El caso de la destitución del juez Sergio Muñoz representa un episodio profundamente preocupante en el contexto de la crisis institucional en Chile.
La petición de su destitución, orquestada por figuras políticas de alto perfil, vincula directamente los intereses de sectores poderosos con un intento de controlar y neutralizar a la justicia para conseguir impunidad.
Muñoz fue clave en la causa de Caimanes, donde se enfrentó a los intereses de una de las familias más ricas de Chile, defendiendo los derechos de las comunidades afectadas por las actividades mineras.
La destitución de Muñoz parece formar parte de una estrategia más amplia para preservar la impunidad de actores políticos y económicos, en un contexto donde el sistema judicial ha empezado a investigar y juzgar la corrupción y los abusos cometidos en el país. En este sentido, la acción contra el juez se interpreta como un intento de protección frente a las crecientes investigaciones judiciales que implican a figuras como el propio Andrés Chadwick, quien se enfrenta a procesos por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
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El trasfondo de esta destitución revela el nivel de degradación institucional que afecta a Chile: la manipulación de las pruebas, el uso de influencias políticas para deslegitimar a un juez respetado y la complicidad de sectores del Estado en estas maniobras.
Lo ocurrido con Sergio Muñoz es solo un ejemplo más de cómo el 3 % del PIB oscuro, de lavado de dinero, mencionado como capital corrupto, ha infiltrado las instituciones en Chile, transformando al país en un Estado fallido desde el punto de vista ético.rquestada por figuras políticas de alto perfil como Andrés Chadwick, vincula directamente los intereses de sectores poderosos con un intento de controlar y neutralizar a la justicia para conseguir impunidad.
Sergio Muñoz ha sido reconocido como un juez firme e independiente, que se ha destacado por su capacidad de enfrentar presiones de los grupos más influyentes del país, incluidos los herederos de la dictadura de Pinochet y grandes conglomerados financieros como el Grupo Luksic.
Frente a este escenario, queda claro que quienes buscan silenciar a figuras como Muñoz lo hacen no solo para evitar sus propias condenas, sino para perpetuar un sistema de injusticias que criminaliza la protesta social, reprime a la ciudadanía y protege los intereses de una élite decadente.
La destitución del juez Muñoz confirma el temor de que en Chile, hoy en día, la justicia está bajo ataque directo por grupos y transnacionales del delito, y su independencia está siendo sacrificada en nombre de la impunidad política y económica.
No es menor que los medios de comunicación no expliquen a una ciudadanía no politizada que, en ese Chile de hoy, existe un Sergio Muñoz ex policía PDI corrupto y un Sergio Muñoz juez, hombre justo y ecuánime. Esto no le importa a Tomás Mosciatti, que desde su pontificado hace gárgaras de independencia; no le importa a Canal 13 de los Luksic, ni a Mega, que ha evadido impuestos al infinito.
Pero lo peor es que TVN y todos estén más interesados en cuánto facturó los genitales de la nuera de Joaquín Lavín en OnlyFans.
(*) Director Corresponsalía de Milano Italia para la agencia de noticias La Humanidad