. Penta, Soquimich, Alsacia, Ripley, Corpbanca y otras empresas que parecen estar relacionadas con los ilícitos, están vinculadas por un factor común, la UDI. Pero al parecer no solo la UDI, sino que el virus maligno de la corrupción, habrían logrado infectar a otras tiendas políticas.
A pesar de ser muy temprano para vaticinar qué acontecerá como consecuencia de todo esto, pareciera prudente fijar algunos hechos que, han dejado de ser dichos. Lo primero, es que resulta imposible detener el necesario conocimiento de cómo se financió campañas fuera del marco legal, quiénes lo hicieron, quiénes se favorecieron, cuánto fue el fraude fiscal y el castigo a los responsables. Caiga quien caiga, como ha señalado el gobierno.
Transparencia e igualdad ante la ley
Igualmente parece necesario e impostergable fijar una normativa legal que sancione los casos de corrupción, cual sea su naturaleza, de manera que la gravedad de las penas desincentiven cualquier intento por vulnerar la fe pública y el erario nacional. También se debe poner fin a la desigualdad ante la ley, despojando a los parlamentarios de cualquier fuero como ya se anunció en diversos sectores que no los haga evadir su comparecencia ante tribunales, como cualquier chileno.
Lo anterior incluye transparentar los intereses, patrimonio e ingresos de cualquier persona que ocupe un cargo público, sea o no de elección popular y el de sus cónyuges, antes de entrar en servicio, durante este y al menos un año posterior a la cesación del cargo.
Más allá de quienes resulten responsables, las medidas que se logren instaurar y el necesario castigo a quienes resulten responsables, lo cierto es que será el país el que ganará, la política, la ética social y sobre todo, la gente. ¿Será necesaria una asamblea constituyente? ¿Serán los mismos congresistas los llamados a liderar las transformaciones? La respuesta la tiene usted.
Fuente: Cambio 21
Fundación Chile 21 aclara que los millones de Soquimich no eran para campañas
Para las próximas horas se espera que la Fundación Chile 21, creada en 1992 y cuyo directorio es presidido por Enrique Dávila Alvear, ex presidente de Enap, emita una declaración pública para aclarar el financiamiento recibido por Soquimich entre los años 2012 y 2013 por la citada fundación.
La declaración se origina a raíz de la divulgación de datos entregados en el programa Hablemos en Off de Radio Duna, donde se reveló que habían accedido a planillas de pago de SQM de esos años, entre los que se encontraron pagos por 90 millones entre esos años para la fundación.
Según informaron altas fuentes de la Fundación a este medio, se explicaría en detalle el financiamiento que dio la minera no metálica -cuyo presidente del directorio, Julio Ponce Lerou, declaró ayer ante la fiscalía en el marco del caso Penta- a Chile 21, el que no se habría dado para el financiamiento de campañas políticas sino que para el funcionamiento e investigación de la fundación.
Ex vicepresidente de RN
Junto a esa información, esta mañana Radio Biobío se contactó con el ex vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz, quien respondió a la emisora por boletas de asesorías realizadas a la minera.
Según señaló el actual consejero regional del Biobío, descartó que fueran aportes para campañas y señaló que “afortunadamente no fue en época de campaña. Yo asesoré a Soquimich durante mucho tiempo y no coincidió con mis campañas. Fueron más de tres años de asesoría en el rubro que yo manejo hace 30 años”.
“Obviamente yo sabía que me iban a meter en el mismo saco, porque como consejero regional y ex vicepresidente de RN, pareciera que son platas para campañas”, dijo el consejero, quien agregó que si bien las boletas corresponden al año 2013, año en que fue candidato a Consejero Regional, ninguna de sus campañas tuvo financiamiento irregular.
“Yo fui candidato a diputado el 2009 y candidato a core el 2014 y no gasté plata”, señaló.
Subsecretario de Gobierno cumplió «servicios profesionales» para SQM en 2012
El ministro vocero, Álvaro Elizalde, aclaró este martes que el subsecretario General de Gobierno, Rodolfo Baier (Partido Radical), cumplió «servicios profesionales» para la empresa SQM durante el año 2012.
Elizalde habló en La Moneda ante versiones de prensa que indican que, al ampliar su querella contra la empresa minera, el Servicio de Impuestos Internos podría pedir que la Fiscalía investigue una boleta de seis millones de pesos emitida por Baier a SQM por eventuales servicios no prestados.
«Me he reunido con el subsecretario y me ha planteado que él fue contratado por la empresa (SQM): prestó servicios a fines del año 2012, realizó un informe conforme a la prestación de servicios y fue remunerado conforme a la legislación vigente», dijo Elizalde, quien insistió en descartar que Baier haya sido «socio ni director de la empresa Pecado Kapital», cuya representante legal, Cristina Zúñiga, figura entre las siete personas querelladas ayer por el SII.
«De la información falsa o errónea que se publicó respecto de la condición de socio y director de Rodolfo Baier en la empresa Pecado Kapital nos enteramos, obviamente, por la prensa. Era una información que no guardaba relación con la realidad. En ese contexto el subsecretario me comunicó y me informó del contrato y la prestación de servicios que él había otorgado a Soqumich (…) Cumplió servicios profesionales con la empresa SQM a fines del año 2012, servicios que fueron contratados y remunerados conforme a la legislación», enfatizó el vocero.
Consultado por la opinión del Gobierno respecto de que un viceministro haya trabajado para una empresa controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet (Julio Ponce Lerou), Elizalde señaló que «se trata de servicios profesionales de una persona que ha trabajado asesorando a múltiples empresas en el marco de la ley».
Respecto a los futuros pasos del SII y la Fiscalía, el secretado de Estado señaló que «lo importante es que se esclarezcan todos los hechos, pero al mismo tiempo, no saquemos conclusiones anticipadas».
«Paremos la caza de brujas»
En un sentido similar, pero con mayor énfasis, se pronunció a este mismo respecto el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo: «Paremos la caza de brujas y respetemos la honra de las personas», dijo al ser consultado por la situación de Rodolfo Baier.
«Se tendrá eso que despejar. Lo importante es que las instituciones –en este caso Impuestos Internos- hagan el trabajo que tiene que hacer», agregó.
«Creo que lo que más mal le puede hacer al país es que a través de filtraciones, de situaciones de ese tipo, podamos lamentablemente afectar la honra de las personas», indicó.
Ante una pregunta sobre si existe información de otras autoridades del Gobierno vinculadas a la minera, Peñailillo respondió: «Eso se tendrá que ver en su momento».
Antecedentes
Según informa esta tarde el diario La Segunda, personas del «entorno del subsecretario» explicaron que la boleta en cuestión corresponde a un pago de seis millones de pesos que hizo SQM por un informe que elaboró el periodista «sobre la relación con la comunidad ante la instalación de la planta de yodo Nueva Victoria, en la Región de Tarapacá».
Dichas fuentes descartaron irregularidades en la situación, pero el vespertino señala que «Baier no habría informado de la boleta con SQM» al Gobierno, como tampoco que «en los últimos días tomó contacto con (Cristina) Zúñiga».
Respecto de sus vínculos con Pecado Kapital, La Segunda indica que el ex conductor de televisión se unió a esta empresa tras la derrota de Eduardo Frei ante Sebastián Piñera en las elecciones del año 2009. Hasta ese momento se había desempeñado como asesor en el Ministerio de Minería. La relación laboral se inició en 2010 y se extendió hasta diciembre de 2013.
«Cuando la semana pasada explotó la noticia de que Pecado Kapital estaba siendo investigada por la Fiscalía, el subsecretario Baier se comunicó telefónicamente con Cristina Zúñiga (…) Cercanos a Baier señalaron que el personero radical llamó para solidarizar con su ‘ex jefa’ porque consideraba injusto que la empresa apareciera cuestionada», anotó el diario.
Reserva en declaración de Julio Ponce
Esta tarde se conoció que la Fiscalía Nacional decretó bajo reserva la declaración que rindió ayer Julio Ponce por espacio de tres horas y media.
En tanto, el Octavo Juzgado de Garantía admitió a trámite la querella que interpuso el SII contra siete ejecutivos y responsables legales de SQM, Asesorías Cristina Zúñiga y de Reactor SPA, firmas que habrían emitido y recepcionado boletas falsas para la campaña senatorial de Pablo Zalaquett.
Dentro de este contexto y de las críticas que emitió frente el actuar de la Fiscalía el abogado de SQM, Gabriel Zaliasnik, quien hizo una comparación con la Stasi, el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, llamó a mantener el respeto a las instituciones.
«Nosotros tenemos la convicción de que la forma de enfrentar este problema, sin perjuicio de la tarea que nos corresponde como sistema político, como partidos, como parlamentarios, como Gobierno, es respaldar la actuación de las instituciones, y -por cierto- no se respalda la actuación de las instituciones cuando se intenta desacreditarlas», dijo Andrade.
«Intentar enlodar la actuación de las instituciones y por esa vía obtener soluciones de carácter judicial creo que es una mala manera de enfrentar el problema. Cuando nosotros decimos ‘caiga quien caiga’ estamos convencidos de eso. Por eso somos querellantes. Por eso somos el único partido querellante en el caso Penta», señaló el parlamentario.
