La abogada Marisa Navarrete, la funcionaria del Servicio de Impuestos Internos que denunció por primera vez ante el Ministerio Público las irregularidades que derivaron en el caso Fraude al FUT y sus aristas políticas, en entrevista con CNN Chile afirmó que existe una falencia importante en el SII para identificar el fraude penal entre los grandes contribuyentes. Agregó que el ex subdirector jurídigo durante el Gobierno de Piñera, Gonzalo Torres, no hizo la denuncia debido a que «no quería enemistarse con los gremios». En la entrevista formalizó sus reparos sobre la discrecionalidad que tiene el organismo para actuar frente a las eventuales ilegalidades que cometen las empresas y personas que manejan grandes fortunas.
Así explicó que en su cargo como Jefa de la Oficina de Litigación Penal del SII, debía revisar informes de recopilación de antecedentes, para que el servicio pueda operar legalmente. De este modo, a partir del análisis de un informe, se dio cuenta de quejas sobre cobros irregulares de ex funcionarios que motivaron a efectuar la denuncia de un delito de cohecho.
Navarrate también puntualizó que el ex subdirector jurídigo, Gonzalo Torres, no hizo la denuncia debido a que argumentó que «no quería enemistarse con los gremios». De esta modo aseveró que el ex subdirector «no actuó en la forma en que debió haberlo hecho» y que tras enterarse de que ella había informado a fiscalía, fue removida de sus funciones. Pero recalcó que era su deber hacer la denuncia, ya que «debe primar el interés público».
Además explicó que durante sus dos años en el SII, nunca leyó nunca informes de la dirección de grandes contribuyentes. De este modo recalcó que considera que existe una falencia importante en el servicio para identificar el fraude penal entre los grandes contribuyentes:
“En los casi dos años que estuve nunca recibí un informe de Grandes Contribuyentes, como sí recibí de todo el resto de las direcciones regionales que están a lo largo del país y que tenían informes de recopilación por delitos tributarios. Los grandes casos que salieron, no salieron de la Dirección de Grandes Contribuyentes”.
La abogada, quien salió del SII después de denunciar las primeras irregularidades que dieron origen a la investigación de los casos del Fraude al FUT y Penta, cree que el problema radica en que los tributaristas de la entidad no tienen el conocimiento o simplemente tienen una visión diferente de la arista penal que revisten algunos casos:
“En el poco tiempo que yo logré estar en el Servicio de Impuestos Internos pude ver que las acciones penales, que fueron mi ámbito, en realidad no eran de las grandes empresas, la mayoría de ellas eran de pequeñas sociedades que cometían algunos delitos tributarios. Las grandes sociedades estaban a cargo de una dirección de grandes contribuyentes, donde la verdad es que nunca conocí un informe de recopilación que pudiera estar sustentado en un análisis que haya hecho la Dirección de Grandes Contribuyentes”, señaló.
Agregó que la explicación es “simplemente que el área penal, la arista penal, tiene que ser mirada de un punto de vista distinto al que están acostumbrados muchos tributaristas a mirar, que es el perjuicio fiscal y la fiscalización con miras a obtener una liquidación de impuestos; el área penal no, tiene una mirada totalmente distinta (…) y me parece que el área penal no está desarrollada dentro de la Dirección de Grandes Contribuyentes”.
A juicio de la profesional “ahí hay una falencia importante en general en el SII para identificar el tema penal, porque hoy día el área penal está a cargo de la Dirección Nacional, a cargo del subdirector jurídico, y pareciera que el Servicio está caminando en virtud de lo que están presionando otras personas, la Fiscalía, la gente, pero no está actuando para descubrir aquellos delitos que son casi evidentes”.
Finalmente, sostuvo que “como el delito tributario es de acción exclusiva del SII, porque la Fiscalía no puede entrar a investigar este delito, (…) esta atribución discrecional por cierto, da pie para cuestionamientos y da pie, en algunos casos, evidentemente, para corrupción, porque si yo tengo el poder de querellarme contra una persona o no, evidentemente hay un margen ahí de discrecionalidad que es bastante peligroso. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con aquel proyecto de ley que pretende entregar esta facultad al Ministerio Público como la tiene hoy día para cualquier delito. La Fiscalía puede iniciar de oficio investigaciones penales, entonces obviamente, si se le diera esta facultad al Ministerio Público, podrían investigarse estos delitos de mejor forma”.
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