Ha muerto Manuel Contreras Sepúlveda, el “Mamo”, llevándose consigo valiosa información no sólo del destino final de los cientos de detenidos desaparecidos por la dictadura sino de los casos de miles de ejecutados y torturados así como de la identidad de los responsables de cada crimen. Desde su omnipotente cargo de director supremo de la siniestra DINA, así como desde su posición de hombre de confianza de Pinochet, este militar – formado en los cavernícolas institutos de “inteligencia” de los EEUU- nunca tuvo un gesto de dignidad y persistió en un silencio cobarde que dificulta el conocimiento de toda la verdad necesaria.
Pero no es el único “mamo”, hay varios otros de su condición buena parte de los cuales se encuentran en prisión. Otros, en libertad, han lamentado la partida de su líder y otros que nada han dicho permanecen en la misma posición del lamentable delincuente y no entregan a tribunales nada de lo mucho que saben.
Corresponde preguntarse ¿hasta cuándo? Pero igualmente corresponde plantearse iniciativas en los más diversos planos, político, administrativo, judicial, nacional e internacionalmente, para romper el llamado “pacto de silencio”. Un silencio que se hace cómplice de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura chilena, que es lejos una de las más sangrientas de las que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo pasado a partir del golpe contra el presidente Jacobo Arbenz en Guatemala.
No se trata sólo de los altos mandos castrenses – en especial de los de la época de los hechos – sino también de los muchos civiles sediciosos que impulsaron a las FFAA a derrocar al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, así como de los dueños de medios de comunicación que en su momento se hicieron parte de los atropellos a los derechos humanos al participar en operaciones tales como en los casos de los 119, o de Marta Ugarte y muchos otros en los que a sabiendas colaboraron para encubrir crímenes brutales.
Son sujetos que tienen información y están obligados a entregarla conforme nuestra legislación interna y el Derecho Internacional.
Así nos lo recuerda, por ejemplo, el Informe acerca de la situación de los Derechos Humanos en Chile, 2014, publicación del Instituto Nacional de Derechos Humanos que, al referirse al Acceso a la Información Pública, Archivos y Acceso a la Justicia, nos recuerda que no sólo es normativa nacional el derecho de acceso a la información, sino que ya en 1977 en el primer protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, a propósito precisamente de personas desaparecidas, establecía “el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros” con lo que el Derecho Internacional Humanitario planteaba a los Estados la obligación de buscar los procedimientos que abrieran paso a la derrota de la impunidad.
La publicación citada nos recuerda igualmente otras resoluciones que cito. Entre ellas una sentencia del 2003 de la Corte Interamericana que señala que “en caso de violaciones de los derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación de procesos pendientes” y agregaba que por lo mismo todo Estado debe “garantizar que ningún obstáculo normativo o de otra índole impida la investigación de dichos actos y, en su caso, la sanción de los responsables”.
¿Puede haber un lenguaje más claro?
A su vez, en el año 2005 la ex Comisión de DDHH de Naciones Unidas en su Resolución número 66 subrayó “la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos”, en tanto que en el 2008 el Consejo de DDHH de la ONU reiteró “la importancia de que la comunidad internacional reconozca el derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos de conocer la verdad sobre esas violaciones”.
Ese mismo año la Corte Interamericana sentenció que todos los Estados deben garantizar que “toda persona, incluyendo a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, tengan el derecho a conocer la verdad y deben ser informados de todo lo sucedido en relación a dichas violaciones”. Parece hecho a propósito del caso chileno.
Todavía más – y esta vez sí expresamente para nuestro país – el año 2009 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas instó al Estado de Chile “a que facilite a los tribunales toda la información pertinente que obre en su poder para facilitar la labor de impartir justicia”.
Pero además dijo categóricamente que instaba a nuestro Estado“ a derogar la disposición de la ley 19.992 mediante la cual se establece el secreto durante 50 años de información relativa a la práctica de la tortura durante la dictadura.”
Esta vez elmensaje fue directo y el Congreso Nacional no debe ni puede seguir permaneciendo sordo a tan claro requerimiento del Derecho Humanitario. ¿Qué se espera?
Por si fuera poco, hace un año, en julio de 2014, el Comité de DDHH de Naciones Unidas volvió sobre el tema y expresó que era preocupante el carácter secreto “de los documentos, testimonios y antecedentes aportados ante la Comisión de Verdad y Reconciliación y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura” y recomendó que todo se hiciera público.
De todo lo cual resulta indispensable retomar con fuerza la lucha para que el Estado chileno se adecúe plenamente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.Desde luego, para que hablen los que manejan toda la información, espontáneamente o por decisión de quienes tengan la autoridad jurídica para requerirles tal conducta. Y además para despejar y derogar toda norma o instrumento que impida el acceso a la necesaria información.
Sólo de este modo tanto el Estado como las agrupaciones de familiares de las víctimas y todos quienes comprendemos que el gran asunto de las violaciones a los derechos humanos en dictadura no es tema del pasado sino del presente y sobre todo del futuro, habremos cumplido con nuestro deber superior de buscar el establecimiento de verdad y justicia.
Al mismo tiempo habremos derrotado al genocida recién fallecido y a quienes – que los hay – todavía comparten, total o parcialmente, su aberrante conducta y el horror de la dictadura que impuso el tipo de sociedad que hoy la gran mayoría de las chilenas y chilenos anhela cambiar.
Fuente: Radio Cooperativa
