Otros tres uniformados serán sometidos a proceso por sus responsabilidades en el millonario robo del fondo reservado del cobre. Se trata de los suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar, y de la cabo primero Millaray Simunovic Bustamente. Los uniformados se encuentran detenidos en un recinto militar. Hasta ahora, permanecen detenidos el coronel Clovis Montero, el cabo Juan Carlos Cruz y el empleado civil Danilo Alarcón.
Según la información publicada por The Clinic, serán sometidos a proceso los suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar, y la cabo primero Millaray Simunovic Bustamente.
Esta última tendría una relación bastante cercana con el general Héctor Ureta, uno de los mencionados por el coronel Clovis Montero, principal imputado y detenido tras el millonario robo al fondo reservado del cobre.
Ureta, según reveló Montero a The Clinic a través de un cuestionario, es uno de los nombres detrás de los cientos de millones defraudados.
El uniformado, principal imputado y privado ya de libertad, también mencionó en el escrito al cabo Juan Carlos Cruz, el empleado civil Danilo Alarcón, y los coroneles Jorge Silva, Fernando Grossi y Pedro Ferrer.
En el manuscrito de 11 páginas, escrito en letra imprenta, Montero detalló de manera exclusiva cómo un grupo de generales, coroneles y suboficiales gastaron gigantescos recursos públicos a través de una verdadera máquina fraudulenta. “Hay un aparato de defraudación, yo no me imaginaba lo grande que era y la cantidad de proveedores involucrados”, admitió.
Montero apuntó en su escrito que los principales responsables de lo sucedido “son los jefes de Finanzas del Comando de Apoyo a la Fuerza y los comandantes del Comando de Apoyo a la Fuerza”.
“Ellos firmaban minutas y oficios conductores con las facturas (fraudulentas) y son responsables de la ejecución de la Ley (Reservada del Cobre)”, insistió.
El Fraude
Tal como reveló The Clinic el pasado 13 de agosto, los desfalcos partieron en el año 2010, durante los albores del gobierno del Presidente Sebastián Piñera y no cesaron hasta marzo de 2014, cuando Michelle Bachelet asumía su segundo mandato.
El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, admitió al exministro de Defensa Jorge Burgos que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos.
“Ha habido una especial preocupación del gobierno desde que se tomó conocimiento de estos hechos”, respondió ese mismo día el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, quien agregó que “el ministro de Interior, Jorge Burgos, que en abril del año pasado era ministro de Defensa, fue quien solicitó no solamente la intervención de los tribunales de justicia, el Ministerio Público en particular, sino que del propio Servicio de Impuesto Internos (SII), del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la propia intervención de la Comandancia en Jefe del Ejército para aclarar e investigar estos hechos”.
De igual manera, apuntó Díaz, se ha instruido para que “los distintos organismos fiscalizadores y contralores, tanto del Ejército, como del aparato del Estado, incluido la participación de los organismos de justicia, sean muy proactivos para esclarecer completamente estos hechos. Y reitero, de determinarse o establecerse delitos, estos serán sancionados como corresponde”.
Sin embargo, tanto el Congreso como el gobierno chileno han mantenido un inexplicable silencio, eludiendo hasta ahora abrir una comisión investigadora en el Congreso y exigir explicaciones públicas al general Humberto Oviedo, entre otras medidas.
Una primera señal de esta cautela fue la actuación del antiguo ministro de Defensa, Jorge Burgos, quien tardó ocho meses en informar al Servicio de Impuestos Internos y al Consejo de Defensa del Estado de lo sucedido. Lo hizo finalmente en diciembre de 2014, en persona y ante las máximas autoridades de ambas instituciones. No se sabe, sin embargo, cuándo comunicó los hechos a la presidenta Michelle Bachelet.
Su sucesor, José Antonio Gómez, ha mantenido una prudencia similar. Ni siquiera revocó el traslado a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas del coronel Fernando Grossi, jefe del Departamento de Planificación Financiera del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), la polémica unidad a cargo de gestionar los fondos de la Ley Reservada del Cobre.
Entre 2008 y 2014, el cabo Juan Carlos Cruz gastó miles de millones en máquinas tragamonedas con dineros provenientes de los Fondos Reservados del Cobre. Se compró un caballo fina sangre, viajó a Cuba con su familia y enchuló a su pareja. Una vez detenido, habilitó un gimnasio al interior del penal Cordillera, a vista y paciencia de los generales del Ejército. En un interrogatorio, luego de caer en desgracia, sostuvo: “Le perdí sentido al dinero”.
Fuente: The Clinic
El gran robo del fondo reservado del cobre
La primera versión de los ilícitos, recogida en abril de 2014 y admitida por los propios involucrados, apuntó a que existía una defraudación ocurrida solo entre enero y marzo de 2014.
La irregularidad correspondía a compras falsas de repuestos para autos militares efectuadas a través de la empresa Frasim, representada por Francisco Javier Huincahue, un proveedor habitual de la institución en el rubro “material de guerra y repuestos”.
Frasim, sociedad domiciliada en un humilde sitio de calle Santa Teresa 408, en la comuna de Estación Central, emitió diez facturas por repuestos de autos militares que jamás fueron entregados.
El cabo Juan Carlos Cruz, quien solicitó al Tribunal Constitucional en febrero que se pronuncie sobre la legalidad de que la causa sea investigada simultáneamente en tribunales civiles y militares, admitió además haber recibido 15 millones de pesos en sobornos en esta sola operación.
El coronel Montero, tras ser descubierta la operación en 2014, contactó urgente a Huincahue y le pidió que Frasim devolviera el último pago recibido por 53 millones de pesos.
Huincahue accedió y pasó a Montero un vale vista del Banco de Crédito e Inversiones, el que el coronel entregó a su vez al tesorero del Ejército, su amigo, el general Samuel Poblete, en el estacionamiento del Edificio Bicentenario.
Pero nada detuvo la avalancha judicial y las pesquisas prosiguieron. De hecho, casi nadie cree en la Justicia Militar que un cabo y un coronel pudieran cometer por sí solos esta enorme defraudación fiscal.
Sobre todo, porque las facturas de la Ley Reservada del Cobre deben seguir una serie de procedimientos antes de ser pagadas a las proveedores. Primero, llegan al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), luego pasan al Departamento de Planificación Financiera, donde son revisadas e introducidas digitalmente en el Sistema de Finanzas del Ejército (Sifie), para luego pasar por Tesorería para su pago.
Mensualmente, además, el Estado Mayor revisa los saldos que quedan de los decretos supremos que autorizan los giros de los fondos reservados del cobre. Con esos remanentes se pagan operaciones como las vinculadas a estas defraudaciones.
Por ser fondos reservados además, la Contraloría General de la República carece de autoridad para fiscalizar estas operaciones. Ni siquiera el Congreso puede inmiscuirse en la definición de los armamentos a comprar tampoco.
Hoy, sin embargo, The Clinic revela por primera vez en la historia de Chile los decretos secretos con que los militares y el gobierno han autorizado el gasto de miles de millones de dólares en armas, como muestran oficios firmados por los ex ministros Andrés Allamand, Rodrigo Hinzpeter, Felipe Larraín, Jaime Ravinet y Nicolás Eyzaguirre, entre otros (ver documentos).
De esos recursos, cientos de millones de dólares fueron destinados a los proyectos Rotor, Centauro, Llaca, Kutrul, Llaitún y Limbo, para lanzamientos de misiles, nocturnización de equipos y compras de helicópteros, entre otros ítems.
UN NEGOCIO INQUIETANTE
En sus primeras declaraciones ante la Justicia Militar, el coronel Clovis Montero admitió que intercedió en el caso de Frasim para obtener las facturas que el cabo Cruz le solicitó para la División de Mantenimiento, en especial para un supuesto beneficio del general Héctor Ureta, jefe de esa área.
“Pero yo no recibí dinero alguno”, aseguró Montero, oficial de la Contraloría del Ejército, quien además dijo desconocer quiénes eran los demás beneficiarios de la operación.
El cabo Cruz, quien admitió que falsificó la rúbrica del general Ureta, aseguró a la Justicia Militar que la iniciativa fue de Montero y dijo que sus superiores directos en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), el coronel Fernando Grossi y el coronel Marco Maturana, desconocían los hechos, pese a que sus firmas están en la cadena de documentos.
Las pesquisas, sin embargo, revelaron rápidamente que eran varias las empresas involucradas en operaciones similares con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyos recursos han sido solicitados por diversos actores políticos para financiar programas sociales.
Ya en mayo de 2014, el tesorero del Ejército, el general Samuel Poblete, detectó que fueron falsificadas las firmas del coronel Pedro Ferrer (ver documento) en operaciones por 303 millones de pesos a través del proveedor Raúl Fuentes Quintanilla y en otros 50 millones cuestionados de Frasim, propiedad de Francisco Huincahue.
Ante la escalada de denuncias, la fiscal militar Paola Jofré pidió periciar el servidor de respaldo del Departamento de Apoyo y Planificación Financiera del Comando de Apoyo a la Fuerza, donde trabajaba el cabo Cruz, hoy detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones.
Sin embargo, la diligencia no fue posible debido a que ese equipo computacional fue inutilizado por desconocidos como explicó en su informe el perito Carlos Agurto, de la Sección de Informática y Computación del Ejército.
En mayo de 2014, el coronel Montero cambió por primera vez su declaración y admitió que tras gestionar un primer pago por 50 millones a Frasim en marzo del año pasado, se juntó con el dueño de esa empresa, Francisco Huincahue, quien le pasó unos 35 millones en una bolsa negra, en los estacionamientos del Club Hípico.
Huincahue confirmó los hechos a la Justicia:
“El dinero se lo entregué al coronel Montero en forma física, millón por millón, estando yo sentado en el asiento del copiloto de su auto”.
“Luego de esto me fui a mi oficina y en el estacionamiento del edificio Bicentenario le pasé la bolsa al cabo Cruz”, agregó Montero ante la fiscal Jofré. Días después reveló a la fiscal que Cruz estaba acompañado por el empleado civil Danilo Alarcón Báez de la Dirección de Finanzas del Ejército. Este último niega los hechos.
El cabo Cruz, quien admitió a la Justicia Militar que incluso falsificó los timbres institucionales en un comercio de calle Nueva York, admitió que las facturas fraudulentas pagadas a Fuentes Quintanilla eran de su autoría, aunque inicialmente involucró a sus colegas de oficina, el sargento Meléndez, la cabo Liliana Villagrán, la cabo Jacqueline Carrasco, el cabo Víctor Donoso, la cabo Natalie Cordero, el cabo Mauricio Valdebenito y el cabo Víctor Retamal.
Los pagos a la empresa de Raúl Fuentes Quintanilla, tras pasar todos los controles, fueron autorizados en última instancia por la Tesorería del Ejército.
Raúl Fuentes Quintanilla, en tanto, admitió a la Justicia que efectuaba múltiples tratos directos con militares, sin licitación alguna. No obstante, aseguró no recordar los nombres de esos militares, ni de quien escribía las facturas en su empresa.
Ya en junio de 2014, con los nuevos antecedentes, la Contraloría del Ejército envió un informe reservado a la Comandancia de Apoyo a la Fuerza, detallando que las facturas falsas de Frasim ascendían a 127 millones de pesos y que las de Raúl Fuentes Quintanilla superaban los 303 millones de pesos.
Fue el inicio de la escalada. El 25 de junio de 2014 el jefe de Adquisiciones del Ejército, coronel Ricardo Hernández, alertó a la Fiscalía Militar de una nueva arista. Raúl Fuentes, el cuestionado proveedor de insumos automotrices, figuraba también como gerente general de Capellán, empresa creada en enero de 2013, la que también era proveedora del Ejército.
Fue en ese momento en que el Consejo de Defensa del Estado ingresó en la causa, representado por la abogada Patricia Dibarrart. En esas semanas también el coronel Montero entregó a la Justicia Militar la grabación de una conversación telefónica que mantuvo con Danilo Alarcón.
– ¿Por qué el huevón (Cruz) hizo la firma (falsa), huevón? -preguntó Clovis Montero desde su casa.
– Porque el huevón es porfiado -respondió Alarcón.
Ambos, además, hablaron sobre qué habría hecho Cruz con los dineros defraudados.
– Qué sé yo dónde tiene la huevá… si es que la tiene -apuntó Alarcón en el informe emitido por el perito en sonido Rodrigo Tapia de Investigaciones.
En septiembre pasado el caso escaló por primera vez institucionalmente hasta el ministerio de Defensa, cuando el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, envío un reporte con todas las facturas pagadas a Frasim con fondos de la Ley Reservada del Cobre entre junio y noviembre de 2013.
El monto superaba los 370 millones de pesos, en un total de 117 operaciones. A ese monto se sumaban los millones defraudados en 2014 con facturas de Frasim y los de Raúl Fuentes por 370 millones hasta ese momento. La causa ya ardía.
Sin embargo era solo el inicio, el 16 de septiembre del año pasado otro oficio reservado de la Contraloría del Ejército remeció al alto mando.
Según el general Luis Chamarro, desde 2011 unas 124 facturas de la empresa Raúl Fuentes Quintanilla fueron pagadas por el Ejército pese a no estar autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Eran facturas falsas.
En total, los desembolsos ascendían a otros 555 millones de pesos provenientes de la Ley Reservada del Cobre entregados irregularmente a un privado.
A los pocos días la situación empeoró. La subsecretaría de las Fuerzas Armadas informó en el oficio 4069 a la VI Fiscalía Militar que las facturas pagadas a la empresa Raúl Fuentes Quintanilla con fondos de la Ley Reservada del Cobre superaban en realidad los 1.400 millones de pesos.
El ministerio de Defensa, encabezado entonces por Jorge Burgos, no estaba entonces en condiciones de saber cuáles operaciones eran lícitas y cuáles no. El caos era total.
En octubre, sin que el parlamento o la Contraloría General de la República lo supieran, el fiscal interno del Ejército Eduardo Weisser detectó las primeras operaciones fraudulentas realizadas a través de Inversiones Capellán.
Eran 23 millones de pesos facturados en 2011 en un inicio.
Semanas después un informe contable de Investigaciones, firmado por la perito Leonor Ortiz, encontró problemas en facturas por 2.200 millones de pesos de Frasim y de Raúl Fuentes Quintanilla. Era el inicio del desbande. También de una mayor cooperación entre la fiscal militar Paola Jofré y la fiscal civil Ximena Chong, quien indaga los delitos cometidos por los civiles.
En diciembre, el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, informó al ministro de Defensa, Jorge Burgos, hoy titular de Interior, que la situación era peor de lo imaginado en un oficio de 20 páginas.
En ese documento, Oviedo admitió a Burgos que tres proveedores de su institución habían cobrado facturas que ni siquiera estaban autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Otras facturas correspondían a empresas con término de giro o con denuncias por suplantación o pérdida de documentos.
En total eran cientos de documentos con “observaciones”, pagados con la Ley Reservada del Cobre. Una danza de millones, aún sin resolver.
EL DESTINO DE LOS FONDOS
Las hojas de vida institucionales de todos los oficiales involucrados en los casos son intachables, todos con calificaciones sobre 6,0, como revisó The Clinic. Sus sueldos líquidos superan además los dos millones de pesos, como muestran sus liquidaciones. En el caso del cabo Cruz su estipendio superaba los 550.000 pesos antes de su detención.
No obstante, los últimos tres años, Cruz registra viajes a México y Cuba. Clovis Montero, en tanto, a Colombia y Estados Unidos, según Extranjería.
Montero mantenía además un minimarket en una estación de servicio Copec que le rentaba un millón y medio de pesos mensuales, según su declaración.
Cruz, en tanto, era un aficionado al juego en el casino Monticello, donde en junio de 2013 ganó 36 millones en una máquina tragamonedas, monto que cobró con un cheque del Banco Itau. “Iba una o dos veces por semana a jugar”, aseguró el cabo a la fiscal Jofré.
Pero no era toda la verdad, un informe emitido por el propio Monticello reveló que Cruz era un cliente Platinum que algunos meses iba a diario al casino, donde gastaba millones mensualmente.
Unos 140 de millones los últimos años, según Monticello.
LA DANZA DE LOS MILLONES
¿Cómo fue posible que miles de millones de pesos desaparecieran de las arcas del Ejército y terminaran en un casino de juegos? Varios testimonios indican que hace tres años los funcionarios del Comando de Apoyo a la Fuerza recibieron de sus superiores la instrucción de no revisar más las facturas, sino de simplemente tramitarlas, como admitieron varios testigos a la Justicia Militar.
El problema de fondo no es solo la millonaria defraudación fiscal, probablemente la mayor en democracia, sino la absoluta falta de control ciudadano sobre la compra de armamentos, a través de la Ley Reservada del Cobre, impuesta en dictadura.
Esta norma, de hecho, establece que un diez por ciento de las ventas de Codelco deben ir a la compra de armas, con un piso de 150 millones de dólares. Los recursos deben ser gastados en partes iguales entre las tres ramas de la Defensa, bajo estricta reserva.
Por ello, la mayoría de la población ignora que pese a gastar unos 600 a 900 millones de dólares anuales en los últimos gobiernos, las Fuerzas Armadas poseen un excedente de unos 4.500 millones de dólares sin gastar que las autoridades no pueden destinar a proyectos sociales.
Hasta 2025, Chile destinará otros 700 a 900 millones de dólares anuales a la compra de armas, unos 5.000 a 6.000 millones de pesos al cambio actual.
A ese monto hay que agregar otros 500 millones de dólares para adquisición de municiones. Es decir, unos 5.500 millones de dólares en cada período presidencial, en promedio.
Con esos fondos se podría financiar completamente la reforma educacional o construir 20 hospitales, totalmente equipados. También construir 300 mil viviendas de 1000 UF para familias de bajos recursos en dos gobiernos, acabando con los campamentos en el país.
Las nuevas adquisiciones, por cierto, se suman a los 9.136 millones de dólares gastados ya entre 1990 y 2012, que permitieron adquirir cazabombarderos F-16, submarinos Scorpene y cientos de tanques Leopard, entre otros equipamientos de guerra.
Hacia el futuro, los planes de compras de armas buscan mejorar la movilidad y la capacidad de fuego de las distintas ramas de la Defensa, sobre todo tras las enormes fallas operativas de las fuerzas armadas ante el terremoto de 2010.
Por ello, la idea es adquirir una fuerza acorazada de brigadas de alta movilidad, sumar fragatas con especificidad antiaérea, ampliar la fuerza de submarinos Scorpene y adquirir buques multipropósito con helicópteros. También, por cierto, modernizar los cazabombarderos F-16 y dotarlos de munición inteligente, además de comprar aeronaves para reabastecimiento en vuelo.
No obstante, esas millonarias adquisiciones aparecen ensombrecidas hoy por el fuego enemigo de la corrupción militar, además de la falta de control absoluta del poder civil sobre los montos y procedimientos para la compra de armas cuando ya transcurrieron 25 años del inicio de la democracia.
Fuente: The Clinic
