Más de $57 millones costará la auditoría de las cuentas del Ejército, a consecuencia del millonario desfalco en los fondos reservados del cobre, que investiga la VI Fiscalía Militar, y que hasta la fecha tiene a cinco uniformados detenidos. Cabe señalar que es primera vez en su historia, que una empresa externa revisa las cuentas de los dineros públicos utilizados por el Ejército. En su confesión, el coronel Clovis Montero denuncia un enorme aparato de defraudación: “son los jefes de Finanzas del Comando de Apoyo a la Fuerza y los comandantes del Comando de Apoyo a la Fuerza. Ellos firmaban minutas y oficios conductores con las facturas fraudulentas y son responsables de la ejecución de la Ley Reservada del Cobre”, insistió.
La empresa Surlatina, firma especializada en auditorías, será la encargada de revisar las cuentas del Ejército en torno al “Proceso de desarrollo de capacidades militares y administración del ciclo de vida”, derivado de la aplicación de la Ley Reservada del Cobre.
En abril de 2014 se detectó que al menos dos funcionarios habrían empleado de manera irregular los dineros de la citada ley, quienes se encuentran indagados por la VI Fiscalía Militar.
Por este motivo, entre otras acciones, se instruyó una serie de revisiones internas, junto a la creación de un departamento de control y fiscalización y, además, una auditoría encabezada por la Contraloría del Ejército.
Desde este organismo, el general de brigada Rodrigo Carrasco, contralor de la entidad castrense, sostuvo que Surlatina tendrá “acceso total” a los datos que se manejan en el Ejército para los procesos de compras, consigna El Mercurio.
La auditora será el primer agente externo en realizar diligencias de este tipo al interior del Ejército en toda su historia. Otras tres empresas participaron en el proceso de licitación pública a la cual se llamó, mientras aún se busca determinar a cuánto ascendió el fraude.
“Estamos conscientes de la importancia, tanto para nosotros por el desafío, como para el Ejército que está abriendo parte de sus procesos, que algunas veces son de carácter reservados, a un organismo externo, autónomo”, señaló Álvaro Cárcamo, socio de la empresa Surlatina.
Para febrero de 2016 se espera la entrega del primer informe y la adjudicación se efectuó por un monto de 57 millones de pesos.
En el primer semestre, el aporte de Codelco a las Fuerzas Armadas ascendió a los 529 millones de dólares, lo que constituyó el 93% de los aportes de la cuprífera al Estado en dicho tramo.
El costo de la auditoriá fue revelado este viernes por la institución mediante un comunicado, en que agregó que la empresa «Surlatina Consultores» se adjudicó el trabajo mediante una licitación:
«La contratación de esta auditoría externa fue dispuesta por el Comandante en Jefe del Ejército, General Humberto Oviedo A., y ha sido ejecutada por la Contraloría del Ejército, en la responsabilidad de seleccionar la empresa a través de una licitación pública. A la licitación se presentaron cuatro empresas, a las cuales se les exigieron parámetros referidos a experiencia en auditoría pública, experiencia en auditoría privada, monto para el cumplimiento de esa labor y calidad acreditada del equipo auditor», señala el texto.
«La empresa adjudicada, por un monto de 57 millones de pesos, fue Surlatina Consultores, de amplia experiencia en programas de modernización de la gestión desde el año 2004, a través de la implementación y auditoría de sistemas de gestión de procesos en más de 250 organizaciones públicas y privadas a nivel nacional», agregó.
Tal como reveló The Clinic, el pasado 13 de agosto, la trama detrás de los millonarios desfalcos partió en el año 2010, durante los albores del gobierno del Presidente Sebastián Piñera y no cesó hasta marzo de 2014, al tomar el mando de su segunda admistración Michelle Bachelet.
El hecho fue reconocido por el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien admitió al entonces ministro de Defensa, Jorge Burgos, que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
El coronel Clovis Montero, detenido por el caso, es uno de los principales imputados.
“Yo asumo el error como usted me lo está planteando”, dijo Montero en un diálogo privado de más de una hora con el general Jozo Santic, el cual fue mantenido en reserva hasta que The Clinic publicara parte de esa conversación.
“¿Cuántas veces yo me di cuenta de cosas y llamaba a la persona que me pedía (favores) y no al que firmaba para que resolviera el tema? ¿Cuántas veces lo hice yo como tesorero del Estado Mayor? Usted sabe las facturas que me llegaban de (La Casa Militar) de Lo Curro, por seis o siete millones”, insistió Montero ante el general Santic, reprodujo este medio dos meses atrás.
Miles de millones en el casino
Dentro de lo episodios más singulares destapados por la investigación de The Clinic aparece la cantidad de dinero que gastó uno de los involucrados en lujos y en el casino.
Es así que entre 2008 y 2014, el cabo Juan Carlos Cruz desembolsó 2.368 millones de pesos en máquinas tragamonedas, adquirió un fina sangre, viajó a Cuba con su familia y enchuló a su pareja.
“Le perdí sentido al dinero”, declaró en abril de este año.
Según la información recogida por The Clinic Online el viernes de la semana pasada, los últimos involucrados en caer fueron los suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar, y la cabo primero Millaray Simunovic Bustamente.
Esta última tendría una relación bastante cercana con el general Héctor Ureta, apuntado por Clovic Montero como uno de los nombres detrás del ilícito.
El uniformado contestó un cuestionario a The Clinic en donde también mencionó al cabo Juan Carlos Cruz, el empleado civil Danilo Alarcón, y los coroneles Jorge Silva, Fernando Grossi y Pedro Ferrer.
En el manuscrito de 11 páginas, Montero detalló cómo un grupo de generales, coroneles y suboficiales gastaron gigantescos recursos públicos a través de una verdadera máquina fraudulenta.
“Hay un aparato de defraudación, yo no me imaginaba lo grande que era y la cantidad de proveedores involucrados”, admitió.
“Son los jefes de Finanzas del Comando de Apoyo a la Fuerza y los comandantes del Comando de Apoyo a la Fuerza”. “Ellos firmaban minutas y oficios conductores con las facturas (fraudulentas) y son responsables de la ejecución de la Ley (Reservada del Cobre)”, insistió.
